Paraguay: Un contrato roto
Published on Fri, 2012-11-30 07:06
“El contrato social se rompió” en Paraguay por el “golpe parlamentario” por el cual se destituyó el 22 de junio de 2012 al presidente Fernando Lugo, señaló la Campaña por la Expresión Ciudadana (Decidamos) en su aporte al Informe de Social Watch 2013. Lugo había asumido el cargo con 41% de los votos y contaba en 2011, al llegar a los tres años en el gobierno, con la aceptación de 50% de la población”. El nuevo gobierno ha revertido la tendencia al incremento del gasto social de la última década, y ha elevado 30 por ciento el presupuesto asignado a la Policía y las Fuerzas Armadas. Veinte años después de la restauración democrática, la ciudadanía aún carece de mecanismos para defender sus derechos y para que funcionarios y políticos rindan cuentas. El Estado responde a grupos de interés y a influencias privadas, por lo que es incapaz de alcanzar las metas mínimas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que habrían sido fáciles de lograr con políticas de calidad Las políticas de protección social que comenzaron a implementarse en Europa a fines del siglo XIX, y que cobraron fuerza en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, estuvieron ausentes en Paraguay hasta comienzos del siglo XXI, excepto por un sistema de pensiones de carácter contributivo, pero limitado a los trabajadores del sector formal de la economía, que constituyen una pequeña minoría de la población. A partir de 2005, el presupuesto de los programas existentes fue elevado y se implementaron nuevas políticas dirigidas a extrema pobreza, los niños y niñas en situación de calle, la desnutrición, la ancianidad pobre y otros sectores. Los indicadores sociales comenzaron a mejorar, pero los promedios nacionales esconden desigualdades “entre la población de áreas urbanas y rurales, entre la indígenas y la no indígenas y entre la pobre y la no pobre”, escribió la economista Verónica Serafini Geoghegan, principal autora del informe. Estos programas mencionaban explícitamente como finalidad alcanzar los ODM, y en 2005 cincuenta organizaciones de derechos humanos, campesinas, barriales, indígenas, sindicales, juveniles, de mujeres, que en 2005 se unieron en una alianza que se integró al Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés). Este movimiento nacional, la Plataforma Paraguay sin Excusas contra la Pobreza, criticó los ODM por reduccionistas y por ignorar los derechos humanos, en particular los femeninos. Al concentrarse en los resultados y no en las causas de la pobreza, advirtió, los ODM pueden terminar promoviendo gastos para que los números cierren en el corto plazo. La coalición temía que los Objetivos del Milenio pudieran convertirse en una excusa para diluir la responsabilidad del Estado, dado su énfasis en la extrema pobreza y no en el deber de garantizar los derechos humanos y la prestación universal de servicios sociales. Aun así, tras el acelerado e ilegal juicio político contra Lugo, “los partidos políticos y la mayoría de sus representantes, que deberían funcionar como mecanismo de transmisión entre la ciudadanía y el sector público, carecen de legitimidad”, y “la asignación de los recursos públicos (…) se maneja con discrecionalidad, al amparo de la insuficiente información pública sobre los programas que se implementan”. “En este escenario, los ODM constituyen un poderoso instrumento de seguimiento al escaso compromiso del Estado hacia la ciudadanía paraguaya”, dado que “alcanzar estos objetivos debe entenderse como una obligación” y, “por lo tanto, constituyen un mecanismo de exigibilidad”. Según la coalición de Social Watch en Paraguay, uno de los desafíos futuros es “reconstituir el contrato social a la luz del cumplimiento de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), incorporando a los ODM como piso sobre el cual partir”. El informe agrega que “las estrategias y acciones deben estar sustentadas en la intervención sobre las causas de los problemas, y por otro, en los resultados que afectan la calidad de vida de las personas y no en los medios para lograrlos”. Fuente
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