Las consecuencias sociales no reconocidas
La privatización de servicios antes prestados por las empresas estatales o las instituciones públicas comenzó en los años 80, y el ritmo se aceleró en los años 90. Además del impacto social negativo que tuvo la privatización en los consumidores, sus primeras víctimas fueron, generalmente, los trabajadores y los pobres. La cooperación para el desarrollo, cuyo objetivo primario es la erradicación de la pobreza, utiliza sus recursos limitados, extraídos de los fondos públicos, para tomar parte en el desarrollo económico en representación de las grandes corporaciones.
Antecedentes
A principios de 2000, losnegociadores ante la OMC en Ginebra comenzaron una nueva ronda de negociacionessobre el GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios). El objetivo esla liberalización progresiva de todos los mercados de servicios, incluyendotodos los servicios públicos, sin que, en principio, ningún sector quedeexcluido del GATS. El propósito es que todos los servicios estén sometidos alos principios de la OMC relativos al acceso al mercado y al tratamientoequitativo de los proveedores extranjeros y nacionales. Este es un puntoespecialmente delicado dado que los mercados de servicios están protegidosprincipalmente mediante instrumentos nacionales como leyes, reglamentos y normasecológicas y sociales, en lugar de las “clásicas” barreras comercialescomo los aranceles.
Debido a la falta de claridaden la definición del GATS de los servicios prestados “en el ejercicio de laautoridad gubernamental”, es probable que los servicios públicos sean objetode una presión más intensa, porque una vez que surja la competencia de losproveedores privados, que ya está sucediendo en muchos casos, se aplican lasdisposiciones del GATS. Entre otras cosas, el GATS se propone asegurar que losproveedores privados tengan un acceso equitativo a la financiación del gobiernopara los servicios públicos o los servicios prestados sobre la base decontratos públicos. Sin embargo, esta mayor competencia significará que losfondos públicos existentes para los servicios de interés general seguirándisminuyendo.
La OMC está obligada arealizar una evaluación del impacto del GATS, pero esto aún no se llevó acabo. A todos los miembros de la OMC se les exigió que presentaran a sus socioscomerciales sus solicitudes de liberalización para fines de junio de 2002. Enconcordancia con el calendario de las negociaciones del GATS, deberán sometersus propuestas de liberalización alos países interesados para fines de marzo de 2003. La Comisión Europea estánegociando el GATS en nombre de los Estados Miembros de la UE, con el MinisterioFederal de Economía al frente de la delegación alemana.
La privatización deservicios antes prestados por las empresas estatales o las instituciones públicascomenzó en los años 80, y el ritmo se aceleró en los años 90. La mayoría delos alemanes probablemente no sepa, por ejemplo, que las empresas de seguridadprivada emplean a más de 145 mil personas, con frecuencia mal entrenadas yganando salarios insignificantes, que representan más de la mitad de los 270mil efectivos empleados por la policía. La privatización del correo tambiénestá muy encaminada.
Más que nada, lo que llamóla atención pública fue la privatización de las telecomunicaciones. Alprincipio, el costo de las llamadas descendió abruptamente, lo cual confirmóla sospecha de muchos alemanes de que las empresas públicas se caracterizabanprincipalmente por la mala gestión y la falta de innovación. Sin embargo, enlos mercados de electricidad desregulados, sólo los consumidores a gran escalase beneficiaron con los recortes de precios prometidos.
Además del impacto socialque tuvo la privatización en los consumidores, las primeras víctimas de laprivatización suelen ser los trabajadores. Como explica la Federación Alemanade Empleados Públicos: “Las empresas de transporte privado pueden presentarofertas más atractivas a las licitaciones públicas porque suelen pagarlesalarios inferiores a su personal y mantener unidades administrativas más pequeñas.Estos argumentos son los que utiliza la patronal ferroviaria Deutsche Bahn AG enlas negociaciones salariales anuales para impulsar los salarios a la baja.”
Elagua no se abarata
Es probable que la industriadel agua y de la administración de las aguas residuales reaccionennegativamente frente a nuevas privatizaciones, ya que este sector se encarga deuna necesidad humana básica y adopta decisiones de política ambiental deamplio alcance. En este sentido, el Sindicato de Servicios Unidos (Ver.di)denuncia las medidas emprendidas en este ámbito: “La privatización de laindustria del agua definitivamente no condujo a reducción alguna de tarifas oprecios. El hecho de que deban generarse ganancias para los accionistas aumentalos precios a corto y mediano plazo. Para ocultar este hecho, existe latendencia de prescindir del mantenimiento normal que es necesario paragarantizar la seguridad del suministro, así como de la inversión necesariapara proteger los recursos.”
El sindicato también serefiere al riesgo de que las empresas privadas amasen cuantiosas gananciasmediante la venta de agua potable, mientras el costoso negocio de proteger elagua potable se deje en manos de las arcas públicas. Por tanto, Ver.di aboga“por una industria sostenible del agua regida por los principios de precaucióny de ‘el que contamina paga’. La vigilancia y el control de los emisores deelementos contaminantes son tareas para las instituciones públicas.”
Las tendencias privatizadorasen la industria del agua también se reflejan en la política de desarrolloalemana, que ha fomentado vigorosamente la cooperación entre los sectoresprivados y públicos en los últimos años. Un estudio reciente realizado porWorld Economy, Ecology and Development (WEED) revela que las empresas privadasreciben apoyo para asegurar que la industria alemana del agua “desempeñe unpapel destacado en el mercado mundial, que es cada vez más importante”, segúndeclaraciones de Uschi Eid, Secretario de Estado Parlamentario del Ministerio deCooperación Económica (BMZ). El estudio señala que las firmas “pudieronllegar a acuerdos de concesión de largo plazo para administrar lasinstalaciones de abastecimiento de agua o conseguir contratos lucrativos paraconstruir plantas de tratamiento de agua. Para estas compañías, proyectos enAlbania, Montenegro o Namibia allanan el camino al mercado mundial, con el apoyogubernamental y político en este medio competitivo. En efecto, la cooperaciónpara el desarrollo, cuyo objetivo primario – según declaraciones propias –es la erradicación de la pobreza, utiliza sus recursos limitados, extraídos delas arcas del Estado, para tomar parte en el desarrollo económico enrepresentación de las grandes corporaciones. A pesar de lo cual los grupos depoblación más pobres siguen… recibiendo un suministro de segunda o terceraclase.”
Atenciónde la salud: la necesaria intervención estatal
El proceso de desregulacióndel sistema de salud alemán procede con cautela, pero tiene consecuencias parala sociedad toda. Aquellos con ingresos elevados están autorizados a optar porexcluirse de los fondos reglamentarios de seguro de salud. Las aseguradorasprivadas pueden ofrecer sus servicios a los jóvenes (y sanos) de forma mucho máseconómica. En consecuencia, los fondos de seguro médico reglamentarios sequedan con una gran proporción de miembros con costos más elevados. Losproblemas resultantes se describen a continuación en un “Memorando sobre laReforma del Sistema de Salud”[1]:
“Es incorrecto hablar deuna ‘explosión general de costos’ en el sistema de salud. La suba del gastototal de salud en las últimas dos décadas se produjo a la par del crecimientoeconómico general… Simultáneamente, la analogía de los ‘costosexplosivos’… ignora completamente los problemas mucho más graves queenfrenta el seguro médico reglamentario en términos de ingresos. Laexperiencia hasta la fecha muestra que los incentivos económicos producto de lacompetencia… generaron y siguen generando tácticas de evasiónindeseables…, y que siempre se exige la intervención estatal paracorregirlas.”
Jubilaciones: un riesgopara los sectores de menos ingresos
En el último períodolegislativo se adoptó una ley para reforzar el papel de las jubilacionesprivadas voluntarias ante el seguro obligatorio. Corresponde a los empleadostomar la decisión de si, además de sus prestaciones al seguro reglamentario,desean contratar un seguro de vida que será subsidiado por el Estado. Ya enoctubre de 2000, una declaración en Diakonisches Werk, de la IglesiaProtestante de Alemania, asumió la siguiente postura frente al tema:
“Debido a su lógicafuncional distinta, la provisión privada no puede reemplazar a la provisiónreglamentaria, sin embargo… Existen dos razones principales a favor de…brindar una protección confiable del nivel de vida para los grupos de medianosy bajos ingresos: las personas con jubilaciones insuficientes rara vez contratanun seguro privado. La provisión voluntaria – aunque sea subsidiada por elEstado – rara vez es una opción para las personas de bajos ingresos… porquelos grupos de población que corren el mayor riesgo de quedar empobrecidosconsumen todos sus ingresos disponibles.”
El papel de Alemania enlas negociaciones del GATS
Una característica notablede las negociaciones del GATS es su completa falta de transparencia. A losciudadanos interesados en el proceso se les niega el acceso a informaciónclave, e incluso legisladores del Parlamento (Bundestag) sólo reciben unainformación limitada del Ministerio de Economía.
Sin embargo, ya estánapareciendo fallas en el gobierno de coalición alemán que podrían aprovecharlas organizaciones sociales para socavar el progreso de las negociaciones. Porejemplo, la Comisión de Estudio sobre la Globalización de la EconomíaMundial, formada por el Bundestag, recomienda que las decisiones sobre la adopciónde nuevos compromisos no se tomen hasta después de realizadas evaluacionessobre el impacto de las negociaciones del GATS y que se produzcan discusiones públicasacerca de sus conclusiones. También recomienda la “exclusión de la educacióny de otros servicios de interés general de las negociaciones del GATS.”Finalmente, el informe señala: “Se exhorta al Gobierno Federal y a la ComisiónEuropea que notifiquen a todas las ONG, sindicatos y asociaciones interesadas,en una etapa inicial, de todas las propuestas de negociación, incluyendo lassolicitudes de liberalización de la UE a sus socios comerciales y solicitudessimilares de otros estados a la UE, así como de propuestas de liberalizaciónpertinentes, y que otorguen a estas organizaciones la oportunidad de plantear suopinión.”
Esta recomendación contrastacon las condiciones presuntamente adoptadas para los miembros de la OMC, que elMinisterio de Economía describe a continuación: “De acuerdo con lascondiciones para todos los miembros de la OMC, las diversas solicitudesrealizadas a los socios comerciales deberán tratarse confidencialmentey no podrán ser divulgadas a los organismos no gubernamentales, sea total oparcialmente.” (Ministerio de Economía, carta del 8 de agosto de 2002,negrita original).
Sin embargo, la afirmaciónde que las solicitudes a los socios comerciales no podrán divulgarse a“organismos no gubernamentales” contrasta con las prácticas del Ministeriode Economía, ya que el propio Ministerio divulgó las actas de negociación del“Comité 133” en Bruselas, que coordina la política de comerciointernacional de Europa, a numerosas organizaciones. Al respecto, la respuestadel gobierno federal a una Interpelación Menor sometida por el Partido deSocialdemócrata (PDS) el 22 de abril de 2002 señala que “el gobierno federalha divulgado elementos de las actas actuales sobre solicitudes de la UErealizadas a socios comerciales a varias asociaciones comerciales directamenteafectadas, así como a la Federación de Sindicatos Alemanes (DGB), parapermitirles la oportunidad de expresar sus opiniones.” No queda claro por quéesta práctica no puede extenderse a las ONG pertinentes y a otros grupos depresión, de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Estudio. Estetratamiento desigual es antidemocrático y, por lo tanto, inaceptable.
La posición cambiantede la ministra de Educación
La posición del Ministeriode Educación sobre el GATS también es problemática. Cuando en junio de 2001se supo que la UE – a pesar de las declaraciones que sostenían lo contrario– había aceptado las solicitudes de liberalización de EE.UU. con respecto alsector de la enseñanza superior, fue evidente que este sector sería sometido alas negociaciones del GATS. La ministra de Educación Edelgard Bulmahn se sintióobligada a reaccionar. A pesar de insistir que “no debemos dejar la educaciónen manos del mercado,”[2]no obstante apoyó la comercialización de la educación: “El Acuerdo del GATSabarca los servicios de educación… El objetivo no puede ser el de excluir aestos servicios de las negociaciones, sino simplemente de hacer una distinciónmás clara entre los servicios comercializables y no comercializables en estainstancia.”
La ministra considera que,por lo menos la enseñanza superior y el aprendizaje a distancia son servicioscomercializables. Sin embargo, las negociaciones del GATS ya abarcan un ámbitomucho mayor. En la última ronda del comercio mundial, la UE negoció dos cláusulasque permiten excluir del Acuerdo del GATS los servicios públicos y lossubsidios para estos servicios. Pero en la ronda actual, estas cláusulas fueronobjetadas por varios miembros de la OMC. Si han de ser eliminadas, aunque sólosea selectivamente, las universidades privadas, por ejemplo, tendrían el mismoderecho legal a los subsidios que las universidades estatales. La competenciapor los fondos públicos, que ha sido limitada intencionalmente, se intensificaría,y la parte destinada al sistema estatal descendería inevitablemente
Notas:
[1] Los autores del Memorando sobre la Reforma del Sistema de Salud son los siguientes: Profesor Heinz-Harald Abholz, Presidente de la Asociación Alemana de Medicina General; Klaus Kirschner, MdB, SPD, Presidente del Comité de Salud del Bundestag; Monika Knoche, MdB, Alianza 90/Verdes, miembro del Comité de Salud del Bundestag; Profesor Rolf Rosenbrock, miembro del Consejo de Expertos para la Acción Concertada en el Sistema de Salud; Horst Schmitthenner, miembro administrador del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos.
[2] Frankfurter Rundschau, 8 de julio de 2002.