Adaptarse o largarse

Maggie Schmeitz
Stichting – Ultimate Purpose

La sociedad avanza hacia la privatización y la liberalización en un clima de debate. La mala calidad y los altos costos de los servicios públicos hacen que los consumidores exijan al gobierno que se adapte o se aparte y conceda a la iniciativa privada la oportunidad de hacer la tarea mejor. Por otra parte, existe temor por las consecuencias para el empleo y el acceso de los pobres a los servicios de calidad, y se cuestionan los beneficios de las concesiones a las transnacionales.

La liberalización y laprivatización son cuestiones muy discutidas en Suriname. Los sucesivosgobiernos lograron detener el proceso de reducción del control que ejerce elEstado sobre diversas áreas. La Constitución confiere un papel predominante alEstado, que en breves palabras puede calificarse de muy poco y de mucho a lavez. Por una parte, es incompleto o ambiguo en cuestiones fundamentales, comolos procedimientos para destituir al presidente. Por otra, interfiere en excesoen el campo económico y social. Esto carga al Poder Ejecutivo con compromisosque son casi imposibles de cumplir. El extenso papel asignado al Estado impideel desarrollo del sector privado y aumenta el riesgo del uso arbitrario delpoder por parte del Estado.[1]El sector privado a menudo protesta “que el gobierno es como un Cerberogigante, que nos vigila constantemente. Todo está prohibido, salvo aquello quese autoriza específicamente.”[2]Mientras el gobierno ha reconocido la necesidad de reformar el sectorparaestatal, no ha tomado las medidas necesarias para hacerlo.[3]

El gobierno como proveedorprincipal

El control gubernamental tomala forma de un sistema de clientelismo político, donde los grupos, partidariosy amigos políticos son recompensados con empleos públicos, viviendas y otrosbienes escasos.[4]Los empleos del gobierno representan el 44% del total de empleos de la economía.Las mujeres ocupan la mayoría de los empleos públicos de bajo escalafón. Elgasto del gobierno (entre 40% y 50% del PBI) es abrumador, concentrándose en elconsumo del gobierno: gastos salariales, bienes y servicios. Según el BancoInteramericano de Desarrollo (BID), en 1997 Suriname ocupó el primer lugar enAmérica Latina y el Caribe en gastos de bienes y servicios con 30,5% del PBI(el promedio era 9,9%) y en total de gastos del gobierno, con 45,5% del PBI(promedio 22%).[5]

Las privatizaciones enSuriname

El Poder Ejecutivo estáintegrado por el gobierno central, el gobierno local y más de 100 organismosparaestatales, o sea instituciones jurídicas de propiedad mayoritaria delgobierno. Los organismos paraestatales se categorizan según el derecho privadocomo fundaciones sin fines de lucro o corporaciones con fines de lucro, y segúnel derecho público como empresas públicas o privadas. Los gobiernos delegan suresponsabilidad en un organismo paraestatal para poder librarse de lassofocantes reglamentaciones de la administración pública. Esta delegacióntambién habilita a los ministerios a contratar personal fuera de laadministración pública.[6] 

Acceso al agua,electricidad y telecomunicaciones

Los bienes públicos y semipúblicoscomo el agua, la electricidad y las telecomunicaciones son proporcionados porempresas paraestatales. La Agencia Nacional Central de Contadores (CLAD) esresponsable de controlar estas empresas y de reportar sus conclusiones a laOficina Nacional de Auditores. La CLAD fue ampliada recientemente pero todavíatiene un solo contador competente.[7]De 1990 a 1999, la Compañía de Energía y la Compañía de Telecomunicacionesde Suriname no presentaron ni una vez un informe anual; la Compañía del Aguade Suriname presentó un solo informe anual. De las compañías bajo control dela CLAD, 80% tuvieron superávit y 60% tenían suficientes activos líquidoscomo para cumplir sus obligaciones. Sólo 20% de las empresas, no obstante, eransolventes, y ninguna cumplía el requisito de un mínimo de 10% de tasa derendimiento y capital en préstamo. Para 60% de las empresas el costo depersonal fue demasiado elevado comparado con los costos totales.[8]

Al mantener monopolios, elgobierno no cumple con su tarea reglamentaria de brindar bienes y servicioscolectivos. La administración de las empresas, delegadas o no, se caracterizapor un servicio de mala calidad, costos elevados y oportunidades de desarrollodesaprovechadas. Por ejemplo, Suriname es el destino más caro en todo elhemisferio occidental para hacer una llamada telefónica desde Estados Unidos(Suriname USD 1,11; Guyana USD 0,87; Trinidad y Tobago USD 0,61; AntillasHolandesas, USD 0,26).[9]Además de la población del interior sin acceso al agua potable o a laelectricidad, muchas familias del medio rural y urbano no tienen acceso porquesu vecindario no integra la infraestructura de la empresa de energía o agua.Cada vez más hogares fueron desconectados de estos servicios porque no puedenpagarlo.

El sector de la electricidadtambién se caracteriza por la falta de transparencia. La mayor parte de laelectricidad se genera en forma privada por una empresa de bauxita, la SurinameAluminium Company (Suralco). Como parte de un convenio referido a la construcciónde una planta hidroeléctrica, la compañía de bauxita vende 80 millones dekilovatios-hora (kWh) por año al gobierno a USD 0,004 por kWh. En lugar devender la electricidad a la empresa estatal de distribución y generación deenergía EBS, el gobierno se la otorga gratuitamente. A cambio, EBS no le cobraal gobierno la prestación de electricidad a los edificios públicos ni por lailuminación de las calles. La contabilidad se complica aun más porque elgobierno, que suele atrasarse en el pago, a menudo descuenta el costo de suscuentas de electricidad de la obligación tributaria de la compañía debauxita.[10]

La débil posición delgobierno al procurar garantizar la prestación de servicios a través decorporaciones transnacionales quedó de manifiesto en octubre de 2002 cuando,tras un apagón, Suralco prefirió destinar la energía eléctrica para supropio funcionamiento antes de restaurar la electricidad a la empresa nacionalde energía. Luego legisladores oficialistas aprobaron el uso prioritario de laprovisión de energía para la empresa de bauxita. Un legislador declaró que“dado que la bauxita es el corcho sobre el cual flota nuestra economía, suprioridad es superior al del abastecimiento de la población.”[11]Una misión de alto nivel de la empresa llegó para organizar un comité queatendiera las reclamaciones por daños, pero no permitió la inclusión de unrepresentante del gobierno en el comité. Como señalara el presidente:“Fuimos cordial pero definitivamente despachados por Suralco.”[12]Esta actitud muestra el trato de los sucesivos gobiernos con lastransnacionales.

Acceso y control de latierra

El artículo 41 de laConstitución estipula que “La nación tiene el derecho inalienable de tomarcompleta posesión de sus recursos naturales para utilizarlos en beneficio deldesarrollo económico, social y cultural de Suriname.” Prácticamente toda latierra pertenece al Estado; los ciudadanos pueden solicitar concesiones de cortoo largo plazo, con un máximo de 75 años. Aunque en teoría todos losciudadanos pueden solicitar la concesión, las estadísticas revelan que menosde 1% de las mujeres efectivamente adquieren un título para usufructuar latierra.[13]Los trámites burocráticos hacen que muchos ciudadanos deban esperar 10 años omás para obtener la concesión. Por el contrario, cada vez más constructoresprivados consiguieron rápidamente concesiones en exclusivas zonas residencialespara sus clientes más adinerados.

Transnacionales de Canadá,China e Indonesia consiguieron enormes concesiones, principalmente para empresasforestales y minas de oro. Los beneficios para el país son cuestionables, aligual que aspectos de control, ambientales, daños e impuestos. Asimismo, una yotra vez los pueblos tribales que viven en el interior padecieron la violaciónde sus derechos tradicionales, defendidos en el Acuerdo de Paz firmado en 1992.El tratado prometía crear mecanismos jurídicos por los cuales los ciudadanosque residen en una comunidad tribal podían obtener títulos sobre la tierra desus zonas de residencia; también determinaba la demarcación y el tamaño deesas zonas, así como la creación de zonas económicas.[14]Diez años después, ninguna de estas promesas se ha mantenido y se estánnegociando nuevas concesiones para la prospección de bauxita en SurinameOccidental con dos transnacionales: Suralco/ALCOA, de Estados Unidos, yBilliton, de los Países Bajos.

El vaciamiento de la saludpública

Se calcula que 89% de loshogares en Suriname tienen una clínica o centro de salud dentro de un radio decinco kilómetros.[15]El Servicio Regional de Salud (RHS, con 50 clínicas o estaciones) es unafundación paraestatal responsable de prestar atención médica primaria a lospobres de la zona costera; brinda servicios a unos 120 mil titulares de tarjetasde medicina gratuita y a unas 25 mil personas cubiertas por el Fondo de Segurode Salud del Estado. Se supone que el RHS debe ofrecer servicios preventivosgratuitos en cooperación con la Agencia de Planificación de la Familia, unaONG autónoma, y Salud Dental Juvenil.[16]La atención médica primaria es prestada en el interior por Medical Mission,una ONG que trabaja en representación del Ministerio de Salud desde 1977. Con45 estaciones y clínicas, se supone que cubre las necesidades médicas de unas48.500 personas (80% de cimarrones y 20% de indígenas).[17]

Como el monto del Gasto Totaldel Gobierno destinado a la salud pública en el último año constituyó sólo3%,[18]no es de sorprender que esta infraestructura médica haya sido severamenteminada. Las clínicas están en mal estado, con poco personal y con unaconstante escasez de fármacos y equipos. En el interior, algunos médicosatienden en sus automóviles.[19]Asimismo, los médicos que atienden en el medio rural destinan cada vez másmujeres embarazadas a hospitales en la capital, ya que no están equipados paraenfrentar posibles complicaciones del parto, al carecer de anestesia y sangrepara transfusiones, entre otras cosas.[20]Los servicios médicos también son más caros. Aunque se supone que se brindangratuitamente, en la práctica los pacientes deben pagar.[21]La totalidad de la infraestructura médica se ve menoscabada porque el gobiernono cumple con sus obligaciones financieras. De los cuatro hospitales de lacapital, dos son privados y pertenecientes a grupos religiosos, uno es unaempresa pública y otro una fundación paraestatal. En los hospitales privados,los costos para los pacientes son más elevados y los salarios para lasenfermeras son inferiores.

En años recientes, losproblemas financieros del Lands Hospital, de la fundación paraestatal, llamaronla atención de la prensa. Primero, el gerente demandó al Estado por incumplirsus obligaciones financieras y no pagar los salarios de enfermeras y otrosintegrantes del personal. El gobierno reaccionó demandando al hospital porsupuestamente no haber pagado el impuesto a la renta; o sea, los impuestos sobresalarios que no fueron recibidos. Luego, el hospital apareció en los titularespor el “secuestro” de niños. Como al hospital no se le pagaban los partos,retenía como rehenes a los bebés hasta que sus madres pagaban la cuenta.

Las gestiones políticas parareorganizar el sector de la salud y ampliar el sistema de seguro de salud públicano tuvieron éxito. Las instituciones médicas y el Fondo de Seguro de SaludEstatal se enfrentaron numerosas veces al incumplimiento de pago del gobierno.Como consecuencia, los pacientes reciben un tratamiento de “sin pago no haycura”. Cada vez más personas y empresas que pueden pagar se cambian a lasalud privada, lo cual socava aun más la base de la salud pública y profundizala brecha entre quienes tienen acceso a la atención médica de calidad yquienes no lo tienen.[22]

Las estadísticas de géneropara los hogares indigentes e insolventes que tienen tarjetas de medicinagratuita (29.335 en 1990 y 60.200 en 1998)[23]indican que hay inscritas aproximadamente el doble de mujeres jefas de hogar quehombres.

Educación: ONG y escuelasprivadas llenan el vacío

Históricamente, las ONGreligiosas asumieron la responsabilidad de brindar educación primaria en laszonas rurales en el interior. Sin embargo, gran cantidad de niños en elinterior no recibe enseñanza primaria regularmente porque no hay maestros oporque las escuelas y casas de los maestros son insuficientes. El sector de laeducación es perjudicado por la situación social, política y económica(incluyendo huelga tras huelga y escasez de personal calificado), resultando endiferencias mayores entre los padres que pueden enviar a sus hijos a una escuelaprivada (paga) y aquellos que no pueden hacerlo.

La liberalización de losservicios; necesidad urgente de formación de capitales nacionales

La sociedad avanza hacia laprivatización y la liberalización. Por una parte, la mala calidad y los altoscostos de los servicios públicos hacen que los consumidores (familias eindustrias por igual) exijan al gobierno que se adapte o se aparte y conceda ala iniciativa privada la oportunidad de hacer la tarea mejor. Por otra parte,existe temor por las consecuencias para el empleo y el acceso de los pobres alos servicios de calidad, específicamente de aquellos que viven en zonasremotas.

No obstante, existe consensode que el gobierno debe adaptarse para enfrentar el desafío de competir en unaeconomía cada vez más globalizada. Las limitaciones de los recursos humanosson sólo uno de los obstáculos definidos por la mayoría de los miembros de laComunidad del Caribe (CARICOM).[24]

En Suriname, construir lacapacidad productiva y fortalecer las instituciones será fundamental parasuperar la herencia de una política sumamente centralizada y partidaria. Deberáfomentarse la competencia nacional y establecerse reglas claras y transparentespara la distribución de bienes y servicios públicos, tomando en cuentainquietudes estructurales y sociales, al igual que inquietudes macroeconómicasy financieras.

Notas:

[1] Banco Interamericano de Desarrollo. Economic and Sector Study Series, Governance in Suriname, Washington, abril de 2001.

[2] A.J. Brahim. “Wat verwacht het bedrijfsleven van de overheid,” in: De efficiency binnen de Surinaamse overheid, Progress Rotterdam, 1991.

[3] Gobierno de Suriname. The National Reconstruction, Multi-Annual Development Plan 1999-2003.

[4] Por una historia de clientelismo, ver Edward Dew, The Difficult Flowering of Surinam, 1978.

[5] Banco Interamericano de Desarrollo. Central Government consumption in Latin America and the Caribbean, 1997.

[6] Dr. H. O. Prade. “De verantwoording van het financieel beheer door de overheid en parastatale instellingen” in: De efficiency binnen de Surinaamse overheid, Progress Rotterdam, 1991.

[7] Banco Interamericano de Desarrollo. Economic and Sector Study Series, op. cit.

[8] Oficina Nacional de Auditores de Suriname, Annual Report 1999, Paramaribo, 2000.

[9] 9-line Communications. International Long Distance Rates, USA 1999.

[10] Banco Interamericano de Desarrollo. Economic and Sector Study Series, op. cit.

[11] Radio 10. Entrevista con legisladores sobre el apagón, octubre de 2002.

[12] Radio 10. Entrevista con el presidente de Suriname sobre las consecuencias del apagón, octubre de 2002.

[13] Sheila Ketwaru-Nurmohamed. Situational Analysis of Women in Suriname, Paramaribo, 2001.

[14] Las zonas económicas deben proteger actividades económicas tradicionales como la agricultura, la caza y la tala y minería de pequeña escala.

[15] Ministerio de Salud Pública. Questionnaire, Health Conditions in the Americas, 1997.

[16] W. Bakker. Health Conditions in Suriname, 1996.

[17] Ibid.

[18] Ministerio de Finanzas. Estadística de la Oficina del Presupuesto, 2001.

[19] Entrevista con organizaciones de mujeres del distrito de Brokopondo, 2002.

[20] Entrevista con médicos del Servicio Regional de Salud en el distrito de Marowijne, 2002.

[21] Seminarios sobre Reforma del Sector de la Salud, Ministerio de Salud Pública/ PAHO.

[22] Ibid.

[23] Ministerio de Vivienda y Asuntos Sociales, Departamento de Investigación y Planeamiento. Table of Free Medical Card Clients 1990-1998, 1999.

[24] Judith Wedderburn, “Capital Investment and requirements for competitiveness,” ponencia preparada para el grupo de trabajo sobre el Mercado y la Economía Únicos de CARICOM, Jamaica 2002.