Una historia de promesas incumplidas

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social adoptó una serie de compromisos en torno a la pobreza, la desintegración social y las desigualdades. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer comprometió a los gobiernos a abordar la pobreza, la discriminación de género, el empleo y la integración de los grupos marginalizados a la corriente política, económica y social principal. La Cumbre Mundial sobre la Niñez de 1990 aportó pruebas que demostraban que los gastos en salud y educación son una inversión en el «capital humano», que promueve el crecimiento de la economía nacional. Kenya fue una participante activa en estas y otras cumbres y fue partícipe de los compromisos que allí se asumieron. A cuatro años de Copenhague, es importante evaluar de qué manera dichos compromisos han sido cumplidos.

¿Esto es un «ambiente favorable»?

En 1992, Kenya volvió a un sistema de gobierno multipartidario, luego de 23 años de dictadura de partido único. Esto abrió un espacio para la libertad nominal de afiliación y de expresión políticas. Sin embargo, los empleados públicos aún se encuentran obligados a asociarse abiertamente con el partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Kenya (Kenya African National Union – KANU), o a ser despedidos por «simpatías con la oposición».

Desde la reimplantación del pluralismo, ha habido elecciones parlamentarias y presidenciales en 1992 y 1997. Dichas elecciones se vieron afectadas por actos de violencia perpetrados principalmente por funcionarios del partido de gobierno, aparentemente con apoyo tácito de los agentes de seguridad del estado. Los simpatizantes de la oposición tampoco fueron totalmente pacíficos en sus campañas. Hubo denuncias de robo de votos por parte del partido gobernante en ambas elecciones, y en las dos los perdedores fueron persuadidos a aceptar los resultados por grupos de la sociedad civil, especialmente líderes religiosos. En ambas elecciones, observadores declararon que el proceso electoral no alcanzó los estándares democráticos normales.

Desde las elecciones de diciembre de 1997, se llevan a cabo negociaciones para llegar a una revisión completa de la Constitución de la nación. Este proceso se ve dificultado por los intentos del gobierno de impedir que éste sea abierto, integrador y participativo.

Kenya sufre de corrupción generalizada y falta de integridad en la vida pública, malversación de fondos y distribución impropia de recursos públicos, deterioro de la calidad de los servicios y deterioro de la justicia y del estado de derecho. El servicio civil, la policía y el aparato judicial no funcionan de acuerdo con las expectativas.

En julio de 1997, problemas de gobernabilidad llevaron a la suspensión del ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility – Fondo de Ajuste Estructural Mejorado), acordado con el Fondo Monetario Internacional en julio de 1996. Como respuesta a esta situación, el gobierno introdujo en 1997 la Ley de Prevención de la Corrupción y puso en funciones una entidad de lucha contra ésta. Ocho meses más tarde, el presidente de la entidad fue suspendido, luego de haber acusado a altos funcionarios de la dirección impositiva y de hacienda de estar involucrados en negocios corruptos.

Antes de mediados de los años 1990, la gestión macroeconómica había sido problemática, dado que el gobierno tenía enormes déficits presupuestarios. Esta tendencia fue corregida y el déficit se ha mantenido en 2% o menos desde el año fiscal 1994/95. Actualmente, la cobranza de impuestos se sitúa en 28% del PBI, en tanto que el gasto público asciende a 30%. Sin embargo, debido a préstamos anteriores del gobierno, las tasas de interés se mantienen actualmente en 27–30%, por lo que las inversiones resultan muy caras.

La deuda externa de Kenya asciende a más de siete mil millones de dólares y la relación de la deuda con las exportaciones se sitúa en aproximadamente 150 mil millones de dólares, lo cual queda por debajo del límite de 250 mil millones de dólares fijado para los países pobres altamente endeudados (HIPC), pero lo suficientemente alto para requerir la reorientación de recursos originalmente destinados a servicios sociales e infraestructura social. En setiembre de 1997, la deuda interna llegó a KSh1 128 mil millones (USD 2.1 mil millones).

La erradicación de la pobreza

Kenya ocupa actualmente el 22º lugar entre los países más pobres del mundo, con un PNB per cápita de US$ 280. Es el tercer país del mundo en cuanto a la injusticia en la distribución del ingreso. Más del 48% de la población sobrevive con menos de un dólar por día (precios de 1985). Se estima que el 47% de los kenyanos que habita áreas rurales (cerca de diez millones de personas) y aproximadamente el 29% que lo hace en áreas urbanas sufre insuficiencia alimentaria. La pobreza afecta especialmente a las mujeres, dado que las prácticas culturales y el régimen legal impiden el acceso en condiciones de igualdad a recursos tales como la tierra y otras propiedades. La desprotección de las mujeres tiene un impacto directo en los niños, cuya alimentación y cuidado dependen en primer lugar de éstas.

En 1995, el gobierno introdujo la estrategia de las Dimensiones Sociales del Desarrollo (DSD) para combatir la pobreza. Esta estrategia no ha tenido éxito, debido a que el gobierno se mostró poco dispuesto a integrar plenamente a todas las partes involucradas. Por ejemplo, después de invitar a las ONG a participar en la DSD, apeló a la policía antimotines para disolver reuniones que el Consejo Nacional de ONG había organizado para explicar la estrategia y solicitar la opinión y la colaboración de la gente pobre. Diferentes organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en favor de la creación de un fondo fiduciario con dirección independiente para abordar la lucha contra la pobreza. Sin embargo, el gobierno parece poco dispuesto a crear un fondo fuera de su control y elaboró un plan para la erradicación de la pobreza con escasa participación de las personas afectadas y sus organizaciones.

En los últimos años, el gasto por concepto de Servicios Sociales Básicos (SSB) ha menguado. El gasto real para todos los gastos en SSB, como porcentaje del presupuesto nacional, disminuyó de 20% en 1980 a 12% en 1995, y a 10.9% en 1997. De todos los gastos para los SSB, solamente los destinados a educación básica (en chelines per cápita) se han incrementado a raíz de los aumentos salariales para los maestros (a pesar de estos aumentos, la remuneración de los maestros sigue siendo tan baja que se encuentran en conflicto con el gobierno). Aun así, se redujo la participación de los gastos para educación en relación al gasto público total. El siguiente cuadro muestra el gasto público per cápita para los SSB entre 1980 y 1997:

El pleno empleo

En el marco de la DSD, el gobierno se comprometió a crear empleos a través de la promoción de pequeñas empresas en los sectores de la industria, la agricultura y los servicios; la formación de jóvenes y de quienes no completan la escuela; y programas de autoayuda para trabajadores recapacitados. Todos estos compromisos han quedado en letra muerta, ya que no ha sido capaz de movilizar los USD 182 millones necesarios durante los primeros 3 años para cumplir sus compromisos.

El recurso principal de la gente pobre sigue siendo su propia capacidad de trabajo. Las mujeres sufren una desventaja especial a raíz de las múltiples exigencias sobre su tiempo y energía y el acceso desigual a otras posibilidades. De ahí que se necesita alcanzar la paridad de género para que tengan acceso a oportunidades de empleo irrestrictas y en condiciones iguales a los hombres. Dado que el crecimiento del empleo presupone inversiones en educación y en formación, la desinversión progresiva en las áreas de educación y otros servicios sociales básicos ha significado una tendencia contraria a la creación del pleno empleo.

Los derechos humanos

A pesar de algunos adelantos recientes, la situación de los derechos humanos en Kenya está lejos de ser satisfactoria. Siguen incambiados los abusos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como la mala administración. La práctica de la tortura, como procedimiento para extraer confesiones en investigaciones policiales, sigue siendo una práctica común, a pesar de la ratificación de la Convención contra de la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Incluso en casos de abrumadora evidencia de tortura, el gobierno se ha mostrado extremadamente reticente a investigar.

Han aumentado las matanzas extrajudiciales. Por ejemplo, 130 personas fueron asesinadas por la policía en 1996. Este número subió a 159 en 1997, lo que significa un incremento de un promedio de dos personas asesinadas semanalmente por la policía en 1996, y de tres en 1997.2 La actividad de bandidos, el robo de ganado y los problemas étnicos son algunos de los tantos que, al parecer, el gobierno no quiere o no puede solucionar.

A medida que aumenta el número de niños de la calle, se incrementa el acoso de la policía hacia ellos. Los arrestos arbitrarios, la tortura, las detenciones ilegales, los abusos sexuales y los asesinatos de niños de la calle son endémicos; sin embargo, no se ha tomado ninguna acción contra los responsables. Los refugiados también sufren tratamientos inhumanos. En abierta violación de la ley internacional, muchas veces la policía arresta, detiene y brutaliza a los refugiados, tratándolos como criminales.

La Constitución fue enmendada en agosto de 1997, para incluir la protección contra la discriminación por razones de género, pero las normas tradicionales siguen desconociendo los derechos de las mujeres, particularmente con respecto a la propiedad y a la herencia. Un pronunciamiento unánime del parlamento en favor de una representación igual de hombres y de mujeres entre los candidatos a representantes parlamentarios no resultó efectivo, pues los partidos políticos no hicieron nada al respecto.

Educación y salud

Después de la independencia en 1963, hubo una gran inversión en educación a todos los niveles. Pero los logros en la educación fueron socavados por la implementación de programas de ajuste estructural (PAE). Los cortes presupuestales del gobierno en la educación y en la salud han incrementado el número de niños que no ingresan a la escuela o que la abandonan prematuramente. De acuerdo con el Consejo Nacional de Iglesias de Kenya, se necesita más de USD 500 (KSh 28.000) para que un niño permanezca durante el primer año en la escuela. Dado el PBI per cápita de USD 280 (KSh 15.680) y un nivel de ingresos mensuales promedio de KSh 2.000–3.500 (USD 35–62), muchos no pueden pagar la educación de sus hijos.

Durante el ajuste estructural, el índice de inscripción tanto en primaria como en secundaria bajó considerablemente. En la década previa al ajuste (1972–1982), la inscripción en primaria aumentó en un 8,2%, pero luego cayó a 2,7% en el período del ajuste (1982–1992). Según informes periodísticos, en Nairobi solamente el 64% de los niños en edad escolar fueron inscriptos. La inscripción nacional actual se encuentra en el 76%, comparada con un 95% en 1995.3 La inscripción en la escuela secundaria mostró una tendencia similar, aumentando la inscripción a razón de 9.1% entre 1972–1982, pero sólo en un 3,2% entre 1982–1992.

Esta disminución se refleja también en los institutos de formación docente, donde la inscripción aumentó sostenidamente de 8.683 en 1972 a 21.011 en 1990, pero disminuyó a 19.154 en 1992, una tendencia que el mismo gobierno atribuye a los PAEs. En términos del gasto público total, se ha notado una clara disminución de los gastos de educación, pasando de 22,6% en 1986 a 18,7% en 1995.

Inmediatamente después de la independencia, el gobierno abandonó las contribuciones de los usuarios a los servicios de salud y proclamó una política de salud gratuita para todos.4 Sin embargo, se siguió priorizando la medicina curativa a expensas de la preventiva, invirtiéndose 65% de los fondos disponibles en el cuidado curativo, comparado con 21% para los servicios en el área rural y los servicios de salud preventiva.5 Una de las víctimas más importantes del PAE fueron los servicios gratuitos de salud. Entre julio y setiembre de 1997, el gobierno de Kenya destinó 8,49% (KSh 2,1 mil millones) de sus gastos corrientes y sólo el 3.67% (KSh 76 millones) de los gastos para el desarrollo al área de la salud.6 Muchas de las principales enfermedades responsables de la morbilidad y de la mortalidad son evitables, como la malaria (23%), infecciones de las vías respiratorias (26%), enfermedades de la piel (7%), lombrices intestinales (4%) y diarrea (5%), que aquejan a la población.7

La tasa de utilización de los servicios primarios de salud es baja: 80 por 1.000 en zonas rurales y 110 por 1.000 en los centros urbanos. Las estimaciones indican que 57% y 38% de las mujeres, respectivamente, dan a luz sin haber recibido atención sanitaria primaria y sin haber sido inmunizadas durante el embarazo. El 37% de los niños presenta un desarrollo insuficiente y el 20% no tiene el peso adecuado.

El gobierno de Kenya se comprometió en Copenhague a destinar más recursos para la eliminación de la pobreza y la provisión de servicios sociales básicos, pero no cuenta con ellos para cumplir dichos compromisos. El ESAF quedó paralizado a partir de julio de 1997. La cooperación financiera bilateral ha disminuido y una proporción mayor de los recursos bilaterales restantes son dirigidos a la educación cívica, las reformas políticas y la reestructuración económica. Tanto el gobierno de Kenya como las agencias bilaterales deben prestar más atención a los servicios sociales básicos.

Notas

1 Kenyan Shilling.

2 Comisión de DDHH de Kenya 1998, Mission to Repression: Torture, Illegal Detentions And Extra–judicial Killings by the Kenyan Police, KHRC, Nairobi.

3 Daily Nation, August 5, 1998, p.5.

4 Gobierno de Kenya 1965: Sessional Paper Nº 10 on African Socialism and Its application to Planning in Kenya, Government Printer, Nairobi.

5 Instituto de Asuntos Económicos 1998: Our Problems, Our Solutions – An Economic And Public Policy Agenda for Kenya, IEA, Nairobi.

6 Gobieno de Kenya 1997: Quarterly Budget Review First Quarter 1997/98, Government Printer, Nairobi.

7 IEA 1998: op. cit.