La violación de los derechos sociales en la lógica del mercado

Alberto Yepes P.
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

La privatización de los servicios sociales ha venido siendo impuesta mediante severos e interminables programas de ajuste estructural por las instituciones financieras internacionales, en los cuales se ha presionado el cambio de las políticas sociales para acondicionarlas como servicios rentables. De ese modo, la salud, la educación, la seguridad social y el acceso a los servicios de agua, energía, telecomunicaciones y saneamiento ambiental puedan ser operados por agentes privados garantizándoles altos márgenes de rentabilidad.

Traspasodel patrimonio público al capital privado

Lasprivatizaciones de servicios básicos han deteriorado enormemente la distribucióndel ingreso y han hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. ElEstado ha favorecido así los procesos de acumulación de los activos públicosen manos de los grupos financieros, vendiendo las empresas de servicios públicosa la tercera parte del costo real.

El primerpaso en privatización de todas estas empresas fue imponer grandes alzas en lastarifas de los servicios públicos, para que éstas resultaran atractivas parael capital privado. Por ejemplo, en el caso del agua, cuya privatización estáen la mira como el próximo objetivo de los conglomerados financieros,[1]en los últimos cinco años la tarifa para su consumo se ha incrementado en unpromedio del 238%[2] para el estrato más pobrede la población en las nueve principales ciudades.

En lasprivatizaciones de las carreteras, de las telecomunicaciones y de la produccióny distribución de energía se han empleado cláusulas que buscan asegurar unosmárgenes preestablecidos de ganancias para las multinacionales y las empresascompradoras (que el Estado debe pagar si los compradores no logran obtener latotalidad de las ganancias calculadas), instaurando, de este modo, una forma decapitalismo sin riesgos en el cual la ganancia de los empresarios no depende delas mercancías o servicios producidos y vendidos sino de lo que calcularon deantemano que podían llegar a vender. Los riesgos por las pérdidas o lasganancias dejadas de percibir deben asumirlos los ciudadanos mediante elpresupuesto público y las empresas estatales, que se han visto obligadas aentregar millonarias indemnizaciones a las empresas privadas con las cuales hansido obligadas a “competir” en estas desventajosas condiciones.

Laeducación como un negocio

Las políticasordenadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hanavanzado en la organización de la educación según las lógicas del mercado,colocando al país entre los que poseen una mayor oferta de cupos educativos enmanos privadas. Con estos niveles de privatización alcanzados, los acuerdos conel FMI se han concretado ahora en una reforma constitucional que reduce de nuevoel monto de los recursos que el Estado deberá destinar a la atención de lasalud y la educación públicas. Esta reforma, aprobada aún en contra de una delas mayores movilizaciones sociales de la última década, generará una reducciónde cerca de USD 2.500 millones en el período 2002-2008 que serán liberadospara el pago a los acreedores de la deuda pública.

En elcamino hacia la privatización de las instituciones educativas, el Estado, en términosprácticos, ha venido acotando su compromiso con la educación pública a lafinanciación de la nómina docente. Las familias deben cubrir los costos delmantenimiento y conservación de las instalaciones escolares, la adquisición delos materiales, el pago de los servicios públicos de agua, teléfono y energía,la adquisición de material pedagógico y el pago de los salarios del personalno docente como los vigilantes, secretarias y personal de aseo y mantenimientode las escuelas. Estos costos deben ser cubiertos con los pagos que las familiastienen que realizar por concepto de cobro de matrículas, pensiones y demásrecursos económicos que se perciban por la venta y prestación de serviciosdocentes a los estudiantes.[3] No es extraño entoncesque el Informe de Desarrollo Humano para Colombia 2000 haya constatado que, enel año 1997, un 46% de los niños y jóvenes en edad escolar que no asistía ala escuela lo hacía por razones estrictamente económicas, entre las cualesestaban primordialmente las relacionadas con los altos costos académicos o lanecesidad de trabajar.[4]

Lasreformas neoliberales en la educación han ido más lejos que en cualquier otropaís del continente. Producto de las políticas de desregulación, deprivatización y de privilegio de los criterios de mercado en la provisión deservicios educativos, el derecho a la educación se ha ido convirtiendo en unode los derechos de más difícil consecución. Elempobrecimiento de cerca de 29 millones de colombianosha puesto ya por fuera de las aulas a cerca de 3,1 millones de niños y niñasque no tienen recursos suficientes para comprarse el derecho a ingresar opermanecer en una institución educativa.

EnColombia la educación básica no sólo no es gratuita, sino que desde 1991 lapropia Constitución introdujo el sistema de cobros en las institucioneseducativas oficiales. Todos los niños y jóvenes que quieren ingresar a laeducación básica deben pagar con unas poquísimas excepciones. A pesar de queColombia ha ratificado convenios como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, en loscuales el Estado se ha comprometido a asegurar la educación básica para todoslos niños de manera gratuita, las normas y las políticas públicas desconocenabiertamente este mandato. Recientemente el Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales señaló que la Constitución colombiana no se ajusta alas disposiciones del PIDESC pues no garantiza el derecho a la educacióngratuita para todos.[5]

Desde 1990se ha introducido una serie de reformas que han elevado enormemente los costos.En los últimos siete años el índice de precios de la educación aumentó un40% con relación al índice general de precios. Al mismo tiempo, el Estadoaumentó el gasto en educación desde 1991 al 2001 pasando del 3% al 5% del PBI,en tanto que el gasto privado de las familias para atender gastos educativos haalcanzado ya un nivel cercano al 4,5% del PBI.

A pesar deesto, las coberturas netas siguen siendo bajas en la educación media (26%), básicasecundaria (52%) y preescolar (34%). En la educación básica primaria hallegado al 82%, presentado algunas mejoras, pero aún continúa estando pordebajo del promedio de América Latina y el Caribe. El aumento del gasto oficialy de las familias en la educación no se traduce en aumentos proporcionales dela cobertura y la calidad para cerca del 60% de la población que vive en lapobreza. En el campo, cerca de un 30% de los niños y niñas que consiguen cupotienen que abandonar sus estudios a lo largo del año. La calidad de estaeducación es cada vez más precaria, como lo indican los bajos resultados delas pruebas internacionales de calidad.

El procesode privatización ha avanzado tan aceleradamente que el 30% de los cuposdisponibles para la educación primaria y secundaria se encuentran en el sectorprivado, a cuyos costos no accede la población pobre. En la educaciónsuperior, solamente un 25% de los cupos disponibles se encuentran en el sector público.Esta situación se ve agravada por la crisis económica que ha llevado a un 12%de los estudiantes de colegios privados a abandonar sus estudios y buscar loscupos en los colegios públicos, cada vez más escasos, dada la políticaestatal de suprimir la financiación a la oferta educativa.

En laeducación oficial también los altos niveles de deserción escolar son unaconsecuencia directa de políticas que han colocado costos económicos muyelevados para el acceso y la permanencia de los niños y niñas en la escuela.Los últimos estudios sobre deserción escolar estiman que, en Colombia, más deun millón de alumnos abandonan sus escuelas o colegios cada año.[6] Las causas de dichadeserción escolar están relacionadas, principalmente, con la crisis económica,el conflicto armado y la  ausenciade gusto por la escuela.[7]En las zonas rurales, la deserción promedio se ubicaentre el 17% y el 30% del total de alumnos.[8]

Elmercado de la salud

LaLey 100 de 1993 reformó el sistema de salud para permitir que el capitalprivado asumiera gran parte de la prestación del servicio bajo la modalidad deun mercado de contratos de seguros. Para las personas que tenían capacidad depago se estableció un régimen contributivo y se creó un régimen subsidiadopara atender a los sectores más pobres asegurando que, en el año 2000, toda lapoblación estaría cubierta. La cobertura plena no se logró y, por elcontrario, disminuyó. Antes de 1993, año en que sehizo la reforma que introdujo la privatización, la afiliación alcanzaba al 75%de las personas y hoy es solamente del 62%. El accesoa la salud es también hoy más inequitativo, pues mientras el 20% de la poblacióncon mayores ingresos tenía una cobertura del 75% en el año 2000, el quintil máspobre sólo alcanzaba una cobertura del 35%. El sistema resultante también esdiscriminatorio en relación con las mujeres: a pesar de que las mujeresconstituyen el 51% de la población colombiana, el 60,9% de la afiliación alsistema de salud es masculina reflejando los desequilibrios que muestra laparticipación de las mujeres en el mercado laboral.[9]

Apesar de estar aseguradas, muchas personas no pueden ser atendidas en razón dela carencia de recursos para realizar los pagos complementarios. Así, antes dela privatización el 67,1% de las personas que se declararon enfermas fueronatendidas mientras que en el año 2000, solamente un 51,1% de los enfermos pudoser atendido por un médico. Más grave es la situación en las áreas ruralesen donde el 48% de la población no está afiliado a ningún sistema de salud.[10]

Elgasto privado en salud aumentó 50% al pasar del 3% al 4,5% del PBI entre 1993 y1999. Pero también el gasto público se incrementó en 57% (al pasar del 7,2%al 10% del PBI en el mismo período). Las aseguradoras privadas son lasresponsables del manejo de la mayor parte de estos recursos. A diciembre de 2001las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) privadas atendían el 70% del mercadodel régimen contributivo de salud, y las EPS públicas solamente el 30%.

Laprivatización en la prestación de los servicios ha llevado a unos altos márgenesde intermediación, en donde las EPS y las Administradoras del RégimenSubsidiado (ARS), en manos del sector privado, se quedan con una buena parte delos recursos, absorbiendo los incrementos en los gastos realizados por el Estadoy por las familias. La Contraloría General de la Nación ha señalado que, enpromedio, las ARS se quedan con el 40% de los dineros de la seguridad socialdestinados al régimen subsidiado.

Lasreformas de libre mercado han deteriorado la salud general de la población.Entre 1990 y 2000 el número de niños menores de un año que había cumplido elciclo completo de vacunación disminuyó de un 67,5% a un 52%, permitiendo elregreso de epidemias que, como el sarampión, estaban hace años superadas. Estareforma ha hecho de la colombiana una sociedad estratificada con base en ladiscriminación de los sectores más necesitados en cuanto a la atención de lasalud. Se estableció un sistema para los muy pobres (subsidiado), uno parasectores de ingresos medios (contributivo) y otro para los ricos (medicinaprepagada), en tanto que un 38% de la población no dispone de afiliación aninguno. Los tratamientos son diferenciados en servicios y en derechos en funciónde la capacidad económica para ubicarse en cada uno de estos sistemas,configurando una sociedad cada vez más dividida y confrontada.

Laprivatización ha llevado a que los aseguradores privados sean los queadministren la salud de los sectores con mejores ingresos, en tanto que elsistema público se ocupa de los aquellos con ingresos menores. En estacompetencia, el Estado ha reemplazado los subsidios a la oferta que, antes de1993, se entregaban a los hospitales, clínicas y centros de atención públicospara reemplazarlos por subsidios a la demanda. Esta situación ha generado uncolapso del sistema hospitalario del país que sólo puede ofrecer los niveles mínimosde atención, al punto que muchos de los principales hospitales y clínicas queatendían la población de escasos recursos han tenido que ser cerrados porquiebra.

Lasnuevas concesiones a los capitales privados de las multinacionales farmacéuticasencarecerán más aún el cuidado de la salud para los más pobres, y agravaránel déficit de las instituciones públicas de salud, pues el Gobierno decidiópor decreto[11]prohibir por cinco años la producción e importación de medicamentos genéricos,que hasta ahora podrían adquirirse a bajos costos. Este enorme sacrificio parala población se hizo en respuesta a una exigencia del gobierno de EE.UU. y conel fin de que ciertas exportaciones colombianas pudieran aspirar a obtenerbeneficios arancelarios en aquel mercado.

Conclusión

La negacióndel acceso a los servicios sociales, y los costos crecientes de los mismos haaumentado aceleradamente el número de pobres e indigentes. El número depersonas viviendo bajo línea de pobreza ha llegado al 59,8% según datos de laContraloría General de la República, y al 64% según datos de un estudioreciente del Banco Mundial,[12]Mientras que en 1998 los pobres eran 21 millones depersonas, hoy llegan a 24 millones, dentro de los que están los nueve millonesde colombianos en indigencia.[13]Las privatizaciones no han mejorado el acceso de la población ni la calidad delos servicios sociales para los  máspobres. Las privatizaciones han sido medios para ampliar los privilegios y laexclusión, han propiciado una redistribución regresiva de recursos de losgrupos medios y bajos hacia los grupos más poderosos y han ocasionado lareducción del acceso de los sectores más necesitados de la población a losservicios básicos de salud, educación y seguridad social.

Notas:

[1] En sectores como la generación de energía el Estado ya sólo dispone de un 35,5% de los activos y el proceso de privatización sigue en marcha.

[2] La mayor parte de los datos de este informe han sido obtenidos del estudio realizado por la Contraloría General de la Nación en agosto de 2002 denominado “Colombia entre la Exclusión y el Desarrollo.” Bogotá, julio de 2002.

[3] Decreto No. 1857, Artículo 2, de 1994.

[4] PNUD y Departamento Nacional de Planeación - Misión Social. Informe sobre Desarrollo Humano. Colombia 2000. Alfaomega Grupo Editor, mayo de 2001, p. 201.

[5] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 27 Sesión. E/C.12/1/Add.74

[6] Mario Jiménez Gómez. “Aumenta deserción escolar” en: Revista Semana, 29 de septiembre de 2002.

[7] Según la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 1997 y el Estudio Rutas de Deserción Escolar llevado a cabo por la Fundación Restrepo Barco en los años 2001 y 2002.

[8] “No da tregua la deserción escolar en el país” en: El Tiempo, 6 de septiembre de 2002.

[9] Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Informe Alterno al IV Informe del Estado Colombiano ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No. 110.

[10] Contraloría General de la Nación. op.cit., p. 129.

[11] Decreto No. 2085, de 2002.

[12] “Pobreza siguió en aumento” en: Portafolio, 5 de agosto de 2002.

[13] Según datos del Gobierno (Departamento Nacional de Planeación).

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
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