El imperio de la pobreza
"Durante los últimos seis meses hemos vendido bienes del sector público por valor de 6 mil millones de LEs. El 25% de esa suma fue a compensaciones por despido de trabajadores, el 50% para pagar lo adeudado a bancos y el 25% al Banco Central. Hoy todo el mundo está feliz: los trabajadores están felices, los bancos están felices y podemos proseguir con la reforma." Atef Ebeid, Ministro del Sector de Empresas Públicas1
Estos últimos años han sido testigos del aumento de la pobreza y de un número creciente de ciudadanos que pasan a estar por debajo de la línea de pobreza. Ello fue acompañado en forma paralela por un aumento de las desigualdades internas, ya sea entre la capital (17% de la población) y el resto del país, o entre las comunidades urbanas (47% de la población en 1990) y las rurales, dentro de las comunidades rurales según su acceso a medios de vida, posesión de la tierra, oportunidades de trabajo, etc.
El imperio de la pobreza no cuenta con un sistema de monitoreo, con la excepción de un intento casi único que lleva adelante una ONG que en marzo de este año publicará su primer informe, basado en una lectura de las cifras oficiales contra un trasfondo de información obtenida por medio de estudios de campo utilizando muestras tomadas de centros urbanos industriales.
Los datos sobre ingreso y medios de vida se derivan principalmente de informes de la ONU sobre desarrollo humano en Egipto, además del censo nacional que se publica cada 10 años. Sólo a partir de Beijing ha habido un intento de desglosar las cifras por género, iniciativa que emprendió la UNICEF; cuyo informe no se ha puesto en circulación aún. De esos informes obtenemos los siguientes indicadores de pobreza.
La línea de pobreza absoluta para Egipto está estimada en LE 3,993 y LE 3,399 (LE 3,39 = un dólar US) para zonas urbanas y rurales respectivamente. La aplicación de la línea de pobreza absoluta muestra que la incidencia de la pobreza a nivel nacional ha aumentado del 29% de la población total en 1981/82 al 35% en 1990/91. A nivel urbano/rural, la incidencia de la pobreza aumentó del 30 y el 28% al 36 y 34% respectivamente. (Egipto, informe sobre desarrollo humano, 1995) La mayor concentración de hogares pobres está en Alto Egipto, en zonas tanto urbanas como rurales. Los pobres urbanos allí representan el 31% del total de los pobres urbanos, y el 60% del total de los pobres rurales. La clasificación de los pobres por actividad económica y ocupación muestra que los marginados representan a la mayoría de los pobres tanto en zonas urbanas (47%) como rurales (39%).
Cuadro 1.
Población |
1991 ingreso |
1991 gasto |
1993 ingreso |
1993 gasto |
20% más pobre |
7,4 |
7,7 |
5,9 |
8,3 |
40% más pobre |
19,5 |
20,4 |
17 |
20,5 |
20% más pobre |
42,3 |
40,5 |
45,1 |
43,4 |
Las desigualdades en las gobernaciones urbanas son más significativas porque el cociente entre gasto del 20% más rico y el del 20% más pobre es del 5,5; en Bajo Egipto es el 4,5 y en Alto Egipto es el 10,5.
Se ha prestado mucha menos atención de la necesaria a los efectos sociales negativos de los programas de ajuste estructural. Los sistemas de seguridad social egipcios seleccionan como beneficiarios a aquellos que están debajo de algún paraguas institucional. Por fuera de esos paraguas, los ciudadanos no cuentan con recursos de seguridad social.
La pobreza y sus privaciones pueden verse acentuadas por el retiro por parte del gobierno de apoyo y de subsidios para servicios y productos básicos. Dentro de estos, la salud y la educación siguen siendo los sectores que más sufren, a pesar de las permanentes declaraciones sobre poner mayor atención a esos dos campos.
Cuadro 2.
PNB |
1989/90 |
1990/91 |
1992/93 |
% gasto en salud |
1 |
1 |
1 |
% gasto en educación |
3,6 |
3,4 |
3,2 |
Educación
Durante la compilación del tercer plan quinquenal (1993-1997) el sector de la educación solicitó inversiones por valor de LE 14 mil millones, suma que finalmente se redujo a LE 7 mil millones (el 55%, para educación primaria y los externos más importantes para educación secundaria). La diferencia entre la lista de aspiraciones del sector educativo y la adjudicación final alineada con los recursos disponibles, implica que la escasez se reflejará tanto en la cantidad como en la cualidad de los servicios educativos.
El gasto en educación como porcentaje del gasto público total creció en los años 50s y 60s del 12,2% en 52/53 al 16% en 60/61, con un pico en 77/78 en que alcanzó al 25% del presupuesto de servicios del estado. En 1981 bajó al 17,8%, luego al 9,8% en 85/86, bajó nuevamente al 9,2% en 90/91 y vuelve a subir hasta llegar el 10,8 del total de gasto público en 93/94. Este aumento es en gran parte ilusorio, sin embargo, si se tiene en cuenta el descenso en el gasto público como porcentaje del PBI; el gasto público era el 64% del PBI a comienzos de los años 80s, bajó al 46% del PBI en 86/87 y a menos del 30% del PBI en los años 90s. Además, a partir del acuerdo con el FMI en 1991, la tasa anual de crecimiento del gasto público bajó del 35% en 90/91 a 15% en 93/94.
Estos cambios, están llevando a la disolución del sistema educativo gratuito. Los pueblerinos de Alto Egipto estiman el costo anual de mandar un niño a la escuela en LE 1.000 por año, tomando en cuenta las necesidades del niño en términos de ropa adecuada, alimentación, libros, etc. A la luz del desempleo imperante y el costo de vida en aumento, la opción más probable es retirar a los niños de la escuela, o si hay recursos suficientes, sólo a algunos de ellos, dando prioridad a los varones de la familia teniendo en cuenta que las niñas se casarán y pasarán a integrar otras familias eventualmente, de modo que la inversión no es eficaz en función de los costos. La necesidad de aumentar el gasto en educación, y subrayar la necesidad de recursos para la educación básica es, por lo tanto, un factor determinante para el empoderamiento de las mujeres.
El costo creciente de la educación ha afectado paradojalmente más a los pobres que a los pudientes, como lo muestra la tabla siguiente ("Poverty Watch Report, CTUWS, 1997"), desnudando el mito de que el costo de la reforma económica será pagado por los pudientes para beneficio de los carenciados.
Cuadro 3.
Egipto Urbano |
Egipto Rural |
|||
82/83 vs. 74/75 |
90/91 vs. 81/82 |
82/83 vs. 74/75 |
90/91 vs. 81/82 |
|
% aumento precios |
55 |
347,7 |
57,7 |
339,6 |
% aumento costos escolares para sectores pobres |
275 |
580 |
248,5 |
1.025,00 |
% aumento costos escolares para sectores medios y altos |
132,2 |
267,8 |
110 |
536,3 |
El gasto en educación está sesgado hacia la educación superior y universitaria -cuyos beneficiarios pertenecen a las clases sociales más pudientes- a expensas de las instalaciones para educación básica. En educación primaria (el 81% de los estudiantes en todos los niveles de enseñanza) comprende a menos de un tercio del gasto total (inversiones de capital y salarios) en la educación. El nivel preparatorio comprende el 12%, mientras que la enseñanza secundaria y universitaria comprenden más del 50% del gasto total. Es más, la proporción promedial que el estudiante universitario lleva del gasto en educación es 50 veces más alta que en todos los otros niveles, incluyendo la educación secundaria. (Poverty Watch Report, CTUWS, 1997).
La iniciativa de escuelas de una sola clase lanzada por el ministerio de educación, con la colaboración de organizaciones para el desarrollo y no gubernamentales, si bien es promisoria y atractiva para la población beneficiaria, está dirigida hacia los que han desertado de la escuela, y sirve a un número limitado de 7 alumnos por clase, lo cual es una intervención en miniatura si se considera el tamaño de la población. Las tasas de alfabetización se establecen en alrededor del 50%. Sin embargo, esta cifra exagera el nivel de alfabetización, porque se basa en la presunción de que cuatro años de escuela primaria son suficientes para llegar al "alfabetismo funcional".
Las cifras oficiales del 97,5% de matrícula se ven contrastadas por las cifras diferenciadas para cada parte del país, el 84,4% en Bajo Egipto y el 67,1% en Alto Egipto ("Egipto: informe sobre desarrollo humano", 1994). La UNICEF ha subrayado el problema de la matrícula femenina, que si bien llega al 95% en El Cairo, cae al 65% en Alto Egipto urbano y aún más bajo en Alto Egipto rural. En este último caso, la matrícula masculina llega al 90% indicando un sesgo de género en la educación.
Fergani (1996)2 señala que la tasa de crecimiento de la matrícula en la escuela primaria ha descendido desde un pico en 1992/93, tomando una pendiente en baja pronunciada en 1995/96 hasta llegar a un nivel más bajo que la tasa de crecimiento de la población por primera vez desde 1991/92. Dice luego que la explicación más probable para estas tendencias es que el aumento de la oferta se enfrenta con restricciones a la demanda que reflejan una pobreza creciente y el aumento de los costos de la educación. Esta configuración de la oferta y la demanda parece ser más operativa en las zonas urbanas pobres, particularmente en el caso de las niñas provenientes de hogares pobres.
La deserción escolar está en aumento, empujada por los recursos económicos limitados de las familias. un tercio de los desertores lo hacen por la necesidad de buscar un empleo para aumentar el ingreso familiar. (Poverty Watch Report, CTUWS, 1997), lo cual alimenta otro problema en expansión, que es el del trabajo infantil. Si bien no están representados en las cifras oficiales egipcias, la OIT (1988) estimó que alrededor de un millón y medio de niños egipcios menores de 14 años están trabajando, es decir, el 8,2% del número total de niños de ese grupo etario, constituyendo alrededor del 7,4% del total de la fuerza laboral egipcia. Los niños menores de 10 años comprenden alrededor del 20% de los niños menores de 15 que trabajan, lo cual es un porcentaje alto.
Tal como sucede con la salud, las contribuciones del sector privado a la educación tienden a establecer escuelas privadas, cuyas tarifas llegan a cifras astronómicas de miles de dólares por año. La contribución de las organizaciones no gubernamentales a la educación están limitadas por los escasos recursos de estas organizaciones, aunque existe una buena iniciativa en ese aspecto por parte de la Asociación para la Educación y el Desarrollo de Alto Egipto, una ONG que trabaja en las áreas más carenciadas.
Salud
La historia del sector salud no difiere mucho de la del sistema educativo, en términos de la capacidad del gobierno para encontrar un equilibrio adecuado entre los resultados deseados y los recursos disponibles. El gobierno se está retirando gradualmente del subsidio a los servicios de salud, varios de los cuales se reconvierten al sistema de recuperación de costos, que resulta inaccesible para los más carenciados.
Por otra parte, el sistema egipcio de atención a la salud es altamente orientado a lo curativo y a los médicos, a pesar de que la mayoría de los problemas de salud del país exigen un enfoque orientado hacia la atención primaria y comunitaria. Los hospitales absorben unos 2/3 del presupuesto del Ministerio de Salud, mientras que los centros de educación primaria llevan un 25% y los servicios preventivos sólo un 12% del presupuesto. La escasez de fondos para centros de atención primaria ha llevado a un mantenimiento inadecuado, a la falta de suministros y la provisión insuficiente de equipo esencial. La distribución financiera del presupuesto del Ministerio de Salud está también orientada hacia lo urbano: los hospitales rurales reciben sólo el tres por ciento del presupuesto total, en oposición al 58% asignado a los hospitales urbanos. ("Egipto: Informe sobre desarrollo humano", 1995).
La contribución del sector privado al sistema de salud, tanto en términos de planes de seguros como en la propiedad y operación de las unidades de atención no sólo es inadecuada en cuanto a calidad y orientación, sino que además brinda sus servicios a precios exorbitantes, en lo que se ha dado en llamar servicio de salud "hotelero" o "cinco estrellas".
Para quienes pueden permitírselo, el servicio de salud que ofrece el sector privado es una alternativa. Pero para los pobres, la mala calidad de unas instalaciones públicas en franca reducción son el único recurso. En el período 1981/2 - 1990/1 el aumento en los costos de los servicios de salud para el 30% más pobre en las zonas urbanas ha sido (con 710%) más alto que el porcentaje de aumento en el costo de los servicios de atención a la salud de las categorías más pudientes para el mismo período (666,7% de aumento para la categoría de ingresos medios y un 233,8% de aumento para el 20% superior) ("Egipto, Informe sobre desarrollo humano", 1995)
La tasa de mortalidad en lactantes sigue siendo de 67/1.000 nacidos vivos, la de mortalidad en menores de 5 años de 59/100.000, y el 10% de los recién nacidos y el 10% de los menores de cinco años son de bajo peso. Estas cifras muestran también diferenciales a lo ancho del país, donde la prevalencia de la mortalidad neonatal es cinco veces más alta en las zonas rurales que en las urbanas, y cinco veces más alta aún en el Alto Egipto rural. El 75% de las mujeres embarazadas sufren de anemia, la tasa de mortalidad materna es de 200/100.000 nacidos vivos y sólo el 41% del total de nacimientos son atendidos por personal de salud capacitado. (Informe de Desarrollo Humano, 1995). Estas cifras están directamente relacionadas con el nivel de pobreza y el grado de privaciones. Las tasas de mortalidad en lactantes y menores de cinco años en hogares donde los padres tienen bajos niveles de educación o ninguno, eran 97,8 y 132,8 respectivamente, mientras que las cifras correspondientes en hogares con educación secundaria completa eran 35,8 y 41,8.
Con el aumento de los precios de los servicios de salud los gastos de salud se verán afectados negativamente en los grupos de bajos ingresos, lo que habitualmente significa que las prioridades en salud de las mujeres van a retroceder o a ser descartadas en aras de otras prioridades: nutrición, atención de la salud infantil, educación de los niños, etc.
Para las mujeres, y especialmente para las que son responsables de hogares, la provisión de servicios de atención a la salud será una responsabilidad difícil dado el magro presupuesto con el que cuenta. Los hogares encabezados por éstas ya no son un fenómeno ocasional en Egipto. De acuerdo con la Encuesta de trabajo de 1988, el 18% de las familias egipcias son encabezadas por mujeres, y su ingreso es un 37% más bajo que el de las encabezadas por hombres. En El Cairo urbano pobre este porcentaje de hogares encabezados por mujeres se estima que es del 30%. (Ministerio de Asuntos Sociales, Departamento de Familias productivas).
Por otra parte, a partir de la CIPD (Cairo, 1994) los derechos reproductivos y la terminología sobre salud han predominado en varios pronunciamientos oficiales. Un logro positivo en ese campo fue la prohibición por decreto del Ministerio de Salud de la práctica de la mutilación genital femenina, después de una campaña de dos años de duración desarrollada por organizaciones no gubernamentales. La decisión del ministro rechazó un decreto dictado por su predecesor quien por primera vez en la historia de Egipto autorizó la práctica de la MGF en hospitales del gobierno. Si bien el paso dado por el Ministro es positivo, no es suficiente para impedir la práctica de la MGF. Sólo se registrarán avances en este terreno si se deja espacio suficiente para que las organizaciones no gubernamentales movilicen a la opinión pública contra la MFG y se dirijan a la población de mujeres que es su objetivo, con respecto a la MGF como forma de violencia contra las mujeres. Si bien se han dado algunos pasos en esa dirección, las restricciones que imponen las leyes de emergencia y la ley 32 que rige las asociaciones, limitan la capacidad de las ONGs para desarrollar campañas y actividades de promoción.
Al mismo tiempo, si bien la planificación familiar debe ser un componente del concepto más amplio de salud reproductiva, esta última denominación se utiliza a menudo como eufemismo para la planificación familiar, y ésta a su vez para la reducción de la fertilidad. Incluso los centros de salud para mujeres que estableció el Ministerio de Salud en los distintos pueblos de Egipto, si bien tienen poco personal y están subutilizados, subrayan la distribución de métodos anticonceptivos como su prioridad mayor, según lo dictado por la política estatal de población y las agendas de los donantes.
Empleo, acceso a recursos y oportunidades económicas
A pesar del rápido incremento del tamaño del sector privado en Egipto, su contribución a la provisión de oportunidades de empleo ha sido muy limitada ("Egipto, Informe sobre desarrollo humano, 1994"). El informe continúa diciendo que el crecimiento económico no logró producir un aumento paralelo en las oportunidades de empleo. Esto trajo como resultado un agravamiento del desempleo. A mediados de los años 80s, el número de desempleados llegó a 1,4 millones de personas, lo que equivale al 10,7% del total de la fuerza de trabajo, mostrando un 75% de aumento del desempleo desde 1976. Según el censo de 1986, el 81% del desempleo afecta a los que ingresan a la fuerza de trabajo, donde el 96% son egresados universitarios o de secundaria. Se espera que estas tasas se incrementen, por causa de la reducción de la capacidad del sector público para ofrecer nuevas oportunidades del trabajo. Las políticas de ajuste estructural llevan también a prescindir del llamado trabajo excedente en las empresas públicas privatizadas o en vías de privatizarse. Se intenta que los trabajadores despedidos busquen empleos en el sector privado, o establezcan microempresas propias.
Los resultados primarios del censo de 1986 estimaban el desempleo en 2 millones de personas, comprendiendo el 13,7% del total de la fuerza de trabajo estimada en 13,7 millones. Sin embargo, los resultados finales del censo publicado en 1987 (el próximo se realizará en julio de 1997) establecieron la cifra de desempleo en 1,6 millones, lo que equivale al 12% de la fuerza de trabajo total estimada en 13,4 millones. Fergani ("El Ahram, 26/3/1994") cree que el desempleo ha llegado en realidad a un nivel de 17% mientras que los estimativos del Banco Mundial para 1992 lo establecen en el 15%.
En términos generales, según la Agencia Central Egipcia de Movilización Pública y Estadística (CAPMAS), varias encuestas sobre fuerza de trabajo han indicado que la participación y las tasas activas han caído para hombres y mujeres tanto en zonas rurales como urbanas a partir de fines de los años 80s. De hecho, las tasas de actividad para los hombres cayeron del 47% en 1988 a 44% en 1990, y subieron ligeramente al 45% en 1993. Para las mujeres las tasas de actividad cayeron en forma dramática del 26, 6% en 1988 al 17,5% en 1990, y hasta el 13,6% en 1993. "Egipto, Informe sobre desarrollo humano, 1995". El informe sigue explicando que "el enlentecimiento del empleo fue general en todos los sectores principales; agregado a la tendencia regresiva del empleo público, el sector privado está creando nuevas oportunidades con lentitud."
Se espera que el desempleo predomine entre los nuevos ingresantes al mercado de trabajo, que comprenden el 75,4% del número total de desempleados de más de 15 años. Eran el 9% de la fuerza laboral en 1986. Entre ellos, los graduados de secundaria eran el 65,4% y los graduados universitarios un 9,2%. Las tasas de desempleo para las mujeres llegaban al 24,5, es decir casi el doble de la tasa nacional, y las mujeres constituyen el 97% de los desempleados que son en su mayoría nuevos ingresos al mercado laboral, lo cual se relaciona con la dificultad que tienen las mujeres para encontrar empleo en el sector público, particularmente en las zonas rurales, donde los graduados de secundaria comprenden el 50% de los desempleados, seguidos por los graduados universitarios con el 43%. ("Poverty Watch Report, CTUWS, 1997").
La constitución garantiza a las mujeres igual salario para igual trabajo. Sin embargo, esta "igualdad" es subvertida en el sector público por el acceso desigual de las mujeres a oportunidades laborales. Además, una vez fuera del sector público, las mujeres que trabajan en los sectores privado e informal se ven privadas de los derechos más básicos. Sirviendo como ejército de reserva de los desempleados, y empujadas por necesidades económicas acuciantes, trabajan en las peores condiciones, sin seguridad alguna, ni seguros y a veces sin contrato.
En una visita reciente a varias aldeas del Alto Egipto (las zonas más carenciadas del país) la preocupación central de las generaciones más jóvenes, tanto mujeres como hombres, era la falta de oportunidades de trabajo. Los proyectos de generación de ingreso disponibles, todos basados en planes de crédito, estaban lejos de las capacidades de la mayoría de la población, presuponiendo una suma de capital que ellos no poseen. Los proyectos estaban dirigidos más hacia ciudadanos pertenecientes a clases medias relativamente pudientes, y no eran accesibles a los más carenciados. Para las mujeres, las oportunidades de trabajo eran la preocupación principal, por encima de otras cuestiones de discriminación o violencia de género. Sentían que trabajar y asegurarse un ingreso regular independiente eran el primer capital para poder controlar sus condiciones de vida. En ausencia de esta contribución económica a su propia manutención y la de sus familias, temían ser recluidas de toda vida pública una vez casadas.
Al enfrentar este problema, el gobierno egipcio no ha proporcionado ninguna medida de seguridad contra el desempleo. No existe la compensación por desempleo. El Fondo Social para el Desarrollo, que brinda crédito para microempresas, es el único paso que se ha dado en esta dirección. Sin embargo, las condiciones que establece el Fondo social para otorgar crédito están lejos del alcance de la mayoría de los carenciados, porque presupone que los solicitantes poseen un cierto nivel de bienestar y de capital que sólo es accesible a la clase media. El Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 recomienda la provisión de un Fondo que se extienda para abarcar a los sectores desprovistos socialmente que son los que se prevé que más sufran los efectos más negativos de los programas de ajuste estructural.
Ante estos desafíos, los sectores carenciados de la sociedad continúan siendo privados por la ley de la capacidad para organizarse en defensa de sus derechos. La ley egipcia no permite el pluralismo en los sindicatos o asociaciones profesionales. Existen sindicatos en todas las empresas públicas, pero están estructurados de manera tal de garantizar que el gobierno tenga control sobre ellos. Lo que es más, no se permite el pluralismo sindical. Existe una sola estructura sindical controlada por el gobierno, cuyas reglas organizativas son establecidas por ley. En el sector privado, donde existen sindicatos, pertenecen a la misma estructura sindical controlada por el gobierno. Sin embargo, muchos trabajadores del sector privado no están sindicalizados, especialmente en las nuevas industrias del sector. La estructura sindical controlada por el gobierno no muestra ningún interés en acercarse a ellos, en tanto que la ley les impide establecer sindicatos por iniciativa propia.
La nueva ley de trabajo, que fue pospuesta por dos sesiones parlamentarias y está para aprobarse en la sesión actual, "liberaliza" aún más el mercado de trabajo, eliminando muchas garantías laborales y al mismo tiempo priva a los trabajadores de su derecho a organizarse. Bajo la nueva ley, se elimina en los hechos el derecho de huelga, ya que la ley estipula que no se puede convocar a una huelga mientras haya negociaciones en curso, o sin el consentimiento de la organización sindical global, que es controlada por el gobierno.
Participación ciudadana
Contra lo que sostiene el saber convencional, la liberalización económica en Egipto no va asociada con la liberalización política. El modelo teórico para que la sociedad civil participe en los debates y en la formulación de políticas públicas ha resultado falaz en Egipto, como ocurre también en otros países del Tercer Mundo. La "participación" se ha visto limitada a un sector extremadamente pequeño de actores con poderío económico, representados especialmente por las nuevas y cada vez más influyentes asociaciones de empresarios e industriales.
Los programas de reforma económica son presentados como agenda para rescatar al país de la crisis económica. No se le informa a la gente sobre las consecuencias de esta reforma que tendrán que soportar. La privatización de los servicios de salud y educación, el aumento de los precios y la reducción del salario real son asuntos silenciosos a los que la gente se enfrenta diariamente sin aviso previo, si no con una declaración de compromiso en el sentido contrario. La pobreza se yergue sobre la mayoría de las personas del país sin que exista plan alguno para la erradicación o el alivio de la misma. Los compromisos asumidos en las conferencias internacionales siguen siendo palabras sobre papel, sin estructuras civiles que monitoreen su implementación. Se habla a menudo de intentar incluir el género en el próximo plan quinquenal, sin participación alguna de las organizaciones de mujeres en la formulación de dicho plan.
Enfrentados a cambios que empujarán a millones de egipcios al desempleo y la indigencia, las personas están privadas de su legítimo derecho a organizarse en estructuras independientes. La sociedad civil egipcia sufre aún de una pesada artillería de legislación restrictiva que impide a la mayor parte de las estructuras participar en la toma de decisiones públicas. Estas restricciones son selectivas, sin embargo, sesgadas hacia los que detentan el poderío económico, que están organizados en instituciones empresariales y cuyos miembros realizan elecciones parlamentarias con una agenda orientada más hacia los negocios que hacia una visión del desarrollo.
Varios intentos de revisión de la legislación que rige la formación de asociaciones han abortado ya sea negándosele a esas iniciativas el derecho a su existencia legal, o privándolas de substancia. Los sindicalistas están librando aún su batalla para incluir el derecho a establecer sindicatos independientes. Las últimas elecciones sindicales fueron las más sangrientas de la historia, y si bien algunos activistas sindicales independientes lograron obtener lugares en los comités sindicales a nivel de las fábricas, su acceso a los sindicatos generales por industria, en cuyas manos está toda la estructura de poder sindical, sigue estando seriamente restringida.
Sin embargo, dentro de estas circunstancias, aparecen iniciativas para que la gente pueda enfrentar mejor los desafíos que vendrán. Dos de estas fueron emprendidas por el Centro de Servicios Sindicales y de Trabajadores (CTUWS) que están organizando una serie de talleres de capacitación sobre negociación colectiva para trabajadores de distintas industrias anticipándose a la nueva ley de trabajo. Varios casos han sido llevados antes las cortes denunciando violaciones de los derechos sindicales. Otra iniciativa es el Informe de Vigilancia de la Pobreza, que se publicará este año, monitoreando los cambios socioeconómicos producidos en los últimos tres años y su impacto sobre los más carenciados, basándose en un estudio de campo con familias de clase trabajadora.
Conjuntamente con el lanzamiento del informe, se intentará llevar a cabo una nueva iniciativa para extender el proyecto de Control Ciudadano egipcio hasta convertirlo en un proyecto regional, invitando a iniciativas similares de los demás países árabes. El objetivo no es sólo coordinar el sistema de vigilancia en la región, sino también obtener fuerza y apoyo de la red. La iniciativa será una nueva prueba para el compromiso del gobierno para con las recomendaciones de la CIPD, la Cumbre Social y la Conferencia de Beijing de asociarse con las ONGs y la creación de espacio para la sociedad civil.
Notas
1 Conferencia de prensa con funcionarios del FMI al aprobarse el crédito "stand by" por 24 meses para Egipto, octubre 1996.
2 Fergani, N. (1996) "Baseline information to plan for universal access to primary education in Egypt", Al Mishkat.