El género de la pobreza

Jessy Kwesiga; Frank Emmanuel Muhereza
DENIVA; CENTRE FOR BASIC RESEARCH

El gobierno de Uganda se ha comprometido, en distintos foros nacionales e internacionales, a erradicar la pobreza y lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Entre los objetivos nacionales incluidos en la constitución recientemente promulgada (1995) se establece que el estado garantizará el equilibrio de género y la representación justa de los grupos marginados en todos los organismos constitucionales o de otro tipo. En el objetivo XV sobre reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad, se establece que el estado reconocerá el papel significativo que ellas cumplen.

Estos compromisos atan al gobierno a los principios de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague (marzo 1995), y a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (setiembre 1995) que, entre otras cosas, buscaron comprometer a los gobiernos en la promoción de un desarrollo «centrado en la gente», y al «empoderamiento y avance de las mujeres» reconociendo el papel que ellas juegan en el desarrollo y promoviendo el acceso igualitario a los recursos productivos; asegurando la participación igual y plena de hombres y mujeres en la formulación de políticas macroeconómicas y sociales y estrategias para la erradicación de la pobreza. Uganda es uno de los nueve países que se comprometieron a asignar el 20% de sus presupuestos nacionales a la educación básica, la atención primaria de la salud, y programas de nutrición, agua potable y saneamiento en Oslo (abril 1996).

Las estrategias del gobierno

En los últimos cinco años y en su empeño por cumplir con su compromiso de reducir los niveles de pobreza, el gobierno ha puesto énfasis en la necesidad de que los hogares tengan ingresos decorosos. A efectos de aumentar los ingresos de la gente, ha implementado reformas tanto macro como microeconómicas. A nivel macro, se han abordado reformas estructurales para asegurar la estabilidad macroeconómica por medio de la liberalización, reformas en el mercado de productos agrícolas, reestructura de los servicios públicos, privatización de empresas públicas y otras paraestatales del gobierno, promoción de la inversión privada externa, ampliación de la base del sistema impositivo, descentralización del servicio público y desaparición de los controles de cambio.

Se han encarado también reformas microeconómicas para asegurar que las personas tengan asegurado su acceso a los bienes productivos y a un sistema de tenencia de la tierra que efectivamente les permita a los pobres acceder a ella. Se han iniciado programas de crédito como el Entandikwa (que significa capital inicial) para asegurar que haya crédito disponible para facilitar a los pobres el ser titulares de empresas capaces de generar ingreso. Bajo este programa, se entregan fondos a intermediarios financieros locales para reducir los costos administrativos de utilizar las instituciones financieras tradicionales, que vuelven el crédito convencional demasiado caro para los usuarios a los que se pretende servir.

Se están rehabilitando caminos y otros elementos de infraestructura para mejorar el acceso a los mercados, y se brinda información a las personas sobre la forma más efectiva de utilizar sus recursos para incrementar sus ingresos. El gobierno ha emprendido programas para asegurar niveles adecuados de salud y educación en beneficio de los pobres. Está prestando, además, especial atención a los grupos vulnerables como las personas mayores, los jóvenes, enfermos o discapacitados. Reconociendo que no es suficiente con sólo aumentar los ingresos, el gobierno se plantea como meta reducir la mortalidad infantil. Para el logro de estos objetivos, el gobierno está ocupándose de mejorar la gestión del poder con el fin de que la gente tenga la libertad de articular sus opiniones políticas, estableciendo un mecanismo para que estas opiniones sean escuchadas por medio de consultas regulares. También ha establecido una estructura que se encargue de la corrupción pública (Antecedentes del Presupuesto, 1996; Gobierno de Uganda, 1996).

Si bien se han registrado mejoras de largo alcance en los indicadores económicos de Uganda, con un crecimiento promedio del PBI que llega al 7% anual desde 1986 (Gobierno de Uganda, 1996; EPAU, 1996; Banco Mundial, 1996, Action Aid, 1996) esta tendencia no ha sido acompañada por mejoras equivalentes en los indicadores sociales y políticos, aún si utilizamos diferentes indicadores para medir la pobreza. Los indicadores que utiliza Action Aid (1994) son diferentes a los de CDRN (1996), Oxfam (1995) y la medición más habitualmente utilizada: la línea de pobreza. Esta última se basa en el costo de 2.200 calorías de una canasta alimentaria dada, agregándose gastos esenciales basados en el consumo de artículos no alimentarios de los hogares (EPAU, 1996; Banco Mundial, 1996; Action Aid, 1994). Sobre esta base, Uganda, con un ingreso per capita de alrededor de US$ 220, es considerado uno de los países más pobres del mundo (Banco Mundial 1996)

Si bien estos indicadores pueden no ser confiables, dado que no se ha hecho ningún estudio de alcance nacional para verificarlos (Gobierno de Uganda, 1996), se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, la situación de pobreza ha aumentado en este momento, en términos de cifra absoluta de pobres.

«Las mejoras en los indicadores económicos han beneficiado sólo a un sector pequeño de la sociedad, especialmente a los que tienen acceso al poder político, los que pertenecen al sector comercial y cambiario, y los que practican cultivos comerciales o alimentos para el mercado» (Gobierno de Uganda, 1996).

En 1995, el 61% de la población (11.712.000 personas) estaban por debajo de la línea de pobreza, como lo muestra el Cuadro 1. De estos, el 75% vivían en pobreza extrema.

Cuadro 1.

Distribución de la riqueza en Uganda


Percentiles

de Distribución

Medida de

riqueza (valor más

alto en cada percentil)

99% 4,643
95% 2,51
90% 1,916
75% 1,289
61% 1
50% 0,85
25% 0,381
5% 0,3
1% 0,193

Fuente: Banco Mundial, 1996.

En segundo lugar, la pobreza ha aumentado también en términos de intensidad entre quienes ya eran pobres antes de iniciarse los Programas de Ajuste Estructural, y se han vuelto ahora muy pobres. Estos comprenden al 30% de la población (Antecedentes del Presupuesto, 1996; Banco Mundial, 1996). Aún por parte de la población local, se considera que la pobreza no sólo está extendida tanto en comunidades rurales como urbanas, sino que además la mayoría percibe que la situación de pobreza ha empeorado. (CDRN, 1996).

En tercer lugar, la pobreza ha afectado a las mujeres en forma desproporcionada con respecto a los hombres, si bien en términos de gastos, los hogares encabezados por mujeres no parecen ser más pobres que los demás. Es más habitual que los hogares más pobres estén encabezados por una persona mayor, una persona joven o una viuda. La mayoría de las personas pertenecientes al cuartil más bajo de pobreza son mujeres (Antecedentes del Presupuesto, 1996). Los hogares femeninos son, además, carenciados en varios indicadores sociales. Se caracterizan por baja matrícula escolar para la niñas, mortalidad más alta y menor uso de asistencia curativa de salud (Banco Mundial, 1996).

El acceso a la salud

En tanto los progresos registrados hasta ahora en la atención de la salud son prometedores, la proporción de gasto en salud en el presupuesto recurrente sigue estando por debajo de la meta del 10% para la mayor parte de los países sub-Saharianos. Sólo ha habido pequeños progresos en este campo, con una caída de la mortalidad del 120 al 97 por mil, un aumento de la cobertura inmunitaria de entre el 20 y el 30% al 50%, y un significativo incremento de la proporción de niños afectados de diarrea, tratados con Terapia de Rehidratación Oral (República de Uganda, 1996).

La introducción de costos a cargo del usuario en la salud, ha mejorado la calidad de los servicios para aquellos que puedan permitírselo. También ha vuelto inaccesibles los servicios para amplios sectores de la población, particularmente los pobres. No se aplicaron nunca redes de seguridad suficientes para estos sectores al diseñar los programas. Como resultado, la expectativa de vida ha decaído. La mortalidad adulta se ha deteriorado por causa de la epidemia de SIDA. Si bien el SIDA ha afectado en gran medida a todas las categorías de la población, las mujeres son mucho más vulnerables que los hombres, lo cual es, entre otras cosas, fundamentalmente un problema de pobreza. Las estadísticas disponibles sobre HIV/SIDA indican que un 84% de los casos reportados son transmitidos por vía de un contacto heterosexual, lo que implica que las personas sexualmente activas corren mayor riesgo de infección. El 52,3% de los casos reportados son mujeres. Al estratificar por sexo y edad, el 83,2% de los casos reportados en el segmento de 15 a 19 años son mujeres, llevando el cociente hombres/mujeres en este sector etario de 1 a 6 (ACP, 1994). Las mujeres son vulnerables por distintos factores:

a) Su naturaleza biológica que las predispone fácilmente a las infecciones.

b) A menudo reciben transfusiones sanguíneas cuando aparecen complicaciones en el parto.

c) El comportamiento de búsqueda de salud en las mujeres es tan pobre, que las más de las veces no son capaces de tratarse debido a que la mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas.

d) La baja condición socioeconómica de las mujeres en la sociedad no les permite negociar un sexo más seguro.

e) Hay factores culturales, como la mutilación genital femenina, que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres a las ETS.

El acceso a la educación

Si bien ha habido un aumento importante de la participación de la educación en el gasto público, el gasto real del Ministerio de Educación y Deporte, que representa el 18% del gasto total recurrente para 1992/93 fue sólo el 2% del PBI, que está muy por debajo del promedio sub-Sahariano del 5% (Banco Mundial 1996). Se están aplicando varios programas para alcanzar la Educación Primaria Universal para el 2001. El gobierno va a proporcionar educación gratuita a cuatro niños por familia. Sin embargo, no se han establecidos mecanismos para garantizar que no aparezcan diferencias de género al determinar quiénes van a beneficiarse de este plan, especialmente en las familias poligámicas. El artículo 30 de la constitución de 1995 establece que «todas las personas tendrán derecho a la educación». La responsabilidad por esta educación básica recae en la familia. Pero si una familia tiene poco dinero y tiene que elegir educación para algunos de sus hijos, la preferencia será enviar a los varones a la escuela y no a las niñas.

Las diferencias sexuales en la educación abundan. No todos los niños en edad escolar concurren a la escuela. La mayoría de los que no lo hacen son niñas. Si bien se informa que la escolaridad primaria ha crecido a través de los años, también se han acrecentado las tasas de deserción, particularmente la femenina. De los niños inscritos en la escuela primaria en 1986, el 70% abandonaron antes del 7¼ grado. (niñas 75%, varones 64%). En 1986 sólo el 16% de los estudiantes secundarios desertaban. Para 1991, ya el 47% lo hacían en el mismo período (Banco Mundial, 1996). Aunque es posible que más niños estén ingresando a la escuela que antes, una proporción mayor están desertando. Sólo el 48% de los varones y 29% de las niñas completan la escuela primaria. Las niñas componen un porcentaje mayor de los que abandonan.

En 1990 el gobierno introdujo un plan de bonificación para las mujeres que ingresaran a la Universidad Makerere, para aumentar su inscripción. El porcentaje de mujeres aceptadas subió del 22% en 1989-90 al 35% en 1990-91, cayó al 30% en 1991-2, y volvió a subir al 33% en 1992-93. Este plan ha sido criticado especialmente por favorecer a estudiantes mujeres de escuelas urbanas, donde predominan los hijos de padres ricos. Por lo tanto deja fuera a los que más lo necesitan.

Desequilibrios de género en las estrategias de desarrollo

Por ser Uganda un país predominantemente agrícola, los programas económicos dirigidos a aliviar la pobreza han puesto énfasis principalmente en el crecimiento de la producción y exportación agrícolas, que se consideran cruciales para alcanzar una reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. Una de las estrategias adoptadas para lograr este crecimiento, ha sido reducir los sesgos en contra de las mujeres en la producción económica, ya que se reconoce ampliamente que las mujeres componen el 70% de la fuerza de trabajo agrícola, son responsables de entre el 70 y el 80 % de los cultivos y de más del 50% de los cultivos comerciales y de prácticamente todo el procesado de alimentos (Antecedentes del Presupuesto, 1996; EPAU, 1996).

El empoderamiento de las mujeres en el campo de la producción económica, se logrará acrecentando, entre otras cosas, el acceso de estas a recursos productivos como crédito, tierras, tecnología e información, etc. Sin embargo, la opción por una estrategia de desarrollo agrícola, y la forma como el gobierno decidió implementarlo, no logran subrayar cómo es que asociar el género a la producción agrícola puede terminar poniendo límites al objetivo de lograr la equidad entre los géneros.

En primer lugar, porque las relaciones de poder a nivel de los hogares que influencian los procesos de toma de decisiones, permanecen intactos. Los programas económicos han facilitado no sólo el pasaje de la mano de obra fundamentalmente masculina del sector agrícola no comercial al comercial, sino también de la agricultura a otros sectores de más beneficio. La agricultura, al tener bajos retornos para la mano de obra, y carecer de rentabilidad comercial, no resulta atractiva para el trabajador hombre, especialmente cuando hay campos alternativos para el empleo disponibles. Fuera del sector comercial, el valor del trabajo femenino es o bien totalmente ignorado, o bien muy subestimado (Barton y Wamai, 1994). Durante mucho tiempo se ha argumentado que:

«los programas de desarrollo se han diseñado sobre premisas erróneas, en una sociedad en que las mujeres aportan la mayor parte de las necesidades básicas de la familia, y los hombres ponen sus ganancias en cuentas aparte». (New Vision, junio 28, 1989)

En segundo lugar, la división del trabajo en el hogar está muy determinada por el género por causa de ideologías culturales que se producen, nutren y perpetúan dentro de estos. Todo el mundo oye decir que los hombres tienden a realizar las tareas de mayor exigencia física, dejando las «más livianas» a las mujeres y los niños. Lo que así se describe no es la cantidad real de trabajo realizado, sino la valoración social de quién realiza qué tareas. La situación no es mejor si se considera el acceso a la tierra y al crédito, como recursos productivos.

La tenencia de la tierra

La política actual del gobierno reconoce el papel que juegan las mujeres en la producción de alimentos, y una de las estrategias para garantizar la seguridad alimentaria es mejorar la seguridad de las mujeres en sus derechos de propiedad (República de Uganda, 1996: 117). La propiedad puede referirse a muchas cosas, incluyendo la tierra. La ley con respecto a la tierra y otras propiedades es ciega con respecto al género. El artículo 237 de la constitución de 1995 concede la propiedad en Uganda a los ciudadanos. En ninguna parte dice que las mujeres no pueden poseer tierras. Si bien las mujeres trabajadoras pueden ahora adquirir tierra y también derechos absolutos sobre esa tierra, todo el mundo sabe que la mayor parte de las mujeres rurales sólo tiene acceso a esa tierra, pero no control sobre la propiedad de la misma. Una vez que una mujer se casa, la mayoría pierde sus derechos a la tierra en el hogar de sus padres. Pueden volver a casa de estos si se divorcian, y quedarse en la tierra, pero no pueden casarse nunca con otro hombre en esa tierra.

Aún en los casos en que las mujeres tienen acceso a la tierra, la seguridad de tenencia está restringida, porque generalmente los derechos son a través de sus parientes varones, ya sea maridos, padres o hermanos. Pero a pesar de estas limitaciones, una cantidad significativa de trabajo agrícola y de la producción proviene de las mujeres. Esa mejora en el acceso a los recursos productivos puede aumentar su capacidad para generar ingresos, y maximizar los beneficios de estos, lo que es necesario para mejorar su condición. Pero el sistema de dominación masculina está firmemente arraigado en lo que hombres y mujeres piensan y hacen, y abordar un factor aislado como puede ser la propiedad, no rendiría cambios substanciales en las relaciones de género.


A menos que ciertas prácticas y técnicas sean modificadas, corremos el riesgo de tener una agenda de políticas que deliberadamente aumentan la carga sobre las mujeres en pos de garantizar un aumento de la producción agrícola.

La preocupación por los derechos de las mujeres a la propiedad, se ha adaptado en buena parte a la consecución de las metas nacionales, es decir, convirtiéndolos en instrumentos para la agenda de alivio de la pobreza más bien que por justicia social. En otras palabras, nuestras estrategias para el desarrollo ignoran el hecho de que las mujeres llevan ya una pesada carga sobre sus espaldas, y a continuación sugieren cómo pueden usarse aún más las mujeres para concretar un aumento del crecimiento agrícola. En un mundo en que el sector de subsistencia está subordinado al sector comercial, el sector de cultivos alimentarios al de cultivos comerciales, los campesinos a las clases medias, la agricultura a la industria, el sector rural al urbano, el sector doméstico al público, no se pueden enderezar esos desequilibrios de género sin ocuparse de las desiguales relaciones entre sectores. Los problemas de la eficiencia y el rendimiento no se pueden abordar sin tener en cuenta las cuestiones de la justicia social. Estas son algunos de los temas que se están planteando en la Red sobre la Tierra, constituida recientemente por ONGs con la intención de defender la causa de los marginados.

¿Y los créditos?

El acceso al crédito formal suele ser problemático para las mujeres. Han surgido varias organizaciones que ofrecen crédito sin exigir hipotecas, a mujeres pobres. Entre estos se encuentran el Uganda Women's Finance and Credit Trust (UWFCT - Trust de Finanzas y Crédito de las Mujeres de Uganda) ACFODE, FINCA y Uganda Rural Development and Training (URDT - Desarrollo Rural y Capacitación de Uganda), etc. Pero al final del día, estos programas de crédito favorecen a mujeres que se destacan un poco más que otras.

En segundo lugar, el acceso creciente al crédito por parte de las mujeres puede no ser necesariamente un requisito previo para mejorar sus oportunidades de empoderamiento económico, pero puede no ser condición suficiente para superar las restricciones estructurales que las mantienen rezagadas.

En tercer lugar, esta iniciativa no debe tomarse de ningún modo como substitutiva del rol que debe jugar el gobierno.

En cuarto lugar, existe un problema con el crédito mismo. Por ejemplo, se hace cada vez más evidente que las mujeres que tienen matrimonios estables son menos capaces de hacer un uso independiente de los fondos que se les facilitan a través de estos planes de crédito. Los maridos interfieren con el manejo de los proyectos establecidos con los fondos del crédito y en los casos extremos, se llevan dinero obtenido por el proyecto. Lo que se necesita es apreciar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, lo cual requiere, a nivel de los hogares, que las mujeres miren las relaciones que tienen con los hombres que las rodean, y cómo estas afectan su capacidad para gozar de sus derechos humanos.

Acción afirmativa y empoderamiento

Aparte de las reformas económicas estructurales, y de la mejora en la provisión de servicios sociales básicos, la erradicación de la pobreza exige además un aumento de la participación de las personas que viven en la pobreza No tanto por identificárseles como uno de los grupos más vulnerables, sino por el papel que las mujeres jugaron en las luchas armadas de la Resistencia Nacional entre los años 1980 y 1986, la cuestión del género ha estado en los primeros lugares de la agenda del gobierno del Movimiento Nacional de Resistencia, desde que tomó el poder en 1986.

El MNR estableció distintas estructuras e instituciones destinadas a acrecentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel local y nacional. En 1986, se estableció una escritorio de la mujer en el secretariado del MNR para coordinar todas las cuestiones referidas a estas. Se transformó luego en el Directorio de Asuntos de la Mujer para movilizar y politizar a las mujeres de todo el país. Para facilitar una creciente participación en los procesos políticos, se creó un cargo de secretaria para los asuntos de las mujeres a todos los niveles, desde el Consejo Local de la aldea hasta el del distrito. A las mujeres se les ha reservado un asiento especial por cada distrito en el Parlamento, para los que compiten sólo ellas.

Si bien se han aplicado varias políticas para promover el empoderamiento de las mujeres, su implementación deja mucho que desear. Por un lado, las políticas no han llevado a la emancipación cualitativa de las mujeres. En segundo lugar, algunas han exacerbado la desigualdad de género, especialmente al marginar otras categorías carenciadas de mujeres fundamentalmente en las áreas rurales. Y por último estas políticas han apuntado a las mujeres como si estas fueran alguna vez una categoría homogénea. Los párrafos siguientes ilustran sobre la naturaleza del problema.

A pesar de que se ha hecho un intento de abordar la condición de las mujeres en términos de disposiciones constitucionales, siguen siendo evidentes una serie de restricciones. La constitución de 1995 en su artículo 33 dispone la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en términos de actividades políticas, económicas y sociales, y establece en la cláusula 1 que a las mujeres se les acordará la dignidad plena e igual de la persona junto con los hombres. Estipula el derecho al voto, a ser elegible y elegida. En las constituciones anteriores, la discriminación en contra de las mujeres sólo estaba prohibida sobre bases diferentes al sexo. La discriminación no era anticonstitucional si se relacionaba con asuntos de derecho personal: matrimonio, divorcio, herencia. Sin embargo, aún en esta nueva constitución hay varios factores que inhiben los derechos de las mujeres a participar libremente: las mujeres tienen que presentarse ante colegios electorales predominantemente masculinos.

El gobierno parece estar muy satisfecho con lo que ha hecho para acrecentar la participación de las mujeres en los cargos superiores del propio gobierno. En las ocasiones oficiales se pretende que esto exhiba los logros de la administración del MNR para las personas de Uganda, destacándolo como una de sus mayores virtudes. Sin embargo, si se comparan las cifras de 1993 con las de 1996, asombra la revelación de que no ha habido un aumento significativo en la cantidad de mujeres que ocupan cargos administrativos altos.

Cuadro 2.

Comparativo de mujeres y hombres en puestos de gobierno seleccionados


  Jul-93   Dic-96  
  Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Ministros 2 20 2 19
Ministros de Estado 1 9 4 28
Vice Ministros 2 9 - -
Secretarios Permanentes 7 35 7 26
Sub Secretarios 16 45 9 26
CDRs 5 34 4 32
Vice CDRs - - 3 11
CDR asistente - - 2 26

El gobierno ha hecho sólo lo suficiente para conseguir sus objetivos políticos. Más que ninguna otra consideración (religión, equilibrio regional, etc.), fue el género lo que influyó sobre la reciente redesignación de la única Vicepresidenta africana, la Dra. Specioza Wandira Kazibwe (Monitor, Julio 5-7, 1996). Si hubo una enorme presión por parte de un lobby de mujeres en el Parlamento, exigiendo un tercio de los puestos (Monitor, julio 3-4, 1996), queda claro que o bien las mujeres no presionaron lo suficiente, o no pudieron despertar suficiente interés en sus colegas, o no había motivos para que consiguieran más de lo que consiguieron.

Esta última es una situación desafortunada. Ha habido quejas aisladas de parte de mujeres que argumentan que trabajaron mucho durante las últimas campañas del MNR, pero sólo consiguieron una «pequeña esperanza política» con sólo dos ministras y cuatro ministras de estado (The Monitor, Diciembre 7, 1996). Pero aún las pocas que están allí no han logrado grandes cambios en favor de sus compañeras. Lo que todo esto implica es que, sin una agenda para el movimiento de mujeres ni una ideología que guíe su accionar, el mero aumento del número de ministras no necesariamente llevará a mejores resultados en términos de mejorar las condiciones para las mujeres en particular, y de la igualdad de género. Un estudio reciente comisionado por DENIVA para estudiar la percepción del género en las ONGs ha identificado también esto mismo como un importante eslabón perdido.

Todo esto significa que la organización de las mujeres para defender sus derechos sigue siendo muy débil. Esto es en parte un problema de liderazgo, no porque a las organizaciones de mujeres le falten líderes, sino porque las líderes, especialmente las que ocupan puestos de gobierno, no han sido buenos modelos en la lucha por la causa de las mujeres, y por no brindar a las emergentes organizaciones de mujeres una visión de hacia dónde quieren conducir al movimiento. Por ejemplo, durante las recientes elecciones parlamentarias, muchas mujeres, algunas de ellas Ministras, fueron acusadas de negarle a otras mujeres la oportunidad de beneficiarse de una acción afirmativa por querer permanentemente representar a las mujeres como representantes de distrito más de una vez (Crusader, mayo 28, 1996). Algunas de las mujeres que integran el actual parlamento han estado allí tres veces como representantes de las mujeres, bloqueando así las posibilidades de que otras ingresen a la escena política. 106 mujeres compitieron por los 39 lugares reservados para las mujeres de los distritos. De estas, 35 ya habían estado o bien en el anterior Consejo Nacional de Resistencia o en la Asamblea Constituyente, y 8 habían actuado incluso como Ministras en el gobierno del MNR.

De las 40 legisladoras que ingresaron al Parlamento en 1989, sólo dos fueron electas directamente. Durante las recientes elecciones parlamentarias, 23 mujeres compitieron en elecciones directas, y sólo 4 resultaron electas. Comentando sobre esta situación, una analista política observó «en tanto que a las beneficiarias (cuadros de la elite) se las oye a menudo ulular alegremente sobre las concesiones que permitieron el ingreso de las mujeres al parlamento, lo cual triplicó materialmente el número de mujeres en la Cámara...su real impacto en términos de la liberación de las mujeres si persistimos con este método será nula». (New Vision, agosto 5, 1992)

A pesar de haber jugado un rol crucial en el combate activo, la oficial viva de más rango en las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda es Capitana, y lo ha sido por mucho tiempo. Se ha argumentado que la mayoría de las mujeres combatientes no pudieron ser promovidas porque no eran educadas, y la mayor parte abandonaron el ejército luego de la toma del poder. Es importante, sin embargo, anotar que la situación de las pocas que quedaron en el ejército no ha sido muy diferente.

Si bien las mujeres siguen enfrentadas a enormes restricciones socioculturales, la mayoría de los hombres son aún de la opinión de que el lugar adecuado para las mujeres sigue siendo el patio trasero. Insisten en que el cambio de actitud hacia las mujeres fue instigado políticamente por el MNR que estaba desesperado por sus votos. Sin embargo, algunas mujeres han estado a la altura de los desafíos. Se informa por ejemplo que un hombre se quejó así: «mi esposa se negó a quedarse en casa cavando, y en cambio optó por ir a recoger hojas de té en una plantación cercana. Hasta los miembros del Consejo Local la apoyaron.» (The New Vision, Noviembre 26, 1996)

Tal es la conciencia de que las organizaciones de mujeres deben llevarse el crédito. Sin embargo, la dimensión cualitativa que las organizaciones de mujeres adquirieron después de 1986 no es tanto por su vigor y eficiencia, sino por una implementación deliberada y sistemática de la política sobre las mujeres por parte del MNR, que en la opinión de muchos las organizaciones no han podido desarrollar. Una serie de grupos de mujeres ha comenzado a cuestionar la lógica de la acción afirmativa, argumentando que no ha ayudado a las mujeres tanto como debía. Las mujeres han dejado la acción afirmativa firmemente en manos de hombres que ponen afirmativamente a las mujeres donde no tiene importancia.

Las organizaciones de mujeres han fracasado en crear capacidad de movilización entre sus compañeras en masa y por todo el país, por la sencilla razón de que no han tenido la necesidad de hacerlo, ya que existen organismos administrativos creados por el Movimiento Nacional de Resistencia. Además de crear oportunidades para algunas, las concesiones institucionales que ha hecho el MNR no han creado en las organizaciones de mujeres la capacidad para fortalecer el dinamismo político de estas

Han surgido como hongos varias organizaciones de mujeres dedicadas a distintos aspectos del empoderamiento. Se han registrado algunos logros en el trabajo en redes. Al igual que en las mujeres que ocupan altos cargos en el gobierno, una debilidad subyacente de las organizaciones de mujeres es la falta de una agenda común y de una ideología en las actividades en red de las organizaciones de mujeres. Como consecuencia, sus esfuerzos no han logrado traducirse en un movimiento de masas formidable que promueva los derechos básicos de las mujeres. Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales de mayo de 1996, se informó sobre actos de violencia, llevadas a cabo por maridos, en contra de mujeres con distintas opiniones políticas. UWONET planteó esta cuestión como delito grave (New Vision, mayo 18, 1996). Como red de mujeres de distintas organizaciones, y de hombres que comparten su visión, su causa nunca fue recogida por ninguna organización de mujeres, a pesar de que existen cientos de estas. No se pudo concretar una manifestación planificada por el grupo para destacar la gravedad del problema, a pesar de que este tipo de actos de violencia relacionados con las elecciones fue citado por un juez de la suprema corte como delitos criminales (New Vision, junio 5, 1996). Otra manifestación planificada por ACFODE (Action for Development) en protesta por los pocos puestos dados a mujeres en el gabinete no pudo obtener el apoyo de otras organizaciones de mujeres.

La experiencia del movimiento de mujeres en Uganda, ha mostrado que no es suficiente con sólo establecer estructuras e instituciones para acrecentar la participación de las mujeres en el proceso político y conseguir los objetivos de emancipar económicamente a la mayoría que vive en condiciones abyectas de pobreza. Las distintas concesiones hechas por el gobierno no han beneficiado a la mayoría de las mujeres, con excepción de la elite urbana. Cualquier esfuerzo para mejorar la condición de las mujeres debe abordar la superestructura de construcción cultural que influye sobre las percepciones que la gente tiene sobre el género por medio de un sistema muy extenso de educación que debe comenzar en la familia.

Bibliografía

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Community Development Resource Network (1996), A Study of Poverty in Selected Districts in Uganda. Kampala: Uganda.

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