De los primeros auxilios a la autoayuda

A partir de la década de los 80, la economía de Suriname sufrió enormemente de las crisis externas, por un lado, y de las políticas internas inadecuadas para enfrentar esas crisis, por el otro. Por otra parte, una herencia cultural que mezcla poder, política y “amiguismo” invade todos los aspectos de la sociedad, y es vista como una importante barrera a la transparencia y el desarrollo.

El gobierno electo en junio del 2000 ya había anunciado que recurriría al ajuste estructural para estabilizar la economía y permitir así el crecimiento económico.[3] En un lapso de seis meses se detuvo la inflación descontrolada y el tipo de cambio sumamente fluctuante fue estabilizado en el margen de los SG 2.000-2.400 por dólar.[4] Esta estabilidad relativa —conjuntamente con la voluntad de Holanda de actuar de garante de Suriname en el mercado financiero internacional y la recuperación de los precios del petróleo y el oro en el mercado mundial— devolvió la confianza en el país de las instituciones financieras y monetarias.

Aunque existe disciplina fiscal, no ocurre lo mismo con la disciplina presupuestal, y no se han hallado respuestas estructurales para superar las limitaciones estructurales al crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad.

La pobreza en aumento

Investigaciones sobre la pobreza en 1993 y 1997 mostraron que entre el 60% y el 69,5% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza definida por un nivel mínimo de subsistencia de 50 dólares por adulto por mes.[5] En enero del 2001, la Oficina General de Estadística publicó la primera encuesta sobre presupuesto del hogar en 31 años. En cuanto a la distribución del ingreso, la proporción correspondiente al 40% inferior de la población descendió del 23,81% en 1968/1969 a 13,54% en 1999/2000. La proporción del 20% superior aumentó del 35% al 50,54%.

El coeficiente Gini ascendió a 0.4552 en 1999/2000, comparado con 0.252 en 1968/1969.[6] Poco se ha hecho para enfrentar la desigualdad estructural. El régimen impositivo, un instrumento que podría utilizarse para redistribuir el ingreso, no se emplea de manera que reduzca la brecha. Como parte de las medidas de estabilización aplicadas en el último trimestre del 2000, el precio de la gasolina se incrementó 139% de USD 0,20 por litro a USD 0,47. El incremento tuvo un efecto multiplicador en los demás precios y, por lo tanto, en el costo de vida. La eliminación de los peajes callejeros favoreció a los propietarios de automóviles y no afectó a los más pobres, que viajan en autobús o bicicleta. Los subsidios en productos básicos como el pan, la leche y el gas de cocina fueron eliminados o llevados al mínimo. El ingreso mínimo imponible (el ingreso base al que no se le cobran impuestos) se elevó, y se redujo la retención del impuesto en origen y el impuesto a la renta. Dado que el régimen impositivo es progresivo, las grandes empresas y la población adinerada fueron las más beneficiadas por estas medidas.

No existe un impuesto sobre los bienes inmuebles. Los intentos de algunos parlamentarios (1991-1996) de incorporar un impuesto inmobiliario no prosperaron porque legisladores de la coalición de gobierno aseguraron que dicho impuesto sólo se aceptaría “sobre sus cadáveres”.

Brechas crecientes

Entre 1993 y 1997, la tasa de desempleo fluctuó, entre un máximo del 14% en 1993 y un mínimo del 8% en 1995. La tasa de 1997 fue del 10%.[7] Se produjo un traslado del empleo en el sector productivo al de los servicios, y del sector formal al informal. El porcentaje de mujeres empresarias en la ciudad capital, Paramaribo, se redujo del 2,2% en 1993 al 0,9% en 1997. El número de trabajadoras independientes en Paramaribo se redujo del 8,6% en 1993 al 4,7% en 1997. En el mismo período, el número de mujeres que no percibían remuneración por su trabajo en empresas familiares aumentó del 1,8% al 3,7%. En el medio rural, la mayoría de las mujeres trabajan sin remuneración en la agricultura o microempresas familiares.

Las personas registradas en busca de empleo aumentaron un 60% de 578 en 1994 a 925 en 1997.[8] Las mujeres representaron la mayoría de esa cifra y su proporción en el total pasó del 66% al 76%.[9]

Las solicitudes y permisos para despedir trabajadores muestran una tendencia creciente: en 1993 se recibieron 44 solicitudes y se autorizaron 28, frente a las 301 solicitudes recibidas en 1999 y las 231 otorgadas. Eso se explica especialmente por el impacto macroeconómico en los sectores industrial y comercial.

El Estado absorbe aproximadamente el 40% de la PEA y por lo tanto oculta el problema estructural. El acceso al crédito sigue siendo una importante barrera para los microempresarios, y la falta de acceso o de control sobre la tierra impide el desarrollo rural. La brecha entre la demanda del mercado de trabajo (trabajadores técnicos y agrícolas) y la oferta (empleados públicos, abogados, administrativos) no se redujo en los últimos 10 años.

Desintegración social

La Encuesta de Presupuesto de Hogares publicada en enero del 2001 muestra que el gasto promedio de los hogares supera el ingreso en un promedio del 31,4%.[10] Si se combina esto con las estadísticas sobre microempresarios que se pasaron a la clandestinidad, el incremento de los trabajadores sexuales (con un incremento relativo de niños y niñas),[11] niños de la calle y ancianos que venden diarios y cigarrillos, y el incremento de la delincuencia y la violencia,[12] se puede concluir que la situación económica obliga a la gente a adoptar estrategias de supervivencia. Al final, éstas provocarán la destrucción del capital individual, social, humano y natural.[13]

Educación, atención médica y cultura

Existe una inquietud generalizada y creciente sobre el acceso y la calidad de la enseñanza formal.[14] Grandes grupos de la población infantil en el medio rural y aislado reciben enseñanza en forma irregular debido a la escasez de maestros. Una investigación reciente realizada en sitios rurales y urbanos[15] indica que un número alarmante de jóvenes cimarrones[16] en el medio rural jamás han asistido a la escuela (22% entre los 10 y14 años, 38% entre los 15 y 19).[17]

La situación social, política y económica (incluyendo huelga tras huelga y escasez de personal calificado) perjudica gravemente al sector de la enseñanza. Cada vez hay más desigualdad entre los alumnos de las escuelas privadas y públicas. Los métodos y el contenido de la enseñanza formal aún se concentran en la enseñanza cognitiva en lugar de los conocimientos básicos para adaptarse a la sociedad.[18] Hubo intentos de lograr un enfoque interdepartamental, pero aún no se cuenta con la idea general de cómo transformar la educación formal en un instrumento de desarrollo, al responder a las necesidades del mercado de trabajo y la sociedad en general.

Se estima que un 89% de las viviendas en Suriname tienen una policlínica o centro de atención médica dentro de un radio de cinco kilómetros.[19] Pero la atención médica de calidad sigue siendo inaccesible para la mayoría de la población. La cobertura pública de la salud ahora le cobra al paciente. Muchas medicinas se deben pagar en efectivo y muchos médicos y especialistas sólo atienden a aquellos pacientes que pagan.[20]

El desplazamiento de los primeros auxilios a la autoayuda

Estadísticas de los ministerios de Educación, Salud Pública y Asuntos Sociales muestran que gran parte del presupuesto estatal se gasta en el desarrollo social. Pero gran parte de dicho gasto no es eficaz y no tiene consecuencias. Un ejemplo son los subsidios otorgados a las personas que viven por debajo del nivel mínimo de subsistencia. Aunque fueron incrementados, siguen siendo inferiores a los USD 15 mensuales.

Cada vez más personas que son o podrían ser económicamente activos caen, junto a sus familias, por debajo de la línea de pobreza. Esto lo indica el incremento del número de familias que reciben tarjetas médicas gratuitas, de 29.335 en 1990 a 60.200 en 1998[21] (¡de una población total de aproximadamente 400 mil habitantes!). En el 2000, el doble de mujeres que hombres eran titulares de dichas tarjetas. Suriname debe reevaluar seriamente su población económicamente activa, el rumbo de su sistema de enseñanza y formas innovadoras que permitan a la población salir de la pobreza.