Avances precarios

Dante Donoso; Manuel Hidalgo; Oscar Torres
Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR) es el Capítulo Chile de la Alianza Social Continental. En la elaboración del informe participaron Dante Donoso, Manuel Hidalgo y Oscar Torres. La ACJR está integrada por el Grupo de Estudios Agro Regionales (GEA), Red Latinoamericana de Mujeres transformando la Economía - Capítulo Chile, Instituto de Ecología Política (IEP), Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Consumers International, Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), Liga de Consumidores Conscientes, Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU).

Los costos relativamente menores a los de otros países latinoamericanos que ha pagado la economía chilena a raíz de la inestabilidad financiera internacional, en los episodios críticos de 1994-1995 y 1997-1998, han difundido una imagen engañosa. Chile se cita a menudo no sólo por su modelo de desarrollo “de crecimiento con equidad”, sino también por “haber puesto en marcha un sistema eficaz de control de los movimientos de capital”.Sin embargo, el peso y presencia del capital transnacional en la economía chilena no ha dejado de crecer y sus decisiones e intereses perfilan cada vez más la estructura y la dinámica no sólo económica, sino social, política y cultural de los chilenos.El rol regulador del Estado se ha traducido en ir ajustando la legislación y la institucionalidad económica a los intereses y propósitos de los grandes grupos económicos locales y de las empresas transnacionales, que han pasado a identificarse globalmente con los intereses y propósitos del país. La importancia que han adquirido objetivamente las decisiones de inversión de este “sector privado”, para la estabilidad y el crecimiento económico, es tal que la independencia del poder legislativo ha quedado, en todo caso, virtualmente cuestionada.

La crisis de los “dragones” asiáticos, el colapso de la economía rusa y los violentos remezones en América Latina no pueden analizarse sin tener en cuenta la alta vulnerabilidad provocada por las drásticas fluctuaciones de los movimientos de capitales en el mercado mundial. La crisis económica muestra con efectos multiplicados la magnitud de los desajustes en la economía provocados por la carencia de mecanismos de regulación a nivel nacional e internacional y el carácter perverso que adquiere muchas veces el gigantesco movimiento de recursos a nivel global, que tiene a Chile entre uno de sus países receptores. 

No es realista suponer que esta corriente de recursos sea permanentemente unidireccional. En algún momento se retirará en sumas importantes, como ha acontecido en las crisis financieras de la década de los noventa. No debe esperarse ese momento para diseñar políticas que reduzcan la dependencia del país a esas fluctuaciones, y el tipo de cambio no puede ser una variable dependiente de la dirección que adopte el movimiento de capitales externos.

A nivel mundial gana apoyo la propuesta del economista norteamericano James Tobin de establecer un tributo entre el 0,1 y el 0,5% sobre los movimientos de capitales de corto plazo. En Chile, igualmente, deben establecerse regulaciones, produciéndose un viraje en la política, concordante con el modelo, de abrir la economía al máximo.

El Chile de los 90 

Desde 1990 en adelante el país se ha propuesto enfrentar el desafío de superar los niveles de pobreza (que alcanzaban a 5 millones de pobres, más de un tercio de la población) dejados por el período autoritario, Los dos Gobiernos electos en esta década, han intentado una campaña de “superación de la pobreza”, con diversas estrategias y resultados. De un plan de “comunas pobres” a la “focalización de las políticas sociales”. El instrumento de medición (de carácter oficial) a través de una canasta de ingresos, fue la ‘Encuesta Nacional de Caracterización Socio-Económica’ (CASEN) que cada dos años ha venido entregando el ranking de avance de sus resultados.

Encontramos dos constataciones básicas: ha bajado en los últimos años la velocidad del proceso de reducción de la pobreza, y la indigencia se ha estancado. El problema sigue siendo más grave en el sector rural y en las poblaciones indígenas. Ha habido una política de gasto público destinado a producir mejoramientos en los niveles de vida, a través de inversiones en infraestructura (caminos, vivienda, luz, agua, pavimentación, alcantarillado) y en la prestación de servicios sociales o comunitarios. El modelo y las políticas de mercado que orientan las políticas macro-económicas, tienden mas bien a reproducir las carencias que a superarlas paulatinamente. Las nuevas inversiones han influido negativamente, restringiendo el empleo y la capacidad adquisitiva de la población.

El empleo, como las remuneraciones reales, no sólo dejaron de crecer y sino que, por el contrario, se contrajeron. Es de prever que los logros en cuanto a pobreza e indigencia se hayan parcialmente revertido en este último año, pero la tajada porcentual de las familias trabajadoras en la torta del ingreso nacional no aumentó. Si se constituyó en una tajada más grande en términos absolutos, es porque la torta del ingreso nacional prácticamente duplicó su tamaño en este período.


Tiempo de balance

A pesar de los esfuerzos del SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) que ha implementado diversos programas y cuya acción a nivel sectorial ha favorecido la creación de otros en varios ministerios y municipios, persiste una descoordinación entre las políticas generales del gobierno y las políticas específicas hacia las mujeres, quedando éstas como medidas parciales y aisladas. 

No sólo existe una cultura burocrática tradicional, ajena a la igualdad de oportunidades y agravada por los años de autoritarismo, sino que las propias autoridades gubernamentales -en su mayoría varones designados por su militancia política- han carecido de la sensibilidad y comprensión necesarias sobre la importancia de las políticas de género en términos sociales y políticos. 

La recuperación de los derechos humanos, es una condición para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y para avanzar en el proceso de  democratización. En Chile no existe una política de Estado que los promueva, defienda, haga exigibles, e incorpore entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. 

Específicamente para las mujeres, una de las causas del abandono escolar es el embarazo adolescente, que tiende a reproducir y mantener generacionalmente la pobreza. Cada año nacen 40.000 hijos de madres adolescentes y el 18% de ellos tiene también un padre adolescente, la mitad está en edad escolar, pero sólo una cuarto (alrededor de 6.000) están en el sistema. En 1996, el 63,7% de la embarazadas de edades entre 13 y 19 años pertenecía  al sector de menores ingresos del país1.

Con respecto al empleo, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral llega al 35%, quince puntos porcentuales más que hace tres décadas. Sin embargo, constituye una de las más bajas de América Latina y muestra, según las Encuestas CASEN, enormes diferencias entre mujeres de distintos grupos sociales, niveles de ingreso, educación y edad. 

Entre 1995 y 1998 la proporción de mujeres asalariadas con contrato de trabajo disminuyó desde un 76,10% a un 72,40%. Por su parte, las contrataciones atípicas de las mujeres han crecido significativamente en los últimos años, casi un tercio de las contrataciones son de este tipo lo que va en desmedro de condiciones dignas de trabajo y seguridad social. Entre estas formas hay dos que afectan en forma creciente a las mujeres: el trabajo a domicilio para la producción manufacturera, comercio y servicios, y el de temporada en la agricultura. El trabajo a domicilio se encuentra excluido de la legislación laboral y de protección social.

En materia de remuneraciones, la disparidad salarial entre hombres y mujeres es constante aun cuando Chile ratificó en 1951 el Convenio Nº 100 de la OIT, que recomienda el cumplimiento del principio “igual pago por igual trabajo”. Según la Encuesta Suplementaria de ingresos del INE esta inequidad aumentó entre 1995 y 1997. Así en 1995 la relación de los salarios medios de las mujeres respecto de los hombres era del 80,07%, mientras en 1997 esa misma relación fue del 61,80%.

Es papel del Estado asegurar políticas universales que no pueden ser reemplazadas por medidas focalizadas, puesto que la focalización no basta por sí sola para lograr la mayor y mejor distribución de los ingresos. Estas sólo permiten otorgar mayores oportunidades a sectores fuertemente discriminados.

Una situación de abierta discriminación contra la mujer es la inexistencia del divorcio con disolución de vínculo. El hecho que el divorcio no esté previsto en la Ley chilena puede ser considerado como una violación del párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque hace que las mujeres casadas estén  sometidas permanentemente a las Leyes relativas al régimen patrimonial de sociedad conyugal que administra el marido, aun cuando el matrimonio se haya disuelto.

En lo que respecta a los medios de comunicación y pese a las recomendaciones del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, estos siguen empleando imágenes estereotipadas de las mujeres donde el cuerpo y la sexualidad es mostrado como objeto y donde su papel en la sociedad es casi únicamente el de las actividades domésticas.

* Grupo Iniciativa Mujeres (integrado por CEDEM, CEM, Corporación

   DOMOS, FLACSO, Instituto de la Mujer, ISIS Internacional,

  Corporación La Morada, MEMCH, Corporación PROSAM). Resumen

   del documento “Las chilenas, 5 años después de Beijing”  Enero,

   2.000.

Gasto social: educación y salud 

En cuanto al gasto público social, si bien creció en forma importante, en vivienda, educación y salud, ha continuado focalizado en los sectores de extrema pobreza. Es un gasto público que sigue respondiendo a una concepción de “rol subsidiario” del Estado, por cuanto el Estado en los hechos y en las palabras sigue desconociendo su rol de garante de los derechos económico-sociales y se limita a garantizar el “libre acceso” o la “libre elección”.

Existen claras deficiencias de cobertura en todas las políticas y programas sociales. Si bien a comienzos de la década se aprobó una reforma tributaria, la misma no revirtió mayormente el regresivo y bajo nivel de carga tributaria que pesa sobre los contribuyentes. 

A lo largo de la década pasada, persistió una fuerte concentración distributiva a favor de una minoría. El 10% de la población de mayores ingresos, mantuvo permanentemente una participación entre el 41,3% y el 42,2% del total, con una diferencia apreciable con relación al noveno decil y recibiendo lo mismo, si se utilizan los datos de 1998, que poco menos del 80% de los hogares (Encuesta Casen, Mideplan, 1998).

En lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía, las restricciones de la construcción democrática en Chile, por los “amarres institucionales” heredados de la dictadura y la desestructuración valórica y política generados por el modelo neoliberal de consumo, han producido una fuerte desmovilización en casi todos los planos de la realidad nacional. 

En ese sentido, tienden a imponer su hegemonía, los llamados “poderes fácticos” que en nuestro caso, son representados por el sector empresarial y las multinacionales, el poder militar y los propietarios de los medios de comunicación social.

A pesar de ello, vale la pena relevar expresiones nuevas en el movimiento social chileno como ocurre con entidades ecologistas, de consumidores, culturales, de mujeres y de minorías de diversas expresiones. Todas ellas aparecen con un fuerte dinamismo y motivación y se han destacado por cierta capacidad de colocar algunos temas en la agenda pública. Este fenómeno se ve acompañado por la constitución de redes de Organizaciones No Gubernamentales temáticas de carácter nacional e internacional.

Notas

1 Datos del Ministerio de Salud en “Debates del 2000” (diciembre 1999) Salud y Futuro, Santiago, Chile.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGHI
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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