Grandes esperanzas, poco progreso

Husseinn Moussa
Committee for the Defense of Human Rights in Bahrain

La asunción del jeque Hamad Essa Alkhalifa como nuevo emir el 6 de marzo de 1999 trajo la esperanza de cambios después de 30 años de estancamiento. Se adoptaron medidas alentadoras sobre derechos civiles y políticos. Sin embargo, la clase gobernante se opuso claramente a las reformas del emir, y se han adoptado pocos cambios sustanciales.

El emir ordenó la liberación de 789 detenidos políticos y el retorno de 32 exiliados políticos con sus familias. Se permitió cierta libertad de expresión. Sus futuras políticas fueron anunciadas en su discurso inaugural del Día Nacional, el 15 de diciembre de 1999. Se puso énfasis en lo siguiente:

  • El emir no discrimina entre los ciudadanos y todos los ciudadanos son iguales, sin importar su religión u origen étnico.
  • Exhortó a los escritores y los intelectuales a criticar a los funcionarios de gobierno y exhortó a éstos últimos a aceptar dichas críticas.
  • Declaró que el desarrollo económico debe beneficiar a los pobres y crear empleos para los desempleados.
  • Prometió brindar terrenos con los servicios básicos para todos aquellos sin vivienda.
  • Prometió conceder la ciudadanía a todos aquellos que lo ameriten.

El pueblo de Bahrein recibió con beneplácito estas promesas y discutió positivamente estas y otras declaraciones del emir. Sin embargo, la clase gobernante se opuso claramente a estas reformas, y se han adoptado pocos cambios sustanciales.

Un punto de inflexión tuvo lugar el 21 de octubre del 2000, durante la inauguración del tercer período del Consejo Alshura, organismo consultor designado por el emir. En su discurso inaugural, el emir anunció que revelaría los cambios previstos el Día Nacional, el 15 de diciembre del 2000. El 25 de octubre del 2000, el emir designó un comité de 46 personas para redactar la Carta Nacional. La Carta Nacional, cuyo objetivo era acabar con el estancamiento del país, fue aprobada por el 98,4% de los votos electorales. El Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Bahrein (CDHRB) publicó un librillo sobre la Carta Nacional.

En el año 2000 no se produjo ningún cambio en las políticas tradicionales. El CDHRB realizó el informe “Evaluación crítica del desarrollo social en Bahrein”, publicado por Control Ciudadano en su informe ante la Cumbre de Desarrollo Social de Ginebra, en junio del 2000. Este informe evalúa las políticas de desarrollo social del gobierno en el 2000 con referencia a los 10 compromisos asumidos en Copenhague y confirmados por la Cumbre de Ginebra.

Sin cambios pese a la prosperidad coyuntural

No hubo cambios importantes en los ámbitos económico, social, cultural y jurídico que fomentaran el desarrollo social. El drástico incremento de los precios del petróleo incrementó los ingresos del Estado al menos un 50%. Durante la apertura de la Asamblea Alshura, el 21 de octubre, el emir ordenó la bonificación de un mes de salario a los empleados públicos y un mes de bonificación a los empleados jubilados, el 50% de descuento de las tarifas de electricidad y la reducción de las tasas aduaneras de numerosos artículos. Lamentablemente, los empleados del sector privado, o sea la mayoría, no obtuvieron beneficios. Se continuó un programa del gobierno que brinda apoyo financiero a los ciudadanos recién empleados en el sector privado.

No hubo mejorías en la legislación para proteger la mano de obra o a la mayoría de bajos ingresos, ni en la aplicación de la misma. Por el contrario, la Asamblea Alshura analiza proyectos de ley de privatización que alarman por sus posibles consecuencias adversas para los derechos de los trabajadores.

Políticamente, el país presenció una relativa distensión. Se toleró cierta libertad de expresión. La población pudo plantear sus inquietudes acerca de las dificultades económicas, el desempleo y el desarrollo. Debido a este relativo margen de libertad y a la labor de las ONG, sobre todo a sus actividades relacionadas con la Cumbre de Ginebra, la población, en general, era más consciente de sus derechos y de los problemas que enfrentaba el país en el 2000.

Sin estrategia antipobreza

No existe una estrategia oficial ni una fecha límite para la erradicación de la pobreza. El gobierno asegura que los incentivos dados a los inversores extranjeros crearán empleos y prosperidad. Las políticas de ajuste perjudican a la población de bajos ingresos. Con la privatización del sector de los servicios se incrementarán los costos de electricidad, saneamiento, suministro de agua y vivienda y la carga será mayor para los ciudadanos de bajos ingresos. Para remediar esta situación el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinará más dinero a la asistencia de las familias pobres. El gobierno debe permitir que las ONG participen en la formulación, supervisión y aplicación de los planes para combatir la pobreza. Sobre todo, debe reconocer que la pobreza es un problema.

Aumento del desempleo

El fomento del empleo no es una prioridad del gobierno, a pesar de sus declaraciones en contrario. El desempleo aumentó y se calcula en torno del 15%. Los visados gratuitos y la política de puertas abiertas para la mano de obra extranjera y barata contribuyeron al desempleo. El sector privado no aplica las políticas de nacionalización del empleo ni de carga horaria máxima de trabajo. No existen metas específicas relativas al empleo y no hay un plan para reducir el desempleo. Se podrían hacer muchas cosas para crear empleos y reducir el desempleo, entre ellas, abolir el sistema de visas gratuitas y la política de puertas abiertas. La nacionalización de los empleos debe ser obligatoria en el sector público y privado. Se debe limitar el trabajo a un máximo de 40 horas y cinco días por semana.

Integración social

No hubo cambios importantes en la política del gobierno hacia la integración social. No obstante, el emir subrayó que no discriminará a los ciudadanos por su religión, sexo u origen étnico. Los abusos de las fuerzas de seguridad contra los derechos humanos y la dignidad fueron limitados y algunas personas sin Estado fueron naturalizadas. El emir también aseguró que el desarrollo económico debe beneficiar a los pobres y asegurar empleos para los desempleados. Es un hecho positivo que el gobierno se haya comprometido a esos objetivos, pero en la práctica, en el año 2000 no se aplicaron estas promesas.

Progresos hacia la equidad de género

Un hecho positivo en el 2000 fue la inclusión en la Carta Nacional del derecho de las mujeres a contar con los mismos derechos políticos que los hombres. Las mujeres estuvieron representadas en el Consejo Alshura, en el comité de redacción de la Carta Nacional y en las discusiones sobre la Carta y temas relacionados. La Sociedad de Empresarias fue autorizada y bien recibida.

Salud, educación y gasto social

Bahrein alcanzó el 84% de alfabetización en 1998 y se propone erradicar totalmente el analfabetismo. La educación primaria, intermedia y secundaria es gratuita y universal. La calidad de la educación básica, que no se corresponde con las necesidades de la economía, es un problema. La presentación de un proyecto de ley ante el Consejo de Alshura para imponer tasas a la educación secundaria representó una señal de alarma, pero el Consejo rechazó la ley. La pobreza obliga a muchos niños empobrecidos a abandonar la escuela para ayudar a sus familias. La enseñanza universitaria es cara y está fuera del alcance de las familias de bajos ingresos.

La atención médica es gratuita y accesible a la población vulnerable, pero el nivel de los servicios de salud es preocupante. Las principales fuentes de los problemas de salud son la contaminación, los alimentos en mal estado, el trabajo insalubre o con gran carga horaria y el trabajo infantil. El gobierno debe autorizar a las ONG y alentarlas a dedicarse a dichos problemas.

El gobierno destina aproximadamente el 20% del presupuesto a la salud, la educación, la capacitación y los servicios sociales. Las cifras dependen de los ingresos del petróleo, que fluctúan año a año. En este sentido, el 2000 fue un buen año. Bahrein obtuvo un superávit en los ingresos del Estado y la balanza comercial, pero eso no se reflejó sustancialmente en el gasto social. El gasto militar y de seguridad aumentó para absorber gran parte del superávit. El gobierno anunció grandes proyectos de infraestructura, pero pasarán años antes de que dichos proyectos se reflejen positivamente en el empleo y en la situación social.

Actualmente Bahrein aplica el plan de ajuste estructural. Ante la inexistencia de participación popular en el gobierno y de organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, partidos políticos y asociaciones de consumidores, se ignoran las salvaguardias para proteger a la población vulnerable y pobre. La adopción de la forma de gobierno constitucional aseguraría la representación popular en los procesos de decisión y garantizaría la inclusión de los intereses del pueblo en los planes de ajuste estructural.

Participación de la sociedad civil

El gobierno no divulgó información sobre los compromisos asumidos en las conferencias de Copenhague y Beijing. Dichos compromisos no se tradujeron en objetivos definidos. Ante la inexistencia de instituciones de la sociedad civil, no ha existido un monitoreo ni un seguimiento participativo de los antecedentes del gobierno en materia de desarrollo social. No se alienta a las pocas personas que comentan sobre el desempeño del gobierno y los medios de comunicación les cierran sus puertas. Las agencias especializadas de la ONU y otras organizaciones apoyaron varios programas de desarrollo social, pero, lamentablemente, las agencias residentes de la ONU han hecho poco para monitorear y evaluar su aplicación.

El gobierno no ha cooperado con las escasas organizaciones de la sociedad civil que participan en la evaluación y en las iniciativas sobre la pobreza. Una señal positiva fue la creación de la Sociedad Bahreiní de Derechos Humanos en octubre del 2000.

El gobierno debe reformar su estructura, política y legislación antes de alcanzar un ambiente saludable para la sociedad civil y sus instituciones.


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