La cruda realidad de una ortodoxia ideológica

Kenyan Social Watch Coalition

Kenya ha emprendido la privatización sin presentar objeción ideológica alguna. Lejos de haber logrado la meta de la buena gestión de gobierno, hasta el momento la privatización ha profundizado la brecha de género, encareció el agua por encima del petróleo e impidió que los pacientes recibieran tratamiento en los hospitales. En definitiva, extendió el riesgo económico a la sociedad, mientras canalizó las ganancias económicas hacia unos pocos.

Kenya ha emprendido laprivatización sin considerar el bien público de los servicios esenciales ni laética del mercado. El fundamento ideológico que subyace en los Programas deAjuste Estructural (PAE) es el imperativo de fomentar la participación delsector privado en el sector público/social. Esto implica la privatización deempresas estatales y/o la comercialización de los servicios públicos ysociales. En la práctica, estas políticas se implementaron sin tomar en cuentalos objetivos sociales con los cuales la mayoría de las economías anfitrionasse comprometieron sin reservas. El imperativo de la eficacia defendido de estamanera por el radicalismo neoliberal, esgrimiendo el poder del mercado yrespaldado por la promoción de objetivos como la transparencia y lacompetencia, aún debe reflejarse en una ética social correspondiente.

Mientras el GATT no pudodistribuir a los pobres los beneficios económicos obtenidos con el comercio debienes,[1]el GATS parece destinado a desregular y comercializar sectores de serviciosesenciales, como la salud, la educación, el agua potable, la seguridad social,los recursos naturales, los servicios municipales, así como el ambiente y lacultura. Las consecuencias serán el empobrecimiento y la exclusión social.

Lafalta de un marco legal sustantivo

Kenya ha emprendido laprivatización sin considerar el bien público de los servicios esenciales ni laética del mercado. El fundamento ideológico que subyace en los Programas deAjuste Estructural (PAE) es el imperativo de fomentar la participación delsector privado en el sector público/social.

Un documento político delgobierno, Reforma y Privatización de las Empresas Públicas, plantea la basede la privatización seguida por el gobierno, como lo exigen las InstitucionesBretton Woods a cambio de que se le otorgue el visto bueno a su economía.Pretende señalar las modalidades, el alcance y los principios que rigen elproceso de privatización del país. Sin embargo, el marco del documento noatiende los siguientes temas e inquietudes fundamentales:

·       Compromiso crítico con el fundamento ideológico de laprivatización;

·       Consenso público con respecto a las opciones de la privatización:licitación pública, oferta pública de adquisición, oferta pública diferida,concesión y administración por contrato, etc.; 

·       El grado y alcance de la participación externa;

·       Procedimientos para determinar el valor de los bienes públicos avender;

·       Mandato institucional.

La falta de transparencia delas prácticas de favoritismo de la burocracia, en la práctica, ha aislado alproceso político de los principales interesados y de las correspondientesestructuras e instituciones democráticas de contralor. Mientras las IFI levendieron al gobierno la idea de que la privatización es una parte inherentedel buen gobierno, la buena gestión ha estado ausente del propio proceso deprivatización. De hecho, la privatización extendió el riesgo económico a lasociedad, mientras canalizó las ganancias económicas hacia unos pocos.

Laventa de empresas públicas a un décimo de su valor

La etapa política de laprivatización de los bienes públicos se fijó en 1986 a través del DocumentoSesional No. 10, Administración Económica para un Crecimiento Renovado.Sin embargo, el proceso no se puso en práctica hasta julio de 1992 cuando elgobierno anunció medidas para privatizar las 207 empresas públicas.

Un total de 159 firmas hansido privatizadas desde entonces. Mientras hasta el momento se recaudaron apenasKES 5.900 millones (USD 75,2 millones) con la venta de bienes públicos cuyovalor en el mercado se calcula aproximadamente 10 veces mayor, KES 4.100millones (USD 52,2 millones) procedentes de las enajenaciones se utilizaronprincipalmente para saldar deudas.

La privatización de KenyaAirways dejó al gobierno con una deuda de KES 4.500 millones (USD 57,3millones), adeudados a acreedores externos, y KES 1.600 millones (USD 20,4millones) de deudas privadas garantizadas por el gobierno. Esto tuvo el efectonegativo de extraer recursos financieros de la prestación de los serviciossociales básicos. La privatización en curso de la Kenya Re-Insurance Companyhuele a estafa, ya que una empresa pública superavitaria, con un valoraproximado de KES 7.800 millones (USD 99,3 millones), será vendida por unabicoca (KES 800 millones, aproximadamente 10% de su valor) y, para peor, agrupos favorecidos por el régimen.

Educación:la brecha de género se amplía

A pesar de que el PlanNacional de Erradicación de la Pobreza y los Documentos Estratégicos deReducción de la Pobreza (PRSP) sostienen que con el tiempo, los costos de laEducación Primaria Universal se reducirán a niveles accesibles para todos lospadres, el informe KePIM revela que éstos pagan más para mantener a sus hijosen la escuela. Este incremento se produjo debido a una andanada de medidas paracompartir los costos, como los fondos de construcción y mantenimiento,incluyendo el pago por envío de correo a KES 30 (USD 0,40) por alumno enMgombezi en el distrito de Kwale; los costos por guardias de seguridad a KES 50(USD 0,64) en Nyasore, distrito de Gucha; los salarios de los docentes; y laenseñanza en vacaciones, como se practica en Riontweka, distrito de Gucha.[2]

A lo largo de la división degénero, los efectos adversos del alto costo de la educación se concentran enla población femenina pobre: 29,8% sin educación, comparado con 20,8% de lapoblación masculina pobre. La cantidad de hombres pobres con educaciónprimaria en 2000 ascendía a 64,7% del total, con educación secundaria al 13,6%y con educación terciaria al 1%. Las cifras correspondientes para las mujerespobres representaban 61,1%, 8,4% y 0,1%.[3]Esta división existe porque, ante el dilema de cuál de sus hijos deberánretirar de la escuela, muchos padres prefieren entregar a sus hijas enmatrimonio a cambio de dinero para pagar la enseñanza de sus hijos varones.

Despidose inseguridad social

La privatización se haasociado con despidos, reducción de gastos, inseguridad social y el avance deltrabajo de tiempo parcial y casual. En contra de lo que quisiera hacernos creerel Banco Mundial, el supuesto rendimiento de la economía formal en cuanto acreación de empleos sigue siendo pésimo. Si la privatización ha de reducir lapobreza, se debe suponer que el mercado laboral es capaz de absorber a lostrabajadores despedidos y/o que dichas pérdidas son a corto plazo, y que laexpansión subsiguiente lograda con la propiedad privada compensará la pérdidade empleo inicial. Lamentablemente, éste no parece ser el caso. Por ejemplo,desde el 4 de agosto de 2000 fueron despedidos 40 mil funcionarios, 12 milempleados de las empresas estatales y 9.500 de las universidades públicas.

Salud: “Llévese a suesposo moribundo de aquí si no tiene dinero para pagar el hospital”

La privatización viola elespíritu de la Conferencia Mundial de Salud de OMS-UNICEF que respaldó laDeclaración de Alma Alta para brindar atención médica a todos para fines de2000. La declaración promueve los principios de que las personas tienen derechoa la salud básica y de que la sociedad tiene la responsabilidad de asegurar quelas necesidades sanitarias del pueblo se satisfagan sin distinción alguna.

Entre los pobres rurales,hasta el 64% de los niños nacen en el hogar, comparado con el 47,7% entre lapoblación no pobre. Las parteras tradicionales se han convertido en la forma máscomún de asistencia recibida entre los pobres (44,4%) y los no pobres (38%) enlas zonas rurales. El acceso a los servicios de salud es difícil, como loindica la proporción de partos sin asistencia, que asciende a 20,5% y 11,4%entre los pobres rurales y urbanos, respectivamente.[4]

La consecuencia más dramáticade la privatización en los centros sanitarios ha sido la introducción, en1989, de un sistema de pago previo, que exige el pago del tratamiento antes deque el paciente lo reciba. En Mtito Andei, Makueni, se oyó que un médico ledecía a una mujer que acompañaba a su esposo moribundo: “Llévese a estapersona de aquí si no tiene dinero para pagar el hospital”.[5]En Mgombezi, Kwale, donde la mayoría vive con menos de USD 1 por día, se exigeun promedio de KES 100 (USD 1,27) por cada visita realizada al dispensario, osea KES 50 para recibir una inyección (Sindano), KES 10 para lainscripción y el resto por la medicina (dawa).

Ante el incremento de laprivatización, el tratamiento de pacientes con VIH/SIDA que pueden pagar, se haconvertido en un negocio lucrativo. Las disposiciones sobre patentes en elacuerdo TRIPS, a instancias de las corporaciones trasnacionales, impide que lospobres con VIH/SIDA accedan a los medicamentos.

Agua:más cara que la gasolina

El 56,7% y el 59,6% de lasfamilias pobres consiguen el agua para beber de fuentes poco seguras en latemporada seca y húmeda, respectivamente. Entre esas fuentes se encuentran aguade pozo/lluvia, agua de lagos/ríos/lagunas, y agua suministrada por camionescisterna procedente de alguno de los medios mencionados.[6]

El documento político querige el subsector del agua es el Documento Sesional sobre Administración deAgua.[7]Las prioridades atendidas en esta recomendación política son larehabilitación de las reservas de agua existentes y la provisión desuministros accesibles, el uso de tecnologías apropiadas y el subsidio cruzadode tarifas para mejorar el acceso.

La consecuencia de que elEstado se retirara del abastecimiento de agua potable viola intrínsecamente elespíritu de su política social y, por consiguiente, descalifica el acceso alagua potable como una necesidad social.

Mientras el agua sin tratarprocedente de manantiales, ríos y lagunas es gratuita (aunque posiblementepeligrosa), quienes deben adquirirla de vendedores de agua pagan entre KES 10-20(USD 0,13-0,26) por 20 litros, según la localidad y el momento del año.[8]En Vihiga, quienes reciben agua por cañería pagan aproximadamente KES 300 (USD3,82), mientras los consumidores de Ngozini, Kwale, pagan KES 2,50-4 (USD0,03-0,05) por 20 litros de agua de cañería.

Cuandoun litro de agua embotellada cuesta el doble que la misma cantidad de gasolina,entonces los pobres tienen buena razón para dudar de los beneficios de laprivatización de los servicios públicos comunes, debido a la combinación delas políticas de privatización y a que el gobierno no brinda el servicio públicoadecuado.

Consecuenciaspara la educación y la salud infantil

La recién promulgada Ley dela Infancia 2001 estipula, entre otras cosas, la educación básica gratuita yobligatoria para todos los niños y niñas y, en efecto, incorpora a la políticanacional los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechosdel Niño, y de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.Sin embargo, en Kenya las tasas de inscripción, retención, conclusión ytransición siguen siendo inquietantemente bajas. Actualmente sólo un 68,9% delos niños asisten a la escuela primaria, un franco descenso frente al 86,9% de1999. Eso significa que aproximadamente 32% de los niños, o sea unos 3millones, no asisten a la escuela primaria. Peor aún, sólo un 47% concluye laescuela primaria y sólo el 40% avanza a la escuela secundaria.

El censo de población de1999 reveló que las escuelas privadas se concentran en los principales centrosurbanos, donde es mayor la cantidad de padres que pueden pagar la enseñanzaparticular.

Conclusiones

El objetivo de una buenagestión, cualquiera sea el sector, debería ser el de desarrollar las capacidades necesarias para lograr eldesarrollo que otorgue prioridad a los pobres, fomente el progreso de la mujer,sostenga el ambiente y cree las oportunidades necesarias de empleo y otrosmedios de ingreso. El desarrollo humano sostenible ubica a la gente en el centrodel proceso de desarrollo y hace que el principal objetivo del desarrollo seacrear un ambiente favorable donde todos puedan tener una vida extensa, sana ycreativa.

La promoción del desarrollohumano sostenible exigirá nuevas formas de política, nuevas estructuras depoder y nuevas formas de expresar la resistencia contra el totalitarismo delmercado. Esto deberá reforzarse en el nuevo milenio, a medida que las luchassubalternas como las que involucran a las comunidades de Meru, Gikuyu y Maasaicontra la privatización del bosque de Preservación de la Vida Silvestre LewaDowns,[9]mantienen una transformación dialógica del papel del fundamentalismo delmercado y prometen generar el cambio necesario de paradigma.

Referencias

BancoMundial, Asia Oriental. The Road toRecovery, citado en Abid Aslam, WorldBank Reasserts Role in Asia, Terra Viva, Servicio Diario de InterPressService (IPS), 30 de septiembre de 1998.

E.Schumacher, Small is Beautiful. A Study ofEconomics as if People Mattered. Londres, 1974. http://www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/priv-ent.htm

Kenya,Ministerio de Finanzas y Planeamiento. KenyaParticipatory Impact Monitoring (KePIM): Perspectives of the Poor onAnti-Poverty Results from Six Piloted Districts. Nairobi, enero de2002.

Kenya,Ministerio de Finanzas y Planeamiento. SecondReport on Poverty in Kenya Vol. IIPoverty and Social Indicators.Nairobi, noviembre de2000.

M.P.Todaro, 1994 Economic Development (5th Edition), New York:Longman.

NationalAids Control Council.

PNUD,Informe sobre Desarrollo Humano 2OO2.

PNUD,Informe sobre Desarrollo Humano en Kenya 2OO1.

Repúblicade Kenya, Child Labour Report 2001.

Notas:

[1] La expansión del GATT con la Ronda Uruguay en 1994 incorporó al ámbito del sistema multilateral de comercio de la OMC a sectores hasta entonces excluidos del comercio internacional. En el mismo sentido, la liberalización dirigida a eliminar las llamadas “distorsiones” producidas por la intervención del gobierno, como la investigación y el desarrollo, ha minado los objetivos sociales del desarrollo económico.

[2] Kenya Participatory Impact Monitoring (KePIM), Perspectives of the Poor on Anti-Poverty Results from Six Piloted Districts, p. 68.

[3] Second Report on Poverty in Kenya Vol. II, Poverty and Social Indicators.

[4] Ibid.

[5] Kenya Participatory Impact Monitoring (KePIM), op. cit., p. 45.

[6] Second Report on Poverty in Kenya Vol. II, op. cit.

[7] Gobierno de Kenya (1999a) Sessional Paper No. 1 on Water Resource Management and Development.

[8] El precio más bajo, en Nyansore, Gucha fue de KES 10, y el más alto, en Elwak, Mandera fue de KES 25.

[9] The Daily Nation, 22 de agosto de 2002, Nairobi, Kenya, p. 19-20.

Representada por: Edward Oyugi (Social Development Network), Oduor Ongwen (Econews Africa), Alloys Opiyo (Undugu Society of Kenya), el difunto Ooko Ombaka (Public Law Institute), Eve Odete (Action Aid Kenya), Andiwo Obondo (DARAJA), Mary Wandia (FEMNET), Wahu Kaara (KENREN), Lumumba Odenda (Kenya Land Alliance), Gichira Kibara (Center for Governance and Development), Jennipher Miano (Kenya Human Rights Commission), Kangethe Mugai (People Against Torture), Churchil Suba (Education Rights Forum).

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