¿Quién se beneficia del ajuste, la guerra y el libre mercado?

Alberto Yepes P.
Corporación Región

Durante casi 60 años Colombia tuvo una tasa de crecimiento positiva y su economía era una de las más estables del continente. Sin embargo la  implementación de las reformas estructurales de libre mercado desde comienzos de los ’90 ha conducido a la recesión más aguda y a los mayores niveles de desigualdad social de todo el siglo XX que se agudizarán con el Acuerdo de Facilidades Extendidas y el Plan Colombia.

Las reformas de libre mercado

Desde comienzos de los años 90, la apertura económica condujo a un déficit creciente de la balanza de pagos, cuya financiación con recursos externos derivó en procesos de endeudamiento que originaron las crisis financiera y cambiaria. Esto sirvió de argumento al FMI para imponer el control sobre las principales variables macroeconómicas mediante un “Acuerdo de Facilidades Extendidas”, celebrado a fines de 1999.

La década concluyó con los peores indicadores de crecimiento de todo el siglo llegando en 1999 a una caída del 4,9% del PBI. El ingreso promedio anual, que en 1994 era de USD 2.158, cayó más de 100 dólares para ubicarse en el 2000 a sólo USD 2.043. La tasa de desempleo abierto casi se triplicó, pasando del 7,6% en 1994 a más del 21% a comienzos del 2000, y se deterioraron los niveles salariales y las condiciones laborales de los sectores que aún conservan el empleo. El déficit en la balanza de pagos, generado por el desfasaje entre las importaciones y las exportaciones y el aumento del servicio de la deuda externa, llegó a significar en 1998 el 6,8% del PBI.

En esta década prácticamente se desmanteló la producción agrícola y se debilitó la producción industrial. En agosto de 1991 se produjo una severa reducción de los aranceles, que pasaron del 38% al 12% en promedio. El efecto fue un aumento drástico de las importaciones agrícolas que pasaron de 700 mil a 7 millones de toneladas solamente entre 1991 y 1994. La quiebra del sector agrícola implicó una disminución de su participación de un 21,5% del PBI en 1991 a un 18,7% en 1997. Asimismo, el ingreso masivo de manufacturas generó una “des-industrialización” que se evidenció en el cierre de 5 mil pequeñas industrias tan sólo entre 1997 y 1998. La participación del sector industrial en el PBI pasó del 18,7% al 16,2% entre 1990 y 1995.

Mientras tanto, la política económica, que se había orientado hacia un modelo “exportador”, terminó especializando al país en la producción de materias primas mineras y agrarias de tipo tropical que pudieran generarse a costos menores que los de sus competidores.

Redistribuir a favor de la banca: el Acuerdo de Facilidades Extendidas

La deuda externa subió en 1999 a USD 34.500 millones, cinco veces más de lo que fue en 1980. En 1998 Colombia pagó en servicio de deuda alrededor de USD 4.600 millones, el equivalente al 30% de sus ingresos por exportaciones, tres veces más que el presupuesto en salud, y más que el total gastado en educación[1].

En el 2000 el servicio de la deuda (intereses y amortización) se incrementó en un 20% y para el año 2001 aumentó en un 29,3%. El saldo total de la deuda representa el 35% del PBI en el año 2001: el 86% de los ingresos tributarios del 2001 se destinarán al servicio de la deuda, equivalentes al 41% del presupuesto[2].

Con el fin de asegurar la integridad del pago de la deuda, el acuerdo con el FMI establece que el déficit fiscal deberá disminuirse del 6,2% en 1999 al 1,5% en el 2002, de modo que el gasto público como porcentaje del PBI se reduzca del 15,6% en 1999 al 13,4% en el 2002.

El “Acuerdo de Facilidades Extendidas” entre el gobierno y el FMI estipula que “para ayudar a alcanzar sus objetivos fiscales, el gobierno central ejercerá estricto control sobre sus gastos diferentes al pago de intereses”, y para este fin se llega incluso a ordenar una reforma de la Constitución. Contempla una severa reducción del gasto público social, el aumento y la creación de nuevos impuestos al consumo y la disminución en un 4% de los impuestos sobre la renta. También apunta a la reducción de los salarios, la elevación de las edades de jubilación, el incremento en las cuotas al régimen de pensiones, el desmantelamiento de los subsidios a los servicios públicos, el aumento de los precios de los combustibles, la privatización de toda la banca oficial y de las empresas de energía, mineras y de comunicaciones del Estado, y los despidos masivos en el sector público.

En medio de exigencias de austeridad para el gasto social, en los dos últimos años el gobierno Central ha entregado cerca de USD 4 mil millones (casi el doble del presupuesto total para inversión pública del año 2001), para el “rescate” del sector financiero.

La pobreza y las desigualdades sociales

El número de personas en condición de pobreza por ingresos aumentó del 51,7% en 1993 al 61,5% en el 2000, es decir 4,5 millones de nuevos pobres en tan sólo siete años. En el 2000, el 49,5% de las personas en áreas urbanas y el 84,9% en áreas rurales se encontraban bajo la línea de pobreza.

El 61,5% del ingreso anual se queda en manos del 20% más rico en tanto que el 20% más pobre sobrevive con el 2,4% del ingreso. La brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre, que era de 52,1 veces en 1991, se incrementó para 1999 a 80 veces[3].

Cinco grupos financieros controlan el 92% de los activos del sector, 50 grupos económicos dominan más del 60% en la industria, los servicios, el comercio, el transporte y la agricultura; el 1,3% de los propietarios posee el 48% de la tierra, en tanto que sólo 4 grupos económicos son propietarios del 80% de los medios de comunicación[4]. Como consecuencia el Indice Gini creció entre 1996 y 2000 de 0.544 a 0.571.

Contexto económico y social – 1996-2000

Año

Crecimiento PBI (%)

Tasa de desempleo

Indice Gini

Pobreza por ingresos (%)

Desarrollo Humano

Total

Urbana

Rural

IDH

Clasificación según IDH

1996

2,0

11,9

0.544

52,8

42,8

77,4

0.840

49

1997

3,2

12,1

0.555

50,3

39,1

78,9

0.848

51

1998

0,6

15,7

0.563

51,5

41,2

75,8

0.850

53

1999

-4,8

19,5

0.556

56,3

47,2

79,6

0.768

57

2000

2,8

20,5

0.571

61,5

49,5

84,9

0.764

68

Fuente: Dane, PNUD y cálculos DNP-UDS-DIOGS, SISD. Boletín Nº 26.

Según el PNUD la inequidad en Colombia equivale a un retroceso de más de 10 años en desarrollo humano[5]. Entre 1996 y 2000, Colombia retrocedió 19 puestos en la clasificación del IDH, pasando del puesto 49 al 68. Pero quizás lo más preocupante es el estancamiento e incluso el deterioro en varios de los indicadores sociales básicos. En educación, por ejemplo, el PNUD señala que “Colombia dejó la lucha contra el analfabetismo antes de tiempo, especialmente en el sector rural, en donde los adultos tienen tasas inaceptables del 19%”[6]. En salud, el Informe de Desarrollo Humano para Colombia señala que no sólo se ha dado una disminución del gasto en salud básica como porcentaje del PBI durante 1998 y 1999, sino que se descendió en los índices de cobertura de vacunación de niños menores de un año, entre 1996 y 1999, cuando se pasó de coberturas superiores al 90% de los niños a coberturas apenas cercanas al 70%[7].

El Plan Colombia “made in USA”

La inequidad social y económica también propició la generación y el mantenimiento de un clima de violencia generalizada y de profundización y extensión del conflicto social y político y del conflicto armado que desde hace 40 años padece el país. La violencia cotidiana y el conflicto armado generan cada año alrededor de 30 mil muertes violentas. Desde 1985 cerca de 2,5 millones de personas, principalmente campesinos, fueron desplazados violentamente de sus lugares de origen y despojados de sus tierras. Miles de familias huyeron a las selvas del sur del país en donde han encontrado en los cultivos de mata de coca la única posibilidad de subsistencia ante la ruina económica del campo y la agudización del conflicto armado en otras zonas.

Desde diciembre del 2000 se puso en ejecución el denominado Plan Colombia, un plan redactado por el gobierno de los Estados Unidos, originalmente en inglés, y acogido por el gobierno colombiano sin ninguna concertación con las organizaciones sociales. Los Estados Unidos han asumido la agudización del conflicto en Colombia como un asunto de prioridad nacional y, según palabras del ex presidente Clinton, el Plan Colombia es un “vital esfuerzo antidrogas orientado a mantener las drogas ilegales fuera de nuestras costas”[8].

El plan pretende erradicar los cultivos ilegales en el sur de Colombia en un plazo de 6 años y tiene un costo de USD 7.500 millones. Estados Unidos solamente contribuirá con USD 1.300 millones. El gobierno colombiano deberá obtener los recursos restantes de la comunidad internacional, pero además “se ha comprometido a aportar USD 4.500 millones de sus propios fondos para que el Plan se concluya con éxito”[9].

Mientras predica austeridad para los sectores pobres de la población el FMI avala el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, para financiar esta vez la contrapartida de USD 4.500 millones de los que no dispone el Estado colombiano, comprometido con el FMI a un severo programa de reducción del gasto público. Según el ex presidente Clinton: “nuestra ayuda bilateral a Colombia será suplementada por las agencias multilaterales. El Banco Mundial y el BID consideran préstamos a Colombia por centenares de millones de dólares. El FMI ya ha comprometido un servicio de financiamiento extendido de USD 2.700 millones para ayudar a reactivar la economía. Y también seguiremos alentando a nuestros aliados para que ayuden a Colombia”[10].

La entrega de la soberanía colombiana a las instituciones financieras internacionales y el fortalecimiento de la intervención del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos políticos internos tienen –y tendrán– un costo muy alto. El servicio de la deuda continuará creciendo, se incrementará la guerra, se generarán nuevos desplazamientos de campesinos pobres del sur del país, se continuará la destrucción de la selva amazónica con los programas de erradicación química de los cultivos ilícitos y se profundizará la crisis humanitaria y los sufrimientos de la población. El gobierno de los EE.UU. se empeña, a pesar de todos los fracasos, en demostrar que el consumo de drogas en su propio territorio puede erradicarse atacando los cultivos y la oferta de sustancias ilegales producidos en Colombia. Las personas que producen estos cultivos son los excluidos de un modelo económico que no dispone de alternativas a las condiciones de competencia desigual ofrecidas por una economía globalizada en la cual son los países del norte los grandes beneficiados.

Notas


[1] Jubileo 2000. Un negocio sin escrúpulos. Informe sobre la deuda de América Latina y el Caribe, p. 17.

[2] 21,4 billones de pesos (USD 9,5 billones).

[3] Cálculos del Departamento Nacional de Planeación DNP-UDS-DIOGS, con base en datos del Departamento Nacional de Estadísticas – DANE, SISD. Boletín No. 26.

[4] Sarmiento A. Libardo. “El Desplome Colombiano”. En: Revista Ensayo y Error. No. 5. Octubre de 1998, p. 95.

[5] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Departamento Nacional de Planeación. Informe de Desarrollo Humano para Colombia 1999, p. XVI.

[6] Ibid. p. XIX.

[7] Ibid. p. XXI.

[8] Declaración del Presidente Clinton sobre la Asistencia a Colombia. 11 de enero del 2000. En: www.usembassy.state.gov/colombia/wwwhpc05.html

[9] Thomas Pickering, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Discurso pronunciado ante la Corporación Andina de Fomento. Seminario sobre Comercio en las Américas. 8 de septiembre del 2000. En: www.vialterna.com.co/tpickering.htm

[10] Op. cit. Nota al pie 8.

 

Alberto Yepes P. es además miembro del Comité Coordinador de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGHI
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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