México: Sociedad Civil demanda enfoque de derechos humanos y sostenibilidad

Protesta contra el fracking

El marco jurídico mexicano en materia energética, reformado en 2013 y 2014, entraña obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de derechos humanos y el cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que da preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos “sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, estableciendo para ello una serie de disposiciones legales, con instituciones y procedimientos específicos favorables a los proyectos energéticos (públicos, privados, nacionales y trasnacionales), algunos de los cuales emplean técnicas tan nocivas como la fractura hidráulica (fracking), sujeta a prohibiciones o moratorias en muchos otros países. Esto constituye una regresión en términos de la protección de derechos humanos y medio ambiente, y a la vez compromete seriamente la consecución de los ODS.

Ante este escenario de indefensión, las organizaciones del Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en México exhortan y apelan a la primacía de los derechos humanos y a que la actuación del Estado se apegue estrictamente al artículo 1o. de la Constitución que mandata la aplicación de los estándares más altos de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar y sancionar las violaciones. 

Fuente: Informe nacional de México, Social Watch Report 2016.