Compromiso a compromiso

Héctor Béjar
Comité de Iniciativa de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social, integrado por: Acción Ciudadana/ Asociación Nacional de Centros, ANC/ Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, CEDEP/ Centro de la Mujer Flora Tristán/ Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, CIED/ Consorcio de la Pequeña y Microempresa, COPEME/ Fomento de la Vida, FOVIDA/ Grupo Mujer y Ajuste/ Grupo Pachacámac/ Red Nacional de la Mujer Rural y otras redes y organizaciones.

Presiones contra opositores, obstrucciones a la libertad de expresión y asistencia focalizada a la pobreza extrema, caracterizaron la situación entre 1995 y 1999. Datos oficiales muestran una leve disminución de la pobreza extrema y un mantenimiento del nivel general de pobreza. La pobreza afecta a 12 millones de personas manteniéndose esta magnitud absoluta entre el 94 y 97. A pesar de una creciente inversión estatal, los avances son pequeños. Se requiere retornar a la democracia, reactivar la economía y generar empleo, a la par que invertir en las personas y fortalecer las instituciones.

Compromiso 1: entorno que permita el desarrollo social

Desde el autogolpe dado por Fujimori en 1992, las leyes son pobremente cumplidas o modificadas para beneficiar al poder central. El poder judicial, el ministerio público y las principales universidades están intervenidos. El Perú pretende retirarse de los aspectos contenciosos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todo se acomoda para que el actual Presidente sea reelegido por segunda vez. 

No existe política anticorrupción a pesar que el gobierno ha ratificado la Convención Americana contra la Corrupción de 1996. 

Compromiso 2: estrategia para el alivio de la pobreza

El ajuste estructural aplicado desde los noventa, carente de diagnósticos gubernamentales sobre sus consecuencias sociales, redujo el poder adquisitivo al 60% de su valor anterior.

En 1995 el Presidente Fujimori lanzó la meta de reducir la pobreza extrema a la mitad el año 2000, es decir del 18% de 1994 al 9%, aplicando la estrategia focalizada consistente en servicios básicos, distribución de alimentos y planificación familiar. 

Los ministerios de Salud, de la Presidencia, de la Mujer y otras agencias estatales, ejecutan múltiples programas sin concertación ni coordinación. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 1996 determinó que 61% de hogares (77% en el área rural), recibió beneficios de al menos un programa social. Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida (ENNIV), entre 1994 y 1997 se instaló luz y agua a más de medio millón de familias, el sector salud atendió a más de un millón de pacientes ambulatorios por mes y el número de niños en escuelas aumentó en 200.000.

Estudios del Banco Mundial, señalan que los programas gubernamentales no han llegado a todos por igual, aumentándose las desigualdades regionales. Del total de reducción de la pobreza, casi 80% proviene sólo de Lima y sierra urbana. En comparaciones internacionales, Perú permanece entre aquellos países que tienen una variación extremadamente alta del nivel del ingreso regional.

No existe un sistema de evaluación de resultados de esta estrategia. La ENNIV estableció que la pobreza extrema se redujo en 4 puntos, del 18 al 14% entre 1994 y 1997. La reducción del conjunto de la pobreza es bastante menor y se ubicó en  49% en 1997.

Los programas gubernamentales contra la pobreza han privilegiado los enfoques de “llenar las carencias” de los pobres rurales y urbanos sin aprovechar sus capacidades y potencialidades. Se debería llenar las carencias por ingresos, para que mujeres y hombres aseguren su “participación en las decisiones que afectan sus vidas, aumentar sus puntos fuertes y sus activos” (PNUD, 1997), ampliando sus oportunidades en el desarrollo local, regional, nacional y global.

Compromiso 3: Promover el pleno empleo como prioridad básica de las políticas económicas

La hipótesis gubernamental es que el crecimiento mediante la inversión extranjera genera empleo. No ha sucedido así: dichas inversiones han tenido un impacto reducido en el empleo aunque sí lo han tenido en el crecimiento del PBI.

La ENNIV 1997 estimó que en el período 1994-1997 se crearon cerca de 1.3 millones de puestos de trabajo. Pero apenas 16% de este empleo puede considerarse adecuado. Los indicadores de calidad laboral muestran que la calidad del empleo es, en general, precaria. No existe salubridad ni protección contra la contaminación ambiental.

El gobierno no tiene política de promoción ni metas específicas de empleo. El Estado compra anualmente productos de microempresas, pero la promoción de éstas choca con la política recesiva. No existen diagnósticos gubernamentales sobre el impacto del ajuste y las crisis financieras en el mercado de trabajo.

Se requiere reactivar la economía, fomentar el ahorro y la inversión local y mejorar las capacidades tecnológicas y de gestión de los sectores con gran impacto en empleo como la agroindustria, el turismo y la actividad agropecuaria, que ocupa 27% de la PEA.

Diversas opiniones coinciden en que los programas sociales: no han creado empleo adecuado y sostenible sino sólo temporal e informal; su decisión se concentra en el gobierno central; y su sostenibilidad es incierta porque no pueden ser transferidos a una población carente de ingresos para cubrir necesidades básicas. Se plantea promover actividades con empleo y descentralizar los programas atendiendo a la diversidad cultural del país.

Compromiso 4: Integración social

La Constitución de 1993 y diversas leyes establecieron mecanismos para defender derechos ciudadanos y personas desprotegidas. 

El principal es la Defensoría del Pueblo. En cuanto a niños y niñas, el Código de niños y adolescentes, el Sistema de atención integral al niño y el adolescente, y el Plan nacional de acción por la infancia. También hay programas como las Defensorías de Mujeres, Niños y Adolescentes (DEMUNA), wawawasi1 y otros. 

En cuanto a los indígenas, el Estado no los reconoce como pueblos ni les garantiza el derecho a identidad étnica. Leyes de descentralización, liberalización del mercado de tierras, titulación de comunidades campesinas de la costa, y de recursos naturales, y contratos firmados entre el gobierno y empresas privadas, perjudican a los pueblos indígenas y favorecen a empresas mineras, forestales y petroleras. Pese al Convenio 169 de la OIT, las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no ha consultado a las organizaciones indígenas para ello.

Es necesario que la disposición constitucional que define al Perú como un país pluriétnico y multicultural, sea reglamentada y aplicada.

Compromiso 5: género

44% de las mujeres vive en la pobreza y el 18% en extrema pobreza. 23% de las mujeres pobres no han recibido ninguna educación y 42% sólo tiene algún año de primaria. 40% de mujeres pobres trabajan para familiares sin recibir remuneración. La  tasa de mortalidad materna permaneció inalterada en 265 fallecidas por 100 mil nacidos vivos, según la Encuesta Nacional de Salud (ENDES III). Se mantiene la brecha de discriminación salarial respecto de los varones: es de 23% en Lima y 33% a  nivel nacional (ENNIV 1997). 

La perspectiva de género no ha sido incorporada a las políticas públicas.

La representación femenina en el Congreso es 10.8%; 5% de alcaldías y 25% de regidurías. Algunos cargos públicos importantes son ejercidos por mujeres nombradas por el Presidente. Existe obligación de incluir 25% de mujeres candidatas en las listas a elecciones municipales y al Parlamento.

Algunos avances legales son: la ley 26941 (las embarazadas no pueden ser impedidas de iniciar o proseguir sus estudios); la Ley contra la discriminación para acceder a puestos de trabajo y la Ley contra la violencia familiar. Todas las estaciones policiales están obligadas a recibir denuncias sobre violencia familiar y los reconocimientos médicos son gratuitos. Hay Fiscalías de Familia para entender sobre violencia familiar y psicólogos forenses para evaluar la violencia psicológica. La violación sexual es denunciada de oficio por el Ministerio Público. 

Estos mecanismos son limitados en las ciudades e inexistentes en los pueblos rurales. Las trabajadoras del hogar siguen sufriendo discriminación étnica y de género. 

Compromiso 6: salud y educación

Se ha invertido en infraestructura educativa en zonas de pobreza, incluyendo servicios como desayunos escolares. El  Seguro Escolar Gratuito cubre desde 1997 a cinco millones de alumnos. El programa de alfabetización hace énfasis en el analfabetismo femenino. 

El Informe de UNICEF sobre el estado de la niñez, la adolescencia y la mujer en el Perú 1997 señaló los problemas de abandono de escuela y repitencia de grado. El abandono llega al 17% entre los adolescentes de 12 a 17 años. Uno de cada cinco alumnos de primaria repitió  grado al menos una vez y uno de cada tres tiene edad mayor a la que debería para su grado. 100 mil escolares abandonan la escuela primaria cada año, cantidad que se duplica al llegar a la secundaria. 250 mil niñas, el 12% de niñas de hogares pobres, no asiste a  centros educativos. 

Se ha universalizado la vacunación de menores de un año mediante el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Desde 1996 la cobertura de vacunación para ellos fue 100% en polio, 87% en DPT tercera dosis y sarampión y 99% en BCG (ENDES III). Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sólo el 25% de los que viven en pobreza extrema tuvo acceso a servicios de salud. Una política de autofinanciamiento de los establecimientos de salud tiene como efecto limitar el acceso a estos servicios.

La desnutrición infantil entre los menores de 5 años descendió de 36.5% a 25.8% entre 1991 y 1996 (ENDES III) pero los niveles de desnutrición por déficit de micronutrientes, (escasez de hierro que provoca anemia) llegan al 70% entre los niños pobres.

La mortalidad infantil descendió de 92 a 68 por cada mil nacidos vivos entre 1991 y 1996 (ENDES II y III).

Compromiso 9: recursos asignados al desarrollo social

El Estado afirma que está gastando 40% del Presupuesto nacional y 6% del PBI en  políticas sociales (en 1993 gastaba el 3% del PBI) pero no existen datos precisos sobre lo gastado en servicios sociales básicos porque la información presupuestal es insuficiente. No hay metas claras para gasto en educación, salud, servicios de infraestructura sanitaria. No existe información confiable sobre gastos militares. 

Los gastos por deuda externa llegan al 30% del Presupuesto del año 2000 y han estado bordeando un 20% del Presupuesto en 1995 - 1999. El total de la deuda llega al 50% del PBI mientras la media regional es 19%. En el marco del Jubileo del año 2000, las iglesias y la sociedad civil hicieron campañas de sensibilización sobre este problema. Un millón 685 mil firmas peruanas respaldaron a comienzos de 1999 la iniciativa de Juan Pablo II.

Compromiso 10: cooperación internacional

Los compromisos de Copenhague y Beijing no han sido difundidos por el gobierno. No se ha incentivado su vigilancia y seguimiento en el caso de Copenhague. 

Si bien las organizaciones de la sociedad civil han promovido mesas de concertación con el Estado a nivel regional y distrital, no existe coparticipación significativa entre el Estado y la sociedad civil en materia de desarrollo social. 

Notas

1 Guardería infantil.

Héctor Béjar elaboró el informe teniendo como base datos oficiales y las opiniones de los expertos: Miyaray Benavente (nutrición), Jorge Bernedo (empleo), Roelfien Haak; Yenny Melgar (economía agroalimentaria); Diana Miloslávich Túpac y Silvia Loli (género), Doris Portocarrero (niñas y niños), Ismael Vega (pueblos indígenas); y Carmen Vildoso (microempresa).

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
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