Uno de los mercados más dinámicos y estables del hemisferio

En la reunión del Banco Mundial de Septiembre de 1996, se presentó a la economía salvadoreña como un caso exitoso de los programas de ajuste estructural, con indicadores macroeconómicos estables y altos grados de apertura de la economíaEl gobierno sostiene que en El Salvador "una fuerte economía de mercado ha favorecido la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y la competitividad...somos uno de los mercados más dinámicos y estables en el hemisferio" En efecto, la economía creció a un ritmo promedio de 6.7% hasta 1995, cuando empezó a declinar el crecimiento; pero este crecimiento no ha beneficiado significativamente a la población ya que existe un constante deterioro de la capacidad adquisitiva, una tendencia al crecimiento de la pobreza, que golpea especialmente a las mujeres, y una creciente concentración de la riqueza, todo lo cual genera más inequidad.

La sociedad civil organizada de El Salvador ha hecho una propuesta pública ante la preocupante situación económico-social que atraviesa el país; un conjunto de 60 ONG dieron a conocer un "Manifiesto a la Nación", en Julio de 1997, para "aportar a las soluciones que demandan los graves problemas" nacionales. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) proponen una Agenda Nacional de Consenso en sus diferentes componentes Jurídico-Políticos, Económicos, y Socio-económicos. Las ONG consideran que se está atravesando por un nuevo escenario post-electoral que "abre nuevas posibilidades para la construcción de un estilo de desarrollo económico y social y de profundización de la democracia".

En Marzo de 1997 se realizaron elecciones parlamentarias y Municipales. La nueva Asamblea Legislativa (1997-2000) tiene una composición pluralista en la que ninguna fuerza política domina el escenario parlamentario, lo que es una novedad en la historia de El Salvador. Además, aproximadamente el 55% de la población está actualmente bajo gobiernos municipales de partidos de oposición, considerados, en general, por las ONG como más proclives a trabajar junto con las comunidades, por lo que las posibilidades de incidencia de las OSC son ahora mayores que nunca.

Dado que los modelos de desarrollo impulsados en el país, han sido incapaces de asegurar una satisfacción mínima de las necesidades básicas de la población son necesarios los aportes de la sociedad civil para construir nuevos estilos de desarrollo. Los efectos de la post-guerra, la pobreza , la precariedad en el empleo y la violencia siguen siendo el círculo vicioso en el que está atrapada la gran mayoría de la población. La situación se agrava debido al constante deterioro del medio ambiente: el 90% de los ríos se encuentran contaminados y el 77% de los suelos está erosionado, sin que las acciones gubernamentales hayan encarado eficazmente esta problemática.

En el Manifiesto a la Nación las ONG hacen un llamado al gobierno para que convoque a corto plazo a un Foro Nacional, que incorpore a las OSC, y tome en cuenta sus temas y propuestas, especialmente para potenciar la equidad de género; se hace, además, un llamado a la sociedad civil para participar más activa y creativamente en la generación de propuestas para enfrentar los problemas del país.

Los laberintos de la información pública La información pública debería ser fácilmente accesible para los y las ciudadanas de un país democrático y los funcionarios facilitar el acceso a ésta ; sin embargo el equipo redactor del informe Control Ciudadano tuvo dificultades para encontrar información actualizada y disponible para la redacción del informe. Desde la disolución del Ministerio de Planificación (1994), la información sobre Desarrollo Social se ha dispersado en diferentes ministerios, sin que aparentemente haya una coordinación adecuada entre ellos; en otros casos, ha habido reducciones presupuestarias, y de personal hasta en un 90%, según informaciones recibidas. Se tuvo que recurrir a cartas y llamadas a funcionarios/as de alto nivel para obtener algunas informaciones básicas; también se pudo constatar serias contradicciones entre algunos indicadores oficiales.

¿Tigre saludable?

En los informes de los organismos financieros internacionales, incluida la CEPAL, la economía salvadoreña ha sido presentada como una de las más dinámicas y vigorosas del hemisferio, llegándose a hablar de uno de los "tigres latinoamericanos".

Después de una década de guerra, crisis y estancamiento la economía salvadoreña creció, en el período 90-95, a un promedio de 6.1% anual, manteniéndose un tipo de cambio estable, incrementando las reservas internacionales y presentando índices de una inflación controlada, abajo del 10%. A mediados de 1995 se inició en la economía una tendencia hacia la recesión (crecimiento de un 3%), con un escaso dinamismo de los sectores productivos.

La estabilidad macroeconómica, sin embargo, depende de factores externos, como son el envío de remesas de los salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, y la inversión extranjera en la maquila, y no de la capacidad del gobierno de diseñar e implementar políticas de estabilización y ajuste económico; las exportaciones no se han convertido en elemento principal de la economía y de la estabilización macroeconómica.

La dimensión económica del monto de las remesas familiares es enorme, se calculan en 1,195 millones en 1995, con un peso en el PBI de un 12.4% en 1995. Las remesas familiares favorecen el consumo familiar, mejoran los ingresos y las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad ; aproximadamente un 15 % de los hogares salvadoreños reciben remesas arriba de los $100 dólares mensuales, casi el valor de un salario mínimo.

En El Salvador no se ha logrado definir sectores estratégicos hacia un incremento sostenido de la producción, el empleo y las exportaciones que permitan sentar las bases propias para la estabilidad macroeconómica y la erradicación de la pobreza.

Gráfico 1

En efecto, más de la mitad de la población salvadoreña, el 52%, continúa viviendo en la pobreza; la pobreza extrema afecta a un 22% y la pobreza relativa a un 30%. (Ver gráfico 1) Esta tasa tuvo un incremento del 4.2% entre 1995 y 1996, creciendo principalmente la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, la tasa de la población rural que vive en pobreza es de un 65%.

A nivel nacional el desempleo es de un 8%, según fuentes gubernamentales, pero instituciones no oficiales estiman que "más de la mitad de la población económicamente activa se debate entre el desempleo abierto y el subempleo". La cantidad de subemplead@s, o los/as que tienen un empleo precario y ganan menos del salario mínimo mensual ($132), ha ido creciendo desde 1990 y actualmente son un 56% de la población de "ocupados", lo cual es un reflejo de "la tendencia de sustituir la ocupación plena por la subocupación".

El sector formal también se ha ido empobreciendo, debido a la cada vez más difícil posibilidad de cubrir la canasta básica de alimentación. Aunque los salarios nominales han ido surgiendo en los últimos años, el poder adquisitivo ha bajado un 18% entre 1990 y 1996. (Gráfico 2)

Lo que crece es la "maquila"

El sector de mayor crecimiento en la economía salvadoreña en los últimos cinco años ha sido "la maquila", que ha venido desplazando a los demás rubros de producción, inclusive el agrícola y el industrial. Esta industria ha crecido a un ritmo del 35 al 60% de 1993 a la fecha, excepto en 1996 cuando creció en un 18.3%; para 1996 el sector representó el 42.76% de las exportaciones totales del país.(Ver gráfico 2)

Las empresas maquiladoras son unidades de producción instaladas en zonas francas o en "recintos fiscales" que procesan y ensamblan productos que deben exportar o reexportar al país de origen o a un tercer país específico.

Gráfico 2

El Gobierno promueve internacionalmente las bondades de la inversión en el sector maquila. Entre los atractivos que los inversionistas pueden encontrar en el país están las exportaciones libres de impuestos, envío irresticto de las ganancias netas obtenidas, excepción de impuestos locales e IVA durante 10 años y salario mínimo semanal de $ 33 dólares.

En el Salvador un 34% de las empresas cuentan con capital coreano, un 30% son de los Estados Unidos y un 8% de Taiwan y China. La inversión salvadoreña es de un 15% únicamente.

Las características de esta industria apuntan hacia una concentración de la industria maquilera en el sector textil (68%), y la mano de obra es predominantemente femenina (78%) con diferentes niveles de educación: la mitad de las trabajadoras tienen entre 6 y 9 años de escolaridad.

La transferencia de capacidad tecnológica es mínima, ya que la industria maquilera establecida en el país es un sector de mero ensamblaje textil basado en las habilidades y destrezas manuales de las mujeres.

Los diferentes niveles educativos de las trabajadoras no diferencian las condiciones de trabajo, ya que los niveles de ingreso están vinculados a las destrezas manuales y las posibilidades de promoción interna son mínimas;  la mayoría de los puestos de dirección en esta industria son ocupados por hombres reproduciendo la situación de discriminación de la mujer.

En este sector se verifican 50,000 empleos para 1996, de los cuales 39,000 son ocupados por mujeres; los/as ocupados/as en la maquila representan para 1996, el 9.27% de la población ocupada en la industria,dado que las mujeres son el 78% de la fuerza laboral en el sector podemos asegurar que las trabajadoras de las maquilas generan un 31% del valor de las exportaciones totales de El Salvador.

El Salvador es el único país de Centro América que no ha ratificado el Convenio 87 de la OIT (Derecho a la Sindicación) ; esto se refleja en el bajo índice de afiliación a sindicatos, especialmente en el sector maquila donde solamente el 1.25% de los/as trabajadores está organizado sindicalmente, es decir 500 personas sobre un total de 50,000. A nivel nacional solamente el 4% de la PEA está afiliada a algún sindicato y por lo tanto, protegido(a) por la negociación colectiva.

El principal atractivo para el establecimiento de empresas extranjeras en el país es la mano de obra barata y abundante, las largas jornadas de trabajo que se imponen y la limitación a los derechos laborales; en general estas empresas pagan el salario mínimo ($ 132 US dólares), pero en algunos casos se han detectado en las cuales las trabajadoras están bajo metas de producción definidas por la empresa, que en caso de no ser alcanzadas, suponen descuentos en el salario mínimo proporcionales a dichas metas.

Una de las características del empleo en este sector es la inexistencia de la contratación colectiva, así como la represión sindical como mecanismo de control patronal sobre el proceso de trabajo

La intención del gobierno de atraer inversión extranjera y crear empleos ha sido parcialmente exitosa, pero basada en la pobreza, la baja calificación profesional requerida, la baja calidad del empleo y la existencia de una abundante mano de obra industrial de reserva.

Los planes de desarrollo El disuelto (1994) Ministerio de Planificación dio a conocer un Plan de Desarrollo Económico y Social 1994-1999, que corresponde al período del actual gobierno, con el objetivo fundamental de "reducir sistemáticamente la pobreza hasta eliminarla, mejorar la calidad de vida de los salvadoreños...y crear un país de oportunidades para todos". Curiosamente, a este plan los funcionarios de gobierno no hacen absolutamente ninguna referencia y sostienen que está vigente "en sus grandes líneas solamente". Se cierra el año sin que se esté ejecutando un Plan de Desarrollo, muchos menos un Plan Nacional para la Erradicación de la Pobreza, como lo estipula la Cumbre de Copenhague; ONG salvadoreñas han instado al gobierno a que establezca mecanismos que permitan una participación amplia, efectiva y constructiva de la sociedad civil.

¿Sin tierra o sin política?

A pesar de los esfuerzos por cambiar la inequidad en la distribución de la tierra, ésta sigue siendo una realidad: "un coeficiente de Gini (de 83) entre los cinco más altos del mundo". Actualmente hay 230,000 personas propietarias de menos de 2 hectáreas, 40,000 con propiedades oscilando entre las 2 y 5 hectáreas, y sólo 4,200 personas con más de 50 hectáreas: todavía hay entre 250,000 y 300,000 personas adultas sin tierra o con cantidades demasiado pequeñas para la producción, los cuales representan un 50% de la fuerza laboral agrícola, contribuyendo a los altos niveles de desempleo y subempleo.

Los programas gubernamentales, que beneficiaron a una minoría de la población rural, no han cambiado a fondo la estructura de la propiedad de la tierra y se carece de una visión de largo plazo y políticas de apoyo a l@s pequeñ@s propietari@s. La reforma agraria de 1980, redistribuyó un 19.7% de la tierra (reduciendo el área de grandes propietarios de 38.7% a 14.8%) fue implementada por motivos políticos y no fue ejecutada en su totalidad. El Programa de Transferencia de Tierra (PTT), ejecutado al final del conflicto armado (1992) como parte de los Acuerdos de Paz, logró una redistribución de un 10% adicional.

Una de las grandes debilidades de los dos programas, fue la falta de equidad entre mujeres y hombres; sólo un 9% de l@s beneficiari@s en la Reforma Agraria eran mujeres, y en el PTT son entre el 25% y el 35%. La propiedad de la tierra sigue siendo dominada por los hombres, obstaculizando así el acceso a crédito de éstas y agravando la dependencia de la mujer salvadoreña.

La problemática de la propiedad de tierra para la población más pobre, quienes dependen en la rentabilidad de la producción agrícola, se aumenta debido a políticas que no favorecen el sector agropecuario. La propiedad determina menos que antes la posibilidad de obtener ganancias a través de la comercialización. La exportación de productos agropecuarios ha disminuido a la mitad de su nivel de hace ocho años, representando sólo un13.4% del PBI en 1996. Esta reducción drástica ha afectado a las personas que reciben sus ingresos del mismo, quienes representan alrededor de un 30% de la población del país. Los ingresos que provienen de la agricultura cubrieron sólo un 63% de la Canasta Básica Alimenticia Familiar y un 13% de la Canasta Básica del Mercado en 1996, lo cual evidencia la clara necesidad de fortalecer este sector como parte de un programa de erradicación de la pobreza.

El gobierno, aparentemente consciente de la problemática, ha hecho un "plan integral de reactivación agropecuario". Dicho plan contempla seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, crédito oportuno y preferente a las actividades agrícolas, suministro de tecnología e información de mercado, y conservación de granos básicos. Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería decreció este año a sólo un 2.1% del Presupuesto de la Nación (de 3.28% en 1995).

Los pequeños productores carecen de los apoyos financieros y técnicos necesarios para lograr ser competitivos a través de una mejor producción y diversificación. Un 90% no recibe asistencia técnica y la falta de legislación sobre la comercialización de productos agropecuarios les representa aún más dificultades. La falta de acceso a crédito contribuye a un circulo vicioso que no permite la diversificación y una mejoría de la producción para los pequeños productores. Son los sectores de mayor crecimiento, el financiero y comercial, los que reciben la mayoría del crédito bancario, recibiendo el sector agropecuario sólo una fracción (11% en 1996).

Partiendo de esta realidad política y económica, se puede afirmar que la propiedad de la tierra para pequeños/as propietarios/as ha pasado de ser una fuente de ingresos a una economía de mera sobrevivencia. Debido a la alta densidad poblacional del país, con un crecimiento de un 2.2 % anual, las 0.85 hectáreas disponibles por persona en 1995 bajarán en un 60% para el año 2010. La falta de tierra, además de ser una causa del desempleo, pasará a ser una de las principales causas de desnutrición.

El empoderamiento de las mujeres

En el entendido de que la equidad de género consiste en dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano, en el reconocimiento de la diversidad y el cuestionamiento del desequilibrio en las relaciones de poder, se puede decir que en El Salvador se han dado algunos avances al respecto.

Gráfico 3

La acción de las mujeres ha conseguido modificar el porcentaje de las parlamentarias que para 1994 era de 10.7%, y ahora es del 16.6%. A su vez, de los alcaldes y alcaldesas elegid@s, el 8.4% son mujeres (Ver gráfico 3), estos cambios han sido posibles en parte, debido a que varios organismos de mujeres hicieron campaña a favor de las candidatas. La representación femenina es mayor en la oposición: actualmente, del total de 14 diputadas, 9 pertenecen al partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una al Partido de Liberación Democrática (PLD) y 4 a la gobernante, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

En varios municipios, grupos de mujeres propusieron y apoyaron a las candidatas para los concejos municipales y realizaron actividades de proselitismo y difusión sobre la base de un programa político centrado en sus demandas. No obstante, los porcentajes obtenidos en las últimas elecciones están por debajo de las cuotas paritarias; pese a que en la actualidad las mujeres representan el 53.24% de la población, fueron sólo un 47% de l@s votantes. Se plantea como un reto el desarrollo de una ciudadanía activa que contribuya al cambio de la actual forma de ejercicio político y que haga realidad el concepto de democracia; en este esfuerzo se enmarca la construcción de agendas autónomas que demandan el goce de una ciudadanía plena y los esfuerzos de elaboración de plataformas en el ámbito municipal, desde los distintos organismos de mujeres.

En el ámbito económico, las mujeres son el 37% de la PEA. Las mujeres y hombres que se insertan al mercado laboral desde muy temprana edad, provienen en su mayoría, de familias en donde los ingresos van entre los $ 1.7 y 2.3 dólares diarios, por lo que su fuerza laboral pasa a engrosar el sector informal en donde la actividad genera ingresos inestables y la seguridad social es nula. El porcentaje de niñas de entre 10 y 14 años que se inserta al sector informal es del 60.8% aproximadamente, mientras que en este rango de edad, el porcentaje de niños es del 39.2%. En el sector informal, el ingreso promedio es de $ 172 dólares para las mujeres, y $ 244, para los hombres, aproximadamente mientras que en el sector formal, perciben un ingreso promedio de $ 277 y $ 356 dólares respectivamente.

Las organizaciones de mujeres han hecho numerosos esfuerzos para erradicar la violencia contra la mujer y que se visualice como un problema público y no del ámbito privado. Pese a ello y a la promulgación de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, el 84% de los casos reportados de violencia intrafamiliar durante 1996, corresponde a mujeres y niñas. En el primer trimestre de 1997, el número de estos se ha incrementado considerablemente y de continuar esta tendencia, los casos podrían incrementarse en un 460% para 1997. Se puede afirmar que debido a la sensibilización sobre el tema de violencia, hay ahora más mujeres que denuncian, o bien, que la violencia hacia las mujeres y las niñas ha aumentado.

La aplicación de la Ley Contra la Violencia se ve obstaculizada por las dificultades procesales y la actitud frente a las víctimas de los jueces y juezas encargad@s de administrar la justicia. A partir de una iniciativa del movimiento de mujeres, la Corte Suprema de Justicia, realizó un diagnóstico sobre la aplicabilidad de la ley, que dio como resultado la necesidad de realizar talleres sobre la misma. Por ejemplo, los castigos para los violadores son menores que los que tendrán las mismas mujeres, en el caso de provocar la interrupción del embarazo, ya que la Asamblea Legislativa (período 1994-1997) derogó el artículo del Código Penal que contemplaba las excepciones en las cuales el aborto no era punible (eugenésico, terapéutico y por violación).

El nuevo Código Penal que entrará en vigencia en Enero de 1998, castiga todo tipo de aborto, con 2 a 8 años de cárcel, aún cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, excepto cuando accidentalmente la madre provoque dicha acción. Las organizaciones de mujeres, presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas al proyecto del Código Penal, pero sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.

Lo anterior agrava la condición de salud de las mujeres y legitima la clandestinidad de las clínicas en donde se practican los abortos, que en muchos casos la condena a una muerte prematura. Visto como un problema de salud pública es un tema que le compete al Estado. El actual código Penal no contempla los derechos ciudadanos de las mujeres violadas y las castiga aún más obligándolas a seguir adelante con el producto de una violación.

¿ Una nueva educación para una nueva economía?

La reforma educativa, iniciada en 1995, pretende mejorar la calidad educativa, aumentar la equidad y eficiencia, ampliar la cobertura, descentralizar los servicios y manejo de recursos, y fortalecer los valores morales. La mayoría del financiamiento para ésta ha venido de préstamos externos (Banco Mundial, BM, y el BID) y, en parte, a través de donaciones internacionales. El programa EDUCO tiene como objetivo ampliar la cobertura educativa, y ha brindado acceso a unos 190,000 niñ@s más, especialmente del nivel parvulario. EDUCO es el modelo para la descentralización que se está implementando en el sistema público educativo, a través de los "Consejos Directivos Escolares". Se pretende involucrar a madres y padres de familias, maestr@s, y estudiantes en las decisiones, así como también en el manejo de recursos de los centros educativos. El programa ha sido financiado por el BM, aunque los gastos del mismo han sido absorbidos poco a poco por el Ministerio de Educación. El impacto, tanto del modelo de descentralización como el de mejoramiento de la calidad educativa aún no ha sido determinado, dado que tiene muy poco tiempo de haberse iniciado.

Gráfico 4

La pobreza es el factor que más obstaculiza la asistencia y causa la deserción (un 6% para educación básica), tanto de las niñas que tienen la responsabilidad de los oficios domésticos, como de los varones que se desempeñan en el trabajo agrícola y otras actividades de sobrevivencia económica. Según registros de la OIT, hay actualmente 311,000 niñ@s trabajando. Este año el gobierno ha aprobado un programa para erradicar el trabajo infantil, mostrando un reconocimiento de esta problemática. Aunque los registros muestran iguales niveles de matriculación de niños y niñas, algunos estudios reflejan que son las niñas las más afectadas por la pobreza: de la población de niñas y niños que no asisten a la escuela, un 71% de ellas no asisten por razones de trabajo, falta de recursos, y tareas del hogar mientras que esto es un 62% para los niños.

La pobreza forma parte de un círculo vicioso junto con la falta de educación;  los que han terminado educación básica tienen ingresos tres veces más altos que las personas sin educación. Las personas con tres o menos años de estudio representan la mitad de la población (ver gráfico 4), y los ingresos que obtienen no permiten cubrir la canasta básica alimentaria (un promedio de $130.00). La canasta básica para una familia de 4.2 personas, (lo cual contempla alimentos, vivienda, salud, educación, vestuario y transporte) es de aproximadamente $520.00, y es poca la población que obtiene ingresos para cubrirla. Según registros, las personas que pueden cubrir la canasta básica de mercado son generalmente hombres con 13 o más años de escolaridad. Esto significa que para cubrir la canasta básica familiar se necesitan dos salarios de dos personas con más de 10 años de escolaridad Las personas que tienen menos de 3 años de estudio sólo puede cubrir un 27% de esta canasta básica. El trabajo más común para las personas que no tienen educación es la agricultura, un sector olvidado por el gobierno y que se vuelve menos competitivo cada año.

El Salvador es uno de los países con una de las inversiones educativas per capita más bajas del mundo. Cinco años después del conflicto armado la inversión en educación es de un 2.38%. En 1995, un 14.1% del presupuesto del gobierno central fue destinado hacia la educación, mientras que un 15% fue destinado hacia Defensa y Seguridad Pública. Para 1996, hubo una pequeña mejoría, representando un 16% del presupuesto nacional. En parte este aumento ha sido posible a través de préstamos externos, que representan el 11% del presupuesto total para 1997.

No es sólo el aumento del presupuesto, sino además la eficiencia de la distribución de los fondos, la que hará la diferencia en calidad: el funcionamiento absorbe un 95%, mientras que la cantidad que llega como beneficio directo a l@s alumn@s, en inversión, es menos del 1% del presupuesto. Además, las limitaciones presupuestarias no permiten capacitación y remuneración adecuada para l@s maestr@s.

Gráfico 5

A diferencia de los otros países de Centro América, la mayoría del presupuesto en educación (63.3% en 1992) va dirigido hacia la educación primaria, permitiendo una mayor matriculación en este nivel, la cual disminuye drásticamente para secundaria. (ver gráfico 5). En 1997, la matriculación a nivel básico ha sido de un 85%, mientras la matriculación al nivel medio es de un 34%. A nivel de parvularia, las tasas siguen siendo muy bajas (38%). Aunque no hay un estudio profundo y reciente sobre el acceso a las escuelas públicas, según el Ministerio de Educación, un 20% de los cantones no cuentan con escuelas, y la mayoría no tienen ni educación inicial o un mayor grado que el sexto.

La tasa de analfabetismo actualmente es alrededor de 23%, para la población mayor de 10 años de edad. La tasa de analfabetismo ha bajado un 1% anualmente, la cual está por debajo de las expectativas gubernamentales. Para llegar al nivel de alfabetismo acordado en la Cumbre de Copenhague para el año 2000, además de asumir los costos del programa, el gobierno tendría que implementar mecanismos para asegurar calidad en los procesos y acompañarlos con programas de inserción en la fuerza laboral.

Salud vs. Defensa

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPYAS) los indicadores del programa de Salud Reproductiva para 1990 y 1996 reflejan lo siguiente:

INDICADOR	1990	1993	1996
Cobertura de Atención Prenatal (%)	27,9	45,9	55,0
Parto por Personal Capacitado (%)	41,1	53,9	64,5
Tasa de Mortalidad Materna, Por 100,000 Nacidos Vivos (Intrahospitalaria)	109	115 (300)	68
Citología Cérvico-vaginal (%)	S/d	S/d	13,6
Cobertura de Planificación Familiar (%)	S/d	S/d	8,5
Tasa Global de Fecundidad (%)	S/d	4	4

Fuente: Estadísticas de salud del MSPYAS de 1990-1996 (Datos ajustados a población y según Censo 1992).

Los programas de salud tienen limitantes tanto en acceso como en cobertura y uno de los principales problemas se verifica en el área de salud reproductiva que muestra indicadores inquietantes; La mortalidad materna intrahospitalaria es de 68 por 100,000 nacidos vivos, cifra que no refleja el verdadero problema por no incluir la mortalidad domiciliar; si a esto le agregamos las defunciones maternas, no registradas, estamos ante un verdadero problema de salud pública.

Al mismo tiempo, hay importantes diferencias entre las estadísticas nacionales y las que proporcionan otros organismos, como PNUD. De acuerdo a éste, la mortalidad Materna para 1993 es de 300 por 100.000, pero el MSPYAS cita para ese mismo año 115 sobre 100.000, índices similares a los de Argentina.

La cobertura de métodos anticonceptivos modernos es muy limitada (un 8.5%), lo que implica alto riesgo para la salud de las mujeres, que no espacian sus embarazos y evidencian una alta tasa de fecundidad (4 hijos por mujer).

Informar y educar paralelamente a la población sobre el uso de los anticonceptivos, es necesario para aumentar la cobertura del uso de los anticonceptivos y no solamente la distribución como se hace actualmente (sin asegurar acceso "real" a los mismos). La entrega de servicios de Planificación Familiar debe incorporar la participación activa de la comunidad, enfatizando su papel hacia una paternidad y una maternidad responsable

Estos programas no incluyen la atención específica de los hombres, quienes tienen responsabilidad en el comportamiento sexual y reproductivo. Estos programas estarán más acordes a la realidad si se identifica cual es la relación entre el género masculino, la salud y la maternidad. En este contexto el problema de los géneros versus salud reproductiva no puede reducirse a la identificación de la mujer como la conductora y la responsable de la salud reproductiva.

El goce de la salud es uno de los grandes retos para la gestión de la actual administración presidencial y para estar en sintonía con el proceso de reforma de ese sector en el ámbito latinoamericano. El Ministerio de Salud ha manifestado que antes de realizar la reforma del sector salud iniciará un proceso de modernización del sector. Desarrollar los servicios de salud, facilitar el acceso a toda la población salvadoreña y lo fundamental mejorar las condiciones de vida de manera tal que se supere la pobreza, verdadera y fundamental causa de insalubridad en nuestro país es el reto que debe enfrentar la reforma de la salud.

El agua potable en 1996 alcanzaba una cobertura de 55%. Es decir que esta condición cubre a 1 de cada 2 familias; con el agravante que resulta cada vez más difícil extraer agua potable debido a la contaminación, por lo que resulta un privilegio el acceso a ella. También el sistema de eliminación de excretas experimenta una baja cobertura para 1996, (81%), a pesar de existir una amplia gama de formas de eliminación de excretas: de cada 5 familias 1 deposita sus excretas al aire libre. Con todo esto planteado no existe un plan en el ámbito nacional, ni local para mejorar estas condiciones; la mejora en el agua potable y del saneamiento básico es una condición política y depende básicamente de la " voluntad política".

La discusión sobre la salud en el conjunto de prioridades sociales, se refiere obligatoriamente al ámbito económico; si es inversión estaría justificado priorizarla relativamente alto, si es gasto improductivo, descendería rápidamente en la lista de prioridades: ¿Qué inversión en salud es rentable? y ¿ en la salud de quién es justificado invertir?

El monto del presupuesto total de la nación de 1997 dedicado a salud es de $ 151,123.8 millones de dólares, que corresponde al 8.6 % de presupuesto total; esta unidad mantuvo la misma asignación de 1996.

Lo que merece especial atención del gasto público es el rubro de Defensa Nacional, que a pesar de haber visto reducida su participación porcentual en el presupuesto, todavía representa una parte considerable de éste como lo muestra el gráfico 6.

Gráfico 6

En términos comparativos la asignación para Defensa Nacional es de un 5.8% y el presupuesto de Seguridad Pública un 9.1%, ambos porcentajes abarcan un 15.1%, por lo que invertir en salud aparentemente no forma parte de las prioridades en el presupuesto general de la nación para el gobierno actual.

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* Salud Pública en Cifras, 1989, MSPYAS, Unidad de Estadística de Salud.

* Memoria 95-96 " SU SALUD PRIMERO ",MSPYAS

*EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA EN EL SALVADOR, 1er. INFORME, DICIEMBRE DE 1996.PNUD.

*POLITICA NACIONAL DE LA MUJER , ISDEMU, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DICIEMBRE DE 1996.

*ACTUALIDAD ECONOMICA, NOTAS EN TORNO AL PRESUPUESTO GENERAL 1997, FUNDE, NOVIEMBRE DE 1996.

Entrevistas con:

Personal del Ministerio de Educación en los área de Investigación y Evaluación, Estadísticas, Decentralización y Supervisión.

Personal de Academy for Educational Development, Proyecto SABE.

Coordinador del Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos de El Salvador (PAEBA).

Miembros de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE).

Representante del movimiento de mujeres en la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)

Especialistas en Violencia, Educación y Proyección Institucional, Las Dignas.