Las tareas pendientes
La transición hacia una economía abierta podría cambiar la tendencia mantenida de reducción en los niveles de pobreza del país.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples muestra que entre 1987 y 1992 la proporción de hogares pobres se mantuvo relativamente constante en alrededor de 29%.
Entre 1993 y 1996 este índice bajó a 21%, con un 23,2% al inicio del período y un 21,6% al cierre del mismo.
Durante los ocho años en que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Costa Rica fue catalogada como un país con alto nivel de desarrollo.
El PNUD ha incluido por primera vez en el informe de desarrollo humano un Índice de Pobreza Humana (IPH), en el cual aparece en el 5º lugar entre 78 naciones en desarrollo analizadas y en 4º lugar en América Latina.
"El nivel de pobreza de Costa Rica es el más bajo de América Latina y evidencia que los años de ajuste no han afectado esta situación", comentó el asesor del ministro de Planificación, Paulo Sauma.
Miguel Gutiérrez, coordinador del proyecto Estado de la Nación, que anualmente mide el desarrollo humano, confirma que no decayó el esfuerzo del gobierno en la lucha contra la pobreza pero que el magro desempeño económico y los problemas del mercado de trabajo deterioraron la calidad de vida de los pobres.
Los indicadores más recientes muestran que se redujo la tasa de crecimiento y que el mercado laboral se ha estancado o empeorado, tanto por el crecimiento de la tasa de desempleo como por el deterioro en la calidad del empleo y la reducción de los ingresos.
Durante 1996, aumentaron el subempleo y el desempleo abierto al perderse 23.000 puestos de trabajo y la tasa de subutilización de la fuerza laboral alcanzó 14%.
Por segundo año consecutivo, en 1996 la tasa de desempleo abierto se situó en 6,2%, la más alta de la presente década, lo que significa casi 76.000 personas desempleadas, 12.000 más que el año anterior.
Para Gutiérrez, estos guarismos indican que la transición hacia una economía más abierta tiene efectos excluyentes para importantes sectores de la población.
El efecto se agrava en las zonas rurales y en las mujeres, lo que tiende a ampliar las brechas sociales, que tienen carácter estructural, según Gutiérrez.
El desempleo afecta más a quienes tienen menor nivel de instrucción, destacan los sondeos, que indican que 57% de los desempleados no posee ningún grado de instrucción o tiene la educación primaria completa o incompleta.
Tan sólo 9,7% de los desempleados ha recibido educación parauniversitaria y universitaria. "El mercado laboral exige más a la gente para más remuneración", señaló Gutiérrez.
En Costa Rica aún persisten importantes desequilibrios entre la población urbana y rural y entre la región central y el resto del país.
Las peores condiciones de vida se encuentran en cantones cercanos a las costas o a las fronteras y en aquellos más dependientes de la producción agrícola para el mercado interno, en especial de granos básicos como maíz y frijol.
Olga Goldenberg, ex directora del departamento de Defensa del Desarrollo Humano de la Defensoría de los Habitantes, opinó que el proceso de apertura y globalización ha afectado al grueso de la población.
"Muy pocos se han visto beneficiados. Hay una brecha cada vez mayor entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco y se ha incrementado la desintegración y la inequidad", aseguró.
A pesar de que se han desarrollado programas públicos en la sociedad civil y en las comunidades para favorecer la participación de la mujer en el desarrollo, algunos indicadores permiten ver los contrastes y la persistencia de desigualdades sociales y de género.
Las más claras disparidades según los indicadores actuales se encuentran en el mercado laboral: las mujeres obtienen remuneraciones menores y las tasas de subempleo y desempleo son mayores entre ellas que entre los hombres.
Para el período 1990-1995, mientras 3,7% de los hombres estaba desempleado, en las mujeres ese índice se ubicaba en 8,6%. Esta situación incide en las condiciones de vida familiares puesto que uno de cada cuatro hogares pobres tiene como jefa a una mujer.
Un aspecto positivo en la lucha contra la pobreza desde la firma del Plan de Acción de la Cumbre Social de Copenhague lo constituye el cambio de metodología utilizado para estimar la pobreza.
El cambio consiste en la actualización de la canasta básica alimentaria que satisface las necesidades mínimas nutricionales de un individuo.
Sauma explicó que la nueva canasta básica es más costosa, contiene más artículos y tiene más contenido calórico. Además, se duplicó el porcentaje de gastos no alimentarios (de 57% a 10 %) considerados para la medición.
En materia de equidad e integración social, 1996 mostró una tendencia positiva en el ámbito de las políticas públicas que sin embargo se vio neutralizada por la incapacidad de la economía para ofrecer nuevas oportunidades y por el deterioro en el panorama laboral.
En 1996, la inversión social siguió creciendo en términos reales, tanto total como per capita, y se fortalecieron programas sociales en educación, salud, vivienda y seguridad social. En 1995, esos indicadores no habían sido favorables.
La tasa de crecimiento anual de la inversión social per capita fue de 2,6% para el período 1990-1995, mientras que en 1996 aumentó a 4,2%.
La inversión pública mediante programas sociales es un mecanismo redistributivo que permite a las personas acceder a los servicios públicos pero que a su vez se convierte en un mecanismo de integración, ya que "potencia el ascenso social mediante la prestación de servicios de calidad", explicó Gutiérrez.
Para Goldenberg, el país no está realizando una verdadera inversión social que lleve a un desarrollo sostenible. "Estamos resolviendo la coyuntura inmediata pero no pensando en el futuro", afirmó.
En este sentido, Sauma resaltó que si bien la asistencia mediante bonos y regalías es necesaria y se lleva a cabo, los programas del gobierno contra la pobreza también la combinan con acciones encaminadas a un desarrollo social sustentable.
"Por ejemplo, a las mujeres jefas de hogar no sólo les damos un cheque sino también capacitación", dijo.
Los principales resultados de esta inversión social se han encontrado en los dos sectores de mejor desempeño histórico: educación y salud.
Expertos consultados por IPS coinciden en que la educación continúa siendo un importante mecanismo de movilidad social ascendente. Durante el período 1990-1995 la tasa de crecimiento anual de la inversión en educación per capita fue de 3,3% y en 1996 de 6,1%.
Se ha incrementado la cobertura educativa en todos los niveles, concentrando esfuerzos en las áreas rurales y urbano-marginales. También es significativo el desarrollo del programa de informática escolar y de la enseñanza de un segundo idioma.
Sin embargo, existen problemas de calidad, especialmente en la educación pública.
"La cobertura de la educación es un problema, pues cada vez más estudiantes dejan de asistir a los centros educativos, sobre todo los del sector rural", afirmó Sauma.
En materia de salud, el país presenta indicadores comparables a los de los países desarrollados y el aparato estatal se plantea reformas que tienden a aumentar su eficiencia.
Durante el período 1990-1995 la tasa de crecimiento anual de la inversión en salud per capita fue de 2% y en 1996 se situó en 1,4%.
La atención en salud es para toda la población, sea o no asegurada y sin diferencias en el tipo de servicios, con excepción del pago de incapacidades.
Los indicadores tradicionales utilizados para medir la situación de salud continuaron mejorando lentamente, con tendencia al estancamiento.
La esperanza de vida se ha mantenido en 76,3 años desde 1990, mientras que la tasa de mortalidad infantil ha sido de alrededor de 13 por cada mil nacidos vivos en los últimos cinco años.
Respecto a la vivienda, Gutiérrez manifestó que las políticas sociales han perdido dinamismo y se adaptan cada vez menos a las necesidades reales de la población.
"Hoy resulta más difícil para las familias jóvenes adquirir una vivienda y, para quienes ya la tienen, repararla o ampliarla", dijo.
La participación ciudadana en los programas que buscan atenuar o erradicar la pobreza y las fuentes de desigualdad constituye uno de los campos donde, a juicio de los expertos, todavía queda mucho por hacer.
Gutiérrez afirmó que es escasa la incidencia que tienen los diferentes sectores, con excepción de las cámaras del sector de la construcción, en la elaboración de políticas públicas.
"Los mecanismos de participación no se materializan en éxito para las reivindicaciones de los diferentes sectores", dijo. Sauma coincidió al sostener que a pesar de que hubo exitosos proyectos destinados a aumentar la participación no han sido numerosos.
Goldenberg fue más enfática al asegurar que Costa Rica está frente a una fuerte crisis de ciudadanía en la cual el paternalismo estatal niega a los ciudadanos el derecho a tomar decisiones.
"Estamos frente a una especie de ciudadanía subsidiada con bonos y regalías", manifestó.
