El precio de agradar al FMI

Desde que se impusieron las políticas de reestructura y privatizaciones exigidas por las instituciones de Bretton Woods hace 10 años, la “estabilidad financiera” sólo trajo más pobreza. Las dificultades del cambio hacia la liberalización del mercado y el ingreso a la Unión Europea ponen énfasis en la necesidad de la protección social. El gobierno debe intentar crear un ambiente competitivo, y al mismo tiempo proteger a sus ciudadanos del posible perjuicio de los mercados libres.

Al borde del fracaso

Un proyecto de memorándum se aprobó en diciembre de 2001 por un crédito stand-by de dos años por valor de USD 300 millones entre Bulgaria y el FMI. Se trata del más reciente en una serie de convenios con el FMI en la última década, presuntamente dirigidos a estabilizar la economía del país. El último acuerdo se concentra en las políticas clave que el gobierno debería seguir: limitar la vulnerabilidad del Estado con respecto a los cambios actuales y futuros en la economía mundial; mantener estable el acuerdo de junta de intervención monetaria; y reducir la relación entre la deuda externa y el PBI. Estos objetivos se lograrán mediante una mayor liberalización, especialmente en el sector de la energía. El FMI exigió que para principios de 2002 se fije una política de largo plazo, la privatización de la distribución de la energía y la liberalización del mercado.

El convenio exige no sólo la estabilización financiera, sino también impulsar la competitividad de la economía búlgara y la solución de los problemas sociales. Aunque los parámetros concretos del memorándum final no se publicarán hasta el primer trimestre de 2002, y a pesar de la falta de oportunidades para la participación pública en el proceso de negociación, es evidente que el gobierno tuvo que hacer demasiadas concesiones. Muchas promesas sociales hechas en los períodos anterior y posterior a las elecciones (las elecciones nacionales se celebraron en junio de 2001 y el gobierno comenzó a funcionar en julio) quedaron por el camino por las condiciones impuestas por el FMI. El programa de gobierno “centrado en el pueblo”, según la versión oficial, está a punto de fracasar. Un ejemplo impactante del afán que tiene el gobierno en agradar al FMI fue la decisión de incrementar en 10%, comenzando en octubre de 2001, el precio de la energía eléctrica para los consumidores. La decisión se tomó violando la ley, sin consultar a los sindicatos, y recientemente fue anulada por el Tribunal Administrativo Supremo. Esta ardua medida, que aún se considera necesaria a pesar de la decisión del tribunal, evidentemente deteriora al de por sí bajo nivel de vida de la población en general.

El gobierno, junto con su compromiso de mejorar el ambiente inversor, declaró su intención de mejorar las protecciones sociales mediante el impulso al empleo y la seguridad social. En este sentido debe compensar los efectos negativos de las políticas de reestructura recomendadas por las instituciones financieras internacionales en períodos anteriores, especialmente en lo que respecta a la industria pesada. El nuevo gobierno asumió con energía el compromiso de limitar el desempleo, siendo que la tasa oficial supera el 19%, una de las más altas, sino la mayor, de los países de Europa Central y Oriental.

Un ejemplo reciente fue la donación de 10 millones de euros del programa Phare de la Unión Europea en apoyo de más de 100 proyectos llamados SMAEP[1]: Proyectos de Empleo en Zonas de Producción de Acero y Mineras. El programa será administrado por el Ministerio de Trabajo y Política Social, y abarcará 51 municipios en las zonas de Pernik, Sofía, Bourgas, Rhodopes Oriental y Occidental, todas afectadas por el ajuste actual en los sectores mineros y del acero. Se declara oficialmente que SMAEP tiene el propósito de neutralizar los efectos sociales negativos de la reestructura económica. La globalización y la liberalización del mercado aumentaron la necesidad de educación y capacitación adicional para adaptar la fuerza de trabajo a las nuevas exigencias del mercado. De hecho, el programa proporciona mecanismos de capacitación y recapacitación para crear empleos para los obreros del acero y mineros que fueron despedidos. Se calcula que más de 5.000 desempleados conseguirán trabajo y que 1.000 personas recibirán ayuda para iniciar pequeñas empresas. La puesta en práctica del programa exigirá garantías adicionales para una capacitación empresarial específica y la concesión de créditos a las empresas, ya que los montos promedios previstos para iniciar las pequeñas empresas son insuficientes. Esta estrategia, en la que las reparaciones suceden a las políticas de ajuste estructural, en lugar de acompañarlas o incluso de precederlas, prueba que la prioridad corresponde a la reestructura y no a los recursos humanos.

La política social de la ambulancia

Otro resultado de la interferencia de las instituciones financieras internacionales es la falta de una política social coherente de parte del gobierno. La política para la familia, por ejemplo, es un factor esencial de los gobiernos democráticos y un indicador importante de un buen nivel de vida. El recientemente aprobado sistema de asignaciones familiares ilustra la realidad búlgara. La de por sí escasa asignación de BGL 7 por hijo por mes (menos de USD 5) –uno de los montos más bajos de los países de Europa Central y Oriental- se duplicó, pero desde enero de 2002 se destinará sólo a las familias con ingresos inferiores a BGL 150 (poco más de USD 70) por persona. Se calcula que ahora recibirán la asignación sólo una tercera parte de los niños que la recibían antes, pero esa medida se evalúa como eficaz para la reducción de la pobreza en Bulgaria. Este cambio, recomendado enérgicamente por el Banco Mundial como condición para recibir préstamos para reducir la pobreza, está pendiente desde hace más de dos años, y sin embargo no se produjo un verdadero debate público sobre este asunto.

Esta es sólo una ilustración de la estrategia dirigida apoyada por las instituciones financieras internacionales e impuesta en la política social en general. No es un accidente que el programa social del gobierno búlgaro, colmado de buenas intenciones, carezca de elementos reales, consistentes y de largo plazo, prestándose atención sólo a la asistencia social. No es de sorprender que esto sea en cumplimiento con la proyectada Estrategia de Ayuda por País (CAS) del Banco Mundial. Aunque la propuesta CAS será discutida a nivel nacional, contiene pautas centrales que deben acatarse sin importar el resultado del proceso de consultas. Nuevamente, el tema principal es el enfoque puntual; sin tomar en cuenta la pobreza generalizada, las medidas se concentran sólo en grupos específicos de la población y las soluciones propuestas se basan en la redistribución. Es asombroso que la pobreza en Bulgaria siga siendo generalizada: según los datos más recientes de las asociaciones comerciales, cerca de 38% de la población recibe menos de BGL 100 (USD 50) por mes.

10 años después: el balance se mide en pobreza

Desde hace más de 10 años, un lapso que coincide con el compromiso asumido por Bulgaria con las instituciones de Bretton Woods y el intenso proceso de negociaciones consiguiente, no hubo resultados positivos desde que se impusieron las políticas de reestructura y privatización. Se pidió que se aceleraran las privatizaciones, incluso al precio de la corrupción generalizada, que era tolerada por estas instituciones. La reestructura de los sistemas de salud y educación, realizada con préstamos del Banco Mundial, ilustra el efecto adverso que genera la ayuda de las instituciones financieras en el ámbito social y los recursos humanos de estos sectores. Los sectores mencionados, aunque necesitaban mejorar y modernizarse, fueron sometidos a cambios fundamentales que prácticamente liquidaron los elementos positivos y competitivos que poseían. Además, ocurrieron cambios dramáticos en la fuerza de trabajo relacionada, que era integrada por mujeres en un 70 a 80%. En este caso, como en otras instancias de reestructura y privatización, las reformas tuvieron consecuencias relacionadas con el género, aunque no un impacto de género claramente desproporcionado. El lado humano de las reformas no fue tomado en cuenta por las instituciones internacionales ni considerado de manera suficiente por el gobierno. Esto a pesar de que el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó en diciembre de 1999 que el gobierno búlgaro “en el curso de las negociaciones con las instituciones financieras internacionales... tome en cuenta sus obligaciones para respetar, proteger y cumplir los derechos estipulados en el Convenio”.

Entre tanto, con un salario mensual promedio de USD 115 (según los datos más recientes del Banco Mundial), Bulgaria sigue rezagada frente a otros candidatos de la región de Europa Central y Oriental (frente a USD 270 de Letonia y Lituania y USD 151 de Rumania) para ingresar a la UE. En el último informe de la Comisión Europea sobre el progreso de Bulgaria hacia la incorporación a la UE, se concluyó una vez más que el país no cumplía con los criterios económicos de la UE. Tras años de negociaciones con las instituciones de Bretton Woods por la liberalización económica, la UE no encontró una economía de mercado en funciones en Bulgaria. El eslogan “estabilidad financiera” sólo trajo más pobreza.

La integración a la OMC y la UE

La pertenencia de Bulgaria a la OMC desde 1996 no mejoró la situación. La liberalización comercial puede corregir los desequilibrios comerciales y reducir la deuda externa sólo en economías sanas y competitivas. Fue un mal momento para unirse a la OMC porque generó la reforma estructural en un marco de mercados abiertos y fuerte competencia internacional. Esto puso en peligro a la propia reforma estructural y tuvo un impacto negativo en sectores cruciales de la economía. Además, Bulgaria “saltó” a la OMC directamente con el rango de un país desarrollado, aunque sus indicadores estaban muy por detrás de muchos países en desarrollo que, por serlo, tenían ventajas en la OMC. Como resultado, el gobierno búlgaro ha tenido dificultades para definir una postura realista para sí mismo ante los nuevos desafíos de la OMC.

En este contexto, es fundamental que el gobierno y la sociedad civil participen activamente en el proceso internacional dirigido a instaurar un nuevo sistema de gobierno económico mundial. Esto le exige al gobierno más transparencia en todos los procesos de decisiones económicas internas y externas y mayor acceso de la sociedad civil a dichos procesos, inclusive a las negociaciones con las instituciones financieras internacionales. Si Bulgaria ha de emerger de su interminable transición económica, el gobierno debe adoptar una postura sobre el desarrollo económico nacional que sea independiente de las reformas impuestas por las instituciones internacionales. También debería adoptar una posición sobre las reformas de las instituciones financieras internacionales. Entre tanto, la sociedad civil puede contribuir divulgando información acerca de las agendas abiertas y encubiertas de las instituciones internacionales, tomando así una participación activa en el movimiento por una “nueva globalización”.

Bibliografía