Desarrollo sostenible, deuda y derechos humanos

Después que los jefes de Estado vuelven a sus países, la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus comités continúan su trabajo anual en una miríada de temas. En las próximas reuniones, los muchos asuntos discutidos durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Diálogo de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo y la reunión de alto nivel sobre la estrategia SAMOA para los pequeños estados insulares requerirán debatir sobre las condiciones macroeconómicas para el desarrollo y los derechos humanos.

Mirando hacia atrás: resultados de la semana de alto nivel

El Diálogo de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo del 26 de septiembre de 2019 analizó la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la financiación de los ODS y la acción climática en el marco de una carga de la deuda externa que sigue en aumento. Para lograr los ODS, se repitió, son necesarios cambios en el sistema de créditos y de comercio.

En la apertura del diálogo de alto nivel, el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que “la cooperación es crucial para tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal, la corrupción y los flujos financieros ilícitos que privan a los países en desarrollo de miles de millones de dólares de recursos potenciales para su desarrollo cada año". Dado que la movilización de recursos domésticos es considerada como un elemento crucial para financiar los ODS, el diálogo de alto nivel se preguntó si una excesiva movilización para atraer financiamiento externo del sector privado podría ser un peligro, si estos fondos desplazaran aún más al sector público y su rol como proveedor de servicios. Además, el Presidente de la Asamblea General, Tijjani Muhammad Bande, de Nigeria, declaró: "Estamos viendo nuevamente signos alarmantes de acumulación de deuda y angustia en muchos lugares... La sostenibilidad de la deuda debe abordarse para que la historia reciente no se repita".

La preocupación por la sostenibilidad de la deuda también estuvo presente en la reunión de alto nivel sobre la estrategia SAMOA, donde la oradora principal Mia Mottley, primera ministra de Barbados, recordó a los Estados miembros cómo los efectos devastadores del cambio climático sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen implicaciones para la carga de la deuda. Ella señaló: "Me refiero una vez más a la difícil situación de Barbuda, cuyo costo de recuperación tras las tormentas fue 10 veces mayor que la ayuda prometida y que ni siquiera ésta se ha recaudado aun". A agregó que para los pequeños Estados insulares, vulnerables a desastres naturales y riesgos climáticos, las deudas contraídas para proyectos de desarrollo son arrasadas por los vientos y dejan a los países con altos niveles de deuda y poco desarrollo que mostrar. Sobre esto, el Secretario General dijo que muchos PEID están "atrapados en un ciclo acelerado e insostenible de desastres y deudas".

Mirando hacia el futuro: El Segundo Comité

Después de la semana de alto nivel, los temas de deuda y financiamiento continuan en las agendas de dos comités de la Asamblea General: el Comité de Asuntos Económicos y Financieros (Segundo) y el Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercero). Estos comités se reunirán durante el resto de 2019 en la sede de la ONU en Nueva York, con sesiones transmitidas por Internet para aquellos que no puedan asistir en persona (http://webtv.un.org/). El Secretario General y los Expertos Independientes y Relatores Especiales de la ONU presentarán informes, instando a la acción en varios frentes.

 

El Segundo Comité debatirá en octubre cuestiones macroeconómicas que incluyen: comercio internacional y desarrollo, sistema financiero internacional y desarrollo, sostenibilidad de la deuda externa, productos básicos, inclusión financiera, cooperación internacional para combatir los flujos financieros ilícitos y fortalecer las buenas prácticas sobre el retorno de activos para fomentar el desarrollo sostenible.

El comité tiene ante sí el Informe del Secretario General sobre "Sostenibilidad y desarrollo de la deuda externa" (https://undocs.org/A/74/234).

Este informe destaca que "la relación entre la deuda externa total y el PIB ha empeorado, aumentando a 29.1 por ciento en 2018" (p. 5). La Figura I a continuación ilustra esta tendencia al alza y su fuerte aumento desde 2015.

Figura 1. Deuda externa total, todos los países en desarrollo, 2000-2018
(en miles de millones de dólares de EE.UU)

Fuente: Cálculos del secretariado de UNCTAD.

El informe del Secretario General también toma nota del "ciclo de desastres y deudas" mencionado durante la reunión de la estrategia SAMOA, un tema estudiado por UNCTAD en su informe sobre el impacto de 21 desastres naturales en los países en desarrollo entre 1980 y 2008. El informe reconoce que “tales choques a gran escala pueden agregar, en promedio, 24 puntos porcentuales a la relación deuda / PIB de los países afectados en los tres años posteriores al evento. Si el evento no conduce a un rápido aumento de la ayuda externa, ese número podría alcanzar 43 puntos porcentuales” (p. 8).

Si bien el informe destaca el aumento de los acreedores privados y por consiguiente de la deuda a corto plazo, omite mencionar la preocupación que muchos tienen sobre el papel de las instituciones financieras internacionales (IFI) y las asociaciones público-privadas (APP). El informe reconoce la brecha financiera de los ODS (véase la Figura II) y pide una "mayor transparencia en los datos de la deuda", ya que "es fundamental para mejorar los diseños de políticas para abordar el problema financiero y de la deuda" y porque "cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la próxima década requerirá una acción más drástica para mitigar las vulnerabilidades de la deuda en los países en desarrollo y mejorar la sostenibilidad de la deuda ahora” (p.13).

Figura II. La brecha financiera de los ODS por región y por categoría de ingresos, 2018
(en porcentaje del producto interno bruto)

Fuente: Cálculos del secretariado de UNCTAD.

Finalmente, aunque el informe ofrece un análisis básico sobre las tendencias de la deuda, omite mencionar al mecanismo integral de gestión de la deuda presentado por las organizaciones de la sociedad civil en la reunión de alto nivel de septiembre sobre FpD (ver https://csoforffd.files.wordpress.com/2019/09/cso-ffd-declaration-hld-on-ffd-1.pdf).

Mirando hacia el futuro: El Tercer Comité

Al considerar la deuda externa, el Tercer Comité ampliará el enfoque con una investigación exhaustiva sobre los efectos de la deuda externa en el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. El 21 de octubre, el Experto independiente Juan Bohoslavsky, presentará a los Estados miembros su 13º informe anual (https://undocs.org/A/74/178).

Bohoslavsky destaca las muchas formas en que la deuda externa impide activamente la realización de los derechos humanos y argumenta que “la introducción de medidas de austeridad no contribuye a la recuperación económica, sino que tiene consecuencias negativas en términos de crecimiento económico, coeficientes de deuda e igualdad, y habitualmente resulta en una serie de impactos negativos sobre los derechos humanos” (p. 2). Esto sucede con todos los préstamos, pero la mirada se dirige particularmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial.

Al hacer un balance de la crisis de deuda global, Bohoslavsky señala la "naturaleza coercitiva" de las condiciones de los créditos de las IFI y la forma en que el crecimiento en número y alcance de las condicionalidades ha "reducido considerablemente el espacio nacional de formulación de políticas" (p. 7). A pesar del amplio reconocimiento del papel fundamental del sector público y los servicios sociales en la implementación de los ODS, los préstamos de las IFI continúan imponiendo condiciones que incluyen recortar el gasto público, privatizar los servicios públicos y reformas fiscales regresivas.

Bohoslavsky cita varios ejemplos, desde la privatización de empresas estatales en Ucrania hasta impuestos regresivos (impuestos al valor agregado) en Colombia y Costa Rica.

La implementación de tales condicionalidades tiene un efecto desproporcionado en las poblaciones ya marginadas y vulnerables, incluidas las personas de clase baja y las mujeres. Bohoslavsky cita que "los recortes obligatorios a los empleos del sector público han contribuido al aumento de la informalidad, la disminución de los beneficios de desempleo, el deterioro de las protecciones sociales y el aumento de las cargas en términos de trabajo de cuidado no remunerado para las mujeres" (p.13). Tales procesos no solo violan los derechos humanos sino que también provocan un aumento de la desigualdad y una "amenaza a la cohesión social".

El informe de Bohoslavky señala que las IFI pueden considerarse cómplices en la violación de derechos humanos: “La ayuda o asistencia brindada por una organización internacional se consideraría internacionalmente ilícita si era conocido por la organización la existencia de un vínculo causal entre los bienes o los servicios prestados y el daño causado (violaciones de los derechos humanos, en este caso)" (p. 15).

Como los Estados miembros a menudo ven al FMI como el prestamista de último recurso, éste aprovecha su poder de negociación para "ejercer influencia sobre el prestatario para que no sea totalmente libre de elegir sus propias políticas económicas" (p.18). Este desequilibrio de poder inherente al proceso de acumulación de deuda es lo que hace que las IFI sean cómplices de las violaciones de derechos humanos resultantes. Si se llevaran a cabo evaluaciones de impacto en los derechos humanos para evaluar los acuerdos de préstamo, en lugar de una continuación del ajuste estructural y las medidas de austeridad, habría implicaciones positivas para los derechos humanos. Este marco basado en los derechos proporciona una base en el derecho internacional para abordar las deliberaciones sobre la deuda en diversos foros, a fin de descubrir y abordar las injusticias y violaciones inherentes a la crisis de la deuda.

Oportunidades

El mandato basado en los derechos del Tercer Comité permite que una miríada de relatores especiales y expertos independientes de la ONU aprovechen su experiencia para cerrar la brecha entre las políticas económicas y los derechos humanos. En el trabajo del Segundo Comité sobre asuntos macroeconómicos y desarrollo sostenible existe una considerable complementariedad y cierta superposición con el programa de trabajo del Tercer Comité, y muchos informes, como el de Bohoslavsky, tienen implicaciones para debates más amplios no solo sobre macroeconomía, sino también sobre desarrollo sostenible, igualdad de género y reforma institucional para la equidad.

La semana de cumbres de alto nivel de septiembre demostró la clara necesidad de medidas integrales para abordar el tema de la deuda y los complejos desafíos que deben considerarse dentro de ella. A medida que la Asamblea General de la ONU continúa su trabajo en los Comités Segundo y Tercero, no se deben perder las oportunidades para presentar ante ellos propuestas y acciones concretas para remediar la crisis de la deuda.

Por Elena Marmo.

Descargue aquí Monitor ONU #08 (versión pdf).

Fuente: Global Policy Watch (GPW).