El más pobre de los ricos

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el vicepresidente Al Gore sugirió que las políticas macroeconómicas y de desarrollo social de Estados Unidos son «modelos» que vale la pena exportar al resto del mundo. Anunció la creación de la Nueva Iniciativa de Sociedades (NPI) del organismo Ayuda Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USDA), para exportar la política estadounidense de desarrollo social a los países en desarrollo, y declaró que las bases de la NPI serán el »libre mercado y la iniciativa individual».

El presidente Bill Clinton, al comentar el informe de la Oficina del Censo sobre ingreso y pobreza en 1998, reiteró el consenso oficial de Estados Unidos de que el crecimiento económico basado en el «libre mercado» conduce al desarrollo social. El presidente sostuvo que el informe «muestra que el crecimiento económico sigue elevando el ingreso, saca a millones de la pobreza y extiende las oportunidades. También muestra que tenemos más cosas que hacer».2 Si bien los redactores de titulares y editoriales se plegaron a la opinión general de que «el notable desempeño de la economía» alivió la pobreza,3 nuestro análisis de otras cifras de la Oficina del Censo revela lo poco que se ha hecho para lo mucho que hay que hacer en materia de erradicación de la pobreza y la desigualdad en el país.

Erradicación de la pobreza

Como aclara este informe, el «auge» económico descrito en una carta del 16 de setiembre, dirigida al presidente Clinton por The Business Roundtable («una asociación de ejecutivos que se comprometen a mejorar la política pública»),4 prácticamente no benefició a la casi tercera parte de la población que se encontraba por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza federal ese año.

En lo que respecta a la incidencia de la pobreza, Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar entre los países industrializados, según el último Informe de Desarrollo Humano de la ONU.

¿Por qué el «auge» de la economía hizo tan poco para reducir la pobreza y mejorar los indicadores de desarrollo humano en Estados Unidos? En primer lugar, consideremos la relación entre los salarios, la baja tasa oficial de desempleo (no superior al 5% en los últimos 13 meses) y la inflación anual promedio de 2,6% de los últimos tres años. El salario real subió 4,3% entre enero de 1993 y enero de 1998 (esta cifra excluye a los trabajadores agrícolas, cuyos sueldos por debajo del salario mínimo nacional reducen el incremento general del salario). Este incremento mediocre no se compara, sin embargo, con el salario real de 1973, cuando la tasa oficial de desempleo era tan baja como en la actualidad. En enero de 1973, el salario real promedio era 22,6% más alto que en enero de 1998. El leve incremento salarial experimentado durante el gobierno de Clinton no provocó inflación, porque la distribución de ese aumento estuvo drásticamente inclinada hacia los hogares más adinerados –el 5% del total–, que perciben ingresos 23 veces mayores que los hogares más pobres –el 20% del total.5

Estados Unidos sigue teniendo el grado más elevado de desigualdad en el ingreso de los países industrializados, con el 49% del ingreso nacional destinado al 20% de la población en 1996.6 La acumulación de la riqueza por un pequeño segmento de la población no tuvo como resultado el incremento general del gasto que lleva a aumentar la inflación. La economía estadounidense tuvo un «notable desempeño» al crear empleos cuya muy desigual distribución del ingreso no desató la inflación que perjudica la acumulación de la riqueza.

El leve aumento salarial y la baja tasa oficial de desocupación no lograron reducir en gran medida la pobreza. El 24 de setiembre, la Encuesta de Población Actual (CPS) de la Oficina del Censo reveló que «la cantidad de personas pobres en Estados Unidos en 1997 ascendía a 35,6 millones, sin cambios estadísticos desde 1996», aunque la pobreza descendió del 13,7% de la población en 1996 al 13,3% en 1997 (con un margen de error de muestreo de aproximadamente 0,3%).7 Las cifras de la CPS brindan un panorama estático de la pobreza según un promedio anual.

Más adecuada para retratar la lucha más estadísticamente significativa de quienes caen y salen de la pobreza en un año determinado es la Encuesta de la Oficina del Censo sobre Ingresos y Programas de Participación (SIPP). El análisis más reciente de los datos de la SIPP, correspondientes a 1993 y 1994, revela que el 22,3% de los residentes estadounidenses cae por debajo de la línea federal de pobreza durante dos o más meses, lo que genera una tasa promedio mensual de pobreza del 15,7%. En ese lapso, las cifras de la SIPP muestran que «el 30% de la población estadounidense padeció la pobreza al menos durante dos meses, pero sólo el 5% cayó en la pobreza por un lapso de 24 meses», siendo que el lapso promedio fue de 4,5 meses.8 Dicho análisis concluye que «en 1994, el 32,4% de los niños fueron pobres al menos durante dos meses, comparado con el 18,1% de los adultos entre 18 y 64 años y el 13,5% de los mayores de 65 años. En 1994, la tasa de pobreza fue del 40,2% de los negros y del 41,8% de los hispanos».9

Los estudios de la SIPP sobre otros indicadores de desarrollo social reflejan luchas similares para satisfacer las necesidades humanas básicas. Un estudio sobre seguros médicos realizado entre 1993 y 1996 concluyó que «cerca del 29% de la población (71,5 millones de personas) no tenía seguro médico al menos durante un mes» y que «un tercio de los niños no tuvieron seguro médico al menos durante un mes».10 Una explicación para entender por qué los que sobreviven con un ingreso poco superior al de la línea de pobreza definida por el gobierno no pueden pagar esas necesidades básicas –como la atención médica– es la diferencia entre lo que se necesita para cubrir dichas necesidades y lo que el gobierno federal define como pobreza. La definición federal de «pobreza» se basa en investigaciones realizadas en 1963 y 1964, revisadas por última vez en 1981.11

En 1994, los estadounidenses que respondieron a la pregunta «¿Cuánto es lo mínimo que una familia de cuatro integrantes necesita para subsistir?» calcularon que la suma ascendía a 25 mil dólares. Con esa cantidad, las familias podrían pagar un presupuesto económico de comida, alquilar un apartamento de bajo costo, mantener un automóvil de 10 años de antigüedad y pagar otras necesidades básicas. No habría dinero para emergencias, para contratar una niñera, para ahorrar, para actividades extras, para diversión o vacaciones.12 El presupuesto mínimo de 25 mil dólares citado en la encuesta se distingue del umbral oficial promedio de pobreza, situado en 15.141 dólares para una familia de cuatro integrantes en 1994 y en 16.400 dólares en 1997.13

En vez de modificar el umbral federal de pobreza –bajo y poco realista– y las políticas que generan esa definición, la política del gobierno ha hecho que se redujera la ayuda a quienes viven con ingresos por debajo o apenas por encima del umbral de pobreza. El 22 de agosto de 1996, el presidente Clinton firmó la «Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996» (más conocida como Ley de la Reforma de la Seguridad Social). Irónicamente, los programas de reforma de la asistencia social quieren ayudar a los habitantes del país a satisfacer sus necesidades básicas restringiendo la comida, el dinero y la atención médica, y ofreciendo incentivos para alentar a los destinatarios de la ayuda a cambiar «asistencia social» por «trabajo».

En setiembre de 1998, el gobierno elogió la reducción en 3,8 millones del número de casos de ayuda para alimentos, dinero y atención médica.14 Lo que el informe nacional no indicó es que los gobiernos de los estados que implementaron la legislación de reforma de la asistencia federal con frecuencia exigieron a sus organismos que redujeran por todos los medios necesarios el número de casos de asistencia social o que fueran sustituidos por una compañía privada que recortaría el número de receptores de la ayuda. Por ejemplo, en Wisconsin, la reducción exigida en el plazo de un año fue de 25%.15 Según un informe publicado en el Washington Post en marzo de 1998, las estadísticas federales revelaron que el 38% de los que ya no recibían la asistencia social fueron descalificados como receptores por infracciones tales como «no asistir a una entrevista o no llenar un formulario de la manera adecuada».16

El gobierno sostuvo que, como resultado de su política de desarrollo social, 1,7 millones de receptores de la ayuda en 1996 «estaban trabajando en marzo de 1997». Lo que no señaló este informe fue si los que tenían trabajo ganaban lo suficiente como para no necesitar más la ayuda. Tampoco se mencionó qué ocurrió con los que no encontraron trabajo entre los 3,8 millones de casos que dejaron de recibir la ayuda. Hasta agosto de 1997 había solamente un estudio nacional, realizado por el Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia, que analizaba las causas de la reducción del número de receptores de la ayuda. El estudio atribuyó la reducción de 44% de los casos a la «mejoría» económica mencionada anteriormente, 33% a la «reforma de la asistencia social» y 25% a «causas desconocidas».17 No se conocen estudios nacionales que analicen la suerte de los que fueron eliminados de los programas de asistencia.

El gobierno no quiso hacer pública, en una conferencia de la Casa Blanca, la reducción del número de participantes en los programas «Bono Alimentación». En julio de 1998, el Departamento de Agricultura anunció que, entre mayo de 1997 y mayo de 1998, la cantidad de personas que los recibían bajó a 22,5 millones – una reducción de tres millones.18 El gobierno aún no estudió si las personas eliminadas de los programas de asistencia alimentaria lograron al fin obtener una alimentación adecuada.

La relación entre la reducción del número de receptores de bonos y la cantidad de residentes que padecían hambre antes de la reforma de la asistencia social también merece ser estudiada. Según un informe publicado en setiembre de 1997 por la Oficina del Censo y la USDA, basado en datos obtenidos en una encuesta de 1995, cerca de 11,2 millones de habitantes que viven en 4,2 millones de hogares (el 4,1% de los hogares del país) experimentaron hambre moderada o severa durante uno o más meses del año anterior. De ese total, 4,2 millones de niños, que viven en aproximadamente 2 millones de hogares, padecieron hambre.19

Dicha encuesta informó que, antes de la reducción de la asistencia alimentaria establecida por la reforma de la asistencia social, otros 23,5 millones gozaban de cierto grado de suficiencia alimentaria. La encuesta de la Oficina del Censo y la USDA se basó en una investigación realizada en 1995 por el Centro de Investigación y Acción de la Alimentación, que calculó que el 29% de los niños menores de 12 años procedían de familias que padecieron hambre y/o insuficiencia alimentaria durante uno o más meses del año anterior.20

¿Y la equidad de género?²¹

El gobierno de Estados Unidos aún no cumplió el compromiso asumido en la Cumbre Social, de lograr la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres.22 En 1996, por cada dólar que ganaron los hombres, las mujeres ganaron 74 centavos. La cifra es aun menor para las minorías raciales: las mujeres afro–estadounidenses recibían 63 centavos y las hispanas 56.23 En 1996, sólo el 1,5% de las licitaciones del gobierno federal (por un valor de 180.000 millones de dólares) se otorgó a empresas de mujeres.24

Las mujeres en Estados Unidos también padecen discriminación en el ámbito de la atención médica. Las que están en edad de tener hijos (entre los 15 y los 44 años) pagan 68% más que los hombres de la misma edad, por costos de atención médica que no se incluyen en el seguro de salud.25

Controlando a los controladores

En la medida en que la información de la Oficina del Censo no confirmó las promesas de mejoría del desarrollo social a través del crecimiento económico o de la reforma de la asistencia social, quizá no sea de sorprender que la Oficina también sea objeto de «reformas». La capacidad del gobierno para demostrar que avanzó en el cumplimiento de algunos de los compromisos asumidos en la Cumbre Social se vio comprometida el 5 de agosto de 1998, cuando la Cámara de Representantes votó –por 227 contra 201 legisladores– en contra de la financiación plena de la Oficina durante el próximo año fiscal. La votación fue estrictamente partidaria y ganó la mayoría republicana.26

La derrota experimentada en la Cámara de Representantes es un síntoma de disputa política. Los dirigentes del Partido Republicano argumentaron que las técnicas de muestreo y extrapolación, utilizadas para los hogares que no se incluyeron en las encuestas realizadas casa por casa, permitirían al Partido Demócrata manipular la base de población utilizada para delimitar las circunscripciones electorales. Mientras el presidente de la Cámara Baja, el republicano Newt Gingrich, descartó a los «ciudadanos virtuales» contabilizados por las técnicas de muestreo, el líder del Partido Demócrata de la Cámara, Richard Gephardt, declaró que la batalla por el censo era «el gran tema de derechos civiles en la actualidad».27

La resolución de la controversia sobre la financiación de la Oficina del Censo y las técnicas que utiliza tiene consecuencias que van más allá de las meramente electorales. Si la Oficina del Censo no cuenta con la financiación adecuada y la ley le impide utilizar las técnicas modernas de muestreo de población, entonces ésta no podrá analizar las consecuencias de las estrategias económicas y de la reforma de la asistencia social del gobierno. Estas estrategias se están exportando a algunos países en desarrollo, a través de la Nueva Iniciativa de Sociedades28 de la USAID, con el supuesto fin de cumplir con los compromisos asumidos en la Cumbre Social. Si la Oficina del Censo no puede recabar y analizar la información de manera profesional, el gobierno tendrá mayores dificultades para demostrar con credibilidad a los países en desarrollo que sus políticas económicas y de desarrollo social generan resultados que justifican la adopción de dichas políticas por otros países.

Mientras la actual crisis financiera mundial propició la crítica de las políticas de ajuste estructural, incluso entre los defensores de dichas políticas, los reformistas del sistema de seguridad social estadounidense no encontraron razones entre las estadísticas de la Oficina del Censo para cambiar sus políticas. Un censo empobrecido y tergiversado estadísticamente les dará aun menos razones para cambiarlas.

Notas:

1 «Declaraciones del vicepresidente Al Gore ante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social», 12 de marzo de 1995.

2 «Declaraciones del Presidente sobre el Informe de Ingreso y Pobreza». La Casa Blanca, 24 de setiembre de 1998.

3 V.g., Jacob M. Schlesinger. «Finalmente, el ingreso medio de EE.UU. se acerca a viejas cumbres». Wall Street Journal, 25 de setiembre de 1998.

4 Carta de The Business Roundtable al «Presidente y dirigentes de la Cámara de Representantes y el Senado», 16 de setiembre.