Expetativas defraudadas
INTERMÓN, miembro español de OXFAM INTERNACIONAL, es una fundación independiente sin fines de lucro, que trabaja desde 1956 para erradicar la pobreza en el Sur a través de proyectos de desarrollo, la denuncia, la sensibilización y el Comercio Justo.
La evolución de la acción frente a la pobreza1 durante estos cinco años ha estado marcada por la evolución positiva del crecimiento económico en el país. En el Informe de 1999 de Control Ciudadano ha quedado constancia de que crecimiento y pobreza no han evolucionado al mismo ritmo; al menos en lo que hace referencia a la pobreza severa. Esto hace más notable la constatación de que la acción frente a la pobreza no haya sido expresamente abordada como tal, sino que siga dependiendo de los efectos que el crecimiento económico tenga sobre dos aspectos sustanciales: el crecimiento del empleo y la protección social.
La lucha contra la pobreza
El crecimiento del empleo sigue sin incorporar los sectores más excluidos de la sociedad. Y en este aspecto debería haberse desarrollado una política activa de impulso de las medidas de inserción en el empleo para las situaciones de mayor precariedad y exclusión del mismo, entre las que destacan las empresas de inserción, que siguen pendientes de ser legisladas.
En cuanto a la protección social, se ha consolidado el futuro de las pensiones con el denominado Pacto de Toledo, suscrito por todos los agentes políticos y sociales, y con el acuerdo de mejora de los mínimos de las pensiones firmados en 1999 por el Gobierno y los Sindicatos. Sin embargo sigue sin ser resuelto el bajo nivel de protección de las rentas mínimas de inserción.
El año fiscal de 1999 ha incorporado una novedad, como es el establecimiento de un Mínimo Personal y Familiar (MPF) de tributación, establecido en base a un criterio de satisfacción de las necesidades básicas, definido por la propia Ley Presupuestaria. Pues bien, estableciendo una comparación entre el MPF y la protección, obtenemos unos indicadores claros2 de la insuficiencia de las medidas de protección, pues únicamente las pensiones mínimas de jubilación del sistema contributivo son más elevadas que el mínimo fiscal fijado.
Y esto sólo en los casos de beneficiarios sin cónyuge. Pero donde se hace especialmente notable este desfasaje es en las rentas mínimas garantizadas de las Comunidades Autónomas. Éstas se sitúan sistemáticamente por debajo del MPF correspondiente. Además su insuficiencia crece a medida que aumenta el tamaño de la unidad familiar, y en el caso de las familias numerosas, el MPF casi triplica la renta mínima media. Todo ello entra en conflicto con el objetivo de que estas medidas sean una garantía de ingresos mínimos. Como, por otra parte, son medidas cuyo peso recae plenamente en las Comunidades Autónomas, reproducen las desigualdades que se dan entre los distintos territorios del Estado.
Gráfica1
Fuente: Elaboración de los autores a partir del Informe económico Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 1999, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Una acción iniciada en este quinquenio ha sido la aprobación por el Parlamento de una nueva Ley de derechos de los Inmigrantes. Era necesario y urgente cambiar la Ley de 1985, que era puramente de control, no de derechos, y establecer medidas claras de protección de los derechos de los inmigrantes, que es uno de los colectivos con graves situaciones de pobreza y exclusión. Esta nueva Ley supone un paso importante en derechos como la reagrupación familiar, la posibilidad de residencia permanente y la educación en el período educativo obligatorio. Pero aún mantiene el derecho a la sanidad bajo el aspecto de emergencia, así como es insuficiente en uno de los ámbitos más decisivos como el laboral.
Por ello, sigue siendo una exigencia la petición del Consejo Económico y Social formulada en 1997, de que exista un Plan Estatal de lucha contra la pobreza, que articule las diversas medidas de política social con la acción específica en los diversos grupos sociales y, en especial, que articule la acción del Estado con la de las Comunidades Autónomas, con las Instituciones locales, y con las iniciativas sociales. Es una necesidad que debe pasar a primer plano de la Agenda Oficial.
Frente a la pobreza en el mundo
A lo largo de los números de Control Ciudadano en los que ha habido participación española nos hemos visto obligados a expresarnos una y otra vez en términos de decepción por lo que respecta a la participación de España en los objetivos internacionales de lucha contra la pobreza. A pesar de las expectativas creadas (fundamentalmente a partir de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo), seguimos sin disponer de ninguna estrategia definida para incorporar la reducción de la pobreza (o, más concretamente, el cumplimiento de los compromisos asumidos en Copenhague) como objetivos prioritarios de la cooperación española. Ello no significa que no se hayan producido algunos avances en campos específicos, pero realmente no podemos afirmar que sean el fruto de una política decidida de acción por el Desarrollo Social. En general, no hacemos sino reconfirmar una desafortunada tendencia que se repite una y otra vez en distintos ámbitos: el escaso involucramiento de España en los foros multilaterales, tanto en la elaboración de propuestas como en el seguimiento e integración de las mismas.
Ayuda Oficial al Desarrollo3
En el apartado cuantitativo de la ayuda, el gobierno español incumple sistemáticamente los compromisos de destinar el 0,7% del PNB a la cooperación al desarrollo, así como el compromiso intermedio de alcanzar el 0,5% asumido por todos los partidos políticos en 1996. Debemos reconocer, ciertamente, que las partidas presupuestarias han aumentado en los últimos ejercicios, pero en cualquier caso España sigue siendo el penúltimo país donante de la UE, y el cuarto último en el conjunto del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE). Otros compromisos incumplidos en este apartado son los relativos a destinar el 0,15% del PNB a los países menos adelantados (ya que España se situó en el 0,04% en 1997, porcentaje tan sólo empeorado por Italia y Estados Unidos) y el 20% de la AOD bilateral a Servicios Sociales Básicos (apartado en el que, a pesar de apreciarse un importante incremento, aún nos situamos en el 12,5%).
Por otra parte, centrándonos en aspectos más cualitativos de la ayuda, nos encontramos en un periodo incierto. Las expectativas creadas por la aprobación de la Ley de Cooperación (positivamente valorada por casi todos los sectores involucrados) se están viendo defraudadas por el lento desarrollo normativo de la ley. El más importante de todos los trabajos consistía en la aprobación de un Plan Director Plurianual que definiese objetivos y estrategias para la cooperación española, documento que al elaborarse el presente informe se encuentra injustificadamente paralizado.
Apoyo a la Educación Básica Universal
Cuando se cumplen 10 años de la celebración en Jomtien de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y del compromiso relativo a promover y lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad, una vez más, debemos lamentar que la AOD bilateral española carezca de una estrategia específica para la difusión de la educación básica. Ha recibido una atención minoritaria en comparación con ciclos superiores de enseñanza y muy especialmente con otros ámbitos de la cooperación (la AOD a educación básica representa menos del 3% de la AOD bilateral total). Podemos afirmar que los compromisos asumidos en la Conferencia de Jomtien no han sido incorporados en los proyectos y programas de Cooperación Técnica, particularmente si tenemos en cuenta que una parte muy importante de la contribución española a la enseñanza básica proviene del trabajo de ONG y entidades locales y regionales. Tampoco en el panorama internacional España se ha caracterizado por su protagonismo en este ámbito, y así permanece ausente del debate y el trabajo desarrollado por el Foro Educación para Todos.
El tratamiento de la deuda externa
Debemos reconocer que la actitud del gobierno español ha pasado de un frío (y exclusivista) tratamiento comercial a un discurso más abierto y sensible al desarrollo social al menos sobre el papel-. El gobierno español se ha comprometido a condonar la deuda AOD de los países beneficiarios de la iniciativa HIPC, así como a aportar recursos al fondo creado en el FMI para poner en marcha la nueva fase de esta iniciativa. Todo ello en cumplimiento de una serie de principios que, per se, son valorados positivamente por su vinculación con el desarrollo y la participación social. Sin embargo, la puesta en práctica de estos criterios y compromisos es algo más confusa y despierta serias preocupaciones. El gobierno español no dispone de una política pública y planificada para la gestión de la deuda externa, ni tampoco de recursos estables que le permitan aprovechar con generosidad la flexibilidad permitida por los organismos multilaterales. Nuestro país se ha caracterizado por atenerse con meticulosidad al discurso internacional, en un momento en el que se requiere un mayor liderazgo y compromiso con los objetivos de desarrollo humano.
Notas