La erosión de los compromisos antipobreza

La expansión económica continuó en los últimos cinco años, las tasas de pobreza absoluta descendieron (marginalmente) y el desempleo siguió siendo bajo (aproximadamente 4%). No obstante, cinco años después de Beijing y Copenhague, EEUU tiene poco de qué jactarse. ¿Qué ha hecho con su prosperidad? ¿Acaso ha “integrado metas y objetivos para combatir la pobreza en las políticas y la planificación general económicas y sociales...”?

La respuesta es “no”. Las elecciones presidenciales del 2000 estimularon una seria discusión sobre las políticas sociales, pero el gobierno de Bush en el poder no tiene interés en combatir la pobreza. El recorte de USD 1,6 billones que el gobierno de Bush pretende en la recaudación impositiva reducirá la inversión ya de por sí insuficiente en el ámbito social y de salud pública. El presupuesto de Bush aumentará el gasto militar en USD 14.200 millones hasta un total de USD 310.500 millones.

La Oficina del Censo de EEUU anunció recientemente que apoya la idea del Partido Republicano de que sólo los formularios del censo se utilicen para contar la población. Esto a pesar de que está comprobado que esta práctica lleva a un conteo incompleto —sobre todo de los estadounidenses pobres y pertenecientes a minorías— y a la existencia de métodos estadísticos bien establecidos y más precisos. El resultado serán 10 años más de financiación insuficiente de los planes federales de seguridad social y la marginación política a través de distritos electorales mal designados.

Propuestas de recorte impositivo

El 1º de marzo del 2001, la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó la parte central del plan de recortes impositivos del presidente Bush.[1] El comité aprobó la legislación sin llamar a testimonios públicos y antes de aprobar el presupuesto nacional en general. Este plan representa un cambio evidente de las recientes propuestas de reforma impositiva que intentaron reducir el peso de los impuestos en los sectores de bajos y medianos ingresos y que contaron con el apoyo de ambos partidos políticos. En cambio, el plan de Bush concentra casi todos los beneficios del recorte impositivo en el uno por ciento más rico de la población.

El último recorte impositivo de carácter radical fue adoptado por el gobierno de Reagan en 1981 y condujo a enormes déficits del presupuesto estatal a fines de los años 80 y principios de los 90. El gobierno de Clinton redujo el déficit con la ayuda del recorte de USD 56.000 millones de la asistencia alimentaria y financiera a los ciudadanos más pobres del país, a través de la legislación de 1996 conocida como la “reforma de la seguridad social”.

La propuesta del presidente Bush se concentra en la reducción del impuesto a la renta, pero las personas que viven en la pobreza pagan más impuestos sobre el salario que por la renta. Los impuestos salariales incluyen los aportes a la seguridad social (para la jubilación) y al seguro de desempleo. El plan no reduce esta carga impositiva para las personas de bajos ingresos. El Centro sobre Prioridades de Presupuesto y Políticas calcula que una madre soltera con dos hijos que trabaja tiempo completo y gana USD 22.000 por año no recibiría ninguna reducción impositiva según este plan.[2] La eliminación de su impuesto a la renta no implica diferencia alguna para ella porque ya está exenta de pagarlo.

Los ricos y los pobres

Según cifras del gobierno, “los hogares estadounidenses experimentaron otro año de crecimiento del ingreso fuerte y muy extendido en 1999, y la pobreza descendió rápidamente,... Pero la desigualdad en el ingreso sigue siendo elevada históricamente, los ingresos anuales de los trabajadores de tiempo completo crecieron más lentamente que en años recientes y las horas de trabajo de las familias siguen expandiéndose.”[3]

Las tasas de pobreza cayeron de 12,7% en 1998 a 11,8% en 1999 y la brecha en el ingreso entre los sectores de medianos y bajos ingresos se cerró en cierto grado.[4] Sin embargo, el ingreso de los sectores superiores creció más rápidamente que el de los sectores inferiores, lo cual ayudó a que persistiera la desigualdad. Simultáneamente, los hogares de medianos ingresos trabajaron más horas para mantener su nivel de ingresos. Las familias de medianos ingresos integradas por parejas casadas con hijos y encabezadas por personas entre 25 y 54 años trabajaron un promedio de 33 horas más por semana en 1999 que en 1998.[5]

La tasa de pobreza para los afroestadounidenses en 1999 fue del 23,6%, cerca de tres veces más que la correspondiente a la de los blancos no hispanos. Los afroestadounidenses, junto con los indígenas, los inuits de Alaska y los hispanos, padecen una pobreza mucho mayor que los blancos no hispánicos y otras minorías.

El desempleo es bajo, pero los salarios también lo son. Hallar un empleo con un salario suficiente para mantenerse por encima de la línea de la pobreza es difícil. A pesar de que los beneficios de aumentar el salario mínimo están comprobados, sobre todo para las mujeres trabajadoras que están representadas en una forma desproporcionada en el extremo inferior de la escala de ingresos, el Congreso de EEUU no está dispuesto a elevar el bajísimo salario mínimo. En un análisis conjunto de los resultados del Censo de Población del 2000, el Instituto de Políticas Económicas y el Centro sobre Prioridades de Presupuesto y Políticas hallaron que los ingresos del 20% de los trabajadores con mejor remuneración había aumentado en los últimos 20 años, mientras los del quintil más pobre de la población había descendido en muchos estados.[6]

Las propuestas para combatir la pobreza y la desigualdad incluyen elevar el salario mínimo, fortalecer el seguro de desempleo y reformar los sistemas impositivos regresivos. Lamentablemente, los recortes impositivos propuestos por el presidente Bush prometen crear nuevos déficits que eliminarán los presupuestos necesarios para llevar a la práctica los compromisos asumidos por EEUU en la Cumbre Social, con excepción, quizá, del ámbito de la enseñanza.

El seguimiento de Copenhague y Beijing

El gobierno de EEUU es políticamente indiferente a los compromisos asumidos en Copenhague y Beijing. La declaración de Donna Shalala, la Secretaria de Salud y Servicios Humanos y presidenta de la delegación estadounidense en la conferencia de revisión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Ginebra, no dio ningún indicio del alcance ni la ambición de los compromisos asumidos por los gobiernos en Copenhague contra la pobreza y por la equidad.[7] El gobierno de EEUU no creó un mecanismo de seguimiento de los compromisos asumidos en Copenhague. Durante gran parte de los últimos cinco años, el gobierno no demostró dedicación alguna en vigilar la aplicación de dichos compromisos. No se realizaron esfuerzos antes de la reunión de Ginebra para evaluar junto con la sociedad civil la aplicación de los compromisos hasta la fecha.

Para Bejing + 5, el esfuerzo mejoró. Se organizó una serie de reuniones en todo el país y, en respuesta a un cuestionario de la ONU sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, EEUU pudo presentar algunas iniciativas importantes y nuevas prioridades de gasto que reflejan una preocupación mayor por los asuntos de la mujer.[8] El gobierno de Clinton asignó más mujeres que nunca a altos cargos en el gabinete, el resto del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Un informe de ONGs sobre la aplicación de EEUU de la Plataforma de Bejing publicado por la Women's Environment and Development Organisation (WEDO, Organización de Mujeres por el Ambiente y el Desarrollo) muestra que, aunque hay más mujeres trabajadoras que antes, trabajan en empleos que no pagan lo suficiente para mantener a sus familias.[9] Esta situación se agravó en los últimos cinco años. Las mujeres en EEUU aún ganan sólo 76% de lo que ganan los hombres, en promedio. A este ritmo (en 1963 correspondía al 59%), llevará más de 50 años alcanzar la igualdad. Según el Instituto de Políticas Económicas, la brecha del ingreso entre los géneros se amplió un 1% entre 1998 y 1999.

El donante menos generoso de Ayuda Oficial al Desarrollo

Estados Unidos sigue siendo el donante menos generoso de AOD como porcentaje de su PNB.[10] En 1999 correspondió a 0,10%, igual que en 1998. Como antes, la mayor parte del gasto destinado al exterior se destinó al sector militar. En el 2000, el Congreso de EEUU designó USD 435 millones a la reducción de la deuda, unos USD 200 millones menos del objetivo fijado por Clinton en su declaración a la reunión del G-8 en Colonia. EEUU sólo gastó 0,5% de su AOD bilateral en la enseñanza básica y 1,6% en los programas de salud básica en 1998.

La “Ley de Crecimiento y Oportunidad para África”

En mayo del 2000, EEUU aprobó la “Ley de Crecimiento y Oportunidad para África”. La ley, elogiada por sus redactores como una gran victoria, halló poco entusiasmo en la comunidad de ONG de EEUU y de África.

La legislación fue presentada como un giro desde la ayuda hacia el comercio, y como una forma de “incorporar a África a la economía mundial”. Pero incluso si uno supone que el desarrollo seguirá al comercio y a la inversión internacional, la ley se queda corta. Fueron excluidos productos de vital interés a algunos países africanos pero sensibles a la presión política en los EEUU, como el azúcar. Las medidas para retirar los aranceles a las exportaciones textiles hacia los EEUU exigen que las materias primas se originen en EEUU, lo cual socava las gestiones para construir una industria textil integrada en África e ignora los beneficios que pueden traer los nuevos mercados del algodón y otros materiales cultivados en el continente.

La ley también incorpora numerosas condiciones, muchas de ellas en ámbitos fuertemente discutidos por los gobiernos africanos en otros foros, como la Organización Mundial de Comercio.[11] Por ejemplo, los países que firmen acuerdos comerciales con EEUU de conformidad con esta ley deberán eliminar las barreras al comercio y la inversión estadounidenses, incluso otorgar a las firmas de EEUU el mismo tratamiento que a las firmas africanas. Las barreras a las importaciones de EEUU deberán ser eliminadas.[12] Como ha demostrado la experiencia de implementar los acuerdos de la Ronda Uruguay, existe el peligro de que esa liberalización, sin consideración por las necesidades de desarrollo de África, sólo aumente las importaciones al continente, arriesgando aun más los medios de subsistencia y la capacidad productiva de algunos de los países más pobres del mundo.

Conclusión

A menos que haya un cambio político hacia un mayor internacionalismo y la renovación del espíritu que caracterizó las iniciativas contra la pobreza y por los derechos civiles de los años 60, es difícil que EEUU cumpla ni siquiera con el espíritu de sus compromisos asumidos en Copenhague y Beijing. La lucha continúa.