Mexico

Protesta contra el fracking

El marco jurídico mexicano en materia energética, reformado en 2013 y 2014, entraña obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de derechos humanos y el cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que da preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos “sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, estableciendo para ello una serie de disposiciones legales, con instituciones y procedimientos específicos favorables a los proyectos energéticos (públicos, privados, nacionales y trasnacionales), algunos de los cuales emplean técnicas tan nocivas como la fractura hidráulica (fracking), sujeta a prohibiciones o moratorias en muchos otros países. Esto constituye una regresión en términos de la protección de derechos humanos y medio ambiente, y a la vez compromete seriamente la consecución de los ODS.

Al favorecer los megaproyectos por encima de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana, la reforma energética pone en peligro el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), según la organización Social Watch.

Con estos objetivos, los países miembros de las Naciones Unidas aspiran a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos en el mundo hacia el horizonte 2030.

De acuerdo con un informe que publicó la organización internacional, la reforma energética promovida por el presidente Enrique peña Nieto da prioridad a la inversión en megaproyectos, incluyendo a los que emplean “las técnicas más nocivas” para el ambiente, como la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al favorecer los megaproyectos por encima de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana, la reforma energética pone en peligro el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), según la organización Social Watch.

Con estos objetivos, los países miembros de las Naciones Unidas aspiran a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos en el mundo hacia el horizonte 2030.

El informe de México analiza algunos desafíos para el logro de la Agenda 2030 en los planos nacional, estatal y municipal en los que la constante es la falta de enfoque de derechos humanos y de sustentabilidad en marcos normativos y de políticas públicas relacionados con temas que abarcan los ODS, y recomienda revisar, reformar y reorientar algunos de esos marcos, si se pretende seriamente generar condiciones de viabilidad para la Agenda, así como círculos virtuosos entre ODS y metas. Incluye también recomendaciones generales de la sociedad civil al gobierno mexicano sobre la importancia de la participación ciudadana en la discusión y el diseño del plan de implementación nacional, de los instrumentos y mecanismos de medición, seguimiento y revisión, así como el despliegue de mayores esfuerzos que aseguren una amplia difusión y apropiación social de la Agenda, punto de partida para “no dejar a nadie atrás”.

El pasado 19 de junio hemos sido testigos del actuar extremadamente violento del Estado Mexicano al reprimir al magisterio y la sociedad organizada en resistencia en diversas zonas del estado de Oaxaca incluyendo el Istmo de Tehuantepec, Nochixtlán y la ciudad de Oaxaca.

Como resultado del uso excesivo de la fuerza, han sido contabilizadas por lo menos seis personas fallecidas y decenas de personas heridas y detenidas. Hasta el momento no se conoce el paradero de las personas detenidas ni el número total de personas heridas y fallecidas. La atención médica no ha sido garantizada y la población civil ha tenido que generar puestos de atención emergente para atender a las personas heridas sin poder darse abasto. 

Foto: Cortesía de Oscar Rey,
de Altépetl, A.C.

DECA Equipo Pueblo, A.C. como punto focal de Social Watch en México, presenta la experiencia de Social Watch y las recomendaciones desde el Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en el evento Día nacional: Implementando la Agenda 2030 con perspectiva de inclusión social y económica" convocado por la Cancillería mexicana previo al trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que se celebra en México del 23 al 27 de mayo de 2016.

El panel "Lecciones aprendidas de los ODM y nuevos retos para la generación de datos desagregados sobre la medición de los ODS" tuvo como mensaje central la incorporación del enfoque de derechos humanos en la implementación, medición y evaluación de la nueva agenda de desarrollo mundial y mecanismos institucionalizados de seguimiento participativo a nivel nacional.

La Alianza Mexicana contra el Fracking responde a decisión de la CNH y la ASEA de entregar permisos para pozos en la Sierra Norte de Tamaulipas y los alrededores de Poza Rica, Veracruz. Además exige al gobierno federal abandonar técnicas de extracción dañinas y transitar hacía una economía libre de hidrocarburos

Las 43 organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), representativas de territorios en once estados de la República Mexicana, emitieron un pronunciamiento en rechazo a la decisión del pasado mes de febrero, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos (ASEA), de entregar a la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, los permisos necesarios para la apertura de tres campos exploratorios donde se pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica.

LEYENDA DE LA IMAGEN

DECA Equipo Pueblo, A.C. presenta comentarios y recomendaciones al documento de posicionamiento de México sobre el proceso de Financiación al Desarrollo. DECA Equipo Pueblo, A.C. resalta que desde 1996 es punto focal en México de la Red Internacional Social Watch, y que ha participado activamente en el proceso preparatorio de FfD rumbo a  la Cumbre de Monterrey de marzo de 2002, y también integró el comité organizador del evento alterno que celebramos entonces bajo el nombre de “Foro Global: Financiación para el Derecho al Desarrollo Sustentable con Equidad”, el cual congregó a más de 2500 personas provenientes de alrededor de 700 organizaciones de diversas latitudes del mundo.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reclama la prohibición de esta técnica de explotación de hidrocarburos, dadas las graves e irreversibles consecuencias. A pesar de la evidencia sobre daños acumulada a partir de más de diez años de proyectos de fracking en Estados Unidos, el gobierno mexicano no ha prestado atención a los reclamos de la sociedad civil y las poblaciones afectadas o a punto de ser afectadas por este tipo de pozos en el país. Por el contrario, de manera irresponsable desestima los riesgos del fracking y entre mayo y septiembre comenzará a entregar contratos para realizar fracking en México.

La Alianza Mexicana contra el Fracking exige a se detengan los contratos y señala que la guía oficial de criterios ambientales tiene carácter optativo y no protege a la población de los efectos del fracking.

La Misión Civil de Observación (MCO) de la consulta a la Tribu Yaqui presenta un informe actualizado sobre el proceso de consulta del Acueducto Independencia en el que señala el nivel de cumplimiento de los criterios establecidos para que ésta sea de manera previa, libre, informada y de buena fe.

La MCO está constituida por un grupo de organizaciones que monitorean y realizan seguimiento de las sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de México que mandató realizar la que será la primera consulta oficial que se realiza en el país por motivos de la construcción de un mega proyecto y que se dirigirá a la Tribu Yaqui. El objeto de esta consulta es identificar si la operación del Acueducto Independencia afecta los derechos fundamentales de la Tribu Yaqui y constituye un requisito esencial para poder determinar la suspensión del proyecto “Acueducto Independencia en Sonora”.

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