El fin del apartheid no fue el fin de la pobreza

2001 ha sido el año del avance de la consolidación de la transición neoliberal en Sudáfrica. Pero 2001 también fue testigo del inicio de una nueva era de movilización social contra los efectos de estas políticas neoliberales, a medida que los habitantes sin tierras, las comunidades pobres, los trabajadores y activistas se lanzaban a las calles para manifestar contra los principios básicos del Programa de Ajuste Estructural sudafricano.

Desde su adopción en 1996, la Estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR) – la versión sudafricana del PAE – no hizo más que aplastar las esperanzas de la mayoría pobre referidas a que la liberación del apartheid también traería consigo la liberación de la pobreza.

Sudáfrica comenzó su transición de la opresión colonial, el apartheid y la explotación hacia el capitalismo multirracial en abril de 1994, cuando las primeras elecciones democráticas del país instalaron en el poder al primer gobierno de mayoría negra y avivaron las esperanzas de que el legado socioeconómico de más de 300 años de dominio racista blanco sería reemplazado por una nueva igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Pero esa esperanza se esfumó rápidamente cuando la nueva elite política hizo a un lado la cultura igualitaria que había fundamentado la lucha contra el apartheid a favor de soluciones neoliberales para los problemas de la nueva nación. Los últimos ocho años revelaron con creciente rigor los altos costos de estas políticas para la mayoría pobre. En 2001, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos informó que más de 20 millones de los 45 millones de habitantes del país vivían por debajo de la línea de pobreza mensual de ZAR 390 (USD 32,50: enero de 2002). Sólo tres millones de esos habitantes son cubiertos por medidas de reducción de la pobreza.[1]

El fracaso de la estrategia macroeconómica neoliberal

En 1996, dos años después del nacimiento de la democracia, la nueva elite política sudafricana abandonó el Programa de Reconstrucción y Desarrollo, progresista pero orientado hacia el mercado, por la nueva estrategia macroeconómica conservadora GEAR. Fundada en los principios y recomendaciones neoliberales del Consenso de Washington, que incluyen desregulación, orientación a las exportaciones, privatizaciones, liberalización, dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y limitación de los déficits presupuestales mediante el recorte del gasto social,[2] GEAR no produjo ni crecimiento, ni empleo, ni redistribución.

Los defensores de GEAR argumentaron que las rigurosas medidas de austeridad que caían sobre los pobres serían compensadas por el alto crecimiento económico generado, de un promedio anual de 4,2% entre 1996 y 2000, llegando a un crecimiento total de 21,2% para el período quinquenal, con un crecimiento anual de 6,1% en 2000.[3] Pero en repetidas ocasiones las proyecciones anuales fueron revisadas a la baja como meta de crecimiento en el entorno de 3,5%; y ni siquiera se alcanzaron esas metas, ya que se prevé que la economía sudafricana alcance apenas un crecimiento de 2,2% cuando se tengan los resultados finales para 2001.[4]

Los 1,3 millones de nuevos empleos formales no agrícolas que GEAR prometió crear entre 1996 y 2001 tampoco llegaron a materializarse, y en cambio se perdieron más de un millón de puestos de trabajo en ese lapso.[5] Según Econometrix, “el empleo en el sector formal sufrió un descenso del 10% desde 1995”. La brecha en el ingreso entre blancos y otras razas se redujo, pero entre la comunidad negra la diferencia entre los hogares con altos y bajos ingresos se profundizó. Y la promesa de "redistribución” de GEAR no fue más que la típica creación neocolonial de una pequeña elite autóctona. Econometrix agrega que: “La brecha entre quienes tienen una educación formal y aquellos sin educación se amplió, así como las diferencias entre población urbana y pobres del medio rural. La amenaza del SIDA parece destinada a minimizar las conquistas en otros campos. La participación de los negros en la riqueza ha aumentado, pero sólo se benefició una elite relativamente pequeña.”[6]

Globalización: a los esclavos no se les paga

A pesar de la férrea adhesión del gobierno a los principios de GEAR, sin importar el fracaso de la política, los largamente esperados frutos de la acrecentada IED no se materializaron. El asesor económico del presidente Thabo Mbeki, Wiseman Nkhulu, se lamentó en mayo de 2001[7] por la insuficiencia de inversión nacional (menos de 17%, comparada con el 20% necesario para cumplir los objetivos de crecimiento). Sin embargo, esto no debería sorprender a los observadores de Sudáfrica, luego de la decisión del gobierno de permitir a varias grandes multinacionales, inclusive a cerveceras angloestadounidenses y sudafricanas, que dejaran de cotizar en la Bolsa de Valores de Johannesburgo para cotizar en bolsas extranjeras. Habiendo puesto la alfombra roja para permitir la fuga de capitales en gran escala, el gobierno entonces fingió su sorpresa cuando el rand sudafricano perdió 40% de su valor en 2001.[8]

La explicación dominante para la caída del rand apunta a “factores externos”, como los incidentes de diciembre de 2001 en Argentina y la crisis política en Zimbabwe – en otras palabras, los efectos negativos de la globalización causados por los especuladores en moneda. No obstante, los economistas exhortaron al gobierno a profundizar su campaña de privatizaciones[9] en lugar de reconsiderar la esclavitud del país asumida con los propulsores de la globalización. Las soluciones neoliberales propuestas equivalen a más GEAR, y no menos, llevando al país hacia la pendiente resbaladiza del caos total.

La crítica de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos

La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos (SAHRC)[10] informó en noviembre de 2001: “No resulta satisfactorio que las medidas de combate a la pobreza alcancen sólo a 3 millones de personas cuando las estadísticas de la pobreza apuntan a unos 20 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. El hecho de que 2,8 millones de beneficiarios fueran registrados en el lapso anterior de registro en 1998/99, implica que no hubo un incremento cuantitativo significativo en el número de personas alcanzadas por medidas políticas dirigidas a combatir la pobreza”.[11]

En este contexto, el gobierno buscó la “comercialización” y privatización de los servicios básicos mediante la imposición de nuevas y crecientes tarifas de usuario y la eliminación del servicio para quienes no paguen. El abismo entre las ideas de la elite política y las realidades materiales que afectan a la mayoría quedó ilustrado por los comentarios del presidente Thabo Mbeki en enero de 2002: “Debemos combatir y superar la actitud que tienen algunos de sentirse con derecho a productos y servicios gratuitos sin ningún esfuerzo de su parte para contribuir con la creación de esos productos y servicios”.[12] Como más de 10% de los sudafricanos carecen de fuente alguna de ingresos, y casi 50% viven por debajo de la línea de pobreza, las palabras de Mbeki no pueden acallar las voces de descontento que se escuchan con creciente fuerza en todo el país a través de huelgas sindicales y protestas de comunidades que quedaron sin servicios.

La batalla por el agua

Quizá el más radicalizado de los problemas con los servicios sea la creciente batalla entre las comunidades pobres y el proceso de privatización del agua, inspirado por el Banco Mundial, en curso en el país. La creación de sociedades “público-privadas” a fines de los años 90 permitió que la mayoría de los consejos metropolitanos privatizaran el suministro de agua a favor de multinacionales extranjeras. Según la SAHRC, “surgieron numerosos problemas con esas sociedades, inclusive el aumento de las tarifas de usuario, pésimo diseño técnico, baja participación comunitaria, confusión administrativa y falta de entrenamiento y de perspectivas de transferencia”.

Estas sociedades dieron pie a algunos de los decretos administrativos más inhumanos de la era neoliberal de Sudáfrica, que condujeron entre otros al brote de cólera en KwaZulu-Natal en 2000, que cobró casi 200 vidas. Una política “salvavidas” del gobierno que prometía 6 mil litros mensuales de agua gratuita por hogar fue aplicada irregularmente en las zonas donde existen suministro de agua, y no se aplicó en muchas zonas rurales donde el suministro de agua no resulta lucrativo para las multinacionales.

Reforma agraria: las simientes del descontento

El desposeimiento de tierras fue la base del gobierno colonial y el apartheid en Sudáfrica que permitió obtener mano de obra y recursos para la acumulación de los colonos capitalistas. El gobierno se comprometió a un proceso basado en el mercado para combatir este legado. Casi ocho años después, menos de 2% de la tierra pasó del poder de blancos a negros. Con menos de 1% del presupuesto dedicado a la reforma agraria, se espera que lleve entre 125 y 150 años la redistribución de 30% de las tierras agrícolas y la conclusión del proyecto de restitución de la tierra a quienes les fueron arrebatadas.[13]

Los hechos más significativos en 2001 sucedieron a pesar de – o más bien debidos a – la inercia del gobierno. Las ocupaciones en Bredell[14] evidenciaron que la carencia de tierras es un problema tanto urbano como rural, y los hechos sucedidos en Zimbabwe alentaron las campañas comunitarias para conseguir tierras por medios propios, mediante las ocupaciones. Mientras éstas son muy diferentes a las de Zimbabwe, ya que son acciones locales sin el consentimiento del gobierno, el hecho de que personas pobres hasta la desesperación ocupen cada vez más tierras obligó al problema a ser discutido a nivel nacional. La reacción del gobierno, en forma de desalojos rápidos y brutales y la penalización de los pobres sin tierra, recibió el beneplácito de la comunidad agraria blanca (AGRI-SA), que continúa abusando y desalojando a muchos de los 8 millones de residentes en granjas del país, ilegal y arbitrariamente.[15] Pero estas acciones, así como el racismo de los tribunales rurales que siguen dándole a los terratenientes sentencias poco severas por crímenes graves, como el asesinato[16], también exacerbaron el activismo de los sin tierra. El nuevo Movimiento del Pueblo Sin Tierra (Landless People’s Movement, LPM) formado en julio de 2001, marchó en protesta contra el fracaso de la reforma agraria del gobierno durante la Conferencia Mundial de la ONU contra el Racismo, pidió al presidente de Zimbabwe Robert Mugabe que los visitara, y amenazó con iniciar ocupaciones generalizadas de la tierra si no se atendían sus reclamos.

VIH/SIDA

En noviembre de 2001, la Treatment Action Campaign (TAC) ganó una importante batalla en los tribunales para obligar al gobierno a suministrar antirretrovirales a todas las embarazadas portadoras de VIH. El gobierno pretendía apelar el fallo sobre la base de que la justicia no tiene el poder de obligar al Estado a poner en práctica los derechos socioeconómicos. TAC ganó el caso fundamentándose en un fallo anterior, conocido como la decisión Grootboom – una decisión sobre derechos de vivienda que falló que el gobierno tiene la obligación de cumplir los derechos socioeconómicos concedidos por la Constitución, y que la prueba de “razonabilidad” incluía la entrega de viviendas de emergencia para los vulnerables. El gobierno ahora planea enfrentarse a la base misma de Grootboom, poniendo en peligro no sólo al fallo sobre Nevirapina, sino también desafiando potencialmente la obligatoriedad jurídica de todas las cláusulas de derechos socioeconómicos que distinguen a la Constitución de Sudáfrica de la de otros países.

La apelación ante la justicia que planea el gobierno es paradójica en el contexto de una importante victoria que el Estado ganó en mayo ante las empresas farmacéuticas multinacionales. La Asociación Sudafricana de Fabricantes Farmacéuticos y 39 empresas farmacéuticas internacionales demandaron al gobierno en abril de 2001 con el intento de impedir la adopción de la Ley de Enmienda de Control de Medicinas y Sustancias Derivadas que, según la industria, habilitaría la infracción de patentes y derechos de propiedad intelectual, como están definidas en el TRIPS de la ronda Uruguay. Con el apoyo de TAC, el principal sindicato obrero del país, COSATU, y varios actores más, el gobierno sostuvo que la epidemia de SIDA representaba una situación de emergencia que exigía al Estado habilitar la producción de fármacos genéricos y la importación de medicinas más baratas de otros países. La industria abandonó la demanda luego de llegar a un acuerdo de transacción con el gobierno según el cual éste las consultaría para aplicar la ley. Al mes siguiente la gigante farmacéutica multinacional Glaxo entregó sus derechos a los medicamentos contra el SIDA (AZT, 3TC y Combivir) a un productor genérico sudafricano. Aunque esta victoria debería haber reforzado la capacidad del Estado para extender el tratamiento antirretroviral a grupos vulnerables en el corto plazo, el gobierno demostró menos interés en traducir la victoria jurídica a una campaña de tratamiento más amplia que en luchar por el derecho a no proporcionar el tratamiento.

Conclusión

Han transcurrido casi ocho años desde que el nacimiento de la democracia marcara el fin de la opresión colonial, el apartheid y la explotación, pero estos fueron reemplazados por un orden económico neoliberal que hizo poco por poner fin a las relaciones de desigualdad económica del pasado. Casi la mitad de los 45 millones de habitantes ganan menos de USD 35 por mes. No obstante, las reglas del juego neoliberal dictan que la pobreza severa no es razón para otorgar servicios gratuitos, y el gobierno acató obedientemente estas reglas a pesar de las desocupaciones, desalojos y eliminaciones forzadas de servicios de los pobres.

La desesperación, sin embargo, obliga a la gente a actuar frente a su situación, y una nueva sensación de resistencia toma cuerpo en los asentamientos informales, los pueblos, las fábricas y el medio rural, donde los pobres comienzan a tomar medidas para evitar que sigan consolidándose las políticas económicas neoliberales que sólo les trajeron sufrimiento.

Notas: