El invisible precio de las privatizaciones que pagan las mujeres

Ana María Ferrera; Suyapa Martínez; Filadelfo Martínez; Mirta Kennedy; María Elena Méndez
Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H)

En el marco de los tratados de libre comercio Honduras está avanzando en un proceso de privatización de los servicios públicos. Al desaparecer la responsabilidad del Estado en los servicios públicos, las mujeres tienen que duplicar o triplicar la jornada de trabajo, para cumplir con más carga laboral en el hogar, con más horas de trabajo voluntario en las comunidades y en actividades generadoras de ingresos, en detrimento de sus condiciones de salud, calidad de vida y tiempo libre.

Contextopolítico

En enero de 2002 asumió elgobierno el conservador nacionalista, Ricardo Maduro, quien se presentó como unlíder que rompía con los esquemas conservadores, logrando canalizar la mayoríade los votantes en torno a una propuesta central de su campaña: la promesa deresolver los problemas de inseguridad ciudadana en un escenario de país quemanifiesta un incremento acelerado de la violencia.

Aunque el Partido Nacionalganó la presidencia con holgada mayoría, no controla el Congreso Nacional, asíque los partidos minoritarios podrían jugar un papel en las decisioneslegislativas. Pero en la práctica esto no ha significado una mayor capacidad denegociación, debido a las componendas políticas que neutralizan esas fuerzaspolíticas.

A pesar de la democratizaciónaparente que significó el proceso electoral, las mujeres quedaron encondiciones desiguales en el poder legislativo, aún cuando la Ley de Igualdadde Oportunidades establece una cuota de 30% de participación femenina en cargosde elección popular. El resultado electoral reflejó una participaciónfemenina en los escaños del Congreso del 5% y del 17% en cargos titulares ysuplentes, respectivamente, contra un 9% y 11% en el período anterior. Estasituación no ha favorecido el impulso de las políticas de equidad de género.

Medidas macroeconómicasantipopulares

Elgobierno enfrenta severos problemas con el déficit fiscal superior al 10% delPBI, por lo que se estudian nuevos incrementos al impuesto sobre la renta yeventualmente, subir del 12% al 15% el impuesto sobre ventas. Las medidasmacroeconómicas tomadas por el actual gobierno, continúan implementandomodelos de ajuste estructural antipopulares, como la Ley del EquilibrioFinanciero y Protección Social, llamada “paquetazo”, dirigida a incrementarlos impuestos directos para la clase media y los indirectos para toda la poblaciónen general, la reducción de impuestos y prebendas fiscales a las grandesempresas y las transnacionales, privatización de los servicios públicos y ladesprotección al sector informal y la microempresa, donde las mujeres tienenuna alta participación.

A seis meses de haber asumidola presidencia, la nueva administración presentó su plan de gobierno, que secaracteriza por la superficialidad en el manejo de temas como la equidad de géneroy los derechos humanos.

El plan de gobierno seadhiere al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) sin ningunapropuesta de país, ni tan siquiera prever medidas de amortiguamiento frente alas repercusiones esperadas en la profundización de la pobreza, que afectará ala mayoría de la población. La política económica gubernamental continúasiendo la apertura de las fronteras y los mercados, en detrimento de la producciónnacional y de la seguridad alimentaria. Honduras está negociando una entradalibre de los productos norteamericanos, sin medidas que garanticen la mínimaprotección a los productores rurales nacionales, y de otros sectores de laeconomía.

Respecto al plan de gobiernoplurianual, en donde el marco de referencia son los tratados de libre comercio,se contempla la creación de incentivos para la instalación de empresasmaquileras y el mejoramiento de la infraestructura vial. Según lo planteado porlos defensores de estos tratados, otro de los componentes es el desarrollo delturismo, sin embrago, al revisar las cifras para Centroamérica, este rubro sólorepresenta un 4% del total de los préstamos que se van a otorgar, y un 96% estádistribuido entre intercomunicación vial y mejoramiento de la red telefónica,que beneficiará el tránsito comercial.

El turismo, como rubro estratégicodel plan económico gubernamental, promueve el desalojo de las poblaciones de laetnia garífuna de la costa caribeña para la instalación de complejos turísticostransnacionales, industria que en la región está ligada a la promoción de laprostitución y la explotación sexual de menores.

La deuda externa y la PPME

Según cifras del BancoMundial para 2001, la deuda externa ascendía a USD 5.121 millones (80,2% delPBI).[1]Mediante la aplicación de la iniciativa PPME,[2]el país recibirá una reducción del servicio de la deuda durante los próximossiete años, siempre y cuando se cumplan una serie de condicionamientos que losorganismos financieros internacionales han negociado con el gobierno.[3]

La falta de un “acuerdo”con el Fondo Monetario Internacional ha pospuesto la llegada de Honduras alpunto de culminación de la iniciativa PPME, prevista para mediados del año2002. La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y un alivio de la deudaexterna, están estrechamente ligados a este “acuerdo”, que pasa por mostraruna sustancial mejoría en el manejo del déficit fiscal y la “congelación”del gasto en salarios del sector gubernamental, que ocupa aproximadamente el 70%del total del gasto público.

Caminohacia la privatización

Dentro del marco de lostratados de libre comercio, como parte de la estrategia de los Estados Unidospara tener un mayor control del mercado mundial y regional, en Honduras se estáavanzando en un proceso de privatización de los servicios públicos. Elservicio de lectura de contadores de la empresa estatal de energía eléctricaestá privatizado, manejado por la empresa SEMEH, y el 60% de la generación dela energía está en manos de empresas privadas; con el agravante de que esaenergía se produce en centrales térmicas alimentadas a petróleo, siendoHonduras el país con mayor potencial de energía hidráulica en Centroamérica.

La operación de losaeropuertos fue dada en concesión en condiciones realmente desventajosas parael país. Sectores muy importantes de la empresa privada han denunciado como unfraude la licitación que favoreció a la compañía norteamericana INTERAPORT,que significó el drástico aumento del pago por uso de aeropuerto sin quemejorara la calidad del servicio.

El Congreso Nacional discutela Ley Marco de Agua, que de hecho representa la eliminación de la empresaestatal SANAA, actual administradora de estos servicios. En la ley, el manejo delos sistemas de abastecimiento de agua se traspasa a las municipalidades paraque las den en concesión a empresas privadas. En San Pedro Sula, la segundaciudad del país, la empresa pública DIMA fue sustituida por la compañíaprivada Aguas de San Pedro, una compañía italiana que ha incrementado loscostos de los servicios y ha fracasado en lograr el mejoramiento de la coberturay calidad.

En el marco de la ERP setiene previsto implementar paquetes de salud básica,[4]en un total de 100 mil, que serán entregados para ser administrados pororganizaciones privadas, como primer paso hacia la privatización del sistema desalud. Desde la pasada administración este sistema ha perdido el calificativode salud “pública”. Un aspecto importante a destacar es que las unidades deservicios de salud funcionan con carencias de recursos humanos y materiales, yla falta de medicinas es crónica.

El debilitamiento del sistemade educación también tiende a la privatización. En el sector de educaciónmedia, el 39% de los servicios ya están privatizados. Del total de escuelas quecorresponden a los seis primeros años de educación primaria, el 81% tienemenos de 6 maestros, y de éstas, el 62,2% tiene solamente un maestro.[5]El 6% de las escuelas no tenían maestros en Honduras, según el primer censoescolar realizado en el 2000.

La municipalidad deTegucigalpa, la capital del país, implementó un sistema privatizado de controlde estacionamiento, que implica la aplicación de altas multas. Diversos medioshan denunciado que la empresa está controlada por un reconocido violador de losderechos humanos, sindicado como responsable en la desaparición y tortura deciviles en la década de los 80.

La actual administración degobierno ha mantenido una reducida asignación de recursos del Estado hacia lasinstituciones que se crearon en la década de los 90 en el marco de las políticaspúblicas de equidad de género, como la Fiscalía Especial de la Mujer y lasConsejerías de Familia, que defienden y atienden a las mujeres afectadas porviolencia, lo que está acentuando la tendencia al desmantelamiento de lasmismas. En los últimos años, el incrementopresupuestario de servicios básicos de salud, educación y Ministerio Público(defensoría pública), es de dos puntos porcentuales por año, inferior inclusoal crecimiento promedio anual de la población (2,4%).

El impacto de género delas privatizaciones

Al desaparecer laresponsabilidad del Estado en el sostenimiento de los servicios públicos, lasmujeres tienen que duplicar o triplicar la jornada de trabajo, para cumplir conmás carga laboral en el hogar, con más horas de trabajo voluntario en lascomunidades y en actividades generadoras de ingresos, en detrimento de suscondiciones de salud, calidad de vida y tiempo libre.

El plan económicogubernamental se caracteriza por la privatización de los servicios públicos yla afiliación a los tratados de libre comercio, bajo el supuesto que se abrenfuentes de empleo para las mujeres jóvenes con la inserción de las maquilas,pero con altos costo en la vida de la población femenina, especialmente las jóvenes.Estos procesos generan nuevas formas de desigualdades encubiertas para lasmujeres, impidiendo la culminación de sus estudios, y prolongadas jornadas detrabajo productivo que provocan una depredación de la fuerza de trabajofemenina joven.

Esta depredación estáreproduciendo la discapacidad de la fuerza de trabajo femenina, por lascondiciones a las que están expuestas; por ejemplo, en las agroindustrias, comomeloneras y camaroneras, donde se utiliza una alta concentración de tóxicos,que las inhabilita a muy temprana edad. Estas condiciones afectan derechos delas mujeres, tales como la violación al derecho a la integridad personal, elabuso y hostigamiento sexual, inducción al aborto, esterilización forzada,violaciones al derecho de la libertad y a la libertad de expresión.

Retrocesosantidemocráticos y reacciones del movimiento de mujeres y la sociedad civil

En los primeros meses degobierno, el Congreso Nacional se dio a la tarea de reformar y aprobar una seriede leyes sin la participación de la sociedad civil organizada, como la reformadel artículo 205 numeral 10 de la Constitución de la República, mediante elcual se amplían las atribuciones del Congreso Nacional otorgándole la facultadde “interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias, enuna sola legislatura con dos tercios de votos de la totalidad de losmiembros.” Este acto es considerado por la sociedad civil como un golpe deestado técnico, pues en toda la historia constitucional hondureña nunca lainterpretación de la Constitución ha sido una atribución del CongresoNacional, sino de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de loConstitucional. Con esta acción, el Congreso Nacional rompe el equilibrio delos poderes del Estado al atribuirse una facultad que es competencia de la CorteSuprema de Justicia.

En enero de 2002 el Congresoaprobó y ratificó las reformas a la Constitución de la República queestablecen la creación de un Tribunal Superior de Cuentas como organismoencargado de prevenir y luchar contra la corrupción. La propuesta esconsiderada por la sociedad civil y las organizaciones de mujeres comoincompleta y con intereses ocultos, ya que no garantiza la independencia delTribunal; tampoco está clara en la ley la participación de la sociedad civil ylos mecanismos de auditoria social.

En julio de 2002, la sociedadcivil se organizó en una instancia denominada Coalición de la Sociedad Civilpor un Tribunal Superior de Cuentas independiente, en la cual estánrepresentadas las organizaciones de mujeres, generando un debate nacional paraque se garantizara la real y verdadera participación de la sociedad. Sinembargo, a pesar de que se realizaron consultas en todo el país, existen seriostemores de que las recomendaciones planteadas no sean tomadas en cuenta por losdiputados, ya que muchos políticos están acusados de corrupción.

El Instituto Nacional de laMujer (INAM) está funcionando con recursos de la cooperación externa, almargen de los intereses prioritarios del gobierno, sin interlocución con lamayoría del movimiento de mujeres. El INAM gasta los recursos en consultoríasinternacionales cuyos resultados no se han visto, y utiliza estrategiasdivisionistas para neutralizar el descontento de las mujeres organizadas ante laprofundización de la pobreza y la exclusión, y el debilitamientoinstitucional.

Cabe mencionar que lasinstancias creadas para la reducción de la violencia doméstica están siendodebilitadas, tal es el caso de la FiscalíaEspecial de la Mujer del Ministerio Público. La Policía de Investigación fueseparada del Ministerio Público, y pasó a la órbita de la Secretaría de laSeguridad, dejando desprotegidas las Fiscalías. Esto crea dificultadespara que las mujeres denuncien la violencia, ya que no se cuenta con losrecursos para la investigación y aplicación de las medidas de proteccióninmediata, tal como establece la Ley contra la Violencia Doméstica.

Notas:

[1] Banco Mundial, http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag/hnd_aag.pdf

[2] Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) del FMI y el Banco Mundial.

[3] Dichas condiciones se encuentran detalladas en documentos como la Carta de Intención firmada con el FMI y la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

[4] En una primera etapa, estos paquetes básicos, destinados a comunidades con difícil acceso al sistema de salud, consisten en el desplazamiento de un equipo técnico asistencial que brinda atención en los diferentes programas de la Secretaria de Salud: atención clínica, capacitación al personal voluntario, visitas domiciliarias y seguimiento de casos. Este Programa de Reforzamiento del Sistema de Salud (PRIESS) está financiado con fondos del BID contemplados hasta 2005.

[5] La relación promedio maestro-alumno es de un maestro cada 34 alumnos-as.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGHI
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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