Mucho ruido y pocas nueces

Areli Sandoval Terán
DECA Equipo Pueblo, A.C., miembro del colectivo: Espacio de Coordinación Control Ciudadano–DESC, integrado por organizaciones civiles y redes mexicanas que trabajan en desarrollo social y derechos humanos.
El sustento principal de este documento es el Informe Alternativo ‘La situación de los derechos económicos, sociales y culturales en México’ (aquí citado como Informe Alternativo DESC) presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en noviembre 1999, elaborado por: Casa y Ciudad, A.C. – Coalición Habitat México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (PRODH), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (CEREAL), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. (CMDPDHAC), Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, DECA Equipo Pueblo, A.C., Defensoría del Derecho a la Salud, Food First Information and Action Network – Sección México (FIAN–México), Frente por el Derecho a Alimentarse (FDA), Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos ELIGE, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todos’.

En el período post cumbres, el país ha presentado situaciones de inestabilidad económica, política y social que evidencian una realidad distinta a la planteada por el gobierno mexicano ante los organismos internacionales, expresiones tanto del sistema de dominio del partido de Estado durante 70 años, como de la incapacidad del modelo económico de los últimos 17 años para promover un desarrollo social sostenido. Las diversas manifestaciones de descontento popular, que incluyen el movimiento zapatista y la aparición de varios grupos armados en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son tan sólo uno de los indicadores del poco avance en el cumplimiento de los compromisos derivados de Copenhague y Beijing.

Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, se han llevado a cabo diversas medidas legislativas, de política económica y social, así como planes y programas gubernamentales planteados como solución a problemas de desarrollo social, que no han alcanzado su objetivo, lo han hecho de manera insuficiente o, incluso, han resultado en mayor empobrecimiento de la población. 

El gobierno mexicano aún tiene mucho por hacer para garantizar que los avances realizados en el plano formal se traduzcan en práctica y se reflejen en la vida cotidiana. Por otro lado, necesita reconocer las causas estructurales de los problemas de desarrollo del país para diseñar medidas de solución adecuadas; no es posible avanzar si continúa, por ejemplo, atribuyendo las dificultades en el progreso de las metas sociales a la profunda crisis económica que agobia al país desde 1995.

La creación de un entorno favorable para el desarrollo social deberá pasar primero por una redefinición de las prioridades gubernamentales. El acento ha estado en la protección de los grandes intereses económicos, financieros y comerciales a costa del bienestar de la población. 

No obstante que el país cuenta con programas de combate a la pobreza implementados con posterioridad a 1995, siendo el principal el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el número de personas que viven en la pobreza y en la pobreza extrema se ha incrementado de manera alarmante en este periodo, tanto en zonas rurales como urbanas, agravando de manera particular la situación de la población femenina, infantil e indígena. Se trata de medidas asistencialistas y de focalización para aliviar los impactos del ajuste estructural (compromiso 8), pero que resultan insuficientes para el alto nivel de pobreza del país.

> El gobierno reconoce una cifra aproximada de 42 millones de pobres, de los cuáles sitúa 26 millones en la pobreza extrema. Además, de 32 millones de personas menores de edad, 12 millones se encuentran en situación de pobreza.1

> La pérdida de poder adquisitivo del salario de diciembre de 1994 a agosto de 1999 es de 47.6%, equivalente a más de la mitad del deterioro salarial de los últimos 23 años.2

*Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía,  (UNAM), mayo de 1998. con datos de Banco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Con respecto al empleo, éste se ha deteriorado en términos de su calidad y remuneración, además del aumento del desempleo y en consecuencia del subempleo, y de la carga laboral de las mujeres y los(as) niños(as). Mientras tanto, el gobierno mantiene una política de creación de puestos de trabajo insuficientes y temporales, de privatizaciones que generan despidos masivos, de apertura comercial indiscriminada que afecta la planta productiva nacional y de topes salariales.

> En 1998 se generaron 750 mil plazas de empleo, de las cuáles sólo 40% fueron fijas.3  Anualmente, se requiere generar un millón 200 mil fuentes de trabajo para atender la demanda, pero al finalizar 1999, el número de plazas no llegará ni a 500 mil.4

Integración social y derechos humanos 

El estado que guardan los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el país sigue siendo preocupante, y en algunos aspectos ha empeorado, como lo atestiguó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su visita a México en noviembre de 1999. Esto se debe a los costos sociales de la política económica gubernamental, a la represión de movimientos de descontento popular, al aumento de la corrupción y la impunidad que imposibilitan el acceso a la justicia.

No obstante el impulso de organizaciones feministas a la incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas y políticas públicas y a diversas iniciativas contra la situación de inequidad entre hombres y mujeres, ésta todavía se manifiesta en casos de discriminación laboral (exigencia del examen de no gravidez para ser contratadas y despidos por embarazo), explotación, violencia doméstica, dificultades para acceso al crédito, a la vivienda, feminización de la pobreza, etc. 

En este sentido, diversos objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing en lo que se refiere al tema de la Mujer y la Economía se encuentran en riesgo para su realización, ya que el ambiente económico es poco favorable para que éstas puedan aumentar su acceso a los recursos, la propiedad y sobre todo a la toma de decisiones en la esfera económica.5

Pese al avance hacia las metas gubernamentales en educación y salud, el gobierno reconoce que prevalecen profundas desigualdades regionales que se manifiestan, por ejemplo, en altas tasas de enfermedades infecto–contagiosas y padecimientos vinculados a la desnutrición y a la reproducción, en el índice de analfabetismo y de deserción escolar, en áreas rurales dispersas y urbanas marginadas.

Con respecto a los recursos para el desarrollo social, no obstante el gobierno ha incrementado su porcentaje, la pobreza va en aumento. Además, hay una gran desproporción entre el gasto social y los montos erogados en el gasto militar, el rescate a los bancos privados, o el pago puntual del servicio la deuda externa. Por ejemplo:

> En 1998, sumando todos los programas destinados al combate a la pobreza extrema, se alcanzó la cifra de 38 mil 101 millones de pesos, que equivalen al 1% del PIB, al 4.3% del Gasto Neto Total, al 28% del costo financiero de la deuda y al 5.8% de lo que se destinó al gasto financiero del rescate bancario para ese año, por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).6

> En 1999, al gasto militar se le destinan cuatro veces más recursos que al de la superación de la pobreza.7

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000 el gobierno mexicano no fijó metas concretas para erradicar la pobreza sino aspiraciones, en lo general, para «elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos; y, de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social».8

En los Informes de Gobierno que anualmente rinde el presidente se destacan algunas metas como aumentar el número de becas otorgadas cada año o el número de familias que se espera beneficiar con el PROGRESA, pero estas resultan insuficientes tanto en términos cuantitativos como cualitativos, ya que el número de personas pobres es muy superior al destinatario de esos apoyos y estos sirven sólo como paliativos. 

Para impulsar el desarrollo social sostenido

Hace falta partir de una concepción integral del desarrollo social, que tome en cuenta criterios económicos, sociales, culturales y ambientales para el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas; para ello, es necesario que el gobierno considere los aportes de la sociedad civil y sus organizaciones.

Desde la sociedad civil organizada se trabajará para que el gobierno atienda y cumpla las recomendaciones (E/C.12/1/Add.41) que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le ha formulado el 3 de diciembre de 1999, después de examinar su grado de avance en la materia y que coinciden con nuestras propuestas, destacando las siguientes: 

> El Comité insta al Estado parte a atender las causas estructurales de la pobreza en México y a ajustar los programas sociales de acuerdo con esto. Además, el Comité invita el Estado parte a involucrar estrechamente a la sociedad civil en general, y a los grupos meta en particular, en la planificación, aplicación y evaluación de estos programas. 

> El Comité hace un llamamiento al Estado para que al negociar con instituciones financieras internacionales y al realizar programas de ajuste estructural, políticas macroeconómicas, pago del servicio de la deuda externa, integración a la economía de mercado, etc., tome en cuenta su efecto en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular por los grupos más vulnerables de sociedad.

Notas

1 Informe Alternativo DESC. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, citado en «La Tragedia de los niños mexicanos... según el gobierno». Masiosare, suplemento especial de La Jornada, periódico nacional, 2 de mayo de l999. pp.10 y 11.

2 Informe Alternativo DESC. Reporte de Investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Financiero, periódico nacional, 31 de agosto de 1999, p.14

3 Informe Alternativo DESC. Declaración de Javier Moctezuma Barragán, funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Financiero, periódico nacional, 30 de marzo de 1999, p.13.

4 Informe Alternativo DESC. Martínez Gallardo, Alejandro, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. El Financiero, periódico nacional, 8 de abril de 1999, p.13

5 Análisis de Laura Frade, de Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario (ALCADECO) – Milenio feminista.

6 Informe Alternativo DESC. Apartado sobre presupuesto, basado en ensayos de Fabiola Zermeño Núñez, especialista en análisis de políticas presupuestales y hacienda pública.

7Informe Alternativo DESC. Informe Especial de El Financiero, 11 de mayo de 1997, y «Análisis del Presupuesto de Egresos de 1999», por el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Coyuntura 89, diciembre 1998, p. 56.

8 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000.


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