La inequidad social de los noventa

Alberto Yepes Palacio
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

La relación entre violencia e inequidad, ha sido estrecha en los últimos 40 años de la historia colombiana. El crecimiento económico no sólo no ha reducido la pobreza sino que la ha incrementado en un país donde los índices de violencia crecen a la par que el gasto público militar.

Durante los últimos 18 años la política macroeconómica se ha manejado con la premisa fundamental de que es necesario reestructurar la economía para obtener mayores niveles de crecimiento y de ingresos, y por lo tanto mayores niveles de bienestar, calidad de vida, y de reducción de la pobreza.

Esta ecuación en el caso colombiano no ha sido demostrada. Es cierto que en los últimos años, Colombia ha experimentado un crecimiento económico significativo, pero la distribución de esos ingresos no solo no ha permitido reducir la pobreza sino que la ha incrementado. El país cuenta con una estructura productiva y financiera moderna y un manejo de la política macroeconómica que le ha posibilitado un crecimiento sostenido por más de 40 años. Este crecimiento ha estado centrado en el mercado interno y en la exportación de bienes primarios, y ha devenido en una alta concentración de la propiedad y del ingreso en las elites económicas.

En el campo social hay también grandes avances, puesto que la cobertura de educación primaria se ha expandido, lo mismo que la salud primaria. El analfabetismo se ha reducido de manera notoria. Se ha aumentado la esperanza de vida, y los servicios públicos y las políticas de vivienda se han ampliado bastante. Las mujeres han ingresado masivamente al mercado de trabajo. Todo ello ha significado una mejora en el nivel y calidad de vida para la mitad de la población colombiana.

Según el economista Libardo Sarmiento Anzola, el ingreso promedio por persona ha crecido sostenidamente desde USD 350 en 1950 hasta USD 1650 anuales en 1995, como consecuencia del continuo crecimiento económico y la reducción del nivel de crecimiento demográfico.

A pesar de ello, la persistencia creciente de un elevado nivel de pobreza que afecta a la mayoría de los habitantes del país ha llevado a que organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas hayan insistido en que "es una anomalía que tales niveles de pobreza persistan en un país con una economía en constante expansión".

Este aumento del ingreso per capita ha ido corriendo parejo con el aumento de la violencia. Y a medida que aumentan la violencia y la pobreza ha ido aumentando también la concentración del dinero. Así mientras en 1955, se tenía una tasa de homicidios de 34 por cien mil habitantes, en 1996 se alcanzó una tasa de 74 homicidios por cien mil habitantes. Esta violencia ha tenido entre los pobres a sus principales víctimas. Pero en muchas ocasiones ha constituido también un mecanismo de las elites autoritarias para incrementar sus privilegios. La relación entre violencia e inequidad ha sido estrecha en los últimos 40 años en el país.

Las Políticas De Ajuste

Desde finales de la década pasada, pero con notable intensidad en los Gobiernos de Cesar Gaviria (1990-94) y Ernesto Samper (1994-98) se han venido adelantando políticas de reestructuración y ajuste macroeconómico que han conllevado profundos cambios en la vida económica del país y en la profundización de las situaciones de inequidad y pobreza para más de la mitad de la población colombiana.

La reforma laboral de 1990 impuso la liberación de los sistemas de contratación y despido y la reducción de los costos de permanencia afectando gravemente el mercado laboral y las condiciones de trabajo.

Los procesos de apertura económica han desindustrializado el país y la economía se concentra más en el sector terciario (servicios). Se ha multiplicado el contrabando, la informalidad en el empleo, el contrabando, aumentan los concordatos en las empresas y el sector agropecuario ha entrado en una crisis de grandes proporciones.

Los procesos de liberalización, privatización y desregulación han agudizado la concentración del ingreso, empobrecido los sectores medios y debilitado el perfil del estado. El Producto Interno Bruto en 1995 fue de 70 billones de dólares. En 1996 creció en 1.470 millones de dólares, de los cuales los tres grupos económicos principales se quedaron con 545 millones, más de la tercera parte, según estudios recientes.

Para tratar de aliviar los enormes costos sociales derivados de los procesos de ajuste y el creciente deterioro de los indicadores sociales, el gobierno de Samper ha propuesto un Plan de Desarrollo denominado el Salto Social, que plantea unas políticas asistencialistas y de gasto focalizado en los sectores más vulnerables de la población. A pesar de su énfasis en lo social, la estrechez del gasto y los déficit de ejecución de los presupuestos acordados para estos propósitos -en donde las ejecuciones reales no alcanzan a llegar al 60% de lo presupuestado- no han permitido detener los rapaces niveles de concentración de la riqueza y el dramático crecimiento de la población en condiciones de pobreza y de miseria.

Lo que si ha venido creciendo es el gasto público militar y Desde 1950 hasta 1996 los índices de violencia han crecido a la par que éste, que en la actualidad es del 4.5% del PBI, mientras que en 1990 estaba por debajo del 3%. En estas condiciones no son de extrañar las preocupaciones de organismos de Naciones Unidas por los "resultados decepcionantes logrados en la mayoría de los programas de lucha contra la pobreza y de mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente dado que los fondos presupuestarios asignados para gastos sociales no se han utilizado plenamente con esos fines".

Además de la tendencia regresiva en la distribución del ingreso, el incremento de la pobreza tiene que ver con la disminución del peso de los salarios en el valor agregado nacional, debido al aumento en la población desempleada, la informalización y deterioro del empleo y a la caída en el valor real de los salarios. En estas condiciones la economía va adquiriendo un sesgo cada vez más rentista y especulativa. Las enormes utilidades del sector financiero, los niveles altos de inflación, las elevadas tasas de interés y de intermediación financiera, se dan a la par con el decaimiento del sector agropecuario y el empleo industrial.

En la distribución del ingreso, el 38% lo representan los salarios y el 62% representa las ganancias del capital y los ingresos del Estado. La acción distributiva de éste es mínima, puesto que menos de una cuarta parte del gasto social se destina a inversión y la mayor parte al funcionamiento.

La Discriminación Contra Los Pobres

Uno de los aspectos que más genera inequidad social tiene que ver con los altos niveles de pobreza y exclusión social y económica, la cual en Colombia tiene una doble manifestación : por una parte, por lo menos un 35% de la población es dejada por fuera de las dotaciones básicas (necesidades básicas insatisfechas), y por otra, hay también un 55% de la población que tiene ingresos inferiores al mínimo que define la línea de pobreza.

Según estudios recientes, el número de pobres por ingresos subió de 52% a 55% entre 1995 y 1996, varios puntos por encima del promedio de los registros durante la década pasada. Es decir que de los 39 millones de colombianos, más de 22 millones no tienen un ingreso suficiente para adquirir la canasta familiar básica. Según la estratificación socioeconómica realizada por el Estado, el 80% de los colombianos son pobres (estratos 1,2 y 3), un 13% pertenece a la clase media (estrato 4) y un 7% pertenece a la clase alta (estratos 5 y 6).

La situación de pobreza es más dramática en las zonas rurales donde la pobreza por ingresos afecta al 72% de la población. A su vez la indigencia aumentó en el campo de un 22% a un 38% entre 1980 y 1994. A nivel nacional, la población indigente ascendió del 16% al 25% en el mismo período.

Esta situación se genera en gran parte debido a la altísima concentración del ingreso y de la propiedad, que hacen del país una sociedad altamente jerarquizada. Es evidente entonces que el aumento en la pobreza no obedece a la escasez de recursos, sino a profundas desigualdades económicas, pues a pesar del crecimiento económico sostenido, Colombia es uno de los países más inequitativos en la distribución del ingreso en América Latina. El coeficiente de concentración del ingreso ha mantenido una tendencia regresiva desde 1986 hasta la actualidad.

En 1990 el Coeficiente GINI era de 0.47 y pasó en 1995 a representar un valor de 0.53 igual al que se obtuvo en 1970, habiendo el país retrocedido 25 años en los logros que se habían obtenido en la democracia social. Según la Contraloría General de la República el 10% de colombianos más ricos tiene un ingreso per capita 46 veces superior al ingreso del 10% de los colombianos más pobres. Esa relación no es superior a 6 veces en países como Japón, Dinamarca, Holanda, Bangladesh, Sri Lanka, Bélgica, Suecia, Reino Unido y Alemania. El mismo informe señala que en Colombia el 20% más pobre recibe solo el 3.1% de los ingresos, mientras el 20% más rico se queda con el 59.9% de los ingresos.

Si se tiene en cuenta la propiedad accionaria y de la tierra, la concentración es aún más aterradora, y esta situación se ha visto acrecentada por el ingreso masivo de los dineros del narcotráfico al sistema financiero y en la adquisición de grandes extensiones de tierra, de finca raíz y de acciones de las empresas.

La exclusión contra los pobres y los indigentes no es solo económica, social o cultural. La exclusión llevada al colmo: se manifiesta en la práctica de la denominada "limpieza social", por medio de la cual ciertos grupos criminales amenazan, agreden y matan a cientos de personas que consideran "desechables". Según datos de la Comisión Colombiana de Juristas entre Octubre de 1995 y Septiembre de 1996, 314 personas fueron muertas como consecuencia de la violencia contra marginados sociales, es decir casi una persona a diario. Comúnmente esta violencia se ejerce contra la población que se encuentra en peores condiciones de miseria, y en especial se ejerce contra indigentes, hurgadores, recicladores de basura, vendedores ambulantes, travestis y trabajadoras sexuales, drogadictos, pequeños distribuidores de drogas y jóvenes de los barrios populares.

La discriminación contra las mujeres

El país ha avanzado notoriamente en los últimos años en medidas legislativas de protección a la mujer, con el fin de eliminar las condiciones que generan la discriminación sobre ellas. De esta manera, Colombia ratificó mediante la Ley 51 de 1.981 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y mediante la Ley 248 de 1995 ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la violencia contra la Mujer.

La Constitución de 1.991 reconoce en sus artículos 13 y 43 la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; el artículo 40 establece la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración pública, y el artículo 42 ordena la sanción a todas las formas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, esta igualdad jurídica no se expresa en una igualdad real ante la vida, pues aún se observa una gran discriminación sexual en los campos económicos, social, político, cultural y familiar. Recientemente se han aprobado la Ley 294 de 1996 para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, y la Ley 360 de 1997, contra los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana.

Las mujeres constituyen el 52% de la población colombiana, y para 1995, el 24% de los hogares tenía jefatura femenina, aumentando en 4 puntos desde 1978 donde era del 20%. A pesar de esto su situación de ingresos se ha desmejorado: según informes del Ministerio de Trabajo el desempleo para las mujeres pasó del 11% al 14% entre marzo de 1995 y marzo de 1996. Las estadísticas del DANE indican que la tasa de desempleo es casi dos veces superior a la de los hombres entre 1992 y 1996. Para 1994, mientras el desempleo masculino fue de un 6.7%, el femenino alcanzó un 13.9%

Pero la discriminación se refleja también en materia salarial. Según datos de la Consejería para la Mujer y la Familia, en 1993 las mujeres ganaban en promedio el 70% que los hombres para un mismo empleo. En el sector rural la diferencia era mayor, pues ellas solo recibían el 58%. Para la investigadora Luz Dary Ayala, el salario de la mujer rural en 1.993 fue 3 veces inferior al del hombre, y hoy poco ha cambiado. En el sector público la diferencia de ingresos de hombres y mujeres con el mismo perfil profesional es del 17%.

Pero además hay que tener en cuenta que el mercado laboral en el país es altamente informalizado : en 1994 el 53.8% de los puestos de trabajo estaban en el sector informal. Las mujeres son las más afectadas por la tendencia creciente a la informalización del empleo: en 1.992 mientras el 62.1% de las mujeres se concentraban en el sector informal, el 64.7% de los hombres laboraba en el sector formal. Por ser más numerosas dentro del primer sector, las mujeres no se benefician de las garantías de las normas laborales ni tienen acceso en su mayoría a la seguridad social. Pero tampoco en el sector formal pueden la mayoría de las trabajadoras gozar de la protección de las normas laborales, pues las mujeres solo constituyen el 32.7% de la fuerza laboral sindicalizada en ese sector.

Para las mujeres rurales la desigualdad es mucho más acentuada. En 1991, un 58% de las mujeres del sector rural percibían menos de la mitad del salario mínimo legal en comparación con el 31% en el caso de los hombres.

Organizaciones civiles de apoyo a la mujer han denunciado además que el acceso de la mujer al mercado laboral se ve muchas veces impedido por la práctica de las empresas de solicitar pruebas de embarazo, que aunque la ley lo prohibe, está así establecido en los reglamentos internos de muchas de ellas.

La discriminación basada en el género se observa también en el mantenimiento desde 1985 de una diferencia de un punto en las tasas de analfabetismo entre la población femenina (12%) y la masculina, que es del 11%. Además, los años promedio de educación de la población femenina son menores (5.79 años), frente al promedio de los hombres, situado en 6.03 años.

Si se comprende que aún con el mismo nivel educativo las mujeres obtienen ingresos menores que los hombres, diferencias que van entre un 42.2% (educación primaria incompleta) y un 25.9% (educación superior incompleta) es fácil entender por qué en Colombia hay más mujeres desempleadas y pobres que hombres, y por qué estas son más vulnerables al desempleo y a la pobreza.

La esperanza de vida al nacer para el quinquenio 1995-2000 es de 73.5 años para las mujeres y 67.2 para los hombres. No obstante, sobre la situación de la mujer recaen problemas que ya han sido solucionadas en otros países. Según cifras oficiales las defunciones por causa de aborto pasaron de 17% al 19% entre 1981 y 1991, constituyendo en este último año la tercera causa de mortalidad materna. El 80% de las mujeres que tuvo hijos entre 1990 y 1995 contó con asistencia médica durante el embarazo. Pero en tanto que en la capital del país el 93% de las mujeres tuvo asistencia médica, en las zonas rurales una de cada tres no tuvo ninguna asistencia durante su embarazo.

En los espacios decisorios en los cuales las mujeres podrían intentar transformaciones radicales a esta realidad, la discriminación también es evidente: de esta manera, en la Administración pública las mujeres participan con sólo un 19% de los cargos directivos del nivel central. En el actual Senado de la República solo hay 7 mujeres de un total de 102 cargos y 15 mujeres representantes a la Cámara de un total de 161. En los altos tribunales de Justicia la situación no es mejor : en el Consejo Superior de la Judicatura solo hay una magistrada de un total de 13 cargos; en el Consejo de Estado solo 4 consejeras de un total de 26, y en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia no existe ninguna mujer entre las 27 magistraturas que componen estos organismos.

La Discriminación En El Sector Laboral

Los procesos de reestructuración económica han ido acompañados de una pérdida de la capacidad adquisitiva del ingreso medio real de los trabajadores. La evolución de los precios relativos ha afectado de forma más negativa a las familias pobres, lo cual ha presionado a que un mayor número de personas de cada hogar, incluidos los niños, se vincule a actividades laborales, generalmente en el sector informal y en condiciones precarias y de bajísimos ingresos.

Para enfrentar esta situación el actual Gobierno propuso desde su inicio un ambicioso Plan para crear Más y Mejores Empleos, en el cual se generarían 1 millón 600 mil nuevos puestos de trabajo. Pero tres años después la situación del empleo se ha desmejorado. Entre Septiembre de 1994 y Septiembre de 1995 la tasa de desempleo aumentó de 7.6% a 8.7%., y para Marzo de 1996 se situó en 10.4%. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el desempleo abierto en las 7 principales ciudades se había situado en un 12% en Septiembre de 1997.

La modificación de las normas laborales a comienzos de los 90 afectaron negativamente a los trabajadores en sus condiciones de empleo en lo relativo a la estabilidad laboral, las formas de contratación y las prácticas de negociación colectiva. Pero la precarización del empleo se ha evidenciado también en la reducción del ingreso real para todos los empleados. De junio de 1984 a Junio de 1992 esta pérdida fue de un 6.8% en las cuatro principales ciudades, siendo el deterioro mayor en el sector formal, que soportó una pérdida del 8.8% frente a un 4.1% en el sector informal. Según el experto Eduardo Sarmiento Palacio, director de la Escuela Nacional de Ingenierías, durante 1996 el ingreso real de los trabajadores disminuyó un 10%.

La precarización del empleo se evidencia también en su informalización creciente. Para 1990, el 43% del empleo estaba en el sector informal. Para 1997 esa cifra ha subido al 56% de empleos informales, la mayoría de ellos inestables, en condiciones precarias y sin acceso a la seguridad social. Según la Defensoría del Pueblo, 15.5 millones de colombianos, que representan el 41.33% de la población más pobre, no tienen ningún beneficio en salud ni seguridad social.

Según estimativos hechos por el DANE sobre el valor de la canasta familiar, para sobrevivir una familia necesita de tres salarios mínimos. Sin embargo, el 80% de los colombianos que tienen trabajo gana menos de dos salarios mínimos, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. Más dramática es la situación de los que devengan un salario inferior al mínimo legal. En 1992 estos eran el 41% de los trabajadores independientes y el 51% de los informales por cuenta propia. Para Junio de 1994 el 17.6% de los trabajadores urbanos devengaba un ingreso inferior al mínimo legal y el 47.5% carecía de seguridad social. En los trabajadores informales no calificados, el 35.7% no gana el salario mínimo y el 88.6% no tiene acceso a la seguridad social

La recomposición del mercado laboral ha generado una estructura del mercado de empleo bastante precaria en la cual de cada 100 colombianos que accede al trabajo, 56 están en la informalidad, 18 son trabajadores temporales como efecto de la anterior reforma laboral, 13 están en el desempleo abierto y solamente 13 cuentan con un empleo relativamente estable

Este deterioro creciente de la calidad y cantidad del empleo ha sido uno de los principales factores de la concentración del ingreso desde 1990 hasta hoy, y de desigualdad y segmentación acelerada en la sociedad colombiana. Por ello sin medidas eficaces para moderar los enormes costos sociales de los programas de ajuste enfocados a la generación de empleo productivo, la situación de inequidad y de violencia se tornará cada vez más explosiva y peligrosa.

La inequidad en el mundo del trabajo se ha profundizado por la expedición de leyes laborales que han afectado notablemente las relaciones laborales en detrimento del bienestar de los trabajadores, desde comienzos de la presente década. Con la ley 50 de 1990 se formalizó y generalizó el proceso de flexibilización del mercado de trabajo. Con sus disposiciones se ha venido implementando una severa modificación en los sistemas de contratación: la sustitución del empleo permanente por contratos a término fijo y empleo temporal.

Esta misma Ley autoriza tanto en el sector privado como en el sector público la celebración de "contratos de prestación de servicios", que permiten vincular trabajadores sin el reconocimiento de ninguno de los derechos históricos de la clase trabajadora tales como la seguridad social, el descanso remunerado, vacaciones, auxilio de cesantía, recargos por jornada nocturna y trabajo en días festivos, etc. Según datos de la Escuela Nacional Sindical, un 25% de los empleados estatales está laborando baja esta precaria modalidad de contratación.

Estas políticas de flexibilización contractual han tenido un efecto inmediato en la aniquilación de las organizaciones sindicales, con lo cual las posibilidades de conseguir mejores condiciones de equidad en las relaciones laborales se hace prácticamente imposible. La generalización de los contratos a término fijo, y la vinculación de la fuerza laboral como trabajadores temporales, impide la sindicalización puesto que la afiliación de estos trabajadores a los sindicatos se convierte en motivo para la no renovación de los contratos de trabajo.

Pero la discriminación antisindical se ejerce no solo con medidas legislativas o acciones al interior de las empresas. El informe de las Centrales Obreras al 85 Período de Sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo denunciaba que "La actuación de grupos paramilitares, grupos que funcionan con el apoyo o la tolerancia del Estado Colombiano, ha producido la muerte de una gran cantidad de sindicalistas, particularmente en los sectores organizados del magisterio y del área agroindustrial".. De hecho, desde que se creó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1986 hasta 1996 fueron asesinados cerca de 1.600 sindicalizados.

La ENS denuncia que en 1996 fueron asesinados 253 sindicalistas, de los cuales 26 eran directivos. En 1996 el número de sindicalistas asesinados se incrementó en un 21% en relación con 1995. 101 de ellos murieron en masacres, y 204 de estos asesinatos (el 80.73%) ocurrieron en el Departamento de Antioquia, región particularmente peligrosa para quienes ejercen actividades sindicales. En Medellín, la capital de este departamento, las trabajadoras sexuales son víctimas frecuentes de agresiones y amenazas por parte de las Asociaciones Convivir, grupos de civiles armados promovidos por el propio Estado, según denuncias de una organización civil de protección de las trabajadoras sexuales. En muchas ocasiones las trabajadoras sexuales son desaparecidas o asesinadas.

Un caso especial de inequidad laboral es el que se ejerce contra las cerca de 77.000 Madres Comunitarias. Estas son las encargadas de ejecutar la política social de atención a los menores de 7 años en más de 1.050 municipios, cuya responsabilidad pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las Madres Comunitarias atienden a cerca de un millón 300 mil niños de los estratos 1 y 2 de las zonas urbanas y rurales. Cada una se encarga de la atención, alimentación y socialización de cerca de 15 niños.

Desigualdades Geográficas y Regionales

El acceso a la calidad de vida y a los recursos del bienestar en el país está determinado también por profundas asimetrías de carácter regional y geográfico. Las desigualdades entre la población rural y la población urbana son marcadas en cuanto a los niveles de pobreza, el nivel de ingresos y el acceso a los servicios públicos, salud y educación. El 72% de la población rural son pobres por insuficiencia de ingresos, frente a un 55% de promedio nacional. La población rural en condiciones de miseria es del 38%, frente al 25% de promedio nacional.

Entre 1990 y 1993 se presentó un aumento de 36 puntos porcentuales en la diferencia de ingresos reales per capita de la población rural y urbana. La región Pacífica experimentó un aumento de 3 puntos en su población indigente, la Atlántica 7 puntos y la central, que es la región más rica, incrementó su población indigente en 6 puntos.

Por décadas, los campesinos y la producción agropecuaria en Colombia han estado abandonadas. La crisis del agro se profundizó sobre todo desde 1990 con la apertura económica. La rentabilidad se volvió negativa en todos los sectores de producción rural con excepción de la ganadería que ha ido en aumento, y es el único sector que mantiene acceso a los créditos. En los últimos cinco años cerca de 500 mil hectáreas de tierras cultivables pasaron a convertirse en pastos para ganadería extensiva.

La gran mayoría de campesinos colombianos carece de agua potable y alcantarillado, salud y comunicaciones. Un 59% de las viviendas rurales carecen de servicios públicos y un 16% presenta serios problemas de hacinamiento, según datos de Planeación Nacional. En cuanto al acceso a la educación, el 19.1% de los niños rurales de entre 6 y 11 años no asiste a la escuela, en comparación con el 6.7% de los niños de áreas urbanas. El Promedio de años de estudio de la población con 24 años o más es de sólo 2.3 para la población rural pobre, 4.3 para la población pobre de las áreas urbanas frente a un 5.9 de promedio nacional durante el año 1.993

Los problemas de equidad se advierten al desagregar los resultados según el nivel de desarrollo de los departamentos. Así, para 1993, mientras en Bogotá la población con Necesidades Básicas Insatisfechas era de 14.2%, y en Departamentos como Caldas y Quindío menos del 20% tiene alguna necesidad básica insatisfecha, en departamentos como Magdalena, Córdoba y Chocó más del 60% de sus habitantes tienen sus necesidades básicas insatisfechas, y en Sucre dicha cifra llega al 65% según datos oficiales

Según el mismo estudio, la población en condición de miseria era del 39.5% en Cundinamarca y del 43.1% en Sucre, frente a un 3.8% en la capital del país. Mientras la mortalidad infantil en Bogotá es del 34 por mil, en el Chocó el del 101 por mil y mientras en el Valle del Cauca el 83% de los hogares tienen acueducto, en Sucre solo lo tienen el 20% y en Córdoba el 39%.

La falta de equidad en el sector agrario colombiano se evidencia también en la inequitativa distribución de la tierra y la ineficiencia de los programas dirigidos a ese sector. El 56.9% de los predios rurales comprende sólo un 2.8% de la tierra cultivable, en tanto que un 0.30% de los predios acapara el 60% del área productiva.

En las zonas de colonización agrícola es donde se ejerce la mayor violencia política, que tiene como consecuencia la muerte masiva y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de campesinos, obligándolos a emigrar a las ciudades, donde aumentan el número de población bajo pobreza crítica de las barriadas.

Los expertos señalan que con el despojo violento de la propiedad agraria a la población desplazada cerca de 4 millones de hectáreas, más de la tercera parte de los suelos cultivables, han ido a parar a manos de narcotraficantes y terratenientes. Por este medio, una sola familia de jefes paramilitares, los hermanos Castaño ha llegado a hacerse dueña de un millón 200 mil hectáreas, repartidas en los Departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, según un estudio reciente. Justamente en los departamentos de Antioquia, Cesar y Córdoba se produce el 63% de los casos de desplazamiento forzoso.

De esta manera, en los últimos 10 años más de un millón de personas, cerca del 3% de la población en Colombia, han sido desplazadas de manera violenta. Cada hora, dentro del territorio nacional, se desplazan cuatro hogares por causas violentas.

Durante 1996, los grupos paramilitares fueron los causantes del 33% de los desplazamientos forzosos, las guerrillas de un 29% y los Agentes del Estado ocasionaron el 16% de estos desplazamientos.

El 53% del total de la población desplazada corresponde a mujeres; el 54% son menores de 18 años. Las mujeres son cabezas de hogar en el 36% de las familias desplazadas. Un caso paradigmático de desalojo violento y desplazamiento forzado es el de la Hacienda Bellacruz, por parte de la Familia Marulanda, dirigentes políticos del Departamento del Cesar, que desde hace años han arrebatado más de 27.000 hectáreas a campesinos de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. A comienzos de 1996, grupos de justicia privada agredieron a 270 familias, cerca de mil personas, que tradicionalmente han usufructuado estas tierras, e incendiaron sus viviendas; varios dirigentes campesinos han sido asesinados desde entonces, y las familias han sido obligadas a desplazarse varias veces de sus tierras mediante la violencia.

En muchos departamentos, sobre todo del Suroriente del país, los campesinos e indígenas han resistido a la pobreza sustituyendo sus cultivos por coca, marihuana y más recientemente por amapola. En ejecución de las políticas gubernamentales de erradicación de cultivos, los campesinos, defendiendo sus únicos medios de subsistencia, han sufrido innumerables atropellos de las autoridades. Por esta razón, los campesinos han debido movilizarse constantemente reclamando un justo trato y mejores oportunidades para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Durante 1996 más de 200 mil campesinos del sur del país se movilizaron con estos propósitos. La represión a estas marchas ocasionó la muerte de 12 civiles desarmados y decenas de manifestantes y periodistas resultaron gravemente heridos.

La discriminación étnica

La discriminación contra las comunidades indígenas se muestra en los obstáculos que estas tienen para acceder al disfrute de la gran mayoría de los derechos de que goza la población mestiza y blanca. Por ejemplo, solamente el 11.3% de los niños indígenas en edad escolar logra acceder al sistema educativo, cuando la cobertura promedio nacional es del 85%. La tasa de analfabetismo de los indígenas es del 44%, frente al promedio nacional del 13%. El hambre, las epidemias, la falta de tierras cultivables, de agua potable y acceso a la salud siguen diezmando los 82 pueblos indígenas que aún subsisten en el territorio colombiano.

Comunidades como los Kofán, los Guahibo, los Sáliva, los Barí-Motilón y los U’wa han padecido los rigores del impacto de las explotaciones petroleras que se hacen en sus territorios, sin cumplir con los procesos de concertación ni con los procedimientos legales contemplados en las normas para la consulta a las comunidades afectadas. Las organizaciones indígenas han denunciado que las empresas petroleras, mineras y madereras que explotan los recursos de los territorios indígenas han implicado graves efectos en la extinción de las etnias, en la reducción de sus territorios, en violencia, colonización, encarecimiento de la vida, aculturación, contaminación de las aguas, pérdida del bosque, de la caza, la pesca y la recolección, pérdida de tranquilidad e invasión de lo sagrado.

La inequidad se deja ver también en el despojo violento que grandes hacendados hacen de sus tierras: con masacres y asesinatos selectivos la tribu Zenú ha presenciado el exterminio de la casi totalidad de sus dirigentes en el resguardo de San Andrés de Sotavento durante 1996. En Túquerres (Nariño) por idénticos motivos han perdido la vida varios líderes de los Cabildos Indígenas. Al pueblo Emberá Katío del Alto Zinú se le inundarán parte de sus tierras para construir el embalse Urrá-I, sin que medie un proceso de concertación con esta comunidad, y sin que los indígenas sean tenidos en cuenta en la participación de los ingresos percibidos por generación hidroeléctrica con la utilización de sus recursos naturales.

Las Comunidades Afrocolombianas soportan también una grave situación de discriminación étnica. Las comunidades y sitios donde se asienta la población negra son las que soportan la mayor pobreza. El Departamento del Chocó tiene el 90% de población afrocolombiana, de ella el 82% con niveles de necesidades básicas insatisfechas. El índice más alto de mortalidad infantil se encuentra en la Zona Pacífica en la cual está la mayor parte de la población afrocolombiana. De cada mil niños que nacen, mueren 151 antes de cumplir un año de vida. El promedio nacional es de 39 niños. La esperanza de vida en esta zona es de 50 años; en la zona Andina, es de 65 años. La región solo cuenta con un médico por cada 30 mil habitantes y una cama por cada 10 mil. Las condiciones sanitarias son precarias y los servicios de salud son muy escasos. El 79% de las muertes por cólera ocurren en esta zona.

Las tasas de analfabetismo para la población negra superan el 43% para la población rural y el 20% para la población urbana, frente a un promedio nacional de 23.4% para el sector rural y 7.3% para las áreas urbanas.

La situación de vivienda de las comunidades afrocolombianas del Pacífico, algunas poblaciones de la región caribe y los barrios tuguriales negros de las grandes ciudades, presentan hacinamiento en un 80% de ellas, carecen en su mayoría de servicios públicos y son construidas con materiales semipermanentes,. las más de las veces en zonas de inundación periódica.

La discriminación étnica de la población afrocolombiana en las ciudades también es evidente. Los datos de una encuesta sobre población negra en Medellín revelan que el 34.5% de esta población está desempleada, un 52% del total se desempeñan como obreros rasos, el 35.7% de quienes trabajan lo hacen en el servicio doméstico, y un 9% de ellos son trabajadores informales.

Conclusiones

Desde hace 40 años la economía colombiana presenta un crecimiento sostenido. El ingreso per capita ha ido en aumento, se ha ido modernizando la estructura productiva y para la mitad de la población colombiana se ha presentado un incremento en su nivel de vida. Sin embargo, a la par del crecimiento económico ha ido creciendo también la pobreza. Aunque se han experimentado cambios favorables en el nivel de las necesidades básicas insatisfechas, el 55% de los colombianos tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. El aumento de ésta coincide con el aumento en la violencia, y con los niveles de concentración de la riqueza.

Colombia es, a las puertas del siglo XXI un país que no ha podido resolver la integración de sus diferentes sectores sociales hacia una dinámica productiva, moderna y solidaria

Este documento fue elaborado por el autor como un documento institucional de la Corporación Región de Medellín. Para su elaboración se contó con materiales aportados por la Escuela Nacional Sindical, la Comisión Colombiana de Juristas, Viva la Ciudadanía, el Grupo de Apoyo Pedagógico y la Fundación de Apoyo Comunitario, lo mismo que los aportes de los investigadores Julio Enrique Soler, Mauricio Uribe y la colaboración permanente de Fernando Estrado.

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