Un camino insustentable

DECA Equipo Pueblo
Areli Sandoval Terán
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario - IMDEC
María González
HIC-AL
Silvia Emanuelli
Adhiere: ESPACIO DESC

Los avances logrados en el país en materia de derechos humanos y desarrollo sustentable están en peligro. El Gobierno insiste en pasar por encima acuerdos y marcos legales para seguir adelante con la instalación de megaproyectos hidroeléctricos y viales que no sólo comprometen  al medio ambiente y desplazan miles de personas de sus tierras sino que, además, revelan políticas de Estado irresponsables y totalmente ajenas a un enfoque integral de derechos humanos. México, pese a las protestas de la población y las organizaciones de la sociedad civil, parece haberse internado por una senda de desarrollo que dista de ser sustentable.

El país suscribió la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992; entre otros principios, reivindicó que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable, que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza y que la protección del medio ambiente debería constituir parte integrante del proceso de desarrollo.

La solidez y el equilibrio entre los factores ambiental, económico y social, pilares del desarrollo sustentable de un país, deberían expresarse en el diseño y la ejecución de políticas, programas y proyectos congruentes, que garanticen la vida y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. No obstante, el Estado mexicano promueve proyectos que violan el derecho a un ambiente saludable y otros derechos humanos. Esta política contradice no solamente a Agenda 21 y otras obligaciones legales basadas en el derecho internacional sino que además va en contra de la Constitución y la normativa de protección ambiental vigente en el país.

El caso de la presa El Zapotillo

Entre los muchos casos que en la actualidad están siendo denunciados  por comunidades y organizaciones civiles y sociales mexicanas, destaca el Proyecto de la presa El Zapotillo en la región de los Altos de Jalisco, impulsado por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y los gobiernos del estado de Jalisco y Guanajuato bajo el argumento de que beneficiará al desarrollo local y regional al abastecer de agua potable a la ciudad de León, en Guanajuato, a 10 municipios de los Altos de Jalisco y a la ciudad de Guadalajara.

Pero en toda estrategia y proyecto acorde con el derecho al desarrollo, los fines no pueden justificar a los medios. El Zapotillo implicará la construcción de una cortina de gravedad de 105 metros de concreto que almacenará 911 millones de metros cúbicos de agua; un área de embalse de 4.500 hectáreas, un acueducto de 145 kilómetros, a un costo total estimado de $8.010 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 680.000.000), con una vida útil de tan sólo 25 años. En consecuencia, se destruirá el cauce natural del río Verde y se inundarán tres comunidades que datan del siglo VI (Temacapulín, Acasico y Palmarejo). Cerca de 700 personas viven en estas comunidades, y un alto porcentaje de estos pobladores se compone de mujeres y adultos mayores, que ya viven bajo la amenaza del desalojo y la desaparición de la cultura y la historia ancestral de sus comunidades.

Desde el 2005, cuando fue anunciado el proyecto de la presa, las comunidades han expresado su rechazo y han llevado a cabo un proceso organizativo de reivindicación pacífica de sus derechos. A lo largo de estos años de resistencia, han padecido hostigamiento y amenazas por oponerse al proyecto, por demandar su cancelación, por exigir la suspensión de todas las obras y actos que puedan afectar de manera irreparable sus derechos fundamentales, y por solicitar la realización de una evaluación, a través de expertos independientes aceptados por las comunidades, del impacto social, cultural y ambiental del proyecto, el cual ha  alterado de varias formas su vida, incluso en términos de salud psicosocial, debido a la presión ejercida por las autoridades y la amenaza de la desaparición de sus hogares.

Adicional al impacto comunitario, la presa El Zapotillo dañará gravemente el corredor biológico del río Verde, hará desaparecer las zonas de cultivo por inundación y aumento de la salinización de la tierra, y afectará zonas de  gran riqueza natural de flora y fauna. Todo esto incidirá sobre la vida de alrededor de 5000 personas de manera directa y a un número mucho mayor de manera indirecta, ya que también impactará en la sobreexplotación y contaminación de la Cuenca Lerma, Chapala, Santiago, Pacifico, agravando los conflictos sociales y las disputas por el agua que actualmente se viven en la región.

Como en otros megaproyectos de infraestructura hidráulica en México, las autoridades federales y estatales han violado los derechos a la información, a la  participación y a la consulta de las comunidades afectadas y han omitido realizar una evaluación sobre los impactos sociales que implican violaciones al derecho al medio ambiente sano, a la vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la tierra, a la libre determinación, al trabajo, entre otros derechos económicos, sociales y culturales.

Los habitantes de Temacapulín han ganado varios recursos legales para impedir la construcción de esta presa, pero las autoridades no han acatado los fallos judiciales. Frente a la continuación de los avances de la obra, la comunidad se organizó en marzo pasado para detenerla, y esta acción logró que a partir del 1º de abril de 2011, después de más de 6 años de comenzada la obra, se iniciara un proceso de diálogo entre la Secretaría de Gobernación Federal, la Comisión Nacional del Agua y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo[1]. Sin embargo, dos meses después, en la llamada mesa resolutiva efectuada el pasado 1 de junio, las autoridades confirmaron que continuarán con la presa para concluirla en 2012, a la vez que descalificaron a los opositores como minoría, quienes ante el agotamiento de los recursos nacionales recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El impacto de las megarepresas

Desde hace más de una década, la Comisión Mundial de Represas[2] señaló los graves impactos medioambientales y sociales que las grandes represas han provocado alrededor del mundo. En el caso concreto de nuestro país, otro megaproyecto hidroeléctrico, el de la presa “La Parota”, ha sido objeto de atención y recomendaciones al Estado mexicano por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); de tres Relatores Especiales de ONU con mandatos en materia del derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y los derechos de los pueblos indígenas; así como del Tribunal Latinoamericano del Agua.

La Parota se pretende construir sobre el río Papagayo en el estado de Guerrero, y entre sus mayores impactos ambientales y sociales se encontraría la inundación de 17.000 hectáreas de tierras de cultivo, carreteras, puentes y comunidades completas, con el consecuente desplazamiento de 25.000 personas en el área inmediata y 75.000 río abajo. La falta de información y consulta oportuna a las comunidades que serían afectadas, así como los potenciales impactos que tendría en el medio ambiente, en el desarrollo y en los derechos humanos de miles de personas es, como en el caso de “El Zapotillo”, una constante.

No obstante las recomendaciones internacionales emitidas, y la larga y ardua lucha social y legal desplegada por las comunidades opositoras junto con organizaciones aliadas, el Gobierno de Felipe Calderón no pretende revisar ni modificar su política, inmersa en un modelo de desarrollo que depreda el medio ambiente y acrecienta la injusticia social, de modo que el proyecto “La Parota” aún no ha sido cancelado. En abril de este año, las comunidades opositoras obtuvieron el quinto juicio a su favor, al ser anulada una asamblea agraria de 2010 por medio de la cual el gobierno federal intentaba obtener la anuencia para la expropiación de las tierras sobre las cuales pretende construir la presa y así imponer el megaproyecto de manera ilegal. A partir de mayo, diversas organizaciones y redes han impulsado una campaña para instar al recientemente electo gobernador de Guerrero a comprometerse con las comunidades y a gestionar ante el gobierno federal la cancelación definitiva de dicho proyecto hidroeléctrico[3].

Desarrollo no sustentable en México, DF

Las políticas y proyectos que desafían el desarrollo sustentable en México no se dan solamente en contextos rurales. La enorme presión que las ciudades ejercen sobre los recursos naturales – por las grandes concentraciones de población y también por las decisiones de política pública que se toman a nivel local, carentes de un enfoque integral de derechos humanos – resulta cada vez más grave y peligrosa para las generaciones presentes y futuras. Una de las situaciones que más preocupan y ocupan actualmente a organizaciones civiles y sociales mexicanas es la del modelo de desarrollo impulsado por el actual Gobierno del Distrito Federal (GDF) en la ciudad de México, en muchos sentidos contradictorio con lo avanzado en derechos humanos.

En 14 años de gobiernos de izquierda y participación ciudadana, mucho se ha ampliado el reconocimiento y garantía de derechos humanos en el Distrito Federal (DF), la única de las 32 entidades federativas en el país que cuenta con un Diagnóstico y un Programa de Derechos Humanos (PDHDF), elaborados  participativamente entre 2007 y 2009 bajo el impulso de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que contempla sendos capítulos en materia del derecho a un medio ambiente sano, derecho al agua,  derecho a la salud, a la vivienda, entre otros[4].

Es la única entidad, además, que cuenta desde 2010 con un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de carácter intersectorial, desde el cual diversos sectores, incluida la  sociedad civil, se han organizado para la vigilancia del cumplimiento del PDHDF. También es la única entidad con  una Ley del PDHDF – aprobada y promulgada en febrero y mayo de 2011, respectivamente – la cual establece la obligatoriedad para los entes públicos de la ciudad de aplicar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Asimismo,  se  destaca por  la elaboración participativa de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad – a iniciativa de organizaciones urbano populares – que incluye la visión de ciudad sustentable, habitable, saludable, y una serie de compromisos que fueron suscritos en julio de 2010 por los órganos políticos ejecutivo, legislativo y judicial a nivel local[5]

En la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales del año pasado, el Jefe del GDF, Marcelo Ebrard, expuso a los alcaldes de otros países sus programas de seguridad, protección civil, movilidad no motorizada, ciudadanía y medio ambiente, así como  proyectos inmobiliarios y desarrollos urbanos construidos o en vías de edificación como parte de los avances “en los siete ejes de acción de la agenda ambiental: suelo de conservación, habitabilidad y espacio público, agua, movilidad, calidad del aire, manejo de residuos y cambio climático…una agenda de trabajo que reflejara que la prioridad ambiental demanda el inicio de cambios que permitan recuperar la sustentabilidad del desarrollo de la ciudad”[6].

Pero en esta “ciudad de vanguardia” las contradicciones se están exacerbando. Al grito de: “Marcelo, entiende, la ciudad no se vende”[7], alrededor de 3.500 personas marcharon en febrero de 2011 en oposición a diversos megaproyectos que significan, entre otras cuestiones, la destrucción de árboles y áreas verdes que dañarán irreparablemente los pulmones de la ciudad,  la destrucción de suelo de alto valor ambiental debido a la construcción de obras en zonas de conservación, y un grave impacto en zonas de recarga del acuífero.

Una de estas obras es el Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur Oeste de la ciudad de México (Supervía Oeste). En enero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) publicó un reporte que denunciaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por la construcción de la obra, incluyendo violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, a la información y a la participación ciudadana, y en relación con dichas violaciones, la afectación a los derechos a un medio ambiente sano, al agua y a una vivienda adecuada de vecinos y vecinas de dichas delegaciones.
El Ombudsman capitalino recomendó al Jefe de Gobierno ordenar la suspensión de la construcción de la Supervía Poniente hasta que se realice una consulta pública que garantice una participación amplia y plural, en la cual sean consideradas las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas por esta obra. Asimismo, la Recomendación enfatiza la necesidad de que el Gobierno valore distintas alternativas de movilidad sustentable en el suroeste de la ciudad y que modifique el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo en armonía con la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de obligatoriedad de la consulta pública en las evaluaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental[8]. Los habitantes y las organizaciones de la sociedad civil van más allá, empero, y demandan la cancelación de la obra.

Las organizaciones civiles y sociales están demandando al GDF absoluta congruencia con los compromisos asumidos en el PDHDF, su Ley respectiva y la Carta de la ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, así como la cancelación de toda medida legislativa o de política pública regresiva en materia de derechos humanos, pues con la imposición de este tipo de proyectos las autoridades en la ciudad no solo están sumiendo a la población en un alto riesgo ambiental y social, sino que también están desmantelando los avances democráticos que habían sido alcanzados y debilitando los canales institucionales de interlocución, diálogo, debate y propuesta. 

En conclusión, este tipo de  megaproyectos de desarrollo que tanto autoridades federales como locales están impulsando a lo largo y ancho del país, revelan políticas de Estado irresponsables y no  basadas en un enfoque integral de derechos humanos, que están conduciendo a México por una peligrosa senda, la de un desarrollo no sustentable.

[1] <noalapresaelzapotillo.wordpress.com>.

[2]Establecida por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza en 1998 ante la creciente oposición a las grandes represas. Más información en <www.internationalrivers.org/files/wcdguide-s.pdf>.

[3] Entre las organizaciones firmantes de la campaña se encuentran: Espacio DESC, Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, Fundar, Serapaz, WITNESS, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras. Más información en: “Organizaciones refuerzan llamado a Gobernador de Guerrero para un No a la Parota”,  <www.tlachinollan.org/Noalaparota>

[4] Ver: <www.derechoshumanosdf.org.mx>.

[5] Ver: <derechoalaciudaddf.blogspot.com>.

[6] Ver:  <ciudaddevanguardia.com/medio-ambiente>.

[7] Ver: <www.eluniversal.com.mx/notas/747578.html>..

[8] Ver: <www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/999-boletin-212011>.