El fin del estado benefactor

Aunque las estadísticas oficiales apoyan la idea de que el “crecimiento económico conduce necesariamente a la reducción de la pobreza”, una atenta mirada revela una faceta distinta sobre el impacto del ajuste estructural y la liberalización. Tras una década de liberalización, la promesa del “crecimiento económico con justicia” parece aplazarse eternamente.

Una investigación económica del gobierno se jacta de una tasa de crecimiento anual del 6%-7% desde que se introdujeron las reformas económicas en 1991/1992. Una investigación del 2000 sobre la pobreza muestra que la misma descendió del 36,19% en 1993/1994 al 26,10% en 1999/2000.

Sin embargo, existe una creciente desigualdad entre los ricos y los pobres y la población urbana y rural. Los dalits[2] y los indígenas son cada vez más marginados. La pobreza en números totales no ha disminuido, las oportunidades de empleo son menos y cada vez más personas son obligadas a ingresar al sector informal sin ninguna protección legislativa o redes de seguridad. Las violaciones de los derechos humanos contra las comunidades tribales y los dalits aumentaron. Después de 10 años, la situación plantea serias interrogantes sobre la capacidad del sistema económico actual para brindar justicia distributiva y fomentar el cambio social equitativo.

Pobreza y desigualdad

El porcentaje de la población que vive en la pobreza descendió en las últimas dos décadas (Cuadro 1), pero debido al crecimiento demográfico, el número total de personas pobres permaneció más o menos constante. Casi 265 millones de indios viven por debajo de la línea de pobreza.

Las líneas de la pobreza rural-urbana, que casi se interceptaron en 1987/1988, se distanciaron sensiblemente durante la década de la reforma económica. Las disparidades interregionales son alarmantes. Según datos de la Organización Nacional de Encuestas y Muestreo (NSSO), la pobreza en Orissa asciende al 47,15%, en Bihar al 42,6%, en Madhya Pradesh al 37,43%, en Sikkim al 36,55% y en Tripura al 34,44%. Los programas para reducir la pobreza no alcanzaron a los pobres.

El azote de la marginación

Poderosos intereses privan a la población indígena de sus derechos consuetudinarios sobre los recursos naturales (tierras, bosques, minerales y agua). El resultado es la creciente enajenación de la tierra, la migración y el desplazamiento de la tierra y los bosques. Entre 1951 y 1990 las represas, las minas, las industrias y los santuarios de fauna y flora desplazaron a 21,3 millones de personas. Aproximadamente el 40% (8,5 millones) de la población desplazada es indígena, y el 75% de los indígenas desplazados no han sido reasentados. Los indígenas también son víctimas de un proceso de homogenización cultural dirigido por el nacionalismo hindú. El pluralismo cultural, un hito de la Constitución, está bajo amenaza y la violencia contra los indígenas va en aumento. La Enmienda a la Ley de Adquisición de la Tierra, de 1984, tenía muchas fallas, y el Proyecto de Ley de Adquisición de la Tierra, Rehabilitación y Reasentamiento, del 2000, marginará aun más a las comunidades tribales.

El sistema imperante de castas jerárquicas en India privó a los dalits de participar en los beneficios del desarrollo. La discriminación basada en la casta y el origen, la calidad de intocables, la explotación y la inmovilidad ocupacional han contribuido con la marginación de los dalits en India. Siempre que los dalits comienzan a organizarse, a reconstruir su identidad, a afirmar sus derechos, a reclamar la propiedad de la tierra y a luchar por mayores salarios, hay un brote de violencia en su contra.

Hambre y anemia

Los depósitos de cereales de India desbordan con 300 millones de toneladas de alimentos, pero más del 25% de la población no recibe comida suficiente. El 40% de los niños están desnutridos y más de la mitad de las mujeres son anémicas. La pobreza y el hambre coexisten con el exceso de cereales.

El Sistema Público de Distribución (PDS) excluye a grandes sectores de la población pobre y vulnerable y distribuye cantidades insuficientes de alimentos. Se produjo un desplazamiento del PDS universal al PDS Dirigido (TPDS). El TPDS clasifica a la población como pobre, o sea por debajo de la línea de pobreza, y no pobre, o sea por encima de la línea de pobreza. Con esta división surgió un sistema dual de precios, con un precio subsidiado para los pobres y un precio próximo al del mercado para los no pobres. Cuando el gobierno subió el precio del arroz y del trigo, las familias pobres tuvieron que pagar un 68% más por los cereales, y las familias no pobres pagaron un 25% más. Cuando los costos aumentan, los precios para los pobres aumentan automáticamente. En los hechos, el incremento en los precios significa que muchos pobres son excluidos del PDS. Muchos no pobres prefieren comprar en el mercado dado que la diferencia en el precio es pequeña.

La mayor parte del PDS se destina al medio urbano. Por ejemplo, Delhi, con el 1% de la población y el mayor ingreso per cápita, recibe el 5% de los cereales distribuidos por el PDS en el país. En Uttar Pradesh, Bihar y Orissa, donde vive gran parte de la población pobre rural, el PDS se destina a las familias más ricas. Estas diferencias entre medio rural y urbano y entre las regiones agravan la ineficacia del funcionamiento del PDS. El PDS, cuyo objetivo era garantizar la seguridad alimentaria, parece haber perdido su rumbo.

El gobierno considera al PDS como una medida para reducir la pobreza, no como un derecho básico. Recurre a la excusa de su creciente carga financiera para reducir el PDS. Pero este subsidio alimentario sólo representa el 0,4% del PBI y la cifra no ha cambiado en las últimas décadas.

Según la última investigación económica, 150 millones de hectáreas de las tierras de India son socavadas por la erosión del agua y el viento. La cantidad de tierras fértiles disminuye y la inversión en la agricultura desciende. El medio de sustento de 1,6 millones de agricultores corre peligro por la inminente apertura del mercado avícola. Las estrategias de reducción de la pobreza en India no pueden prosperar sin un sector agrícola sólido. Las reformas económicas debilitaron el sector, en lugar de fortalecerlo.

La relación entre hombres y mujeres sigue siendo negativa, con 933 mujeres cada 1.000 hombres. Las mujeres ocupan sólo el 8,9% de las bancas parlamentarias. Durante los años de la reforma, las instancias de violencia contra las mujeres aumentaron sustancialmente.

Casi el 91% del empleo se encuentra en el sector informal. La tasa de crecimiento del empleo en el sector formal descendió en forma constante. El trabajo infantil es generalizado. El subempleo y la feminización de la población trabajadora son consecuencias importantes de las reformas económicas.

Las cifras provisorias del Censo 2001 indican que la alfabetización aumentó al 65,38%, pero poco más del 24% de los hombres y del 45% de las mujeres son analfabetos. El gasto del gobierno destinado a la educación, que representaba el 2,75% del PBI en 1998/1999, descendió o se mantuvo igual.

El acceso a la atención médica básica, especialmente en el medio rural, sigue fuera del alcance de la gran mayoría. El gasto de los gobiernos central y estatales destinado a la salud, del 1,11% del PBI en 1998/1999, descendió en la última década.

Inversión en el sector social

El gasto real en el sector social como porcentaje del PBI descendió en los últimos cinco años (Cuadro 2). No hubo incremento en la inversión per cápita del sector social. 

Desde el comienzo de las reformas económicas, el gobierno habló de las redes de seguridad social para los pobres. Se planificó un Fondo de Renovación Nacional con importantes partidas presupuestales para brindar protección social a los pobres y a aquellos adversamente afectados por el proceso de liberalización. En la práctica, el gobierno hizo poco para fortalecer las medidas de protección social. Se produjeron renovados esfuerzos para reducir las partidas presupuestales del sector social en aras de reducir el déficit fiscal.

Conclusión

El año 2001 concluye la primera década de las reformas económicas. El proceso de reformas facilitó la emergencia de una nueva clase media que se apropió de los frutos del crecimiento económico a costa de los pobres y de la clase media inferior. Una brecha se ha producido en la clase media, ya que un gran sector de la clase media urbana, sin el suficiente peso tecnológico o poder de negociación, está cada vez más expuesto al desempleo y al subempleo.

La inseguridad económica de esta clase parece contribuir a la creciente paranoia social y la emergencia de una política reaccionaria en el país. El creciente fundamentalismo y la tensión social están claramente vinculados con la mayor desigualdad y marginación de un gran sector de la población urbana en el mercado liberalizado. El resultado ha sido la creciente violación de los derechos humanos, la corrupción y otras actividades delictivas, la intolerancia social y religiosa, e instancias de violencia colectiva.

Después de una década, la liberalización traicionó las promesas de reducir la pobreza y lograr el desarrollo social, y sólo creó la ilusión del desarrollo. El gobierno, en lugar de fomentar y garantizar los derechos humanos, la justicia social y el bienestar del pueblo, renunció a sus responsabilidades. Los 10 años de reformas facilitaron la paulatina desaparición del estado benefactor y dejó a la gran mayoría sin poder social o económico. El desarrollo social sustentable sigue siendo un sueño para la mayoría de los indios.