Empresas militares y de seguridad privadas: obstáculo para la concreción del ODS 16

POR LOU PINGEOT, GLOBAL POLICY FORUM (FORO SOBRE POLÍTICA GLOBAL, GPF)

La industria militar y de seguridad privada ha crecido de manera constante desde mediados de la década de 1980. En 2009, el mercado de seguridad mundial se estimaba entre 100.000 millones y 165.000 millones de dólares por año, con una tasa de crecimiento anual de 7% u 8%.¹ Esto significa que, en la actualidad, la industria rondaría entre 170.000 millones y 300.000 millones de dólares. Además, en un estudio realizado en 2011, se calculó que la cantidad de empleados en el sector de seguridad privada formal era de entre 19,5 y 25,5 millones en todo el mundo, una cifra que supera la cantidad de oficiales de policía en el planeta.² En la actualidad, las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) ofrecen una amplia gama de servicios, desde apoyo a militares estatales involucrados en conflictos hasta servicios de custodia para empresas y personas y el manejo de cárceles privadas.

La industria militar y de seguridad privada afecta de manera directa la concreción del ODS 16 de “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todas las personas y construir instituciones responsables, eficaces e inclusivas en todos los niveles”.

Esta industria no solo contribuye directamente a la violencia en los conflictos, sino que también permite la reproducción de desigualdades socioeconómicas.

Las EMSP y los conflictos. Las EMSP tienen un papel clave en posibilitar los conflictos externalizando los costos políticos, económicos y humanos. En Afganistán e Irak, por ejemplo, Estados Unidos ha podido contar con una fuerza laboral de empleados mal pagos de países pobres, contratados por las EMSP, a veces sin saber que trabajarían en una zona de guerra.³

Las EMSP han logrado que las sociedades democráticas muestren menos aversión a la guerra mediante el ocultamiento de sus costos. En una comunicación interna, el Ministerio de Defensa británico ha resaltado que “ni los medios ni el público occidental parecen identificarse con los contratistas de la manera en que lo hacen con el personal militar. Por ende, las bajas dentro de la fuerza contratada son más aceptables en aras de fines militares que aquellas dentro de nuestras propias fuerzas”.⁴

En otras palabras, la industria militar y de seguridad privada permite a los gobiernos sortear el proceso democrático haciendo que la guerra sea más aceptable al público y menos susceptible de supervisión.⁵

Disponibilidad de armas. Según un cálculo conservador, las EMSP tenían entre 1,7 y 3,7 millones de armas de fuego en todo el mundo en 2011. Esto no incluye las armas ilegales y las no declaradas, que posiblemente aumentarían significativamente esta cifra. De hecho, se ha denunciado que las EMSP adquieren armas en forma ilegal (y las almacenan inadecuadamente) en lugares como Afganistán, Brasil, la India, Irak y Tanzania.⁶ Así, la industria militar y de seguridad privada aumenta la disponibilidad de armas en países tanto en paz como en guerra y aumenta el riesgo de que estas armas se usen contra los civiles. En una encuesta de 2009 en Israel, por ejemplo, se detectó una relación entre los incidentes de violencia doméstica y homicidio y las armas de fuego aprobadas para los guardias de seguridad privada.⁷

Las EMSP y la desigualdad socioeconómica. La industria militar y de seguridad privada se ha expandido en especial en aquellos Estados que experimentan altos niveles de desigualdad entre ciudadanos pudientes y pobres.

A medida que las desigualdades crecen, los ricos cercan sus hogares, los fortifican y los hacen vigilar por personal armado; de esta manera, suelen eludir los servicios policiales no confiables. Esto forma parte de una tendencia más general en la que las personas pudientes no utilizan los servicios públicos. Si bien resulta más evidente en economías emergentes, como Brasil y Sudáfrica, también afecta a los países más ricos, como Estados Unidos.⁸

Al brindar servicios de seguridad que permiten a las personas pudientes aislarse del resto de la sociedad, la industria militar y de seguridad privada tiene un papel fundamental en la agudización de la desigualdad.

El complejo industrial de prisiones. En los últimos años, la industria militar y de seguridad privada ha extendido sus actividades a la gestión de prisiones privadas y centros de detención para inmigrantes. G4S, la empresa de seguridad privada más grande del mundo, ha dirigido prisiones (en el Reino Unido y Sudáfrica, entre otros países) y centros de detención para inmigrantes (por ejemplo, en el Reino Unido y Australia). Según la opinión de muchos críticos, la privatización del sistema carcelario conduce directamente a un aumento en las tasas de encarcelamiento. La Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), por ejemplo, argumenta que la construcción de cárceles con fines lucrativos da como resultado casos de encarcelamiento injusto, que afectan de manera desproporcionada a las minorías marginadas.⁹

Los esfuerzos por lograr una mejor regulación de la industria militar y de seguridad privada solo abordan parcialmente estas cuestiones urgentes. En definitiva, las EMSP no solo son un síntoma de las elecciones políticas que han generado conflictos y un crecimiento de la desigualdad, sino que también posibilitan estas mismas elecciones.

Referencias

Abrahamsen, Rita/Williams, Michael C. (2009): Security Beyond the State: Global Security Assemblages in International Politics. En: International Political Sociology 3:1, pp. 1-17.

Avant, Deborah/Sigelman, Lee (2010): Private Security and Democracy: Lessons from the US in Iraq. En: Security Studies 19:2, pp. 230-265.

Florquin, Nicolas (2011): A Booming. Business: Private Security and Small Arms. En: Small Arms Survey, pp. 101-133.

Mazali, Rela (2009): The Gun on the Kitchen Table: The Sexist Subtext of Private Policing in Israel. En: Farr, Vanessa/Myrttinen, Henri/ Schnabel, Albrecht (eds.). Sexed Pistols: the Gendered Impacts of Small Arms & Light Weapons. Nueva York: UN University Press.

Pastor, James F. (2003): The Privatization of Police in America: An Analysis and Case Study. McFarland.

Shapiro, David (2011): Banking on Bondage: Private Prisons and Mass Incarceration. Nueva York: American Civil Liberties Union.
www.aclu.org/files/assets/bankingonbondage_20111102.pdf

Stillman, Sarah (2011): The Invisible Army. En: The New Yorker, 6/6/2011.
https://www.newyorker.com/magazine/2011/06/06/the-invisible-army

Lou Pingeot es asesora de políticas en el Global Policy Forum.

Notas: