La Isla invisible

Martha Quiñones Domínguez

El archipiélago de Puerto Rico es parte del Caribe, es propiedad de Estados Unidos (territorio no incorporado, o mejor definido como colonia desde 1898) poblada por personas que poseen en teoría la ciudadanía estadounidense. Es un pueblo en resistencia ante los procesos de asimilación y ante el proceso de colonización, resistencia manifestada en el idioma español y en la construcción social- cultural caribeña. Los asuntos sistémicos que enfrentamos en la economía y sociedad son debidos a nuestra condición colonial que impone agendas ajenas a nuestro pueblo y al modelo de capitalismo dependiente y de industrialización por invitación. La isla adopta la decisión por un crecimiento económico acelerado basado en la inversión extranjera (industrialización por invitación) y en la producción de bienes para exportar, capitalismo dependiente.

Situación política

En el 2016 el Congreso de Estados Unidos aprobó el HR 5278, denominado como Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability Act (PROMESA). Mediante esta Ley, el Congreso proveyó para el nombramiento de una Junta de Control Fiscal, mediante la que se asume el control del manejo de la situación fiscal de Puerto Rico por dicha Junta en relación a su deuda pública. La Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso, culmina los esfuerzos del capital financiero hegemónico de Estados Unidos, por consolidar ese modelo de capitalismo dependiente como estructura económica- político-social por medio de la Ley PROMESA, por sus siglas en inglés.

PROMESA propone un comprensivo ajuste de las finanzas públicas, la reforma laboral, y sus políticas públicas, su objetivo es pagar la deuda y, en ese escenario, el desarrollo económico de Puerto Rico y las tensiones sociales no son importante, contrario a lo que había sido su proceso de estabilidad social. Lo que esperamos es más políticas de ajuste fiscal, más recortes presupuestarios, más despidos, menos estabilidad en el empleo y la suspensión de otras garantías sociales y laborales. Aunque se supone que somos un Estado Libre Asociado, con la ley PROMESA de 2016 se elimina la autonomía fiscal, y es a través de la Junta de Control Fiscal (JCF) que se guía las acciones gubernamentales desde una perspectiva neoliberal, por eso sus recomendaciones son:

  • Reducción de las funciones del estado a seguridad, justicia e infraestructura; Reducción del gasto público y la inversión social;
  • Reducción de las pensiones;
  • Establecimiento de un sistema de impuestos regresivo; Liberalización del comercio;
  • Privatización de actividades y activos gubernamentales y la desregulación de la economía;
  • La eliminación y privatización de escuelas y hospitales, la reducción de la universidad pública y el aumento en su matrícula, la eliminación de las pensiones;
  • Mientras mantienen y elevan los gastos políticos que en nada benefician a la sociedad; Sin establecer políticas para combatir la corrupción pública.
  • Es no reconocer responsabilidad compartida de los Estados Unidos con las crisis de Puerto Rico al mantener el sistema colonial
  • Esta JCF devuelve a Puerto Rico a su estado colonial de principio del siglo XX donde los EE.UU. determinaban todo lo relacionado en la Isla, con un gobierno impuesto por banqueros y el poder económico-político de EE.UU. para sacar ganancias de la Isla.

Actividad económica

La economía capitalista dependiente y su industrialización por invitación ha encontrado su crisis en el siglo XXI, imposibilitando la acumulación de capital y restringiendo el crecimiento económico (Quiñones, 2016). Esta crisis se agrava por la continua corrupción en los procesos de política pública que ha causado la deuda pública. La pérdida de la capacidad de dirigir el proceso de crecimiento surgió de las acciones de la clase política y económica de Puerto Rico, por las dinámicas que establecieron y por favorecer el control de la economía por parte de EEUU que ha eliminado las pocas herramientas e instrumentos que afectan el desarrollo.

En septiembre de 2017 pasó por Puerto Rico el huracán más dañino que jamás haya tocado esta tierra en más de 80 años y hay quien apunta a que es el peor huracán que haya pasado por el Atlántico desde 1950 afectando su economía, su infraestructura, el ambiente y la sociedad en general. Hay estimados de daños económicos, ambientales y sociales (psicológicos, pérdidas de vida, días de trabajo perdidos, días de clases perdidos, y más) que superan los $200 mil millones de dólares (Alameda, 2017; Quiñones, 2017), aun cuando sólo hablan de las pérdidas monetarias de $60 a 90 mil millones de dólares. Los huracanes trajo consigo el colapso de su red eléctrica, de sus sistemas de comunicación y transporte, sus hospitales y sus suministros de combustible y alimentos además de la falta de previsión. Puerto Rico enfrentó una crisis humanitaria, producto, no solo de los huracanes Irma (6 de septiembre) y María (20 de septiembre), sino de una situación económica y financiera que limita, que ha debilitado su infraestructura durante años. El desvío de fondos para pagar la deuda ha provocado el deterioro de la infraestructura de la isla y de las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Los efectos sintéticos se agudizan con la colonia, ante la falta de poderes políticos y el control de la Isla por medio de la Junta de Control Fiscal. El desvío de fondos para pagar la deuda pública, los planes de ajuste, las medidas de austeridad, la reducción del sector público y la privatización ha comprometido la capacidad del gobierno de responder a la crisis inmediata y a otros problemas estructurales. La respuesta inicial del gobierno estadounidense fue lenta, errática y centralizada y continúa de la misma forma. El Congreso de EEUU no ha mostrado ninguna prisa en proveerle a Puerto Rico la ayuda, ante el debate de la corrupción y de cómo manejar los fondos. La ineficiencia burocrática, la falta de urgencia, la corrupción y los destellos de actitudes neocoloniales han sido parte de la respuesta a la situación. La crisis seguirá, dada la situación financiera de la isla, las medidas de austeridad y la corrupción, la Isla lleva varios meses sin energía eléctrica afectando su economía y sociedad a lo que se añade que el Departamento de Hacienda reporta que se ha afectando la cantidad de recursos de los que se disponen y se recaudan.

Puerto Rico es un gran negocio para los Estados Unidos porque por cada billón de inversión para sufragar otros servicios sociales obtienen 6 billones adicionales, que es el monto neto de las ganancias anuales informadas, obtenidas mayormente por la industria estadounidense y que se depositan en bancos de los Estados Unidos.

Se espera una caída caída en el Producto Nacional Bruto en este año fiscal 2018 que será de 11% (según el borrador del plan fiscal) aunque hay economistas que señala que será de 8% (según the Economist Intelligence Unit (EIU). El desempleo ronda el 11% aunque en los campos de las Isla se encuentra entre 22 a 24% (2017). La ausencia de electricidad y de telecomunicaciones trajo consigo pérdida de empleos y de ingresos. Entre los meses de septiembre y octubre 2017, desaparecieron unos 31,600 empleos asalariados no agrícolas, según los datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El Gobierno habla de que existe una baja participación laboral, cerca del 40% está empleado, pero no hablamos de las condiciones de los empleos, de la falta de los mismos en la economía formal o de los derechos laborales eliminados con la Reforma Laboral que impulsan a muchos a ubicarse en trabajos no reportados que se encuentran en la economía informal. Las personas buscan alternativas para sobrevivir, algunos cuadran su presupuesto con las ayudas económicas y los empleos informarles y otros con tres empleos, uno formal y dos informales, otros solamente sobreviven. Definitivamente tenemos un problema de trabajo y desigualdad social.

Los vientos huracanados destruyeron cerca de 70,000 viviendas y  otras 250,000 sufrieron daños significativos, según los datos ofrecidos por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Hubo pérdidas muy grandes también en edificios públicos, carreteras, caminos, puentes, represas, bosques, parques, cuya recuperación supondrá un esfuerzo gigantesco para las familias y para el gobierno.

La pobreza tiene rostro de mujer y de envejecientes

La población es de 3.411 millones en la Isla y una cantidad similar en los EE.UU. El 18% de la población tiene 65 años o más, casi 450.000 son jubilados que reciben el Seguro Social y 150.000 retirados del Gobierno. El 21% de la población civil no institucional es discapacitada y la mayoría tiene la edad de 65 años o más. Cada vez hay más mujeres que hombres, en especial en la población envejeciente. La población femenina mayor de 18 años es el 53% de la población.

Cerca de la mitad de la población vive bajo los niveles de pobreza, y luego del paso de los huracanes este porcentaje aumento a 52%, según el Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico. Es importante señalar que el porcentaje de personas bajo el nivel de pobreza se mantiene bajo debido a la migración continua de la población. Es altamente probable que muchas más personas crucen el umbral y caigan bajo el nivel de pobreza si el proceso de recuperación sigue tan lento como hasta ahora. Las mujeres (jefas) de familia, pobres, vieron sus casas deterioradas por el huracán y sus hogares están en una situación verdaderamente precaria, y no tienen manera de recuperar todo lo perdido. Muchas de estas mujeres tenían dos empleos, muchos de estos en las áreas de servicios y comercio, que fueron las que más sufrieron en el huracán y miles de ellos cerraron y no pudieron sobrevivir.

Diversos estudios han encontrado que más del 40% de los ancianos tiene ingresos a nivel de pobreza extrema, escaseándole los recursos para mantener un estándar de vida adecuado. Más del 24% de los núcleos familiares puertorriqueñas están dirigidas por mujeres que son jefas de la familia. De ese grupo el 47% viven bajo niveles de pobreza. De toda la población, las mujeres constituían el 78% de todos los habitantes bajo el nivel de pobreza. El 57% de los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) eran mujeres, mientras el 35% eran niños entre 0 a 18 años de edad. El 62% de los menores de 1 a 5 años viven en la extrema pobreza. El 83% de las familias lideradas por mujeres (aún las que trabajan y no reciben ayuda económica), con hijos menores de seis años, han sufrido inseguridad alimentaria, afectando la capacidad de mejorar la calidad de vida de la familia.

La población en general se ve afectada por las altas tasas de desempleo y subempleo, bajas tasas de crecimiento económico, la falta de acceso a la educación, a los servicios de salud, la falta de viviendas dignas y esto se manifiesta en especial en poblaciones vulnerables, jóvenes, adultos mayores, mujeres jefas de familia con niños y personas con diversidad funcional.

La emigración

La emigración siempre ha sido válvula de escape para enfrentar el problema de la falta de empleo y la pobreza. La política pública aplicada fue la de estimular que la población migrara a los EE.UU. desde la década de 1950, teniendo varias olas migratorias y de retorno como observamos en los siguientes datos (Quiñones, 2015).

Encontramos que desde 1950 al 2000 en términos netos, cerca de un millón de personas (equivalente a 45 por ciento de la población de la Isla en 1950) se mudaron de Puerto Rico a los EE.UU. Para el siglo XXI ante la pérdida de empleos y con una recesión algunos determinaron buscar mejores condiciones de vida y comienza una nueva ola migratoria, donde unas 211,000 (2000-10) personas abandonaron la Isla.

Movimiento migratorio por décadas

Años

Migración

1940-50

151.000

1950-60

470.000

1960-70

214.000

1970-80

45.000

1990-00

95.517

2000-10

311.198

Fuente:  Departamento  de  Salud  y  estadísticas vitales 1980-2006

En el siglo XXI comienza a dar signos del decaimiento de la población, pero se nos olvida que en el siglo XX la campaña era que debíamos bajar nuestra población alegando que “éramos pobres porque éramos muchos” y ahora el discurso oficial cambia a “somos pobres porque somos pocos”.

La emigración luego de los huracanes Irma y María ha aumentado, ya sea por motivos de salud (buscando servicios médicos apropiados), por motivos de educación (la escuelas cerradas) o buscando empleo (debido a la perdida de empleos) y en especial como política pública de EE.UU. (de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias -FEMA) “estimulando la migración”. Se estima que alrededor de unas 100,000 personas abandonaron la isla desde septiembre hasta mediados de noviembre del 2017. El ritmo de esta emigración puede ser mayor, pero carecemos de estimados apropiados.

Cada día son forzados a marcharse, la justificación ahora del cierre de escuelas, el encarecimiento de la educación universitaria y los planes de ajustes, eliminación de empleos públicos y concentración de puestos de trabajo en manos de residentes de EE.UU. (sustitución de plantilla laboral puertorriqueña por la de estadounidenses) además en loa Planes fiscales de la JCF y del Gobierno se contempla que la población se va a marcharse a un ritmo de 1% anual. La agenda oculta es el despoblar la Isla de puertorriqueños, en especial los del centro de la Isla y sustituir la población por estadounidenses, como la nueva forma de colonización y asimilación. Por eso es que a nuestra gente del centro de la Isla le han limitado su derecho a tener energía eléctrica y otros servicios esenciales de manera que se vean obligados a migrar.

La militarización

Hay que hacer un llamado al problema de militarización en la Isla, justificado con la crisis provocada por el huracán María, se ubican en los pueblos que poseen recursos estratégicos, agua, minerales y terrenos. El ejercito de EEUU controla las ayudas que se deben ofrecer, el proceso de rescate actúa como uno ideológico y de propaganda que motiva que las personas normalicen su presencia. Incrusta en la profundidad de la psique de los ciudadanos el que la ayuda viene del ejercito y esa es la razón para toda la actividad militar, con actividades propagandísticas que funcionan como "operaciones psicológicas” dado la falta de comunicaciones en dichas áreas. El elemento fundamental de la guerra psicológica es la superioridad tecnológica y militar avasalladora, que se presentaba en algunos pueblos para limpiar, entregar suministros y controlar la violencia (no la criminalidad) y la propaganda con el propósito de influir en las opiniones, emociones, actitudes y conductas de grupos opositores.

La persecución

A esto tenemos que añadir el problema de persecución y reprensión política y social a los manifestantes de diversas protestas: ambientales, estudiantiles, laborales y comunitarias. Los problemas de violación de derechos humanos por parte de los gobiernos –local y de Estados Unidos– se agravaron durante el manejo de la emergencia tras el impacto de los huracanes Irma y María. Estas violaciones se mostraron por la inacción en prevenir, atender y reparar las violaciones de derechos humanos que ya se han venido dando y que se han agravado luego de los pasos de Irma y María, con una crisis humanitaria provocada por nuestra quiebra económica, nuestra deuda pública, la Ley PROMESA y la puesta en marcha de medidas de austeridad impuestas por nuestros gobiernos y por la Junta de Control Fiscal. Estas violaciones se agravan para los pueblos del centro de la Isla, las islas municipios de Vieques y Culebra y con los casos de contaminación ambiental.

La contaminación ambiental

Uno de los problemas principales que tenemos es la contaminación ambiental que se ha reflejado, en la extracción de recursos, el daño de ecosistemas, la destrucción con agro tóxicos, el depósito de contaminantes en comunidades pobres, el desarrollo de proyectos contaminantes, los experimentos militares con personas, el uso de nuestras tierras y aguas para practicas militares y otras formas de explotación ambiental o privatización. Estos problemas ambientales se han convertido en casos de violación de derechos humanos y daño a la salud y el ambiente.
La deuda

La llamada “crisis fiscal” creada por la enorme deuda pública, es uno de los problemas que enfrentamos debido a su crecimiento exponencial. La misma fue el resultado de la aplicación de las políticas de los Estados Unidos hacia sus territorios y gobiernos locales, por eso exigir que EEUU asuma su responsabilidad, es importante para solucionar apropiadamente la misma. Con la ley PROMESA, EEUU se aleja del problema y asume que es responsabilidad exclusiva de la administración colonial, pero impone como solución un supra gobierno de la Junta de Control Fiscal.

La Constitución de Puerto Rico contiene unas disposiciones que fueron diseñadas para mantener la salud fiscal y financiera del ELA. El orden en el pago de deudas es particularmente problemático. Se coloca el pago a acreedores de las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico por encima del pago de los gastos ordinarios del gobierno que benefician directamente a la población, causando un problema de derechos humanos.

Según la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público de Puerto Rico (2016) la Constitución de Puerto Rico requiere que el Estado Libre Asociado mantenga un presupuesto equilibrado y prohíbe al gobierno pedir prestado para cubrir déficit presupuestario. Puerto Rico ha tomado prestado desde 1979, sin la autorización para hacerlo,con la consecuencia de limitar el crédito futuro y esa deuda puede ser declarada nula. Pero además Puerto Rico está gastando entre el 14% y el 25% de los ingresos internos en la deuda, aunque la Constitución establece que no puede asumir ninguna deuda que requiera el gasto de más del 15% de los ingresos internos del Departamento de Hacienda en deudas de obligación general, entonces se puede determinar que la deuda es nula. El Estado Libre Asociado ha desarrollado un patrón de postergación de deuda (“soop and toss”) así cuando la deuda estaba por vencerse, en lugar de pagarla, se hacía otro préstamo y refinanciaba la deuda. La Constitución establece que no puede emitir ninguna deuda de más de 30 años, así que toda deuda que se refinancia es nula. Además de violaciones que se hacen por la no divulgación de información financiera auditados y de emitir deuda que no contribuye al crecimiento económico. Existen varias razones para la auditoría integral de la deuda, en especial luego de conocer todas las deudas nulas que existen.

En el crecimiento de la deuda pública muchos factores, incluyendo un mercado financiero e instituciones estadounidenses que indujeron a gobernantes de Puerto Rico a tomar préstamos, procesos corruptos diversos, información falsa, entre otros sobre las cuales nunca fuimos consultados. Desde la ciudadanía reclamamos que esa deuda pública se audite, en un proceso de auditoría ciudadana, para determinar la procedencia y legalidad de la misma y cómo una herramienta pedagógica que nos ayude a comprenderla y buscar alternativas para evitar caer en la misma trampa. La deuda pública es ilegal en su mayor parte y debe cancelarse, dado los intereses usureros que su pago requiere y la forma en que fue generada, y luego de la emergencia que ha generado los huracanes Irma y María se han unido voces para el reclamo de la cancelación. El pueblo de Puerto Rico claramente no está en condiciones de asumirla, aunque las alternativas que se le han ofrecido es más deuda pública.

Es deuda odiosa por ser deuda de colonia, pero también porque es mucho más que un problema de dinero, es deuda de mujeres cuando nos quita nuestros derechos y salud reproductiva; es deuda de niños cuando nos quita el derecho a educarnos y cierran escuelas; es deuda de trabajadores cuando nos quita los derechos laborales y explotan; es deuda ambiental por todo el daño ambiental; es deuda ilegal por todos los actos de corrupción que desvían nuestros recursos para usos que no benefician a la sociedad; es deuda de explotación cuando violentan nuestro país y nos imponen la colonia; es deuda de salud cuando contaminan nuestras aguas, aires, tierra, alimentos y nos privan de servicios de salud; es deuda agresión militar cuando usan nuestros suelos y aire para prácticas militares y agredir pueblos vecinos. Por muchas cosas más esa deuda debe ser cancelada y permitir al pueblo el proceso de autodeterminación e independencia.

Exigimos

Se garanticen los derechos humanos en Puerto Rico antes que la deuda pública.
Que se desarrollen políticas públicas que fomenten la creación de empleos dignos, viviendas seguras, salud integral, equidad de género, educación pública de calidad a todos los niveles. El trato digno a nuestros ancianos (respeto a sus pensiones) como condiciones para combatir la pobreza.
Definir correctamente lo que es inversión social versus gasto político, combatir la corrupción y hacer buen uso de los fondos públicos. La cancelación y auditoria ciudadana de la deuda pública. La eliminación de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal que atentan contra la ciudadania y los derechos humanos.

Visibilizar el caso de Puerto Rico para que la situación colonial entre en la discusión internacional.

Referencias

Alameda Lozada, Alameda (2017) Costos del huracán María, Presentación en la UPR. Boletín de la Asociación de Economistas, septiembre a diciembre, 2017.

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Junta de Planificación Perfil (2015) Socioeconómico de la Mujer en Puerto Rico, desarrollado por la Junta de Planificación (JP).

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Quiñones Domínguez, Martha (2017) Los desastres no son naturales. Boletín de la Asociación de Economistas, septiembre a diciembre, 2017.

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