La cohesión social
En 1998, el desarrollo económico y social estuvo guiado por la aplicación de los parámetros fijados para unirse al Sistema Monetario Europeo (Euro). En el transcurso del año, a los italianos, sobre todo a las clases más pobres, se les pidió que hicieran esfuerzos extraordinarios. Esta exigencia sobre el pueblo sólo fue posible por el sistema de consentimiento mutuo y los acuerdos sociales adoptados por el gobierno de izquierda moderada.
La efectividad a largo plazo de las políticas del gobierno dependerá de si se mantiene la aplicación de los términos fijados en Maastricht. En otras palabras, depende de la continuidad del desarrollo económico que tiene entre sus metas la reducción de la deuda pública y el recorte significativo del gasto público. Por lo tanto, las políticas de desarrollo serán afectadas por estos factores durante mucho tiempo. Esto implica enfrentarse con consecuencias de dos tipos: a) el aumento del PNB no traerá consigo necesariamente mayor empleo; b) la meta de reducir el gasto público se logrará principalmente mediante el recorte del sistema de seguridad social.
Mientras, gana fuerza en el gobierno la tendencia de concentrarse en aumentar la calidad del empleo y, también, en otorgar derechos de ciudadanía social, ya que son esenciales para mantener los medios de vida y la cohesión social en niveles aceptables. El debate en Europa también se refiere a la armonización del desarrollo económico con la equidad, pues éstos son elementos fundamentales para construir un nuevo modelo de desarrollo social.
Los jóvenes, los viejos
No hay soluciones inmediatas a estos problemas, sobre todo si tomamos en cuenta las tendencias de empleo y demográficas en el país: los datos del último año muestran un incremento en la cantidad de desempleados (la mayoría jóvenes), por una parte, y confirman una tendencia demográfica hacia una tasa de nacimientos prácticamente de cero y el consecuente envejecimiento de la población, por otra. El mercado de trabajo y los servicios de seguridad social están fuertemente condicionados por estos factores.
El mercado de trabajo está directamente afectado por estas «tijeras generacionales»: por un lado, los jóvenes (con y sin capacitación) tienen cada vez más dificultades para hallar empleo en un mercado altamente especializado, caracterizado por puestos atípicos y precarios; por otro, los trabajadores mayores permanecen en la población económicamente activa por más tiempo, ya que se elevó la edad de jubilación y se adoptaron reglas de seguridad social más rigurosas.
Con respecto a los servicios de seguridad social, aumentó la demanda de servicios sociales y de salud para los ancianos y de apoyo del Estado para las familias. Dado que la política de reducir el gasto público dejó (y dejará) esas demandas sin responder, la consecuencia inmediata será (como ha sido en el pasado) un aumento en la carga del cuidado en el hogar, especialmente a costa de las mujeres. El gobierno respondió a esta situación a través de la Ley Financiera, con políticas que favorecen a las familias pobres y al empleo (ampliación de la reducción impositiva en el Sur, exenciones impositivas durante tres años para los empleados nuevos, reducción de costos inadecuados y aumento de los fondos laborales).
El análisis de los datos de empleo y seguridad social muestra un desequilibrio territorial entre el Norte y el Sur del país. Organismos sociales y organizaciones del «tercer sector» que se dedican al desarrollo humano y social, así como a los problemas económicos, trabajan activamente, a veces oponiéndose directamente al gobierno, para aprobar medidas favorables al desarrollo humano. También tienen su propio sistema de «empresa social» en defensa de los grupos sociales que están en peligro. Un ejemplo es el sistema de cooperativas sociales que, aunque amplía la variedad del empleo y brinda respuesta a la demanda de los jóvenes por puestos calificados, también apoya a personas condenadas de otra manera a la exclusión social, como los discapacitados, los ancianos que viven solos, los jóvenes en situación de riesgo, etc.
El compromiso de combatir la exclusión social en Italia también se extiende a otras organizaciones, y a organismos locales con recursos económicos y humanos disponibles en zonas locales. Este hecho nos lleva a subrayar toda experiencia positiva y la necesidad de seguir el camino de los acuerdos territoriales, cuyo propósito es fomentar el empleo y la creación de un sistema de seguridad social «municipal».
Datos y análisis muestran que la brecha entre la pobreza y la riqueza, entre la exclusión y la inclusión social en Italia, puede caracterizarse como una brecha generacional que corre el riesgo de convertirse en un «conflicto» generacional. En la actualidad, las que deberán encarar este problema son las estructuras de solidaridad primarias, como la familia, la comunidad local y los trabajadores voluntarios. Pero a menudo no pueden lidiar con él o hallar soluciones satisfactorias y permanentes, y sufren una carga excesiva de responsabilidad. La tensión en las familias y las comunidades, las crecientes enfermedades sociales entre los jóvenes y el abandono y la soledad de los ancianos asumen proporciones atemorizantes, como elementos de una crisis progresiva que podría convertirse en una crisis de la democracia.
La infancia
En los últimos dos años, Italia fue testigo del comienzo de un importante debate sobre la infancia, desencadenado por fenómenos preocupantes como el reclutamiento de menores por el crimen organizado para explotarlos como vendedores de droga o incluso como asesinos a sueldo, el creciente número de niños de algunos grupos sociales que abandonan la escuela -vinculado a la creciente explotación del trabajo infantil- y la violación de niños. Éste es el fondo de la creciente sensación de precariedad que sienten los padres cuando piensan sobre el futuro de sus familias, en un contexto social condicionado por el desempleo y la crisis de la seguridad social.
En abril de 1997, el Parlamento aprobó el Plan Nacional de la Infancia y la Juventud (Ley Turco). La ley se comenzó a aplicar a principios de 1998 con un presupuesto de 3.000 millones de liras durante tres años para promover y reforzar los servicios sociales para las familias y los niños. La ley se refiere al papel de las instituciones locales (organismos regionales) y al mundo de las estructuras sociales privadas como algo esencial para la protección de la infancia y la definición de estrategias basadas en la totalidad de las necesidades de los niños.
Asociaciones y sindicatos promovieron una campaña nacional para apoyar una marcha mundial contra el trabajo infantil, que concluyó en Ginebra el 30 de mayo de 1998. Su propósito era despertar la atención de la opinión pública y el interés institucional hacia un fenómeno mundial que también concierne a Italia, donde se denunciaron 300 mil casos de explotación del trabajo infantil. La pornografía pedófila, también en Internet, existe en nuestro país. Una nueva ley (Nº 269, sobre el «turismo sexual») que ataca este problema se aprobó en agosto de 1998 gracias a la acción de Ecpat-Italia, un grupo de asociaciones comprometidas con la infancia. La nueva ley pena múltiples delitos, como la prostitución infantil y la producción, comercialización y posesión de materiales pornográficos pedófilos.
De emigrantes a inmigrantes
En los últimos años, y especialmente en 1998, otro factor ocupó el centro de la atención política y social, un factor que muchos consideran un elemento más de desestabilización: el flujo de inmigrantes del Este y del Sur, que ven a Italia como un puente que conecta a sus países, a través de los mares Mediterráneo y Adriático, con la Europa moderna y rica. A menudo estos inmigrantes no vienen a Italia para afincarse permanentemente; consideran su estadía sólo como una «primera parada». Muchos buscan trabajo y mejores condiciones de vida, pero también hay muchos (y esto ocurre cada vez con mayor frecuencia) que solicitan asilo político, ya que proceden de países donde la guerra y/o la violación de los derechos humanos les hizo la vida imposible. Por lo tanto, Italia, antes un país fuente de emigración, se está convirtiendo en una tierra de inmigrantes, y la creación de políticas para la recepción e integración social de éstos y de las personas que buscan asilo representa una prueba para el nivel de desarrollo y su capacidad para crear cohesión social.
En marzo de 1998, el Parlamento aprobó una ley (Nº 40/98) que, aunque se propone regular los sistemas de inmigración y el ingreso de ciudadanos extranjeros al país, busca nuevos caminos para la integración social. Esta ley, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que tratan directamente con los inmigrantes, requiere que estas mismas organizaciones tengan un papel activo en su implementación. Una medida similar, dirigida a regular los pedidos de asilo político, está siendo analizada por el Parlamento. Esta ley también es de interés para las asociaciones y organizaciones de voluntarios.
La recepción temporal o permanente y la integración social de los inmigrantes, incluso en gran escala, no representan una amenaza a la estabilidad y la unidad social, siempre que se realicen de manera racional y organizada y que no se permita la explotación de la situación por parte de organizaciones delincuentes. La inmigración se debe considerar un recurso, como evidencia de que Italia alcanzó un alto grado de civilización y como prueba de la capacidad para abrirse a los cambios y los desafíos.
La cooperación para el desarrollo1
Actualmente, se está debatiendo una nueva ley que debe promover la reforma y el relanzamiento de la ayuda oficial para el desarrollo. El compromiso financiero internacional de los países de OCDE sufrió una reducción general (su inversión fue de 47.000 millones de dólares en 1997). Italia ocupa la posición número 11 entre los países donantes y prefiere canales «multilaterales»: la Unión Europea, las instituciones internacionales y los organismos de la ONU (el 65% de la AOD italiana en 1996 se destinó a estos tres canales).
Aunque las previsiones para los años 1998-2000 muestran que la AOD italiana se mantendrá en el nivel actual (0,15 del PBI), existen algunas tendencias interesantes y positivas en lo que respecta a la calidad de la política de cooperación:
- concentración de la AOD en algunas zonas y en «países de prioridad» (la zona mediterránea recibe el 48% de la ayuda bilateral y África subsahariana recibe el 31%; 12 países de estas regiones reciben el 80% de la ayuda total), lo que evita el riesgo de poca efectividad debido a la dispersión geográfica;
- desarrollo de programas sociales con el propósito de reducir la pobreza;
- consolidación, aunque no de manera orgánica ni estructurada, del enfoque que considera el desarrollo humano como un factor fundamental de la lucha contra la exclusión social;
- experimentación (en algunos programas significativos) con formas descentralizadas de la cooperación, basadas en la conexión entre el territorio y la comunidad y en las actividades de los gobiernos municipales y los ciudadanos para promover el desarrollo. Este enfoque está a tono con el documento del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, «Formando el siglo XXI», en términos de su compromiso para reducir la pobreza, pero también porque promueve especialmente programas concebidos para mejorar el ambiente social, la educación primaria y la potenciación de las mujeres.
El interrogante es si la nueva ley sobre cooperación brindará respuestas positivas y soluciones a la AOD mediante el incremento progresivo de los recursos requeridos, junto con una buena política de coordinación. Además de ofrecer ayuda económica, la política debe incluir el desarrollo del comercio y las inversiones, el mantenimiento de la paz social, el control y la regulación de la emigración y la defensa de los derechos humanos.
Nota
1 Los datos sobre la cooperación para el desarrollo se extrajeron de Marco Zupi y Louis Rhi-Sausi, autores del capítulo italiano en «The Reality of Aid 1998/1999», An independent review of poverty reduction and development assistance, Earthscan, Londres 1998.