Colombia

Así lo afirma el uruguayo Roberto Bissio, coordinador de la red Social Watch, quien tiene serios reparos sobre las alianzas público privadas como modelo de desarrollo en América Latina.

Asociación Ambiente y Sociedad participó como parte de los representantes del público en el largo proceso de negociación del “Acuerdo regional para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales”, que reúne a 24 estados de la región. El proceso que comenzó en el 2012 acaba de concluir este fin de semana en San José, Costa Rica.

Después de cinco años, nuestro trabajo de incidencia finaliza con la consecución del primer Tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y además el primer instrumento vinculante donde se incluye una protección expresa a los defensores de derechos humanos ambientales.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”, el gobierno de Colombia plantea que los sectores minero-energético, de hidrocarburos y transporte, jugarán un papel clave para garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo ya que generará importantes recursos para financiar las inversiones que sirvan para la consolidación de la paz y la lucha contra de la desigualdad. Sin embargo, "estos mismos sectores productivos han sido uno de los principales focos de conflictividad social en el país por sus impactos en los derechos humanos y en el ambiente", sostiene el informe nacional alternativo. Por ejemplo, el gobierno ha priorizado el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES) que presentan dificultades en la adquisición de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las comunidades locales, y las dificultades de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó esta semana que los enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de seguridad en ese país provocaron el desplazamiento de unos 11.000 integrantes de pueblos originarios en los nueve primeros meses de 2012, según el sitio web especializado Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi.org).

Ilustración: Coalico

Una red de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, entre ellas la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes, integrante de la coalición nacional de Social Watch), exigió a las autoridades del Estado y a los grupos armados ilegales que respeten y protejan a los niños y niñas de comunidades indígenas en diversos territorios donde se han agudizado los enfrentamientos.

Cuartilla online de "En mi idioma".
(Imagen: Colnodo)

La iniciativa “En mi idioma” procura ampliar la participación de las comunidades indígenas de Colombia en la sociedad del conocimiento, y, a partir del uso de tecnologías de la información y la comunicación, ampliar el aprendizaje de la lengua propia para contribuir a su preservación, informó Ivonne Maritza Zapata Rojas en el sitio web de Colnodo.

En materia de equidad de género Colombia se encuentra por debajo del promedio latinoamericano  y varios pasos detrás de los países en mejor situación en la región.

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