Las prioridades del gobierno de Vicente Fox

Areli Sandoval Terán
DECA Equipo Pueblo, A.C. – Programa Diplomacia Ciudadana

Para generar mayores recursos para el desarrollo social Fox ha promovido durante el 2001 una reforma fiscal regresiva cuyo objetivo real es lograr a toda costa un menor nivel de endeudamiento público como lo exigen las instituciones financieras internacionales. Mientras el desarrollo social no es prioridad, el pago de la deuda pública y el rescate están asegurados.

Los Criterios del presidente Fox

La estrecha vinculación comercial y financiera de México con los Estados Unidos, que implica una sincronía cada vez mayor en las tendencias de ambas economías es el sustrato de la explicación del gobierno federal de la actual desaceleración económica de México contenida en los Criterios Generales de Política Económica para 2002[1]. En gran medida, la situación de la economía mexicana se presenta determinada por la evolución del ciclo económico mundial, el cual a su vez está determinado primordialmente por el devenir de la economía estadounidense. En el marco de este contexto, la estrategia propuesta en los Criterios Generales tiene como ejes principales la disciplina fiscal, el ejercicio responsable, transparente y eficiente del gasto público y la promoción de las reformas estructurales necesarias para fortalecer las bases de la economía.

Según los Criterios Generales, el principal reto que enfrentará la política económica de México durante 2002 será propiciar la restauración del dinamismo de la economía en un entorno mundial inestable e incierto para comenzar a revertir la pérdida de empleos que se observó a lo largo de 2001. Las metas macroeconómicas del gobierno de Fox para 2002 son, en primer lugar, incrementar el ritmo de la actividad económica, la generación de empleos formales y los ingresos reales de las familias. En particular, se propone alcanzar una tasa de crecimiento real del PBI de 1,7% anual. En segundo lugar, contribuir al abatimiento del proceso inflacionario. En estrecha coordinación con el Banco de México, la política fiscal coadyuvará para que el incremento anual de los precios no sea superior al 4,5% anual. En tercer término, se aspira a conservar las cuentas externas del país en niveles moderados y saludables del punto de vista financiero. En este sentido, en base a las proyecciones de crecimiento económico de México y de los Estados Unidos y del precio internacional de petróleo, se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos registrará un déficit equivalente a 3,4% del PBI durante 2002.

Pese a que el gobierno de Fox reconoce el grave rezago y la inequidad social existente entre etnias, regiones y generaciones en México, argumenta la insuficiencia de recursos para impulsar y fortalecer los programas sociales destinados a atender las necesidades más apremiantes del país en materia de abatimiento de pobreza, nutrición, educación, vivienda, salud, desarrollo rural, infraestructura y justicia.Para generar mayores recursos para el desarrollo social Fox ha promovido durante 2001 una reforma fiscal cuyos costos sociales son reconocidos parcialmente y que incluye una ínfima compensación a familias de menores ingresos.

Muchos sectores han cuestionado la propuesta del Ejecutivo. Desde la perspectiva de organizaciones que promueven los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), la reforma fiscal es regresiva en términos de derechos básicos como salud, alimentación, educación, cultura, goce del progreso científico y tecnológico y vivienda, pues grava con 15% de IVA (impuesto al valor agregado) a medicinas, alimentos, libros, colegiaturas, transportes y rentas. De aprobarse esta reforma, el Estado mexicano violará los artículos 2.1; 2.2; 4; 7 a) ii; 11.1; 12.1; 12.2 a), c) y d); 13; y 15, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del que es parte desde 1981 y que le obliga a tomar medidas para el aumento progresivo del gasto social, la mejor distribución de la riqueza y combatir la creciente concentración del ingreso. Con el aumento del IVA el impacto social será enorme mientras que el impacto económico será mínimo pues sólo generará recursos adicionales equivalentes al 1,7% del PBI.

Para incrementar los recursos internos para el desarrollo se debería, por ejemplo, ampliar la base de contribuyentes y gravar los bienes suntuarios y el capital especulativo nacional y extranjero, que genera grandes ganancias privadas sin ningún beneficio social. La propuesta del Impuesto a las Transacciones Monetarias, es, en efecto, una de las propuestas que se discutirá en la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo.

El objetivo real de la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Fox es lograr a toda costa un menor nivel de endeudamiento público como lo exigen las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en sus políticas de ajuste estructural que se han aplicado en México desde hace 20 años, empeorando las condiciones de vida de millones de mexicanos. De acuerdo con economistas de la UAM, las IFIs “ya proyectaron prácticamente el programa para todo el sexenio de Fox”[2] siendo la prioridad de la política económica el pago de la deuda pública.

Cuadro 1: Indicadores deuda externa e interna

En % del PNB

2000

2001*

2002*

Deuda externa total

26,0

24,8

23,5

Deuda externa del sector público

14,7

13,8

12,5

Deuda externa del sector privado

11,3

11,1

11,0

En % de exportación de bienes, servicios y transferencias 

Deuda externa total

119,0

123,7

118,3

Servicio de la deuda externa total

42,1

31,6

26,5

Servicio de la deuda publica externa

26,0

16,1

12,1

*Proyecciones del FMI. Fuente: www.imf.org

El beneplácito del Fondo

En el último informe del FMI sobre México (Consulta del Artículo IV)[3], el Fondo felicita al gobierno mexicano por sus recortes al gasto público y por su compromiso de recortes futuros si fueran necesarios para reducir el déficit (párrafo 49) También acogen la propuesta de reforma fiscal (párrafo 51) y señalan que sin ésta la deuda pública aumentará y la economía será más vulnerable a embates externos y a la fluctuación de los precios del petróleo (párrafo 52).

El Banco Mundial, por su parte, en la Estrategia de Asistencia para el País (CAS) para el período 1999-2000, señala las reformas estructurales que debe impulsar el gobierno mexicano para obtener el apoyo del Banco: reforma fiscal, financiera, del sector salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y laboral[4]: Estas reformas son financiadas a través del portafolio de 23 proyectos que incluyen aspectos sectoriales como la reducción directa de la pobreza.

En cuanto a la situación del país en términos de disponibilidad, asignación y distribución de recursos para el desarrollo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2002 (PEF) que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados en noviembre pasado para su examen y aprobación prevé un gasto neto total de 1.410.654,4 millones de pesos (equivalentes a USD 153.332 millones a un tipo de cambio de 9,2 pesos por dólar), que significarán un crecimiento real de sólo 0,3% respecto al año anterior y, como proporción del PBI una disminución de cuatro décimas de punto porcentual.

El gasto programable (que incluye el gasto social) será de 980.095,7 millones de pesos (equivalentes a USD 106.532 millones) lo que significa una reducción real de 1% respecto al cierre esperado para el presente año. Como proporción del PBI, pasará de 16,3% a 15,9%, es decir, representará una caída de 4 décimas del producto. El Gasto Programable representa el 69,47% del Gasto Neto Total.

Menor gasto social

El gasto para el Desarrollo Social y Humano será de 592.091,7 millones de pesos (equivalentes a USD 64.358 millones); éste representará 60.4% del Gasto Programable y 41,97% del Gasto Neto Total. Sin embargo, el PEF 2002 disminuye el gasto social respecto al año anterior “pues decae de 10,7% a 9,6% del PBI, supeditándole a una reforma fiscal que, aun cuando se aprobara tal cual tendría un magro efecto recaudatorio si considera que actualmente los ingresos tributarios representan el 11% del PBI y cuando mucho aumentaría a 13%.”[5] Las mayores transferencias del presupuesto están en el rescate bancario (0,7% del PBI en 2002 y una décima de punto porcentual cada año a partir del 2003 “proyección validada por el FMI)”[6]

La salud condicionada

Varios programas del sector salud dependen de un préstamo por USD 350 millones para los próximos cinco años acordado con el BM bajo la condición de que se apruebe la reforma fiscal ya mencionada. Así, acciones como las de salud y nutrición de pueblos indígenas, prevención del VIH/SIDA, la consolidación de la ampliación de cobertura y la propuesta de crear el seguro popular, se verían limitadas seriamente, dejando de beneficiar a regiones y municipios donde habitan 13,6 millones de personas en condiciones de alta marginación.[7]

Educación: el rescate bancario está primero

La educación es el eje de la política de desarrollo humano y social del gobierno de Fox según el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Sin embargo, se prevé gastar en educación superior para todo el sexenio 50 mil millones de pesos, mientras que al rescate bancario se le aplican 70 mil millones de pesos en tan sólo dos años.[8] Asimismo, la propuesta de PEF 2002 prevé un recorte de hasta 2.500 millones de pesos en educación superior que representan 3,3% y en materia de ciencia y tecnología el recorte representa casi 18%.[9] Por ejemplo, al Instituto Politécnico Nacional se le reduce 7,49% de su presupuesto respecto al 2001, y a la Universidad Autónoma Metropolitana 8.26%. Con esta reducción no se alcanzará la meta de invertir en educación el 8% del PBI. La reducción en el gasto de educación superior no sólo ocasionará problemas laborales como estallidos de huelgas en 30 universidades del país por la contención salarial de 4,5% que indica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino menor inversión en investigación y desarrollo de ciencia y tecnología.[10]

Recorte al presupuesto afecta a indígenas

El Instituto Nacional Indigenista (INI) sufrirá un recorte presupuestal de 6% en el 2002 afectando principalmente al área de Procuración de Justicia que requería un incremento de 200%. Con este recorte se reducirá personal, se limitará la función de ayuda en la excarcelación de indígenas en los estados del país, disminuirá la asesoría y defensoría jurídica ante atropellos y se afectarán los convenios que se tienen con 263 organizaciones indígenas, ONG y agrupaciones académicas del país.[11]

El gobierno de Fox tiene que cumplir con sus obligaciones en materia social asignándole prioritariamente a la política social los recursos disponibles. Si bien México requiere de recursos adicionales tanto internos como externos, el desarrollo social no puede estar condicionado a la obtención de los mismos, mientras que con los ingresos que la población mexicana generamos sí se asegura el rescate bancario y el pago puntual de la deuda.

Finalmente, ningún esquema de financiamiento para el desarrollo será plenamente efectivo si no se replantea el modelo económico vigente en el contexto de la globalización económica, el cual está atentando seriamente contra el derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales de la población mexicana y mundial. Los derechos humanos deben ser los criterios orientadores de la política económica por sus principios de equidad y justicia.

Notas:

[1] Programa Económico 2002 en: www.shcp.gob.mx

[2] Juan Moreno Pérez, catedrático de la UAM, citado por Agustín Vargas Jiménez en “El gobierno se doblega ante el FMI”, semanario mexicano Proceso, No. 1305, 4 de noviembre 2001, p. 39.

[3] Country Report No. 01/190 Mexico: 2001 Article IV Consultation-Staff Report, Staff Statement, Public Information Notice on the Executive Board Discussion and Statement by the Executive Director for Mexico October 2001, en: www.imf.org

[4] Country Report No. 01/190, op. cit., p. 46.

[5] Armando Labra M. “Presupuesto, terror; talento macabro”. La Jornada, periódico nacional, 26 de noviembre de 2001, p. 35.

[6] Juan Moreno Pérez, op. cit.

[7] Ángeles Cruz. “Hacienda condiciona la firma de un crédito del BM para salud a la aprobación de la reforma fiscal”. La Jornada, periódico nacional, 26 de noviembre de 2001, p. 30.

[8] Karina Avilés. “Incumple el gobierno foxista la ley de educación”. La Jornada, periódico nacional, 26 de noviembre de 2001, p. 29.

[9] La Jornada, 29 de noviembre de 2001, p. 16.

[10] Ibid., p. 15.

[11] La Jornada, 10 de diciembre de 2001, p. 13.

Coordinadora de Control Ciudadano México, Programa Diplomacia Ciudadana de DECA Equipo Pueblo, A.C., organización miembro del Comité Organizador del Foro Global: Financiación para el Derecho al Desarrollo Sustentable y con Equidad, “por la justa distribución de la riqueza”, México 14 al 16 de marzo 2002, previo a FfD.

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