La aplicación de las normas de derechos humanos a la gobernanza de la protección social permitirá aprovechar su potencial transformador

La Agenda 2030 y los 17 objetivos a la que va vinculada se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tratados internacionales sobre derechos humanos, la Declaración del Milenio y en Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005. La Agenda reconoce que confiar solo en el crecimiento económico dejará sin atender a los más rezagados. Su visión transformadora es precisamente atender a estos en primer lugar, empoderar a los más desfavorecidos, y acabar con todas las formas de pobreza de aquí a 2030.

La protección social es crucial para hacer realidad esta visión, y está estipulado en la meta 1.3 del ODS 1. Si se diseña adecuadamente, la protección social consigue prevenir y reducir de forma efectiva la pobreza y la desigualdad. Una cobertura garantizada de protección social mejora la nutrición y el acceso a servicios básicos, con lo que puede romper el círculo vicioso que lleva a la pobreza y su transmisión de una generación a la siguiente. El derecho a un acceso universal a la protección social significa que se atiende a aquellos más desfavorecidos en situación extrema, lo que contribuye a superar su situación, profundamente arraigada, de discriminación y exclusión, discriminación por causa de género y falta de posibilidades de actuación. Sin embargo, sólo el 29% de la población mundial dispone de una protección social amplia a lo largo de su vida que cubra las diferentes contingencias que puedan surgir en ella1 y menos del 16% de las personas mayores en países de renta baja tienen una pensión de jubilación, y las mujeres mayores tienen menos probabilidades de acceder a una que los hombres de igual edad.

El marco de los derechos humanos impone el imperativo moral y humanitario de que todos disfruten de protección social. Es esencial que se realice una buena gobernanza, que se base en ese marco, de modo que haya una prestación efectiva de protección social y aprovechar así su potencial transformador. La aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos cristaliza necesariamente en un marco jurídico claro, en transparencia y en rendición de cuentas. Exige igualmente un nivel apropiado de recursos y coordinación institucionales, así como la participación de las parte interesadas con un enfoque ascendente, empezando por las de base. Además, es necesario que la gobernanza global en materia social sea congruente con los compromisos de la Agenda 2030.

Por Sylvia Beales y Nicola Wiebe, Global Coalition for Social Protection Floors.

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Fuente: Informe Spotlight sobre Desarrollo Sostenible 2019.