¿A favor de los pobres o a favor de las empresas?

POR ROBERTO BISSIO, SOCIAL WATCH

Con argumentos contradictorios, el Banco Mundial define un umbral de pobreza muy bajo que posibilitaría su erradicación con relativamente poco esfuerzo y, al mismo tiempo, argumenta que es necesario “pasar de billones a trillones” (en la acepción inglesa de las cifras). Para lograrlo, promueve una “cascada” de asociaciones con el sector privado. Los ganadores son los grandes intermediarios financieros, que apalancan estas asociaciones, mientras que los pobres podrían terminar pagando tarifas adicionales por servicios esenciales.

Los dos mensajes que más circulan sobre la Agenda 2030 y sus ODS son que la pobreza es la principal prioridad, tal como se resume en el eslogan “No dejar a nadie atrás”, y que los gobiernos solos no pueden cumplir los objetivos acordados y, por lo tanto, se necesitan “alianzas” (partnerships) con el sector empresarial.

“Sin el sector privado no va a ser posible, ya que tenemos limitaciones presupuestarias en todos los países”, explicó José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en una entrevista con Reuters.¹

Esto suena intuitivamente correcto en los países desarrollados posindustrializados, donde mucha gente percibe que “allá afuera” hay demasiados pobres que incluso amenazan con “entrar” a sus países y, por lo tanto, es necesario crear muros de protección y otras barreras. Al mismo tiempo, se les dice que la desaceleración económica prolongada desde la debacle financiera de 2008 requiere medidas de austeridad presupuestaria, por lo que resulta imposible aumentar lo que consideran “caridad” para el extranjero.

En varios países, los discursos políticos que siguen esas líneas dejaron de ser marginales y ahora están en los centros de toma de decisiones. Pero ¿qué sucede si estas premisas no son verdaderas? Actualmente, el Banco Mundial establece el umbral internacional de pobreza en el equivalente a la capacidad de compra local de  1,90 dólares por día o aproximadamente 700 dólares por año. Hay 700 millones de personas que viven por debajo de ese umbral, es decir, casi 10% de la población mundial, que actualmente se calcula en 7.000 millones. Según el Banco Mundial, el promedio mundial de ingresos per cápita fue de 10.000 dólares en 2015. Esa cifra es 14 veces mayor al umbral de pobreza, lo que implica que el problema es de desigualdad, no de escasez. Al medir la riqueza y no los ingresos, Oxfam concluyó que ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad.²

Los economistas Christine Zhang, Laurence Chandy y Lorenz Noe de la Brookings Institution siguieron esta lógica al extremo.³ Como las personas que viven por debajo del umbral internacional de pobreza ganan algo de dinero (un valor medio calculado en 1,34 dólares en 2012), la brecha de pobreza, que es el monto total de dinero teóricamente necesario para que todas las personas sobrepasen el umbral de pobreza, es de menos de 80.000 millones de dólares. Los cálculos posteriores estiman la brecha en 66.000 millones de dólares para 2017.

Esto es mucho dinero, pero, aun así, es mucho menos que los 100.000 millones de dólares del reciente contrato de armas acordado entre Estados Unidos y Arabia Saudita. También es inferior al dinero aportado como asistencia oficial para el desarrollo por los miembros de la OCDE que preside Gurría (142.600 millones de dólares en 2016).⁴ En otras palabras, con la mitad del dinero que ya se encuentra disponible para ese mismo propósito, la pobreza extrema desaparecería hoy mismo si ese dinero fuera transferido directamente a aquellas personas que lo necesitan.

Esta propuesta de reductio ad absurdum se basa en dos premisas: una verdadera y la otra falsa. Es verdad que el dinero puede transferirse (casi) de forma directa a los pobres. Es falso que esto podría erradicar la pobreza.

Transferencias en efectivo e inclusión financiera

En marzo de 2017, la India anunció que 99% de su población se había inscripto en Aadhaar, un sistema de identificación biométrica. Esto significa que más de 250 millones de indios que viven por debajo del umbral internacional de pobreza ya tienen un número único de identificación y una tarjeta que fácilmente puede convertirse en una tarjeta bancaria. La infraestructura aún debe mejorarse y muchos analistas critican el sistema por potencialmente violatorio de la privacidad y otros derechos humanos, pero, a los efectos de nuestro experimento imaginario, podemos considerar prácticamente concluido el sistema de identificación más grande del mundo. Todas las personas de la India que viven en la pobreza pronto podrán extraer dinero en efectivo de un cajero automático o recibirlo en su cartera electrónica con mínimos costos de administración. Y las personas que viven en la pobreza extrema en la India componen un tercio del total mundial.

El Banco Mundial ha fomentado los sistemas de transferencia en efectivo en todo el mundo como el instrumento preferido para luchar contra la pobreza. Puesto que es esencial contar con algún tipo de sistema de identificación para enfocarse en los beneficiarios (y para otro tipo de controles), también hay un rápido progreso de la identificación biométrica en todo el mundo. Las estrategias de inclusión financiera reúnen a agencias de la ONU, el Banco Mundial, bancos nacionales e internacionales y proveedores de servicios de telefonía móvil de muchos países para inscribir a las personas más rápidamente. En Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo, la población que tiene una cuenta bancaria aumentará de 13% a 87% en 2020. Durante la epidemia de ébola en 2014, aproximadamente 30.000 trabajadores de la salud recibieron sus pagos mediante transferencias electrónicas.⁵

Las transferencias en efectivo son posibles e, incluso, eficaces para objetivos humanitarios. Son 25% a 30% menos costosas que la ayuda en especie (por lo tanto, significan más alimentos por cada dólar) y son un medio más respetuoso, ya que no todas las personas desean lo mismo y, al brindar dinero en efectivo, se respeta su derecho a tomar sus propias decisiones. De acuerdo con Owen Barder, del Center for Global Development (Centro para el Desarrollo Global), las transferencias estimulan la economía local, tienen un efecto secundario positivo para todo el país y alivian las tensiones sociales locales. Los beneficiarios, a menudo miembros de un grupo étnico minoritario o provenientes de un país diferente (refugiados), no son vistos como una carga, sino como una ventaja para la industria y el comercio locales.⁶

El ODS 10, que propone reducir la desigualdad en los países, y entre ellos, demanda en su meta 10.c bajar los costos de las remesas de los migrantes a menos de 3% para 2030; incluso si admitiéramos un costo de 10% para transferir dinero a las personas en la pobreza extrema, el costo total de la operación está dentro de las disponibilidades existentes. O sea que si aceptamos como cierto el cálculo del Banco Mundial de una brecha de pobreza menor a los 100.000 millones de dólares y seguimos la política del Banco Mundial de priorizar las transferencias en efectivo, aun aceptando un costo de transacción elevado, la pobreza extrema podría ser erradicada hoy mismo con el presupuesto existente de asistencia oficial para el desarrollo. Sin embargo, el Banco Mundial, cuyo objetivo declarado es erradicar la pobreza, argumenta –junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos regionales de desarrollo– desde 2015 que, para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad global tiene que cambiar el debate “from billions to trillions”. O sea, pasar de la financiación basada en la asistencia oficial para el desarrollo y contabilizada en miles de millones de dólares a billones (millones de millones) en inversiones de todo tipo: públicas y privadas, nacionales y globales.⁷

Esta necesidad de “billones” (trillions, en inglés) o no se corresponde con la declarada prioridad en combatir la “pobreza extrema”, que requiere montos mucho menores, como vimos, o es una velada admisión de que las definiciones y cálculos sobre pobreza extrema del Banco Mundial están errados. O tal vez ambos.

Un enfoque basado en los derechos

La pobreza no es solo un problema de dinero (o de su falta). Ya en 2009, el mismo Banco Mundial concluyó que “ni aun el programa de transferencia monetaria condicionada mejor diseñado puede satisfacer todas las necesidades de un sistema de protección social. Después de todo, es solo una rama de un árbol más grande que incluye prestaciones sociales condicionadas, empleo y programas de pensión social”.⁸ Aun así, el Banco Mundial ha rechazado algunas recomendaciones claves de la Comisión sobre la Pobreza Mundial, cuyos expertos propusieron introducir medidas no monetarias de la pobreza (véase el recuadro) y también se negó a que un organismo “completamente externo” audite sus estimaciones, a pesar de que esto daría como resultado un mayor respeto por su cifra de umbral de pobreza.⁹ “La palabra ‘auditoría’ implica connotaciones de autoridad formal que consideramos que no serían apropiadas para un ejercicio de colaboración ni compatibles con la independencia intelectual de nuestros propios investigadores”, respondió el Banco al informe de la Comisión.¹⁰

Mientras tanto, la sociedad civil y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos argumentan que la pobreza debe comprenderse como un síntoma y un resultado de la violación de los derechos humanos.¹¹ La Agenda 2030 no lo dice explícitamente, pero sí habla de la “pobreza en todas sus dimensiones” (meta 1.2) y urge a los Estados a que garanticen que las personas tengan “los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos” (meta 1.4). Esto se acerca mucho más al enfoque del economista Amartya Sen, ganador del Premio Nobel, quien ve la pobreza como la privación de las opciones y libertades de la gente.

Desde esa perspectiva, que una persona cruce el umbral de pobreza y gane 1,95 dólares por día, en lugar de 1,85 dólares, no marca una diferencia muy grande, pero sí la marca ser respetado dentro de una comunidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está comenzando a crear su propia definición de los indicadores no monetarios de pobreza. Al responder la pregunta de cuáles son los “sistemas apropiados de protección social a nivel nacional” que solicita la meta 1.3, la OIT define un nivel mínimo de protección social universal que incluye lo siguiente:¹²

• un beneficio universal para todos los niños de 0 a 14 años equivalente a 20% del umbral nacional de pobreza del país;
• un beneficio de 100% del umbral nacional de pobreza del país para todos los huérfanos;
• una pensión universal de 100% del umbral nacional de pobreza del país, a excepción de las personas que tienen pensiones previsionales;
• prestación por desempleo de 100% del umbral de pobreza del país a una persona por cada hogar vulnerable durante un periodo de 100 días;
• un beneficio de 100% del umbral nacional de pobreza del país para todas las personas con discapacidades graves;
• un beneficio por maternidad por cuatro meses de 100% del umbral nacional de pobreza del país para todas las madres con hijos recién nacidos.

De esta manera, se respetan las decisiones del país, ya que depende de cada país la definición de los umbrales nacionales de pobreza según sus circunstancias, pero, de ahí en adelante, pueden compararse los beneficios (y el progreso o la regresión) entre los países.

Si se suman los costos administrativos, brindar estas condiciones costaría tan solo 1% del PIB en Tailandia, Brasil y Namibia; menos de 3% del PIB en Egipto, Sudáfrica, la India y Marruecos; y entre 7% y 8% del PIB en Uganda, Camboya, Ghana, Benín, Nepal y Malí.¹³ ¿La protección social universal es asequible en los países en desarrollo? “Sí” es la respuesta categórica de Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT, que recopiló estas estimaciones.

Erradicar la pobreza extrema era la prioridad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sigue siendo el primer objetivo de la Agenda 2030. También se exige en el Tratado de Lisboa, base de la Unión Europea.¹⁴ Como todos coinciden en que, en lugar de dar el pescado a quienes tienen hambre, es preferible enseñarles a pescar, el mejor uso de la asistencia oficial para el desarrollo no sería transferirla directamente a los pobres, sino usar esos fondos para fortalecer los mecanismos nacionales, a fin de movilizar recursos internos y permitir que los países financien ellos mismos sus niveles mínimos de protección social. Los gobiernos de los países en desarrollo necesitan aumentar los impuestos y controlar las salidas ilegales de recursos para poder proporcionar el dinero, los servicios básicos y la protección social que sacarán a su gente de la pobreza, y de un modo sostenible.

Pero esta no es la perspectiva que defiende el Banco Mundial. En su informe “Paying Taxes 2017” (Pago de impuestos 2017), se recomienda no solo eficacia administrativa, sino también tasas de impuesto más bajas.¹⁵ Cualquier país que reduce las tasas de impuesto, eleva el umbral de ingresos imponibles o brinda exenciones fiscales obtiene aprobación de este informe. Los especialistas en desarrollo Jomo Kwame Sundaram y Anis Chowdhury comentan que “el informe, particularmente, elogia a los países que reducen las tasas de impuestos sobre empresas (o aumentan el umbral y las desgravaciones) y considera negativamente a aquellos que introducen impuestos nuevos, por lo que, en esencia, estimula la competencia fiscal entre los países en desarrollo”.¹⁶

El influyente informe del Banco Mundial se elaboró en coautoría con PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las “cuatro grandes” empresas internacionales de contabilidad y consultoría. PwC compite con KPMG, Ernst & Young y Deloitte por el negocio lucrativo de ayudar a los clientes a minimizar sus obligaciones tributarias. PwC ayudó a sus clientes a obtener, al menos, 548 resoluciones fiscales a su favor en Luxemburgo entre los años 2002 y 2010, lo que les permitió evitar el pago de impuestos sobre la renta de empresas en otras jurisdicciones.¹⁷

Asimismo, los países miembros de la OCDE que poseen una gran mayoría de los votos ponderados del Banco Mundial han vetado hasta el momento las propuestas de establecer el organismo fiscal intergubernamental, inclusivo y global de la ONU que demandan las organizaciones de la sociedad civil y muchos países en desarrollo.

Reducción del riesgo de la inversión privada

En lugar de enviar fondos a las personas que viven en la pobreza o de ayudar a los países donde viven estas personas a aumentar los impuestos, evitar salidas ilegales y, por lo tanto, financiar sus propios sistemas de protección social, el Banco Mundial utiliza cada vez más su dinero para “apalancar la inversión privada” ofreciendo garantías financieras a grandes empresas transnacionales, principalmente para proyectos de infraestructura. En abril de 2017, mientras hablaba en la reunión ministerial del Banco Mundial y el FMI, el secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven T. Mnuchin elogió “el énfasis del Banco Mundial en el sector privado como motor del crecimiento y el lanzamiento de una estrategia audaz prevista para desencadenar la inversión privada en los países más pobres del mundo” y, al mismo tiempo, advirtió que “debemos ser extremadamente prudentes en el uso de los recursos públicos [...] cuando se trata de financiar empresas estatales”.¹⁸

De acuerdo con esa lógica, es correcto usar fondos públicos para respaldar empresas privadas, pero no para respaldar políticas públicas. Mnuchin reconoció que “el desarrollo del sector privado que efectivamente impulse el crecimiento y mejore los medios de vida en las naciones más pobres del mundo es una tarea difícil”, pero este es, no obstante, el camino que les recomienda a los países.

Mientras evitó las referencias al cambio climático como uno de los objetivos, para complacer al nuevo gobierno de Estados Unidos, el presidente del Banco Mundial anunció después de la reunión de primavera de 2017 una “cascada” de asociaciones público-privadas (APP) para “ayudar a crear mercados y aprovechar más financiación privada”.¹⁹ Este es el mismo “enfoque innovador” de la financiación del desarrollo que hizo que el Banco “redujera los riesgos” de Odebrecht, la empresa constructora brasileña que obstaculizó el proceso de democratización de Brasil y otros países latinoamericanos mediante un sofisticado sistema de corrupción en todo el continente con garantías del Banco Mundial por más de 40.000 millones de dólares en inversiones (véase el recuadro del capítulo 17).²⁰

Ahora, el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim argumenta que “hay billones de dólares inactivos que generan escasos intereses o intereses negativos, y los inversionistas buscan obtener una rentabilidad mayor”.²¹ Así pues, la política del Banco Mundial será trabajar “con nuestros asociados para eliminar los riesgos de [los] proyecto[s] o, si es necesario, los riesgos de países o sectores enteros”.²² Eso implica usar los fondos públicos como garantía para la inversión empresarial. Si el proyecto fracasa, los ciudadanos de los países desarrollados y en desarrollo lo pagarán (o contraerán una deuda). Si tiene éxito, las ganancias irán a las empresas.

Jürgen Kaiser, coordinador de políticas de la organización alemana Erlassjahr.de (Jubileo), comentó en una mesa redonda ministerial de la ONU sobre financiación para el desarrollo en mayo de 2017 que “las necesidades de infraestructura de los países en desarrollo estaban allí hace cinco o diez años. A este impulso, de hecho, lo motivan las necesidades de fondos de inversión (incluidos los fondos de pensiones) en los países desarrollados que encuentran tasas de interés muy bajas o, incluso, negativas en el nivel interno”.

En un discurso en la Facultad de Economía de Londres en abril de 2017, Jim Yong Kim dijo que “algo que quisiéramos hacer, por ejemplo, es hallar la manera de que un fondo de pensiones del Reino Unido pueda invertir en la construcción de caminos en Dar es Salaam, obtener una rentabilidad razonable por esa inversión y, al mismo tiempo, hacer mucho bien”.²³

“En pocas palabras, ese es el significado de la financierización”, comenta Nancy Alexander, quien dirige el Programa de Gobernanza Económica en la Fundación Heinrich Böll Norteamérica, “una ola de ingresos a largo plazo provenientes de los contribuyentes y tarifas pagadas por los usuarios en el Sur global”. Algunos dicen que esto es “ventajoso para todos” (win-win) y que los africanos también ganarán, pero los contratos estándares de las APP asignan los mayores riesgos al sector público y comprometen la capacidad del Estado para regular en aras del interés público. Los verdaderos ganadores son las empresas constructoras y los intermediarios financieros.

Conclusión

Así como los ilusionistas usan una mano para distraer la atención de la audiencia de lo que hace la otra, los esfuerzos del Banco Mundial y las IFI para luchar contra la pobreza no se centran en reducir las desigualdades, sino que se concentran en un objetivo relativamente moderado fijado por un umbral de pobreza muy bajo. Al mismo tiempo, los ODS, incluido el ODS 1, se consideran tan ambiciosos que se invita a los multimillonarios y a las empresas a “formar alianzas” en el esfuerzo, porque ¿de qué otro lugar provendrá el dinero si no es de aquellos que lo tienen? Finalmente, dado que no se puede atraer a los inversionistas a menos que sus ganancias estén garantizadas, el dinero de los contribuyentes, en lugar de destinarse a los pobres o a las políticas que los benefician directamente, se usa para reducir el riesgo de los inversionistas extranjeros y salvarlos de malas inversiones, decisiones a menudo estimuladas por la corrupción, mientras se espera que la gente de los países más pobres pague los servicios esenciales y las ganancias de los inversionistas.

Como dice la letra de la canción “Hood Robbin” del famoso rapero Ice Cube: “¿No es una perrería robarles a los pobres para dárselo a los ricos?”.

Referencias

Commission on Global Poverty (2017): Monitoring Global Poverty. Washington, DC: World Bank.

Fiszbein, Ariel/Schady, Norbert (2009): Conditional Cash Transfers Reducing Present and Future Poverty. Washington, DC: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/INTCCT/Resources/5757608-1234228266004/PRR-CCT_web_noembargo.pdf

Goldsmith, Belinda (2015): Who Funds the Trillion Dollar Plan of the UN’s New Global Goals? Reuters, 26/9/2015.
https://www.reuters.com/article/us-development-goals-finance/who-funds-the-trillion-dollar-plan-of-the-u-n-s-new-global-goals-idUSKCN0RQ0RD20150926

PricewaterhouseCoopers/World Bank Group (2017): Paying Taxes 2017. Washington, DC.
http://www.pwc.com/payingtaxes

US Treasury (2017): Discurso del secretario Steven T. Mnuchin ante la 95a Reunión del Comité de Desarrollo, 22/4/2017, Washington, DC.
http://documents.worldbank.org/curated/en/665751493149273463/pdf/DCS2017-0022-UnitedStates-04222017.pdf

World Bank (2016): Monitoring Global Poverty. A Cover Note to the Report of the Commission on Global Poverty, chaired by Prof. Sir Anthony B. Atkinson, 18/10/2016. Washington, DC.
http://pubdocs.worldbank.org/en/733161476724983858/Monitoring GlobalPovertyCoverNote.pdf

World Bank et al. (2015): From Billions to Trillions: Transforming Development Finance. Washington, DC.
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf

Zhang, Christine/Chandy, Laurence/Noe, Lorenz (2016): The Global Poverty Gap is Falling. Billionaires Could Help Close It. Washington, DC: Brookings.
www.brookings.edu/blog/up-front/2016/01/20/the-global-povertygap-is-falling-billionaires-could-help-close-it/

Roberto Bissio es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y coordinador de la red Social Watch.

Notas: