Entre los más desiguales

Rodolfo Aguirre Reveles; Areli Sandoval Terán
CASA-SAPRIN; Programa Diplomacia Ciudadana de DECA Equipo Pueblo, A.C.

El cuarto compromiso de la Declaración de Copenhague (1995) consiste en promover la integración social sobre la base de la igualdad y el respeto de la dignidad humana. La Cumbre de Copenhague comprometió a los países con políticas y gastos públicos que ayudaran a revertir la desigualdad de oportunidades y la agudización de las disparidades de ingreso y riqueza dentro y entre las naciones. No obstante los avances alcanzados, “México ha estado entre los 15 países con mayor concentración del ingreso en el mundo.”

Concentración del ingreso

Desde 1990 el Programa Nacional de Solidaridad reactivó la política social en el marco de las políticas de ajuste estructural de “segunda generación”, que justifican acciones compensatorias de los efectos adversos del modelo económico, pero restringidas siempre por el logro de objetivos de equilibrio fiscal y pago de la deuda externa, que no evitaron el aumento en la concentración del ingreso[1]. En 1994 se alcanzó el índice más alto de concentración del ingreso de las últimas dos décadas. En 1995, la crisis financiera afectó incluso al 20% más rico de la población. En 1998 hubo nueva caída en la participación de todos los estratos a favor del 10% más rico, y además, el 20% más pobre tuvo la participación en el ingreso total más baja de los últimos 20 años, mientras que el coeficiente Gini fue de 0.4761, apenas inferior al de 1994.

Cuadro 1.  Relación entre 20% más pobre y 20% más rico

Año

Concentración del ingreso en 20% de población más rico

Concentración del ingreso en 20% de población más pobre

1992

54.18%

4.28%

1994

54.53%

4.35%

1996

52.63%

4.79%

Fuente: Centro de Estudios Sociales y Económicos del Banco Nacional de México (Banamex), en: www.banamex.com

 

Cuadro 2.  Distribución del ingreso corriente total por deciles de hogares y coeficiente Gini

Deciles

1989

Cambio % 84-89

1992

Cambio % 89-92

1994

Cambio % 92-94

1996

Cambio % 94-96

1998

Cambio % 96-98

I

1,58

-8,1

1,55

-1,9

1,59

2,6

1,79

12,6

1,50

-16,2

II

2,81

-9,6

2,73

-2,8

2,76

1,1

3,00

8,7

2,66

-11,3

III

3,74

-11,2

3,70

-1,1

3,57

-3,5

3,94

10,4

3,63

-7,9

IV

4,73

-11,1

4,70

-0,6

4,64

-1,3

4,90

5,6

4,68

-4,5

V

5,90

-7,8

5,74

-2,7

5,87

2,3

5,97

1,7

5,82

-2,5

VI

7,29

-7,3

7,11

-2,5

7,06

-0,7

7,32

3,7

7,21

-1,5

VII

8,98

-7,6

8,92

-0,7

8,74

-2,0

8,96

2,5

8,93

-0,3

VIII

11,42

-6,1

11,37

-0,4

11,34

-0,3

11,49

1,3

11,49

0,0

IX

15,62

-6,6

16,02

2,6

16,11

0,6

16,03

-0,5

15,97

-0,4

X

37,93

15,7

38,16

0,6

38,42

0,7

36,6

-4,7

38,11

4,1

GINI

0.4694

9,4

0.4749

1,2

0.4770

0,4

0.4558

-4,4

0.4761

4,5

Fuentes: 1984-1994, Programa para Superar la Pobreza 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, 2 de febrero de 1998. 1996-1998, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, INEGI.

Esta problemática se expresa también en grandes disparidades regionales y urbano-rurales que perpetúan el círculo vicioso de la pobreza: mientras que en los hogares en pobreza extrema ubicados en el medio rural el 59% carece de agua entubada y el 41% de las mujeres no recibieron atención médica prenatal, entre los hogares urbanos no pobres sólo el 5% no tiene agua entubada y el 4,5% de las mujeres no recibe atención médica prenatal.[2] En tan sólo 347 ciudades del país –incluyendo Ciudad de México– se encuentran 25.109.452 personas con rezagos en servicios de salud, vivienda, agua, drenaje y electrificación[3].

Prácticamente todos los indicadores de bienestar empeoran en los estados al sur del país con una alta proporción de población indígena, donde el promedio del déficit de talla en niños de primer grado de primaria como indicador de desnutrición, es casi el doble del promedio nacional y más de cuatro veces el de la región norte. El índice de reprobación de niños de primer grado también muestra el peor desempeño en la región sur.

Nota: Las cifras de cada región se refieren a los promedios de los estados

Fuentes: Déficit de talla—Primer Censo Nacional de Talla en niños de primer grado de primaria, DIF-SEP, México, 1994; Reprobación del primer grado—Estadísticas Escolares, SEP.

Desarrollo social, ¿prioridad presupuestal?

En el año 2000, el pago de los compromisos de la deuda pública ascendió a 135.578 millones de pesos (USD 13.834 millones), cantidad un 40% mayor que las aportaciones a la seguridad social y equivalente a tres cuartas partes del total de aportaciones federales a entidades y municipios. Adicionalmente, se afrontaron compromisos por 40 mil millones de pesos (USD 4.129 millones) para el rescate bancario. La suma de ambos recursos fue casi tres veces mayor que el presupuesto asignado para desarrollo social.

En su Estudio Económico de México 2000, la OCDE reconoce que las metas de política fiscal se cumplieron sin falta a través, por ejemplo, “de drásticos recortes al gasto como ocurrió en 1998… esta reducción del gasto público no ha sido gratuita, ya que ha implicado posponer o recortar programas que podrían tener altos beneficios.”[4] Precisamente, el gasto social ha sido uno de los rubros sacrificables cuando el gobierno ha recortado el presupuesto ante la baja del precio del petróleo (1998, 1999 y 2000). Asimismo, desde 1983 el gasto social se ha reducido invariablemente en cada crisis económica y financiera (1983, 1985, 1986, 1995).

Empleo y salario insuficientes

Según la encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) sobre indicadores de empleo y desempleo, únicamente 14 millones de personas, la tercera parte de la PEA, cuentan con un empleo formal o permanente con las respectivas prestaciones de ley. Los 26 millones de personas restantes tienen empleos informales o temporales y están al margen de las prestaciones sociales y económicas.[5]

La Universidad Obrera de México subraya que durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1995-2000) el poder adquisitivo del salario retrocedió un 40%. Asimismo, indicadores del Consejo Nacional de Protección al Salario muestran que el salario mínimo más alto durante el año 2000 –o sea 37,90 pesos diarios (USD 3,98)– únicamente adquiere la tercera parte de los artículos de menor costo de la canasta básica.[6] De acuerdo con el estudio Empleo y desempleo en México 1994-2000 del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la proporción de los trabajadores que percibe menos de un salario mínimo aumentó de 8% en 1994 a 10,6% en 1999, mientras el número de los que ganan más de cinco salarios mínimos se redujo de 12,4% a 11,5% en el mismo período. De acuerdo con el CEESP el 32,1% de la población ocupada en México percibe entre uno y dos salarios mínimos (entre USD 3,98 y USD 7,96 diarios) y el 36,6% gana entre dos y cinco (entre USD 7,96 y USD 19,90 diarios).

Liberalización comercial aumenta desigualdad

En el Foro Económico Mundial de Cancún, el Secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, reconoció que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por México, Canadá y Estados Unidos en 1994 “ha propiciado en México un desarrollo desigual: de riqueza en el norte y pobreza en el sur… en la última década la tasa de crecimiento en el norte de México fue de 5,9% frente a 0,4% en la franja sur del país”[7]. Pero los impactos del TLCAN en la vida de millones de mexicanos van más allá de un crecimiento regional diferenciado. El Informe de la OCDE de abril de 1999, señala que la productividad de los trabajadores aumentó un 3% entre 1994 y 1998 sin que esto se tradujera en un aumento de sus remuneraciones.[8]

EL TLCAN generó un desmantelamiento de la planta productiva nacional donde se perdieron miles de empleos; otros se crearon en el sector maquilador, pero en condiciones precarias respecto del salario, higiene, seguridad, y existen prácticas discriminatorias como la exigencia del examen de no gravidez y el despido por embarazo. En el sector agrícola, “el TLCAN ha favorecido una privatización excluyente y concentradora del mercado de granos básicos, ha agravado la inseguridad alimentaria de la mayoría de los mexicanos y ha socavado la red de seguridad y la base de autosustentación de las familias campesinas, principalmente en las regiones de agricultura campesina e indígena.”[9] La liberalización comercial y de inversiones en este sector favoreció principalmente a la industria agroalimentaria.

Perspectivas y propuestas

La presidencia de Vicente Fox está comenzando, tras la histórica derrota del Partido Revolucionario Institucional que detentó el poder por 71 años. El nuevo gobierno hereda los compromisos incumplidos de Copenhague y la colección de recomendaciones sobre política económica y social, combate a la pobreza y desarrollo realizadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en la última década. El Plan Nacional de Desarrollo 2001 debería recoger esta herencia.

La primera preocupación que surge es la continuidad en la política económica, garantizada por el equipo económico de transición al FMI y al Banco Mundial durante su reunión anual de Praga en septiembre del 2000. Esta política económica, según las palabras del propio Fox, ha fracasado por su “mala aplicación” y porque “las reformas estructurales están incompletas”; reformas con severos costos sociales que al nuevo presidente parecen no preocuparle. Fox argumenta que hay que darle tiempo al modelo económico para que dé sus frutos pero olvida que ya han pasado 20 años y que para millones de mexicanos y mexicanas "mañana" será demasiado tarde. Lo que verdaderamente se requiere es la revisión y redefinición de aquellas políticas y programas, como las de ajuste estructural, que están agudizando la situación de pobreza, desigualdad y exclusión en el país.

NOTAS:

[1] Luis Ignacio Román y Rodolfo Aguirre. “Economía Política y política social frente a la pobreza en México”. en Los Rostros de la pobreza. El debate. Rigoberto Gallardo y Joaquín Osorio (Coords.) México, Universidad Iberoamericana-ITESO, 1998, p. 138.

[2] Subsecretaría de Egresos. El presupuesto de Egresos de la Federación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2000, p. 78.

[3] Consejo Nacional de Población y Vivienda, Geografía de la pobreza urbana 1998.

[4] Documento en la página web de la OCDE: www.oecd.org/publications/Pol_brief/

[5] Arturo Gómez Salgado. “Sin aguinaldo dos terceras partes de la PEA, según encuesta del INEGI.” El Financiero, 6 de diciembre de 2000.

[6] Arturo Gómez Salgado. “Nula recuperación del poder adquisitivo con Ernesto Zedillo: obreros”. El Financiero, 4 de septiembre de 2000, p. 30.

[7] Antonio Castellanos, Roberto González y Rosa Elvira Vargas. “El TLC propició en México riqueza en el norte y miseria en el sur, reconoce Luis Ernesto Derbez.” La Jornada, 27 de febrero de 2001, p. 26.

[8] Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre México. La Jornada, 30 de abril de 1999, p. 59.

[9] “Productores de maíz mexicanos víctimas del TLC” El Financiero, 22 de abril de 1999, p. 11, citado en Apartado Especial sobre TLCAN en La Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México. Informe Alternativo de organizaciones civiles, sociales y redes mexicanas al Tercer Informe Periódico del gobierno mexicano ante el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México, D.F., noviembre 1999, p. 109.

Rodolfo Aguirre es economista e investigador del Ejercicio de Evaluación Ciudadana del Ajuste Estructural (CASA-SAPRIN) en México. Areli Sandoval es investigadora del Programa Diplomacia Ciudadana de DECA Equipo Pueblo, A.C. y coordinadora de Control Ciudadano en México.


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