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También en México, el agua es una inquietud importante . Cien organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto ante la ONU donde documentaron el modo en que las «políticas de privatización benefician a las industrias extractivas y los megaproyectos, en lugar de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales». A los usuarios con dificultades para pagar las tarifas más altas se les está negando el derecho humano al agua y, en muchos lugares, la calidad del agua distribuida se ha deteriorado tanto que, en Aguascalientes, el 95 % del agua que bebe la gente es embotellada. En el informe, se señala que los problemas con el agua afectan a las mujeres de manera desproporcionada. «Cuando existen problemas de poca disponibilidad, suministro irregular y/o calidad del agua, las mujeres destinan mayor tiempo a acarrearla hasta sus hogares, hervirla, filtrarla y hacer las gestiones con las autoridades, lo cual a menudo les implica hasta 30 horas adicionales de trabajo doméstico a la semana».

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia presenta un estudio sobre las industrias extractivas, basada en la importancia de la minería en el país y sus impactos en el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, la generación de fuentes de empleo y la captación de ingresos para las regiones y el país merecen un profundo análisis. Con esta nueva versión del Reporte de Industrias Extractivas, CEDLA aporta elementos esenciales para ese debate.

En Egipto, el Banco Mundial sostiene que los logros en las tasas de mortalidad y los niveles de esperanza de vida alcanzados desde el comienzo del siglo pasado no continuarán si el sector privado no se involucra, debido a que el Gobierno no dedica más recursos al sector de la salud y a que hay una menor posibilidad de mejorar los hábitos diarios no saludables de las personas pobres.

En el informe de Social Watch, se advierte que, si bien el Gobierno anunció la creación de algunas APP en el Hospital Universitario de Maternidad y Banco de Sangre de Smouha y el Hospital Al Mowasat, la unidad central de la APP no ha dado a conocer al público los detalles de los proyectos ni la naturaleza de las responsabilidades de los inversionistas.

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Según indican los informes del equipo de Social Watch, en Marruecos, la institución suprema de auditoría del reino informó un incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por parte de proveedores privados de servicios públicos de agua, electricidad y saneamiento: en la ciudad de Tánger, el grupo «Amandis», asociado al grupo francés «Veolia», cumplió solo 3.030 de 10.000 obligaciones de este tipo durante los primeros cinco años de sus operaciones. En Casablanca, se llevaron a cabo solo 45.806 «conexiones sociales» (en beneficio de los pobres) en 10 años (de 1997 a 2006) de las 90.000 prometidas por la empresa francesa Lédique, del grupo Suez.

Desde 2015, con la elección de un nuevo Gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.

Según el informe de Social Watch sobre Argentina, «esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo», de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el Gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 extensiones pertenecientes al Estado, la mitad de ellas en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones superpobladas y casi 200 000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los Gobiernos a «lLograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».