La postergación de un debate prioritario

Víctor Renes; Carmen González
Cáritas Española; Intermón Oxfam

Desde mediados de la década de los 80, los sucesivos gobiernos han impulsado la privatización, bien como instrumento de política financiera, bien como instrumento de política pública. Hasta el presente, los organismos estatales han tenido escasa voluntad de medir el impacto social de este proceso - tanto en España como en Latinoamérica, donde los capitales españoles han tenido activa participación. Es urgente incrementar el gasto público y reasignar los recursos públicos hacia las áreas de gasto público con mayor efecto redistributivo.

Escasaevaluación de impacto social

Desdemediados de la década de 1980, los sucesivos gobiernos españoles han venidoimpulsando la privatización, bien como instrumento de política financiera,bien como instrumento de política pública.[1]De forma creciente, un mayor número de sectores ha sido objeto deprivatizaciones. Si bien en los Servicios Sociales Básicos (SSB) el proceso seencuentra aún en una etapa incipiente, la escasez de evaluaciones del impactosocial de uno de los procesos con mayor incidencia en el conjunto de la población– y en concreto en los grupos más desfavorecidos – denuncia la escasaatención prestada por los organismos públicos a sus repercusiones sociales.También muestra  la necesidad deinstar a dichos organismos – dado que, si hay voluntad política, losresultados pueden modificar los siguientes pasos – a llevar a cabo, por unlado, un estudio sobre el impacto los procesos de privatización iniciados hastala fecha y, por otro, a realizar evaluaciones previas de impacto que facilitenla toma de decisiones democráticas antes de que cualquier tipo de acuerdofuturo sea implantado.

Elpresente informe hace referencia a dos dimensiones de la participación delsector privado en la provisión de SSB.[2]En el ámbito nacional, se analizan los continuos avances en el proceso deprivatización que están teniendo lugar en España durante los últimos años.En el internacional, se describe la participación de las empresas españolas enla privatización de los SSB en otros países, centrándose en América Latinapor ser la región con mayor flujo anual de inversión española.

Lanecesidad de potenciar el escaso gasto público social

Elanálisis de las tendencias de privatización de los servicios sociales, y de suinfluencia en las situaciones de pobreza y exclusión, necesita ser enmarcado enel contexto de la acción protectora de garantía de derechos sociales básicos.

EnEspaña, el gasto en Protección Social en 1999[3]era el 20,0% sobre el PBI, lo que le distancia en 7,4 puntos de la media de laUnión Europea. Esta diferencia ha ido en progresivo aumento a partir de 1994,en que el gasto en Protección Social en España era del 22,8% sobre el PBI,frente a la media de la Unión Europea que era del 28,4%.

Anteuna población de más de 7 millones de personas viviendo por debajo del umbralde la pobreza, o sea, el 18% de la población en España (informe Foessa sobrelas condiciones de vida en España) y un progresivo recorte de las prestacionescon criterio no mercantil, numerosas organizaciones sociales han instado algobierno a potenciar el gasto público social, dado que es uno de losinstrumentos más importantes con los que cuenta el Estado para influir en laredistribución del ingresoy promover la equidad social. Sin embargo el gobierno, sin plantear undebate serio sobre posibles alternativas de reasignación de recursos públicoshacia el gasto social, ha optado, como principal opción, por impulsar laprivatización de los servicios sociales, comenzando por fórmulas de gestiónprivadas.

Privatización,compromiso, solidaridad: un debate urgente

Enseptiembre de 2002, el flamante Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, EduardoZaplana, anunció la decisión de introducir la gestión mixta en algunosservicios públicos y prestaciones sociales, fórmula a la que se había yarecurrido para abordar la falta de recursos en los servicios de Sanidad yEducación, que habían sido transferidas a las Comunidades Autónomas (lasregiones y nacionalidades) sin la garantía de recursos suficientes. Para ayudara visualizar el futuro de la privatización de otros SSB, ya se dispone deprecedentes sobre el compromiso público con servicios sociales dirigidos a laspoblaciones más desfavorecidas, con resultados no demasiado satisfactorios. Asíocurre con los servicios dirigidos a los “sin techo”, una red con unaabrumadora proporción de titularidad privada.[4]Los centros de titularidad pública apenas suponen una quinta parte del total(21%) frente al 55% de las instituciones religiosas y el 15% del sector privadono religioso. La débil presencia de la Administración Pública se reduce aúnmás al considerar los datos relativos a la entidad que gestiona cada centro,pues centros de titularidad pública, sobre todo municipal, están gestionadospor entidades sociales. Según esto, el sector público se reduce a un 14%, y elsector privado pasa a casi el 80%.

Enel ámbito de la sanidad, las Comunidades Autónomas debieron acudir a impuestosindirectos (impuesto sobre la gasolina) para atender el déficit sanitario. A suvez, aumentó de forma considerable la gestión privada de la sanidad a travésde conciertos con clínicas privadas, de contratación de servicios clínicos,incluso de gestión de hospitales a través de empresas privadas. En el ámbitode la educación, los conciertos con colegios privados aumentaron de formasignificativa. Según el análisis de los sindicatos a partir de los datosoficiales, el número de alumnos matriculados en los centros públicos se reduceen un 0,4% cada año. Así entre 1996 y 2002, la educación pública ha perdidoel 2% de los alumnos, unos 2 millones de alumnos.

Laescasez de recursos públicos y la tendencia a la privatización adquierenprotagonismo con relación a la gran demanda de servicios sociales que elenvejecimiento de la población plantea. La situación de la vejez unida a laenfermedad, genera “situaciones de dependencia” de estas personas y,con ello, la necesidad de incrementar el gasto en servicios sanitarios. Elactual gobierno ha impulsado el proceso privatizador ya desde su inicio en 1996,mediante el apoyo a empresas e iniciativas privadas, especialmente en el caso deresidencias a personas mayores dependientes, las cuales van organizando este“mercado de servicios”, con excelentes resultados. Si tenemos en cuenta quenueve de cada diez personas “dependientes” no pueden costearse un seguroprivado con el que hacer frente a tales servicios, y que no existe un seguro público,el riesgo de desamparo de estas situaciones o de “privatizar” las solucioneses inminente.

Urge,pues, no sólo debatir sobre privatización, sino también sobre compromiso ysolidaridad. Es urgente un plan estatal, tanto para las personas sin hogar comopara hacer frente a la pobreza y la exclusión en general, con presupuestosdefinidos que hagan frente a ese déficit social que el bajo porcentaje sobre elPBI en gastos sociales manifiesta. Basándose en la defensa de los derechoshumanos, económicos y sociales de todos los ciudadanos, en criterios de interéssocial y no de rentabilidad económica, urge también incrementar el gasto públicoy reasignar los recursos públicos hacia las áreas de gasto público con mayorefecto redistributivo: educación, salud, nutrición.

Laincidencia de las empresas españolas en los SSB latinoamericanos

Buscandoel crecimiento y expansión de la empresa junto a la mejora de la competenciarespecto a las compañías líderes en Europa, grandes empresas españolascomenzaron, a partir de la década de 1970, a entrar en los mercadoslatinoamericanos con bajos costos relativos y buenas expectativas decrecimiento. Sin embargo, no fue hasta los años 90, con la crecienteliberalización de las economías latinoamericanas, con la privatización de lasempresas estatales proveedoras de servicios básicos y de utilidad pública,[5]y con las proyecciones de tasas de crecimiento superiores a las de España, quelas empresas españolas desarrollaron su papel en la provisión de SSB en estospaíses,[6]especialmente en los servicios de suministro de agua y saneamientos y de salud.Entre las mismas se destacan por el volumen las producidas en Chile, Argentina yBolivia (ver cuadro 1).

Cuadro1.- Participación de empresas españolas en la privatización de los SSB enArgentina y Chile

Empresa inversora

Emp. objeto de inversión

Sector de actividad

Adeslas Seguros de Salud

Hospitales Bazterrica

Sanidad

Dragados y Construcciones

Aguas de Gran Buenos Aires

Gestión de agua y residuos

Soc. Gral. Aguas Barcelona

Aguas Argentinas S.A.

Gestión de agua y residuos

Soc. Gral. Aguas Barcelona

Aguas Provinciales de Sta. Fe

Gestión de agua y residuos

Soc. Gral. Aguas Barcelona

Omaja

Gestión de agua y residuos

Soc. Gral. Aguas Barcelona

Ormas ambiental

Gestión de agua y residuos

Soc. Gral. Aguas Barcelona

Emos

Agua

Iberdrola

Emp. Servicios sanitarios de los Lagos (Essal)

Servicios sanitarios

Fuente:A. Arahuetes (2001) según datos de Reuters, América Economía, FinancialTimes, The Wall Street Journal Americas, y diarios Expansión y Cinco Días.

Laparticipación de la empresa Abengoa (30%) en el consorcio internacional“Aguas de Tunari” para la concesión de las compañías de agua potable enCochabamba (Bolivia) ha sido la más emblemática. Fuertes movimientos socialesdenunciaron los efectos de las concesiones realizadas previamente como parte dela privatización de los servicios de agua potable: el colapso de lasconcesiones dejaron a los pobres urbanos sin conexión a la red pública,generando riesgos de salud y la falta de transparencia de la compañía en términosdel alcance de las provisiones previstas, etc. Esta situación, junto a lasdeficiencias de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, provocarontanto el abandono del consorcio de agua a cargo de la concesión comomodificaciones sustanciales en la regulación.

Esteejemplo muestra que el debate actual sobre las repercusiones sociales de laprivatización de los SSB adquiere aún más fuerza en el contexto económico-socialen el que se producen estas inversiones: países con altos niveles de pobreza ydesigualdad y en los que, según una reciente evaluación del PNUD, CEPAL yUNICEF, no se había alcanzado en ningún caso el acceso universal a los SSB.[7]

Eneste contexto, la incidencia de la presencia de las empresas españolas en ellogro de un desarrollo más integrado en términos sociales, estará sin dudadeterminada por el papel que el Estado juegue en el diseño, financiación,provisión y regulación de los servicios sociales, y por la forma en que elpropio Estado apoye la capacidad que tienen los consumidores, trabajadores yorganizaciones de la sociedad civil de hacerse oír. El papel de todos estosactores, la actitud de la empresa privada y las nuevas formas de reglamentacióny de responsabilidad desarrolladas por el gobierno y los grupos políticos delpaís serán claves para garantizar el acceso universal a estos servicios ydeterminará el grado en que, en cada una de las etapas, los intereses privadosrespalden las políticas de equidad social.

Conclusión:el Estado debe preservar los SSB de la liberalización

Portanto, tanto en los países latinoamericanos como en España, hemos subrayado elpapel que el Estado puede jugar para asegurar la prestación universal de estosservicios. Sin embargo, un amplio análisis concluye que el Acuerdo GeneralSobre Comercio de Servicios (GATS) “podría tener efectos devastadores en lacapacidad de los gobiernos para aliviar las necesidades de sus ciudadanos máspobres e indefensos.”[8]Los movimientos sociales instamos a los gobiernos a que los intereses socialesde la población de un país no queden supeditados a los intereses políticos yeconómicos, y que sean los primeros los que dictaminen el ritmo y laflexibilidad de los acuerdos de liberalización de los servicios. Para ello, losSSB no deben formar parte de ningún compromiso liberalizador, y los gobiernosdeben conservar el derecho a limitar la liberalización en aquellas áreas clavepara el desarrollo nacional y la reducción de la pobreza.[9]

Notas:

[1] Ver Germà Bel y Antón Costas, La Privatización y sus Motivaciones en España: de Instrumento a Política, Universitat Barcelona.

[2] El concepto de participación del sector privado en este artículo engloba acciones como la venta de activos, la subcontratación de servicios, las tasas de los usuarios, o las asociaciones privadas-públicas.

[3] Según datos de Eurostat, ‘Dépenses et Recettes’, 1980-1999.

[4] Pedro José Cabrera. La Acción Social con Personas sin Hogar en España. FOESSA-Cáritas. Madrid, 2000.

[5] “Endesa inició la internacionalización de sus negocios en 1992, tanto por razones internas... como externas... la necesidad de buscar mercados en países no desarrollados, la proliferación de iniciativas de desregulación y liberalización...”, Rafael Miranda, Consejero Delegado de Endesa, “Estrategias de Internacionalización: la Experiencia de Endesa”, ICE, No. 799, 2002.

[6] A. Arahuetes. Las Inversiones Directas de las Empresas de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España en América Latina en el periodo 1990-2000, 2001 y CEPAL, La Inversión Europea en la Industria Energética de América Latina, Serie Seminarios y Conferencias.

[7] Compromiso adquirido por la Iniciativa 20/20, que pretende alcanzar la cobertura de los servicios sociales básicos, como meta esencial para combatir las manifestaciones más extremas de la pobreza, CEPAL, Equidad, Desarrollo y Ciudadanía.

[8] World Development Movement, “In Whose Service”, Londres, 2001.

[9] Oxfam Internacional, “Cambiar las Reglas: Comercio, Globalización y Lucha contra la Pobreza”, 2002.