Una desigualdad obscena

Prof. Edward Oyugi
Kenya Social Watch Group; Social Development Network

La economía del país sufre presiones sin precedentes debido a factores internos y externos. Entre ellos se incluyen: el círculo vicioso de la deuda externa que consume aproximadamente el 30% de los ingresos del país procedentes de las exportaciones; la reducción de la capacidad productiva y de la base exportadora; la corrupción generalizada; la falta de políticas que mejoren la situación; la menor importancia de Kenya como destino para los capitales financieros y de inversión de Occidente, y la creciente dependencia de la ayuda internacional.

Las estadísticas actuales ubican al país en el decimoséptimo lugar entre los países más pobres del mundo. El nivel de desigualdad es obsceno. El 10% de la población con mayores ingresos recibe 36 veces más que el 10% de menores ingresos. Lo que implica este desequilibrio es que el 10% superior de la población es propietaria de hasta 47% de la riqueza nacional del país, mientras 13 millones de personas, viven y mueren en la pobreza absoluta.

Una serie de impedimentos operativos plagan al recientemente publicado documento sesional No. 3 de 1999 sobre Erradicación de la Pobreza y al Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza. Entre ellos se encuentran el exceso de burocratización, la falta de una exposición clara de las necesidades estratégicas de los principales afectados y la inexistencia de mecanismos claros de «ring fencing».1  Según la Encuesta de Control del Bienestar de 1994, la incidencia de la pobreza correspondió a 47% en el ámbito rural y a 29% en el urbano, calculándose que vivían en la pobreza absoluta 11,5 millones de kenyatas. Esa cifra creció a 13,6 millones. El bajo crecimiento económico, que se redujo de 4,6% de expansión del PBI en términos reales en 1996 a 2,3% en 1997 y a 1,8% en 1998, agrava la situación.

El Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza lanzado en marzo del año pasado no ofrece espacio suficiente para concentrarse en las causas fundamentales de la pobreza en el país, ni tampoco se dedica a las necesidades de desarrollo social de la población empobrecida. La corrupción generalizada significó grandes pérdidas en la recaudación impositiva y la mala distribución de los recursos. La recientemente creada Autoridad Anticorrupción de Kenya aún no cumplió las expectativas del pueblo.

Justicia y equidad social

Las disparidades económicas también se manifiestan en desigualdades interregionales e intergeneracionales. La brecha social entre hombres y mujeres sigue ampliándose, sin que haya políticas o estrategias de acción positiva a la vista. En el Parlamento, por ejemplo, sólo hay siete legisladoras en un total de 220 miembros. Sólo tres de ellas fueron elegidas por voto popular y el resto fueron designadas por los partidos políticos. Ninguna mujer integra el gabinete del gobierno actual. Los incidentes de violencia contra las mujeres van en aumento. Según los registros policiales, sólo en 1996 hubo 625 casos de violación y 4.889 casos de ataques contra mujeres. Los casos sin denunciar de violación y violencia doméstica son generalizados. Aunque las mujeres son las principales productoras de alimentos y representan 81,8% de la mano de obra en la agricultura de subsistencia de Kenya, aún no tienen derecho a la herencia ni al control sobre la tierra familiar u otros medios de producción.

Se reconocen las gestiones del gobierno para resolver los graves problemas que padecen los sectores o grupos vulnerables. Entre estos se encuentra el Fondo para los Discapacitados, el Programa de Recuperación de la Sequía, el Comité Permanente de Derechos Humanos, fondos de desarrollo para mujeres y jóvenes, la Comisión de Erradicación de la Pobreza y la Autoridad Anticorrupción. Pero ante la inexistencia de una coordinación adecuada y de claras pautas políticas, esos esfuerzos no lograron resolver los problemas asociados con la exclusión social. Parecería que aquéllos se corresponden más a las medidas decorativas y a la retórica de un gobierno que aún no concentró su política en el bienestar del pueblo. Dada esta situación, es necesaria una acción positiva para mejorar la participación femenina en la formación de políticas y para eliminar todas las formas de discriminación contra los grupos en minoría.

El acceso universal a la educación sigue siendo un sueño para la mayoría de los kenyatas. Las escuelas primarias del país cobran cuotas muy por encima del alcance de muchos padres, la mayoría de los cuales son pobres. A pesar de que se crearon más oportunidades educativas en la última década, muchos niños y niñas entre seis y 13 años de edad aún no asisten a la escuela. Estudios recientes muestran que en los últimos dos años la tasa nacional de matrícula a nivel primario se encuentra por debajo del 60%, y que 2,5 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela.

El bajo nivel de la matrícula se agrava por la alta deserción escolar. Por ejemplo, en 1990, poco más de 900.000 niños y niñas estaban matriculados en el primer año, pero de esa cantidad sólo 416.000 alumnos terminaron el ciclo primario hasta el octavo año. Eso representa un índice de finalización de sólo 40%. Los índices de transición de la escuela primaria a la secundaria aún están por debajo del 50%. En 1998, la tasa de transición fue de 43,1% para las niñas y de 46,4% para los varones. El acceso a la educación secundaria descendió drásticamente a pesar de que aumentaron el número de plazas de 618.500 en 1990 a 700.500 en 1998. Esas plazas sólo reciben a 29% de la población de 3.023.300 entre 14 y 17 años, lo cual indica que más de 2.322.500 niños en edad secundaria no asisten a la escuela. Las disparidades de género existen en materia de matrícula, retención y participación en todos los niveles educativos. Para corregir esta tendencia preocupante, el gobierno debe adoptar medidas que cierren la brecha de género en la enseñanza primaria y secundaria para el año 2005, aumenten la matrícula y la tasa de retención a más de 80% para el 2010 y brinden educación primaria universal para el 2015.

Atención médica primaria

El acceso a una mejor atención médica ha sido esquivo para muchos kenyatas tras la adopción de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en la década de 1980. La aplicación de honorarios de usuarios ha significado una muerte ignominiosa para los pobres que no pueden pagar los costos astronómicos de los servicios médicos. La desaparición del apoyo externo al sector de la salud, como consecuencia de la gran corrupción y el mal manejo de los recursos, llevó a un deterioro sin precedentes en los servicios de salud pública y al desvío de fármacos y equipos a las clínicas privadas.

La epidemia de VIH/SIDA socava las pocas conquistas que había logrado el sector de la salud. Casi dos millones de kenyatas son portadores de VIH y unos 500 mueren todos los días por esta causa. En la mayoría de los hospitales, los pacientes de SIDA ocupan 50% de las camas. Recientemente, el gobierno declaró «desastre nacional» al SIDA – una medida bienvenida por muchos, pero a la que se le reprocha una demora de 15 años.

En cuanto a la infraestructura física, hay 1,9 camas por cada 1.000 personas. Un total de 3.500 instituciones de salud sólo suman 50.000 camas. Sólo 41% de la población del país se encuentra a cuatro kilómetros de un centro de salud, y hasta 75% está a una distancia de ocho kilómetros o más. La situación se agrava por el bajo nivel de distribución de los recursos. El gobierno sólo aportó 9,6% de los recursos en 1996/97, frente a 9,26% en 1979/80. El otro problema tiene que ver con la concentración del personal calificado en las zonas urbanas. Más de 80% de los médicos están radicados en centros urbanos, que albergan a 20% de la población total. El análisis del presupuesto actual indica que 70% de los fondos de la salud se destinan a servicios curativos y sólo 18% a la atención médica preventiva. El Ministerio de Salud Pública debe considerar ofrecer atención médica primaria a todos los kenyatas que no la pueden pagar y debe minimizar la corrupción mediante el riguroso control de los trámites de adquisición de los fármacos.

Integración regional

Las gestiones para relanzar la Comunidad de Africa Oriental se vieron perjudicadas por la inestabilidad política, el desequilibrio comercial, las menores tasas de crecimiento y la falta de voluntad política. La cooperación se realizó entre los jefes de estado, ignorando la participación de los pueblos de la región. El resultado de esta falta de participación es una unión frágil que no depende de la voluntad general de la población y por lo tanto no puede perdurar más allá de los caprichos de la elite política.

Ahora se ha firmado, aunque a regañadientes, el tratado de la Comunidad de Africa Oriental. Para decepción de muchos africanos del este, sus líderes no se pusieron de acuerdo en un pacto comercial, en general, y en la eliminación de aranceles, en particular. De hecho, esto reduce la Comunidad a un ejercicio vacío que no puede crear oportunidades económicas para reducir la pobreza de la región. Las discrepancias en este ámbito surgen de los abrumadores desequilibrios comerciales entre los tres países de Africa Oriental con Sudáfrica.

La cooperación existente entre los gobernantes de Africa Oriental no se refleja en los presupuestos nacionales de los tres gobiernos. Se debe adoptar un marco político cabal para liberar las oportunidades de desarrollo social de los habitantes de la región, que incluyan servicios transfronterizos de salud, educación, seguridad, comercio y empleo. Si los esfuerzos de integración regional han de ser sustentables, los tres estados han de desarrollar una visión o un compromiso en común, junto a sistemas de cooperación basados en políticas públicas previsibles.

Notas 

1 «Ring fencing» es un concepto utilizado habitualmente por los activistas de desarrollo social de Africa Oriental para referirse a la asignación obligatoria de un porcentaje fijo del gasto del presupuesto para los servicios sociales básicos. «Ring fencing» es un concepto utilizado habitualmente por los activistas de desarrollo social de Africa Oriental para referirse a la asignación obligatoria de un porcentaje fijo del gasto del presupuesto para los servicios sociales básicos.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
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