Argentina: Otro campesino asesinado por defender su derecho a la tierra
Published on Wed, 2012-10-17 11:52
El asesinato en Argentina de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MoCaSE-VC), es una nueva demostración de la urgente necesidad de detener los desalojos por conflictos por la tierra y legislar al respecto, advirtieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO-INPADE). Según el MoCaSE-VC, un sicario contratado por un empresario de la provincia de Salta dio muerte a Galván el miércoles 10 de una puñalada en la yugular. La organización campesina manifestó también que familias de la zona habían sido hostigadas por empleados de la empresa agropecuaria La Paz S.A. de la localidad salteña de Rosario de la Frontera, que pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela. El crimen cometido en el Paraje Simbol, en el límite de las provincias de Santiago del Estero y Salta, es consecuencia de los conflictos sociales derivados de la apreciación de la tierra, en perjuicio de las comunidades campesinas e indígenas, según el CELS. También lo fue el homicidio de Cristian Ferreyra en noviembre de 2011 en San Antonio, en el norte de Santiago del Estero, evaluó la organización. Los diferentes grupos afectados por esos conflictos denunciaron ante las autoridades reiterados actos intimidatorios y atentados. En diciembre de 2011, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU manifestó su preocupación frente al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y agentes privados contra personas que participan en actividades en defensa de sus derechos; en particular en el contexto de disputas por la tierra. En esa oportunidad, el Comité instó al Estado argentino a proteger a los activistas sociales contra cualquier forma de intimidación, amenaza y uso desproporcionado de la fuerza. El Estado federal debe garantizarles a las personas afectadas por estos conflictos el goce de los derechos humanos y establecer instancias de articulación con las autoridades provinciales, para encontrar soluciones de fondo a los reclamos y prevenir el uso de la violencia, indicó el CELS en un comunicado. También resulta indispensable que el Congreso legislativo discuta el proyecto de ley contra los desalojos de tierras rurales de campesinos, consensuado por distintas organizaciones y a estudio de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2011, recordó el CELS. Por su parte, FOCO-INPADE indicó en un comunicado que el hostigamiento a las familias de Paraje Simbol “por matones de la Empresa Agropecuaria La Paz S.A.” incluye “agresiones y amenazas de muerte”. Los hermanos Miguel y Rafael Galván “realizaron las correspondientes denuncias en distintos ámbitos: ante la policía, ante la Dirección de Bosques y ante el Comité de Crisis, que constataron la gravedad de los sucesos contra las familias por parte de empresarios y bandas armadas”, según FOCO-INPADE, que acusó a las firmas de “arrebatar tierras, practicar la tala indiscriminada, pretender instalar campos de soja transgénica y matar campesinos”. “Nadie hizo nada” ante las denuncias, agregó la organización. El 13 de marzo de 2010, Sandra Juárez, de 33 años, murió de un paro cardiorrespiratorio, al tratar de evitar la tala de un monte en San Nicolás, a unos 40 kilómetros de Clodomira. El 16 de noviembre de 2011, dos sicarios contratados por un empresario sojero santafesino asesinaron a tiros a Cristian Ferreyra, de 25 años y padre de dos niños, en su propia casa, según la denuncia de la comunidad Lule-Vilela de San Antonio. También hirieron de gravedad en las piernas a César Godoy, de 31 años. “Desde FOCO INPADE expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos ocurridos en la comunidad del paraje Simbol y exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos del crimen, el fin de la persecución a los luchadores sociales y la pronta resolución de los problemas de distribución de la tierra. Para esto último, demandamos la ampliación de la Ley de Extranjerización de Tierras para que se contemple una regulación del uso social de la tierra, bien común no renovable y estratégico, en pos de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y democratizar de una vez por todas el acceso al agua y la tierra. También solicitamos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se explaye al respecto”, indica el comunicado. Fuentes
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