¿Qué falla en este panorama?

Sharon Ladin
IATP – Institute for Agriculture and Trade Policy

Pocos analistas dudan que la transformación económica que tiene lugar en Estados Unidos ha creado enormes oportunidades para aquellos en posición de aprovecharlas, y que ha traído mayores beneficios materiales al consumidor promedio que lo que se creía posible hace veinte años. Pero la expansión económica más larga de la historia de Estados Unidos no trajo, hasta el momento, una mayor igualdad de oportunidades ni mayor integración social. A diferencia de anteriores períodos de expansión, la creciente brecha entre ricos y pobres dividió aun más a la nación al reducir las filas de la clase media y limitar la movilidad social de los asalariados de menores ingresos. A pesar de los múltiples indicadores económicos positivos, la sociedad estadounidense retrocedió en las últimas décadas del siglo veinte con respecto de algunos de los principales objetivos sociales de la Declaración de Copenhague.El desempleo bajó, los salarios subieron y la cantidad de familias que reciben asistencia social del Estado ha ido en descenso desde que en 1996 comenzara a regir la nueva legislación de asistencia social. Los medios de comunicación, en su mayoría, promueven con insistencia esta “historia con final feliz”, pero como dijera un reconocido analista, esta es una historia que “ruega por ser desentrañada”.1  Voluntarios y organismos no gubernamentales trabajan horas extraordinarias en bancos de alimentos y refugios para personas sin vivienda en todo el país, y casi dos millones de habitantes están recluidos en prisiones y centros de detención. La política social del gobierno hizo más para tornar invisible la pobreza que para erradicarla.

Casi un tercio de la población de Estados Unidos en 1998 estaba próxima a la línea federal de pobreza o por debajo de la misma.2 Sin embargo, 1% de la población estadounidense controla más de un tercio de la riqueza y el siguiente 10% controla otro tercio, así que no sorprende que los pobres no tengan mucha visibilidad – aun menos que la subpoblación integrada por hogares que han sido pobres durante décadas y a los que desde los años 60 se los califica de la “clase sumergida” de Estados Unidos.

La clase sumergida 

La tasa de delincuencia de Estados Unidos ha estado en descenso en los últimos 7 años.3  El gobierno de Clinton y los expertos encargados de aplicar la ley argumentan que esto demuestra el éxito de las rigurosas políticas contra el crimen. Pero la tasa de delincuencia también está en descenso porque “estamos encarcelando a una generación entera de gente”.4  La tendencia de utilizar el sistema de justicia penal como sustituto para resolver los problemas sociales contribuyó a incrementar por ocho desde los años 60 el número de hombres negros en las prisiones estadounidenses. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para el año 2000 aproximadamente uno de cada 10 hombres negros estará en prisión – “una estadística con importantes consecuencias sociales porque los presos no tienen empleo, no pagan impuestos ni cuidan de sus hijos en sus casas. Y como muchos estados no permiten el voto de los delincuentes, al menos uno de cada siete hombres negros habrá perdido el derecho al voto”.5  

Un estudio actualizado de otro encargado en 1968 por el presidente Lyndon Johnson concluyó recientemente que las erróneas políticas sociales de línea dura, como las rigurosas sentencias de prisión para los delincuentes no violentos detenidos por drogas, “se aplican a costa de soluciones de largo plazo como programas de intervención temprana para los jóvenes con problemas, capacitación laboral y programas de rehabilitación del consumo de drogas”.6

A pesar del descenso de las tasas de delincuencia, los delitos cometidos por blancos aumentaron en la última década y son más violentos.7  Ya no es posible, si alguna vez lo fue, mitigar las consecuencias sociales de una clase sumergida porque correspondía a un problema “negro” o de  minorías. La proporción de hombres negros jóvenes que abandonaron el mercado de trabajo sigue siendo superior que la de los jóvenes blancos, pero a partir de 1990 el incremento proporcional se concentra en los adolescentes blancos.8  La alta demanda de trabajadores calificados y no calificados no afectó el aumento de los jóvenes estadounidenses que abandonan el mercado laboral. La creciente desigualdad en el ingreso y la percepción de que hay falta de movilidad social puede conducir a una mayor inestabilidad social aún en las próximas décadas que la persistencia misma de la pobreza.

Reforma del Sistema de Seguridad Social

La Ley de Conciliación de la Responsabilidad Personal y las Oportunidades de Trabajo promulgada por el presidente Clinton en agosto de 1996 fue calificada por dirigentes republicanos en el Congreso y otros de una “de las piezas de legislación social de mayor éxito en la historia estadounidense”.9  Como sugiere su nombre, la Ley tenía el propósito de acabar con el ciclo de pobreza y dependencia que muchos consideran fomentó la desintegración de los valores básicos del trabajo y la familia a lo largo de varias generaciones de receptores de asistencia social. La nueva legislación transfirió la responsabilidad del alivio de la pobreza desde el gobierno federal a los estados individuales.10

Según las nuevas normas de asistencia social, los estados deben pagar por todo gasto superior a una cantidad fija que reciben del gobierno federal. Así mismo, si los estados reducen la asistencia o aumentan los requisitos para acceder a la misma, por lo general son capaces de retener el dinero federal que ahorren. Los detractores de esta práctica sostienen que afectó en forma negativa a las madres solteras y contribuyó con la creación de inadecuados y muy restrictivos programas de transición de la asistencia social al trabajo.11

La evidencia no es concluyente en este punto. Los estudios indican que algunos estados lograron diseñar programas para brindar legítima capacitación laboral a los padres y simultáneamente proteger a las familias. Pero muchos otros adoptaron programas que provocan gran sufrimiento e incluso violan derechos humanos básicos.12  Una de las violaciones más flagrantes es la que obliga a las mujeres jóvenes a abandonar sus estudios terciarios para participar en programas laborales que no conducen a empleos calificados. Problemas como éste fueron denunciados tantas veces como para justificar la aseveración de que la “reforma” de la seguridad social se limitó a retirar a la gente del sistema de seguridad social y a tornarlos invisibles, pero no la sacó de la pobreza.

En mayo de 1999, el director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca declaró que “definitivamente hubo un drástico incremento en el número de padres solteros que ingresaron al mercado laboral en los últimos cinco años”. 13  Esta es otra buena noticia que debe ser desentrañada porque un importante porcentaje de la población que abandona la asistencia social para trabajar, percibe ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.

Peter Edelman, quien renunció como Subsecretario de Planificación y Evaluación en el Departamento de Salud y Servicios Humanos para protestar por la ley de asistencia social de 1996, dice que “... el verdadero problema no es la asistencia social. Es la pobreza. Y no es sólo la pobreza, es la situación de millones de personas que no ganan lo suficiente para mantener a sus familias. De hecho, aproximadamente dos millones de personas en Estados Unidos trabajan a tiempo completo y aun así no pueden sacar a sus familias de la pobreza”.

Grupos de control como el Children’s Defense Fund (Fondo de Defensa de la Infancia, CDF) insisten que los pobres que trabajan necesitan asistencia de bajo costo para cuidar a sus hijos, transporte, ayuda alimentaria y capacitación laboral para que puedan ascender y conseguir trabajos mejor remunerados. Para que la gente salga de la pobreza y se integre al común de la sociedad, “...debemos asegurarnos que el trabajo pague”.14

La prioridad de la infancia

La cantidad de niños sumamente pobres en familias de madres solteras – el grupo más afectado por la reforma de la seguridad social de 1996 – aumentó 26% entre 1996 y 1997,15 un incremento atribuido principalmente a la pérdida de las estampillas de alimentos, del cuidado infantil, de la capacitación y otras medidas de apoyo al trabajo. Una investigación de la población realizada por el gobierno en 1997 indicó que 11,3 millones de niños y niñas menores de 18 años no tenían cobertura médica, la mayor cantidad registrada en la historia de la Oficina del Censo de Estados Unidos.16  Los niños sin acceso fiable a la atención médica están expuestos a diversos impedimentos, como problemas de visión, audición o similares no diagnosticados, lo cual hace que tengan 25% más probabilidades de perder días de escuela que aquellos niños con cobertura médica.17 Los muchos riesgos que implica la pobreza infantil pueden generar consecuencias económicas y sociales vitalicias que resultan mucho más caras que la fuerte inversión estatal en programas de intervención temprana que protejan a la infancia y fomenten su desarrollo físico e intelectual. 

Educación e igualdad de oportunidades

La economía de Estados Unidos se caracteriza por un “nexo cada vez más cercano entre la educación, la igualdad de oportunidades y los inquietantes niveles de pobreza”.18 Los salarios de los trabajadores con menor educación descendieron abruptamente en Estados Unidos desde fines de los años 70. En el futuro, “aquellos en el lado equivocado de la división educativa tendrán más dificultades para escalar de los ingresos bajos a los altos”.19  

Aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses de 17 años de edad tienen una capacidad de lectura inferior al noveno grado (la escuela secundaria comienza en el noveno o décimo grado). Es necesario encarar con urgencia las incoherencias de la política económica y social que resultan en una inversión insuficiente en la educación y la capacitación de aquellos con desventajas educativas. Las violaciones al derecho a la educación y al derecho al trabajo, que incluye el entrenamiento, tienen consecuencias vitalicias, así como de tipo económicas y sociales intergeneracionales. Al igual que la asistencia social, la educación pública es una responsabilidad de los estados en Estados Unidos, aunque debería ser una urgente prioridad nacional.

Notas

1 “And Now for the Bad News,” Charles Murray, The Wall Street Journal, 2 de febrero, 1999.

2  “Estados Unidos,” Steve Suppan, Control Ciudadano No. 3, 1999, 150-153.

3  “New Crime Report Blasts U.S. Policies,” Saint Paul Pioneer Press, St. Paul, MN, USA, 6 de diciembre, 1999.

4 Laurie Levenson, vicedecana de la Facultad de Derecho de Loyola, Los Angeles, en “New Crime Report,” op.cit.

5 De un artículo del diario Boston Globe, reimpreso como “Increase in Black Inmates ‘Staggering,’” por el  Star Tribune, Minneapolis, 2 de marzo, 1999.

6 “New Crime Report,” op.cit.

7 Charles Murray, op.cit.

8 ibid.

9 "The Hidden Paradox of Welfare Reform," Christopher Jencks, The American Prospect no. 32, mayo-junio 1997.

10 Jencks, op.cit.

11 ibid.

12 Ver Peter Edelman, “Clinton’s Cosmetic Poverty Tour,” The New York Times, 8 de julio, 1999.

13 Citado en el diario Washington Post y reimpreso en el Minneapolis Star Tribune, 27 de mayo, 1999.

14 Marion Wright Edelman, Presidenta, Children's Defense Fund (CDF), Comunicado de Prensa CDF, 30 de septiembre, 1999.

15 Comunicado de prensa Children's Defense Fund, 22 agosto, 1999.

16 Oficina del Censo, marzo 1997 Encuesta de Población Actual, incluida en "Key Facts about Uninsured Children, 14 marzo, 1998, Children's Defense Fund, <http://www.childrensdefense.org/health_keyfacts.html>.

17 Ibid.

18 “Rhetoric and Reality: Making Sense of the Income Gap Debate,” Frank Levy, Harvard Business Review, septiembre-octubre 1999.

19 ibid.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGH
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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