Colombia

En Colombia, un informe de Angélica Beltrán, Karla Díaz y David Cruz, investigadores de la Asociación Ambiente y Sociedad argumentan que "las industrias extractivas y la contaminación atmosférica en las ciudades son una fuente importante de conflictos socioambientales". El informe plantea: "La protección del medio ambiente muestra un debilitamiento progresivo ... Debido a la falta de información ambiental actualizada y la simplificación de los procedimientos para otorgar permisos y licencias, a las comunidades afectadas les resulta cada vez más difícil controlar las amenazas sobre sus tierras y sus medios de subsistencia ". Además, las instituciones de control ambiental no tienen la capacidad de supervisar adecuadamente las actividades extractivas, lo que ha permitido ecocidios graves como el afloramiento de petróleo crudo en el Bloque Lizama y la violación de las normas ambientales por parte de Emerald Energy en el Bloque Ombu, ubicado en la región amazónica.

Con motivo de la realización del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2018 cuyo tema principal es "Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”, el presente informe expone algunos conflictos y problemáticas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Si bien se reconoce que el gobierno colombiano ha impulsado diversas iniciativas políticas para incorporar y monitorear los ODS, es necesario hacer un examen de algunos obstáculos que imposibilitan una implementación real y efectiva de los ODS. Por ejemplo, se mencionan los límites de algunas metas del gobierno para la implementación de ODS, retrocesos normativos en la protección ambiental, la promoción de actividades extractivas y conflictos socioambientales, las limitaciones de la participación ciudadana, y algunos problemáticas concretas sobre los ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y ODS 15 “Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”. Estos ODS harán parte de los objetivos a ser revisados en el Foro Político de Alto Nivel 2018.

Así lo afirma el uruguayo Roberto Bissio, coordinador de la red Social Watch, quien tiene serios reparos sobre las alianzas público privadas como modelo de desarrollo en América Latina.

Asociación Ambiente y Sociedad participó como parte de los representantes del público en el largo proceso de negociación del “Acuerdo regional para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales”, que reúne a 24 estados de la región. El proceso que comenzó en el 2012 acaba de concluir este fin de semana en San José, Costa Rica.

Después de cinco años, nuestro trabajo de incidencia finaliza con la consecución del primer Tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y además el primer instrumento vinculante donde se incluye una protección expresa a los defensores de derechos humanos ambientales.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”, el gobierno de Colombia plantea que los sectores minero-energético, de hidrocarburos y transporte, jugarán un papel clave para garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo ya que generará importantes recursos para financiar las inversiones que sirvan para la consolidación de la paz y la lucha contra de la desigualdad. Sin embargo, "estos mismos sectores productivos han sido uno de los principales focos de conflictividad social en el país por sus impactos en los derechos humanos y en el ambiente", sostiene el informe nacional alternativo. Por ejemplo, el gobierno ha priorizado el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES) que presentan dificultades en la adquisición de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las comunidades locales, y las dificultades de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó esta semana que los enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de seguridad en ese país provocaron el desplazamiento de unos 11.000 integrantes de pueblos originarios en los nueve primeros meses de 2012, según el sitio web especializado Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi.org).

Ilustración: Coalico

Una red de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, entre ellas la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes, integrante de la coalición nacional de Social Watch), exigió a las autoridades del Estado y a los grupos armados ilegales que respeten y protejan a los niños y niñas de comunidades indígenas en diversos territorios donde se han agudizado los enfrentamientos.

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