A cambio de petróleo...

Labid Abawi
Iraqi Amal Association

El sistema político de Iraq se caracteriza por el poder arbitrario, la ausencia de instituciones democráticas y el monopolio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial por el llamado Consejo de Comando Revolucionario Desde hace 32 años. Este sistema es incapaz de crear el ambiente político, económico, social y cultural necesario para el desarrollo social. Por otro lado, el país padece sanciones económicas internacionales desde hace diez años, que tuvieron un impacto devastador en la vida de la población y causaron sufrimiento en todas las esferas. Aún son un obstáculo para el desarrollo humano. Las sanciones económicas dieron a los actuales gobernantes el pretexto para congelar toda legislación y emprender políticas arbitrarias y aleatorias que no corresponden a las necesidades y requisitos de los ciudadanos y de la sociedad.

El régimen iraquí asistió a la Cumbre de Copenhague, pero no puso en práctica ni implementó ningún programa ni política de los compromisos allí asumidos. Con pocas excepciones, la situación en Iraq, por lo general, está peor que hace cinco años. Una excepción es la zona del Kurdistán en el norte del país, donde se avanzó con respecto a la reducción de la pobreza y la mejora de los servicios sociales. Otra es la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad (SCR) 986, conocido como el acuerdo de «comida y medicina a cambio de petróleo».

El estancamiento económico resultó en el cierre de muchas fábricas y talleres, que en 1990 sumaban 59.413, en 1995 unos 30.000 y en la actualidad 17.500. Esto se suma a una política de privatización sistemática del sector público que tiene resultados directos negativos sobre las condiciones laborales y que deterioró el ciclo productivo.

El desempleo aumentó mucho estos últimos años, especialmente entre los obreros de sexo masculino. Esto, junto con los bajos sueldos (ingreso promedio de 3 dólares por mes), obligó a miles de trabajadores a dejar sus empleos y emprender actividades marginales fuera del sector productivo. Muchas personas educadas y profesionales se vieron obligadas a emigrar. El régimen no tiene una política para reducir el desempleo ni programas de reinserción laboral.

La situación con respecto a la pobreza no mejoró en los últimos cinco años. Según informes de la ONU, alrededor de 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Considerando el alto índice de desempleo, los altos precios, la inflación desenfrenada (más de 7000%) y la ausencia de políticas oficiales para aliviarla, se puede afirmar sin temor a incurrir en el error que la pobreza alcanza niveles catastróficos para la mayoría de la población iraquí. La mayor parte de la gente depende de las raciones otorgadas por la SCR 986 para sobrevivir.

El gobierno decretó en diciembre de 1995 que todos los ministerios e instituciones públicas deben reducir sus gastos e incrementar sus ingresos. Varios impuestos se impusieron como resultado, en perjuicio de la población y su situación económica. La falta de reformas administrativas, las políticas de austeridad, los recortes del gasto público y la imposición de impuestos generalizados aumentaron la pobreza y generaron corrupción en los sectores públicos y privados. Aumentaron también el trabajo infantil, el crimen organizado, el robo y la delincuencia juvenil. La prostitución se generalizó entre jóvenes de ambos sexos. La vida familiar y el entramado social se están desintegrando. 

El régimen sistemáticamente promovió prácticas antidemocráticas, perpetuando la opresión y la discriminación étnica, religiosa y sectaria. La violación de los derechos humanos y la falta de respeto por la misma dignidad humana son sus rasgos típicos. La participación popular en la vida política, económica y social del país es imposible. Ninguna organización de la sociedad civil puede funcionar de forma libre y todas las ONG son controladas por el partido en el poder, el único partido político autorizado.

En los últimos años Iraq ha sido testigo del aumento de la participación de la mujer en la fuerza laboral, como resultado de la difícil situación económica de la mayoría de las familias y de la necesidad de incrementar sus ingresos. Los sueldos de las mujeres son mucho más bajos que los de los hombres, y tampoco reciben contratos laborales equitativos ni seguridad social. Las mujeres, por lo general, sufren doble discriminación y explotación: en la casa y en la sociedad. No existe la participación femenina en la vida política ni en la social. No existen políticas para integrarla y darle un papel en el desarrollo social, o para su concientización con respecto a los temas de equidad de género. 

Los servicios básicos de salud están en franco deterioro, aún después de la aplicación de la SCR 986. Se suponía que esta medida colmaría las necesidades iraquíes en materia de medicinas y equipos médicos, pero, a fines de 1999, sólo se había recibido el 50% de lo esperado desde que comenzó a aplicarse la resolución. 

En diciembre de 1998, como parte de su programa de privatizaciones, el gobierno introdujo mecanismos de mercado en los hospitales públicos y un año más tarde en los demás centros de salud. Esto significa que los centros dispensarios deben financiarse por sus propios medios: se implementó el cobro por la utilización de servicios, se eliminó toda asistencia financiera, se redujeron servicios médicos y se exhortó a reducir los gastos y a vender equipo y medicinas en el mercado negro, donde los precios son altos, a los efectos de aumentar las ganancias. 

El ingreso procedente de estas ventas se distribuye de la siguiente manera: 40% para el desarrollo de hospitales y centros de salud, 30% para los médicos y personal de enfermería como incentivos, y 30% para el gobierno. El resultado es una disminución de dos tercios de la cantidad de pacientes que visitan los hospitales en busca de servicios. Las personas con enfermedades crónicas que recibían medicinas 36 veces al año ahora las reciben sólo 6 veces en ese lapso, y los fármacos recibidos en cada ocasión sólo alcanzan para tres días.

La mortalidad de los niños menores de 5 años registrada en los hospitales públicos es la más alta del mundo. Según un informe de UNICEF de agosto de 1999, la mortalidad infantil aumentó de 56 –en el período de 1984 a 1989–, a 131 en 1000 en el lapso de 1994 a 1999. Se estima que unas 90.000 muertes ocurren anualmente debido a las sanciones, y la situación empeora. 

La desnutrición se volvió un problema desesperante, en particular para los niños. Existe 1 millón de niños menores de 5 años que padece desnutrición crónica, y un cuarto de éstos sufre de desnutrición aguda.

La privatización del sistema educativo en Iraq a fines de 1995 tuvo consecuencias negativas para la educación. El gobierno introdujo matrículas para los estudiantes en todos los niveles de la enseñanza y obligó a sus padres a donar dinero para mantener los edificios y construir nuevas escuelas. Los estudiantes deben comprar sus textos y pagar por actividades extracurriculares. Cerca de 86% de las familias iraquíes consideran que enviar sus niños a la escuela les significa un gran peso económico. 

Según el Ministerio de Educación, 10% de los cargos docentes estaban vacantes a principios del año pasado. El ministerio informó en febrero de 1999 que más de 150.000 estudiantes y 67.000 maestros habían abandonado las escuelas y universidades en 1998. Un millón de estudiantes de todos los niveles lo hicieron 1999. El ministerio estima que el índice de abandono es de alrededor de 8,3% anual. 

Sin lugar a dudas, Iraq, además de no haber cumplido con los compromisos asumidos en Copenhague, está retrocediendo.