Una crisis sin resolver

Nani Zulminarni
Center for Women's Resources Development (PPSW)

La tasa de crecimiento económico de Indonesia se redujo a la marca de -13% en 1998 tras la crisis financiera asiática de 1997. El valor de cambio de la rupia se precipitó más del 25% y la población que vivía por debajo de la línea de pobreza se triplicó, llegando al 40% en 1999. La situación se agravó con la crisis política que representó la caída del gobierno del Nuevo Orden y el comienzo de la era de reformas.

El régimen del Nuevo Orden de Suharto estuvo en el poder durante casi 32 años, y su caída fue seguida de levantamientos, disturbios y prolongados conflictos religiosos y étnicos en algunas regiones, como Aceh, Papúa, islas Moluccas, Sulawesi Central, Kalimantan Oeste y Kalimantan Sur. Cientos de personas perdieron la vida y sus viviendas. Con este riesgo de desintegración nacional, será difícil que el país escape de la coyuntura socioeconómica provocada por la crisis.

En un sistema social con fuertes valores patriarcales, las mujeres cargan con el mayor peso en la coyuntura actual. Sufren pobreza, violencia e injusticia en su vida cotidiana. Esta desigualdad es ignorada por el oficialismo porque los políticos consideran que el problema es exclusivamente femenino y ajeno al contexto del desarrollo político. Las mujeres no son consideradas agentes políticos ni económicos en el sistema indonesio. En consecuencia, el avance de su situación de vida es relativamente lento comparado con el de otros grupos.

La lucha por las necesidades básicas

Las mujeres reciben menos educación que los hombres. Estadísticas de 1998 muestran que cuánto más alto es el nivel de enseñanza requerido por una actividad o puesto dado, menor será el nivel de participación de las mujeres. Las instituciones de enseñanza superior suelen estar más alejadas de las casas, por lo que los padres no permiten a sus hijas continuar su educación por razones de seguridad. Además, la educación es cara y las familias pobres con recursos limitados otorgan un lugar secundario a la educación de las niñas. Esta práctica es reforzada por la norma social que exige a las niñas ayudar en las tareas del hogar.

En 1994, el gobierno decidió que los primeros nueve años de enseñanza fueran obligatorios y adoptó un programa para combatir el analfabetismo, pero el nivel de mujeres analfabetas entre 10 y 44 años es aún relativamente alto, o sea del 5,3% en comparación con el 2,7% de los hombres (cifras de 1999). El analfabetismo limita el acceso de las mujeres a la información, así como sus oportunidades de desarrollo.

Aunque la mortalidad materna está descendiendo, sigue siendo la peor de la región del Sudeste Asiático, con 334 muertes por cada 100 mil partos. En general, la causa de muerte deriva del embarazo (hemorragias e infección). La pobreza impide que las embarazadas accedan a los servicios de salud y reciban una ingesta suficiente de calorías. La mortalidad infantil también es alta, con 46 muertes cada 1.000 partos.

Funciones clave, pero al margen

El desempleo aumenta año a año, más aún tras la crisis. En 1990 representaba el 3,0% de la PEA y en 1999 alcanzó el 6%, con una tasa superior de 6,9% para las mujeres. Aunque las mujeres aún superan levemente a los hombres en la población en general, su participación en la PEA es mucho menor (45%) que la de los hombres (73,5%).

Hay más mujeres que hombres trabajando sin remuneración: el 34,9% de las mujeres trabajaron sin recibir salario en 1999, frente al 9,4% de los hombres. Las mujeres tienden a trabajar en el sector informal porque este tipo de labor les permite desempeñar sus tareas en el hogar. En el sector formal las mujeres trabajadoras por lo general ocupan cargos inferiores debido a su limitada educación formal. Los hombres siguen ganando más que las mujeres. Las cifras para 1999 muestran que las mujeres recibieron el 70,3% de lo que los hombres recibieron por la misma o similar labor.

El número de mujeres jefas de familia ha aumentado, integrado por viudas, divorciadas y solteras entre 45 y 59 años. Las estadísticas de 1999 muestran que las mujeres dirigen el 13,2% de los hogares. El nivel relativamente alto de divorcios (12%) es una de las razones de esta situación. Los hogares con jefatura femenina suelen ser más pobres que aquellos dirigidos por hombres. Aún falta mucho para que se reconozca que las jefas de familia tienen los mismos derechos que los hombres en esa posición. Esto es especialmente problemático en el sector rural, donde la autoridad de las familias con jefatura femenina tiende a delegarse a los hijos u otros familiares hombres.

Dado el grado de pobreza y las limitadas oportunidades de empleo, sobre todo en el medio rural, muchas personas trabajan en el exterior como estrategia de supervivencia. Los principales destinos son Arabia Saudita, Malasia, Singapur, Brunei, Corea y Hong Kong. Las cifras de 1999 muestran que hay más mujeres trabajando en el extranjero que hombres, es decir 242,6 mujeres por cada 100 hombres. Las mujeres emigrantes que ingresan al sector informal como empleadas domésticas son vulnerables a situaciones de explotación y violencia, tales como la violación sexual, el maltrato e incluso el asesinato. La protección para estas trabajadoras casi no existe, ni en el país receptor ni de parte del gobierno indonesio. Todos los años se denuncian casos en perjuicio de las trabajadoras emigrantes.

Excluidas del proceso de decisión

Las mujeres fueron la mayoría de los electores (57%) en las elecciones generales de 1999. No obstante, sólo ocupan el 8,8% de las bancas en la Asamblea Legislativa. Con respecto al liderazgo, siguen estando muy rezagadas. En los niveles más bajos de gobierno local, las mujeres sólo ocupan un 2,3% de los cargos de mayor poder. El liderazgo de las mujeres sigue siendo un tema controvertido para la mayoría de los indonesios, ya que se considera que su rol en el sector doméstico limita sus movimientos en el sector público. En consecuencia, las voces e intereses de las mujeres no están bien representados en los procesos de decisión.

¿Existe una salida?

El gobierno y las ONG emprendieron diversos esfuerzos para mejorar la situación socioeconómica. Se adoptaron numerosos programas comunes y de emergencia para superar la pobreza. Un ejemplo es el programa contra el analfabetismo, que hizo obligatorios los primeros nueve años de enseñanza, y la concesión de fondos para la educación de los hijos de familias pobres. Como parte de un programa de salud para las comunidades pobres se brindan exámenes para las embarazadas, anticonceptivos gratuitos y tarjetas asistenciales. También existen programas para la generación de ingresos, servicios de microcréditos y la creación de empleos. Grupos activistas y ONG de mujeres se dedican a la educación política para aumentar el número de mujeres en los cargos de decisión.

No obstante, si se toma en cuenta la gran cantidad de indonesios que viven por debajo de la línea de pobreza, la extensión geográfica del país, y el aislamiento de muchas de sus zonas, así como los problemas económicos, sociales y políticos sin resolver, las diversas gestiones emprendidas han tenido, de hecho, pocos efectos. La dependencia de los préstamos extranjeros para financiar el desarrollo crea nuevos problemas para la población en el presente y para el futuro.

Nani Zulminarni es Presidenta del PPSW (Centro de Desarrollo de Recursos para la Mujer). La fuente de los datos empleados en este informe es la Oficina Nacional de Estadísticas (Biro Pusat Statistik) "Statistik dan indikator jender 2000" (Estadísticas e Indicadores de Género 2000).

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