Se amplía la brecha entre ricos y pobres

Andile Mngxitama; Ann Eveleth
National Land Committee (NLC)

Los avances democráticos logrados en Sudáfrica con la transición de 1994 tras el apartheid fueron rápidamente puestos a prueba cuando los nuevos dirigentes adoptaron políticas neoliberales frente al reclamo de la mayoría pobre por una rápida transformación socioeconómica. Entonces, “12 millones de sudafricanos no tenían acceso al agua potable, 21 millones no tenían acceso a saneamiento adecuado … y más de 20 millones no tenían acceso a la electricidad,” mientras el 87% de la tierra estaba en manos de unos 60 mil granjeros blancos.

El gobierno adoptó la Estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR) en 1996 para transformar la economía. La premisa principal de GEAR estipulaba que una fuerte disciplina fiscal, la flexibilidad laboral y la privatización desarrollarían la economía al atraer inversiones extranjeras al país. Las privatizaciones, en sus diferentes formas, desde la venta lisa y llana hasta la venta parcial a socios capitalistas, se han implementado en sectores tales como turismo, telecomunicaciones y transportes aéreo y ferroviario. Cada una de estas privatizaciones resultó en pérdidas de empleo e incrementos de los costos de los servicios. Sin embargo, se han justificado con el argumento de que esos servicios caen fuera del alcance de la responsabilidad estatal y que promueven la eficacia y la generación de ingresos para proyectos estatales de desarrollo.

Más extendida que estas ampliamente publicitadas privatizaciones a gran escala, fue la gradual expansión de un concepto presentado como “sociedades público-privadas” (SPP), entre los municipios y capitales principalmente multinacionales. Dado que las SPP no implican la venta de un bien del Estado, este tipo de negocios suele concebirse lejos de la indagatoria del público. El estado local mantiene la propiedad nominal mientras las corporaciones se encargan del desarrollo de la infraestructura, la prestación, la fijación de precios y la recaudación. A este nivel, el neoliberalismo ha cobrado su mayor precio en el sector más pobre de la población, ya que los principios de “recuperación de costos” adquieren prioridad frente a los derechos humanos básicos, llevando a desconexiones del servicio generalizadas. Los gobiernos locales también aplican cada vez más los mecanismos de “recuperación de costos”, incluso cuando no hay socios privados de por medio.

Agua

En concordancia con los principios de “recuperación de costos”, los servicios básicos han sido convertidos en mercaderías, lo cual socava el acceso de la población pobre al suministro de agua, una servicio local con gran penetración de las SPP. La incorporación de tarifas exorbitantes a comunidades que antes la recibían gratuitamente representa el rechazo neoliberal a las soluciones de subsidios cruzados que ofrece la sociedad civil, por las cuales los ricos podrían pagar una parte mayor de la totalidad de los costos de los servicios.

En cambio, la presencia de las transnacionales y el motivo de lucro imperante en el suministro del agua hicieron que los consumidores más pobres (sobre todo en las zonas rurales) pagaran tarifas más elevadas para subsidiar a los usuarios ricos, principalmente blancos, suburbanos y corporativos. Por ejemplo, el 25% del total del abastecimiento del agua se utiliza para la industria y la minería, el 53% para la agricultura comercial y el 12% para el consumo doméstico, gran parte del cual se destina a jardines y piscinas, por la (mayoritariamente blanca) clase media. Los sudafricanos rurales pobres (aproximadamente la mitad de la población) sólo consumen entre 1% y 2% del suministro nacional del agua.[1]

La estrategia central para el agua es la de Construir, Administrar, Capacitar y Transferir (BOTT), adoptada en 1997, que privatiza la prestación de los servicios, en lugar del bien en sí. Luego de un largo período durante el cual se invierte capital propio y se “presta” el servicio, la empresa privada lo devolverá al Estado. Durante ese período, el sector privado presta estos servicios exclusivamente con fines de lucro, y el principio rector es la “recuperación de costos”.

Más de ocho años después del fin del apartheid, la falacia de esta política es evidente. Unos 12 millones de personas carecían de acceso al agua potable en 1994. Aunque el gobierno declaró que había proporcionado el acceso al agua a siete millones de consumidores nuevos hasta febrero de 2002, un informe crítico publicado por el oficial Consejo de Investigación de Ciencias Humanas reveló que casi 10 millones de personas sufrieron desconexiones del servicio del agua en el mismo lapso. El número real de personas a las que se les niega este elemento básico podría haber crecido desde el final del apartheid.

Las desconexiones del servicio del agua son el principal mecanismo de “control del crédito” empleado por los proveedores transnacionales del servicio, liberados de la obligatoriedad social de abastecer de agua a los pobres. Para la población más pobre, sobre todo del medio rural o de los asentamientos informales urbanos sin saneamiento suficiente, estas desconexiones provocaron brotes de cólera y cientos de muertes, ya que la gente recurre al uso de fuentes de agua infectadas. Se utiliza un sistema de tarjetas prepagas para obligar al pago. Las tarjetas se recargan con el pago de una tarifa y, una vez agotado el monto de la tarjeta, el acceso se termina automáticamente.

Electricidad

El mismo fenómeno del gran número de desconexiones detrás de la prestación de los servicios nuevos se ha dado en el sector de la electricidad[2], como paso previo a la planeada cotización en bolsa de la empresa estatal de electricidad, Eskom. En 1994, más de 20 millones de sudafricanos no tenían acceso a la electricidad y Eskom se propuso realizar más de 350 mil conexiones nuevas por año, en una gran campaña de expansión. Al mismo tiempo, sin embargo, Eskom comenzó un proceso de “comercialización” (el típico precursor de la privatización plena en Sudáfrica), incluyendo estrictas medidas de “control del crédito” y “recuperación de costos”.

Aunque el gobierno asegura que el programa de electrificación de Eskom ha realizado cuatro millones de conexiones nuevas desde 1994, un estudio reciente del Centro Alternativo de Información y Desarrollo (AIDC), revela que esta cifra es compensada por el hecho de que el consumo de electricidad ha descendido en el mismo lapso. La explicación radica evidentemente en el número creciente de desconexiones y el bajo consumo autoimpuesto por los pobres como consecuencia de no tener los medios para pagar la electricidad. El informe de AIDC concluyó que las desconexiones mensuales se catapultaron de 22.320 en 1996 a 98.775 en 2001. La última cifra muestra claramente los avances que implican las 29.167 conexiones nuevas que Eskom se propone realizar cada mes, mientras por cada persona que adquiere acceso al servicio lo pierden tres, en el mejor de los casos.[3]

Vivienda

La comercialización de servicios esenciales como el agua y la electricidad no ha impedido que el Estado vinculara sus esfuerzos de “recuperación de costos” al acceso de la población pobre a las viviendas de bajos ingresos o estatales. Un estudio reciente de la Red de Desarrollo de los Servicios Rurales concluyó que más de dos millones de personas fueron desalojadas de sus hogares desde 1994 por no haber pagado sus cuentas de agua.[4] El principio por el cual los pobres, dependientes del apoyo del Estado, pierden el acceso a todos los servicios porque no pueden pagar por uno de ellos es fuente de un profundo descontento social.

Además del desalojo de las viviendas urbanas directamente relacionado con la falta de pago de otros servicios, los esfuerzos de privatización municipal que apuntan a la venta de viviendas de bajos ingresos de propiedad pública, han expulsado a millones más de sus casas, cuyo valor ya han pagado muchas veces en alquiler, porque no pueden pagar el precio de compra. Aunque el gobierno asegure haber entregado más de un millón de viviendas nuevas desde 1994, los desalojos y la expulsión por la fuerza de asentamientos informales –para abrir el camino a planes de “desarrollo” privados que incluyen centros comerciales y parques de diversión– han empalidecido los posibles avances logrados.

Ahora se obliga a las personas sin vivienda a hacer una “contribución propia” antes de que el Estado les otorgue subsidios para vivienda. Esta práctica crea una situación por la cual aquellos con cierta cantidad de fondos simplemente evitarán la cola para conseguirla. Tanto el concepto de recuperación de costos como el de la “contribución propia”, en el contexto de la pobreza generalizada, equivalen a negar derechos inherentes a la ciudadanía. Los verdaderos ciudadanos son aquellos con dinero en efectivo.

Desempleo y pobreza

Cálculos relativamente conservadores ubican la cifra del desempleo entre el 30% y el 40% de la población económicamente activa. La privatización es una de las principales causas del creciente desempleo. En gran medida, el desempleo creció porque, en los últimos 15 años, tanto el sector público como las empresas privadas eliminaron gran cantidad de puestos de trabajo de bajo nivel. Según cifras recientes divulgadas por el instituto estadístico del Estado (StatsSA), el promedio de los hogares negros perdió el 19% de sus ingresos reales desde 1995, mientras el promedio de los hogares blancos aumentó su ingreso 15%. Mientras el Estado afirma que está “desracializando” la economía, el hogar blanco promedio percibió ingresos seis veces mayores que el hogar negro promedio en 2000, mientras la brecha racial del ingreso representó 400% en 1995. Asimismo, el 40% más pobre de los hogares sufrió una caída del 16% en su participación en el ingreso total en el mismo lapso, y que el 20% más rico percibió el 65% de todo el ingreso de los hogares.[5] StatsSA informa que el desempleo creció del 16% en 1995 a casi el 30% en la actualidad. Sin embargo, otros cálculos que utilizan definiciones diferentes para población “económicamente activa”, estiman el desempleo total entre 40% y 43%.

Falta de tierras e inseguridad alimentaria

El legado racialmente sesgado de la distribución de la tierra en el país no ha cambiado. Menos de 2% de los 122 millones de hectáreas de tierra cambiaron de dueño con este programa desde 1994, mientras 19 millones de habitantes rurales pobres y sin tierra y siete millones de habitantes urbanos pobres y sin tierra necesitan tierras.

Los trabajadores desempleados urbanos vuelven al medio rural buscando tierras para cultivar alimentos. El incremento de los costos alimentarios ha exacerbado la crisis de la tierra; la última Encuesta de Subsistencia de los Hogares reveló que los sudafricanos más pobres padecieron en 2002 el incremento anual más elevado (17,1%) en el costo de vida básico –60% del cual comprende los alimentos­– en 30 años. El aumento de precios de los alimentos desató tal indignación en 2001 que el gobierno se vio obligado a actuar, aunque con incrementos mínimos en los subsidios sociales, o enfrentar la posibilidad de disturbios por alimentos.[6]

Mientras el acceso a la tierra para producir alimentos para consumo doméstico representa un mecanismo clave por el cual los pobres pueden evitar el hambre, el gobierno pasó por alto esta posibilidad a favor de su preciada recuperación de costos. En 1999 modificó el programa principal de reforma agraria, el de la redistribución de la tierra, que dejó de apuntar a los pobres para procurar la creación de una clase granjera comercial negra. El mecanismo clave por el cual se produjo este cambio fue la imposición de un requisito de “contribución propia” para aquellos que buscan acceder a la tierra mediante el Programa de Desarrollo Agrícola para la Redistribución de la Tierra (LRAD). Este requisito desalienta el ingreso de los pobres, que tienen pocas probabilidades de pagar sus propios insumos de capital, a la economía agrícola.

Resistencia y represión

Los movimientos sociales se han fortalecido en los últimos años.[7] Han participado en numerosas acciones locales y nacionales, como ocupaciones de tierras, reconexiones del servicio eléctrico y reclamos por la vivienda de aquellos desalojados o expulsados por la fuerza, así como en marchas y manifestaciones. Estos movimientos sumaron fuerzas –junto con una variedad de movimientos internacionales– para encabezar una marcha de protesta de más de 30 mil personas durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en agosto-septiembre de 2002, para destacar la brecha entre el compromiso declarado del gobierno al desarrollo sostenible y la realidad de los niveles descendentes de desarrollo en virtud del neoliberalismo.[8] Cientos de activistas fueron arrestados y detenidos, particularmente en la primera semana de la cumbre, y muchos fueron sometidos a golpizas y humillación. La mayoría de los casos habían sido desestimados para cuando los manifestantes debían comparecer ante los tribunales. Claramente, la democracia estaba perdiendo su rostro benigno.

Conclusión

En todos los sectores de la economía sudafricana, las políticas socioeconómicas ancladas en los intereses de los capitales nacionales y extranjeros, en lugar de traducirse en crecimiento económico, resultaron en la creciente acumulación de riquezas en manos de una pequeña élite y en el creciente empobrecimiento y exclusión de la mayoría. La desesperación de la mayoría no podrá continuar sin que se produzcan fuertes disturbios sociales, a medida que la gente pierde la paciencia con las promesas de la economía de “goteo”. La brecha entre ricos y pobres ya comenzó a trasladar el centro de la discusión socioeconómica desde las salas del Parlamento hacia las calles, y parecería que esta situación habrá de continuar.

Notas:

[1] E. Cottle y H. Deedat, “The cholera outbreak: A 2000-2002 case study of the source of the outbreak in the Madlebe Tribal Authority areas, Uthungulu Region, KwaZulu-Natal.” RDSN, ILRIG, 2002.

[2] “The Cost of Living: How Selling Basic Services Excludes the Poor”, South African People and Environments in the Global Market, Folleto 3, Groundwork, 2002.

[3] Alternative Information and Development Centre, en “Back to candles and lamps”, Daily Dispatch, 24 de agosto de 2002.

[4] Cottle y Deedat, op. cit.

[5] El descenso en los ingresos implica que el porcentaje de hogares percibiendo menos de USD 73 por mes creció del 20% en 1995 al 28% en 2000. En el mismo lapso, el 80% más pobre de los hogares gastó una proporción mayor en alimentos. “Stats SA income figures make gloomy reading”, Business Day, 22 de noviembre de 2002.

[6] Stats SA, Encuesta sobre Nivel de Subsistencia de Hogares, octubre 2002. Según la encuesta, en el último año, el costo del alimento básico mealiemeal (a base de maíz) subió 110%, las papas un 82%, la col un 60% y la leche en polvo un 38,5%. Según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo, un 43% de los hogares sudafricanos padecen “pobreza alimentaria” y no pueden pagar una dieta adecuada, cf. Andrew Trench, “Food prices break 30-year record”, Sunday Times, 5 de octubre de 2002. Existe también información sobre muertes infantiles por desnutrición, cf. Thabo Mkhize, “166 SA children die from starvation”, Sunday Times, 21 de julio de 2002.

[7] Entre ellos el Landless People's Movement (Movimiento de los Sin Tierra), Anti-Eviction Campaign (Campaña contra el Desalojo), de Ciudad del Cabo, Concerned Citizens Forum (Foro de Ciudadanos Preocupados), de Durban, y el Anti-Privatisation Forum (Foro Antiprivatización).

[8] Centro de Prensa Independiente, Sudáfrica, en www.imc-sa.org.za

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