¿Qué clase de bienestar?
Las tendencias preocupantes descritas en el último informe de Control Ciudadano continuaron en 1999: > hay desarrollo sin empleo; el crecimiento de la economía de mercado y la globalización llevarán a que siga reduciéndose;> la aparición de los llamados «nuevos empleos» indica un cambio de rumbo hacia una sociedad caracterizada por la inseguridad laboral, menos supervisión y control de las condiciones de trabajo, protecciones legales y sociales reducidas, y menores niveles de ingresos;> la crisis del Estado de Bienestar, ahora evidente, preocupa por dos razones: la reducción de los recursos disponibles para asegurar a todos un lugar en la sociedad; y la reducción de la capacidad administrativa para responder a las necesidades sociales primarias sin atender. El contraste entre economía y sociedad aumenta, al igual que la necesidad de adaptar los recursos decrecientes a la universalidad de los derechos.
Pero al mismo tiempo que se dan estos procesos, se desarrolla en el país una economía social que intenta servir de intermediaria del cambio entre la era de la seguridad garantizada y la de la igualdad de oportunidades. Esta economía social tiene profundas raíces históricas en Italia con su tradición de ayuda mutua, la cual, reinterpretada en términos modernos, evoca una nueva y creativa interacción entre el estado y el mercado. En esta interacción, por ejemplo, los planes jubilatorios privados adicionales, comienzan a encontrar un lugar entre políticas sociales más amplias. Existe apoyo para un ingreso mínimo garantizado y para el desarrollo de nuevas redes de solidaridad y nuevas formas de ayuda mutua que incluyan al tercer sector, a la cooperación social, al trabajo voluntario y a las emprendimientos coordinados para el desarrollo de las personas. Las bases están sentadas para la integración del tercer sector y los servicios públicos, y para la valorización de la independencia social (familias, asociaciones...) con las instituciones locales y el gobierno. Como suele suceder cuando se reúne la gente trabajadora, esta interacción eficiente resultará en un nuevo marco para el bienestar social.
De la inestabilidad laboral . . .
Las tendencias de empleo registradas en 1998 se confirmaron en 1999. Mientras que el PBI se incrementó en un 2%, el incremento general del empleo fue de sólo 0,7%. Los pronósticos para el 2000 indican otro aumento en la tasa de empleo de 0,8%. El actual porcentaje de desempleo, 11,4%, debería bajar durante el 2000 a 11,1%.
Se debe insistir sobre dos aspectos de esta información:
> el índice de crecimiento de alrededor del 9% para los llamados empleos atípicos y también el pluriempleo, es mucho más alto que el crecimiento general del empleo. Aproximadamente 3,3 millones de puestos de trabajo o casi el 15% del total de empleos están en esta categoría. De éstos, 1,5 millones son trabajadores independientes con contratos temporarios.
> 32% del total de los desempleados son jóvenes, sobre todo en el sur donde el porcentaje de incremento en el desempleo fue de 22,3% en 1998 y de 22,8% en 1999.
A fines del siglo, el mundo laboral cambió profundamente, de trabajos permanentes de tiempo completo a trabajos temporarios, independientes y con contratos a término.
. . . a la inseguridad y la exclusión social
La inestabilidad en el empleo lleva a la inestabilidad en la familia: 11,8% (2.558.000) del número total de estas (alrededor de 20 millones) vive en condiciones de pobreza relativa y 6,5 millones son incapaces de ahorrar siquiera parte de su ingreso. 23% de las familias del sur son pobres y estos guarismos aumentan con la cantidad de niños: 34% de las familias con más de cinco niños son pobres.
El sistema de bienestar italiano aún garantiza protección social a los jubilados El 3,4% del total del gasto público se dedica para subvencionar a las familias, mientras que 69,6% se asigna a las jubilaciones. La relación entre pagos de servicios sociales a las familias y pagos a las pensiones aumentó en 30 años de 1 a 2 a la actual 1 a 20.
En 1999, el apoyo económico para las familias integró la agenda política del gobierno. Esta incluía:
> aumento de las prestaciones a familias grandes, padres solos y/o discapacitados;
> aumento de las deducciones impositivas por niño dependiente de L 188.740 (USD 97) a L 366.000 (USD 187) por mes;
> cobertura de costos de maternidad para madres sin seguro social;
> bonificación especial al nacimiento del tercer hijo.
Estas medidas provienen de un sistema que todavía otorga la mayor responsabilidad a las familias y a las redes de atención primaria para los miembros más vulnerables de la sociedad: los niños, discapacitados, enfermos crónicos y ancianos. El aporte de estas redes de atención primaria se reconoce gradualmente como socialmente útil ya que ofrece oportunidades de empleo a los inmigrantes y los trabajadores sin fines de lucro (que hoy representan 1,8% del total de los empleados).
Trabajadores inmigrantes, un recurso en riesgo
Muchos de los trabajadores inmigrantes que vienen a Italia en una corriente continua son empleados como domésticos y/o asistentes. El número total de residentes extranjeros (incluyendo los que vienen de Europa y otros países desarrollados) es de aproximadamente 1,3 millones. El número de inmigrantes autorizados a entrar al país en 1999 fue de 58.000. Se les entrega permisos de trabajo a alrededor de 60% de los inmigrantes, con prioridad a los que vienen de países con una «fuerte presión migratoria» (África y Europa oriental, especialmente Marruecos, Yugoslavia y Albania). Alrededor de 800.000 inmigrantes, la mayor parte mujeres, son empleadas domésticas y asistentes. Pocas tienen contratos regulares de trabajo y muchas tienen dificultades para equilibrar el trabajo y la vida familiar.
En 1999 se adoptó una nueva ley de inmigración. La aplicación íntegra de la misma restringiría la inmigración ilegal o irregular, pero también fomentaría políticas de integración que contrastarían con la tendencia creciente a marginar y excluir a los «recién llegados» de la sociedad.
«No cabe duda que uno de los problemas claves de Italia tiene que ver con la calidad de sus escuelas y sistemas de capacitación», dice el Ministro de Educación, Giovanni Berlinguer (en su introducción a La Scuola dell’Autonomia, de Giunti (editor), 1999). No hubo una reforma global del sistema educativo desde la reforma del Ministro Giovanni Gentile en 1923. Sí se hicieron cambios importantes a partir de los años sesenta con el establecimiento de la educación secundaria obligatoria (scuola media) y la reforma de primaria en 1991.
En 1997 se propuso una reorganización amplia de los ciclos educativos. Parte de esta reorganización fue incrementar la edad permitida para abandonar la escuela a los 15 años y reformar los exámenes finales de secundaria. El artículo 34 de la constitución italiana consagra el concepto de educación como un derecho de los ciudadanos, pero hoy las escuelas necesitan una reforma para hacer efectivo ese derecho. Ya que las escuelas son la primera agencia de socialización, tienen que tratar temas sociales que van desde el de las drogas y los delitos, a la afirmación de los valores interculturales.
En 1999 se inició un proceso para darle más independencia a las escuelas públicas. Los programas ministeriales educativos vigentes en todo el país fueron reemplazados con un programa nacional que permite a las escuelas e institutos manejar algunos recursos económicos, culturales y de infraestructura. Hoy, las escuelas y los institutos están a cargo de nuevas actividades y servicios y brindan capacitación junto con otros actores sociales (estudiantes, autoridades locales, el comercio y el mundo de la cultura).
Las reformas innovadoras basadas en la descentralización y la participación de la comunidad tienen primero que tomar en cuenta las diferencias económicas, sociales y culturales que existen en Italia y encarar las emergencias, como la del abandono escolar en el sur.
Menos recursos, más emergencias
Mientras que los recursos asignados a la asistencia para el desarrollo del país están en su punto más bajo, las asignaciones para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se incrementaron considerablemente en el presupuesto del 2000 con la presentación de un programa para luchar contra la pobreza en el Mediterráneo y Africa subsahariana. Con respecto a la calidad de la ayuda, sólo 0,1% de la AOD se asignó a la educación primaria, 0,9% a la salud básica y 0,4% a la salud reproductiva. Además, 54,4% de la ayuda bilateral italiana fue condicionada a la compra de productos y servicios italianos.
Las actividades de coperación para ayudar a los refugiados se intensificaron en los Balcanes durante la guerra en Kosovo. El gobierno había reservado fondos especiales, pero también lanzó una iniciativa pública para recaudar fondos conocida como «Arcobaleno» y coordinada por el Ministerio para la Solidaridad Social. Con amplia cobertura en los medios, la operación fue todo un éxito. Lamentablemente, sus resultados son inciertos debido a malversación e interferencia por parte de la mafia albanesa, al extremo que la justicia está investigando el caso. Además, las actividades aún no se articularon con el Ministerio de Asuntos Exteriores para asegurar la coordinación de programas e instrucciones.
La actitud de Italia hacia los Balcanes apunta a reconstruir la coherencia social a través de proyectos generadores de ingresos y empleo, educación y capacitación y participación de las autoridades locales y municipales. Se intenta reproducir una estrategia que tuvo éxito a partir de 1990 en América Central con el Programa para el Desarrollo a Nivel Humano (PDNH) implementado principalmente con la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (ONUSP).
¿Italia será capaz de definir una nueva política de cooperación?
El proceso de reformar la política de cooperación con los países en desarrollo dio un importante paso en julio de 1999 cuando el Senado presentó un proyecto de ley que pronto será debatido en la cámara de Diputados. La aprobación final de la Asamblea Legislativa se espera para este año. El proyecto declara que los objetivos de la cooperación son cumplir con necesidades primarias, promover el desarrollo sustentable, luchar contra la pobreza y fomentar la integración política y económica en los países beneficiados dentro del marco internacional.
El proyecto de ley estipula que la ayuda debe contribuir a reducir y cancelar la deuda externa. Los préstamos y concesiones monetarias ya no podrán condicionarse a la compra de productos y servicios de origen italiano. Las poblaciones y comunidades locales podrán recibir asistencia al igual que los gobiernos. El proyecto otorga más reconocimiento e independencia a las ONG y actores sociales del norte y del sur.
De todas maneras, aún se mantiene algo de incertidumbre y retroceso. Hay un desfasaje entre las nuevas metas para la cooperación y el hecho de que dos tercios de los recursos de AOD se destinan a intervenciones multilaterales (bancos y fondos de desarrollo) donde se adoptan posiciones fundamentales sobre asuntos macroeconómicos: existe el riesgo de que la Tesorería predomine sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este desfasaje revela que los legisladores no están aplicando coherencia a la política ni a la cooperación para el desarrollo, así como a otros ámbitos de intervención como el comercio, las inversiones extranjeras, la política militar y de seguridad y la promoción de los derechos humanos.
El Tribunal Penal Internacional
En 1999 el parlamento italiano aprobó un proyecto de ley que aprueba y ratifica el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Dicho proyecto fue presentado por el Presidente de la República al Secretario General de las Naciones Unidas.
A efectos de acelerar su aprobación, se habilitó un poder al gobierno que permita la introducción de enmiendas a la ley penal italiana necesarias para hacer cumplir el estatuto. El parlamento aún debe, por lo tanto, debatir y aprobar un proyecto de ley que contemple este poder. Mientras tanto, dos comisiones están redactando las enmiendas a ser introducidas: estas son la Comisión Nacional para los Derechos Humanitarios Internacionales, que trabaja en la definición de crímenes, y una comisión creada por el Ministerio de Justicia para formular los términos de la cooperación italiana con el Tribunal Penal Internacional.
Las promesas sobre la deuda
El 18 de diciembre de 1999 el gobierno italiano anunció oficialmente una medida que incluye acuerdos alcanzados por los países del G7 para reducir la deuda externa. La posibilidad de que esta iniciativa tenga éxito es limitada debido a las restricciones impuestas por la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y a las limitaciones de la cancelación propuesta –una acción única limitada a los países con ingresos anuales menores a USD 300 per cápita hasta un máximo total de L 3.000 millones (USD 1.538.000).
El informe que acompaña la medida indica claramente que «las deudas que son incobrables se deben perdonar... la mayor parte de los países no pagan desde hace tiempo.» Lamentablemente, cancelar deudas incobrables no libera recursos para el desarrollo de los países endeudados; la medida, tal cual se presenta hoy, no tendrá un efecto real.
