Proyecto de código amenaza propiedades de pueblos indígenas argentinos
Published on Mon, 2012-09-03 15:46
Organizaciones nativas de Argentina, apoyadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal nacional de Social Watch), consideran que el anteproyecto de reforma al Código Civil a debate en el Congreso legislativo constituye un “retroceso” y exigen que se excluya de la iniciativa las cláusulas relativas a las propiedades comunitarias indígenas, cuestión que debería regularse mediante una ley especial. El Consejo Plurinacional Indígena –que reúne a grupos de 11 provincias–, el CELS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, entre otras organizaciones, se oponen a la iniciativa presentada por el gobierno, informó el periodista Darío Aranda en un artículo publicado por el diario Página 12. La presidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentaron el 27 de marzo el anteproyecto de reforma del Código Civil, que aborda la propiedad comunitaria indígena y las personerías jurídicas de sus instituciones. Al mes, el Consejo Plurinacional declaró que “la propiedad comunitaria indígena no puede quedar encorsetada en un código civil y debe ser reglamentada en una ley especial, como lo prometió la presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”. “Los derechos constitucionales ganados en décadas de lucha pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto en nuestras vidas y culturas”, agregó la organización, en una declaración firmada, entre otros, por Paz Argentina Quiroga (de la comunidad huarpe), Eduardo Nievas (diaguita), Félix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh) y David Sarapura (del Qollamarka de la provincia de Salta). Si bien consideró necesario modificar el Código Civil, el Consejo Plurinacional advirtió que el actual proyecto “viola los derechos de los pueblos indígenas”, e informó, además, que no se consultó a las comunidades antes de elevarlo al Congreso legislativo. Representantes de esa organización y de las que la apoyan alertaron la semana pasada al Congreso que “este código civil será un claro retroceso para los pueblos originarios”, según indicó Ignacio Prafil, de la comunidad Fvta Anekon de la provincia de Río Negro. Las instituciones exigen que se respete el derecho a la “consulta libre, previa e informada” vigente de acuerdo con la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las principales críticas a la reforma y a su proceso –además de la falta de participación indígena– son que se desconoce a esos pueblos (solo se menciona a “comunidades”, instancia menor a “pueblos” en cuanto a organización política y sujeto de derecho), no legisla sobre territorio (apela al término “tierra”), desconoce a los indígenas urbanos e introduce a estas naciones como sujetos del derecho privado (las equipara a un consorcio de edificio o a una cooperativa). Las organizaciones que acompañaron al Consejo Plurinacional presentaron un informe conjunto a la comisión bicameral a cargo del estudio preliminar de la iniciativa. “El texto del proyecto de código civil es inconstitucional porque contradice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos. La incorporación de la regulación del derecho indígena en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples inconstitucionalidades”, advirtieron. Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, aclaró que “las audiencias que se realizan en el Congreso no pueden ser entendidas como ‘participación indígena’. Se requieren otros procesos y otros tiempos, sujetos a las mismas leyes que el Estado sancionó y debe respetar”. Las audiencias en el cuerpo legislativo “son testimoniales” porque no tienen carácter obligatorio, agregó Ramírez. El Consejo Plurinacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que los artículos referidos a los pueblos indígenas sean retirados del proyecto y que se impulse una ley especial (con participación indígena) sobre la propiedad comunitaria. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional, afirmó que el proyecto “es una avanzada contra el derecho indígena, el único que tiene peso jurídico para detener el modelo extractivo de las mineras, de las petroleras y de los sojeros que avanzan” sobre sus territorios ancestrales. Fuente |
