América Latina hacia la erradicación de la tortura

Relator contra la Tortura
Juan Méndez. (Foto: ONU)

Fuente: CELS.

Cuarenta representantes de gobiernos y de la sociedad civil de 11 países de América Latina y el Caribe coincidieron en Santiago en la necesidad de erradicar la tortura en el área, así como otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluir la perspectiva de género en la materia. Este consenso se constató en la primera consulta regional con el Relator Especial de la ONU en la materia, Juan Méndez.

La reunión se desarrolló entre el 14 y el 17 de este mes, organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura, la Corporación Humanas Chile, Conectas de Brasil y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina).

Estuvieron representados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y castigo de la tortura. Los representantes de la sociedad civil aprovecharon para realizar un diagnóstico común.

“La tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe. Aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales […] se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”, afirmó Méndez.

El funcionario internacional destacó la importancia de que todos los gobiernos de la región tomen seriamente la prohibición de cometer actos de tortura, la cual “no desaparece porque haya gobiernos democráticos”. No sólo se deben identificar medidas para erradicarla, sino también impulsar procesos educativos que alienten un consenso social tendiente a la implementación de políticas eficaces y duraderas.

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por la persistencia de prácticas de tortura y por la falta de investigación judicial, con la consecuente impunidad. Sus exposiciones dieron cuenta de que estos crímenes no son un tema del pasado autoritario o de los conflictos armados, sino que se encuentran vigentes en los Estados democráticos. 

Entre las prácticas comunes a los países, se mencionaron mecanismos tradicionales de violencia como la requisa vejatoria a detenidos y familiares que los visitan, el aislamiento prolongado, las terribles condiciones de detención y el hacinamiento de los presos, el trato arbitrario que reciben y el tratamiento forzado o sin control con psicofármacos.

También consideraron la criminalización de la protesta social, la violencia policial y la formación del personal de las cárceles. Entre otras funciones claves del Poder Judicial, los activistas valoraron las medidas alternativas a la prisión para impedir el hacinamiento.

Hubo coincidencia en la necesidad de incluir una perspectiva de género en el análisis del fenómeno y en el impacto a las víctimas, y de considerar las especificidades de grupos como los adolescentes privados de libertad, los discapacitados, las personas de orientación sexual diversa y las recluidas en hospitales psiquiátricos.

Los representantes de la sociedad civil también destacaron la necesidad de impulsar la tipificación adecuada de la tortura, la aplicación de la regla de exclusión de la prueba obtenida a través de estos métodos, el diseño de sistemas de control disciplinario y la formación policial y penitenciaria.

La consulta regional surgió de una propuesta conjunta del CELS, Conectas y Corporación Humanas, la cual coincidió con el plan de trabajo del propio relator Méndez.

“La consulta permitió identificar los patrones comunes de preocupación sobre los que es indispensable trabajar para erradicar la tortura y los malos tratos y contribuir al fortalecimiento de los estados democráticos latinoamericanos”, dijo Paula Litvachky, directora del programa de Justicia Democrática del CELS.

“Una de las contribuciones de la consulta fue dar voz a más organizaciones de la región y ampliar los canales de colaboración con la relatoría”. Además, consideró que la interacción entre sociedad civil, Estados y relatoría ha sido importante para dar seguimiento a las recomendaciones del relator, explicó Camila Asano, coordinadora del Proyecto de Política Externa y Derechos Humanos de Conectas.