Hambre de paz

Luisa Eugenia Morales
INIAP - Iniciativa Social

Los altos índices de corrupción, inseguridad y violencia, la poca inversión del Estado en educación, salud y seguridad social, la inseguridad alimentaria, la desvalorización de la vida y el desconocimiento de los derechos humanos, así como la lentitud judicial, tipifican la situación de inseguridad del pueblo guatemalteco. La reciente instalación del gobierno de la Gran Alianza Nacional es una oportunidad para alcanzar una democracia real que propicie y garantice la seguridad humana.

Trabajar por la seguridad humana es propiciar que hombres, mujeres y niños en todas las ciudades y aldeas del mundo logren mejorar sus vidas. Es proteger a las personas y sus derechos, tarea que constituye el eje articulador de la paz internacional. La seguridad humana, entonces, debe verse como un concepto integral, en cuya base fundamental se encuentran objetivos como la eliminación de la pobreza, el acceso a la educación básica y a la salud, la protección de la niñez, la promoción y defensa de los derechos humanos, y la preservación y conservación del medio ambiente.

Ante esta concepción, Guatemala vive grandes carencias que muestran, de diversos modos, debilidades del Estado de derecho, estructuras de dominación que se aferran al orden social y económico tradicionalmente establecido, inequidades económicas y sociales, y altos niveles de corrupción e impunidad.

La falta de medicamentos en los hospitales, la inoperancia de la seguridad social, la omisión de los órganos de seguridad del Estado, que llegan incluso a permitir la fuga de delincuentes de los centros de detención, y la impunidad existente, reflejada en la ausencia de castigo de los actos de corrupción de los funcionarios públicos, constituyen el pan diario de la población guatemalteca.

El consenso por la paz

A las inequidades de orden económico, político social y cultural, que son base también de la discriminación y la exclusión imperante en el ámbito nacional, además de ser fuentes de inseguridad humana, se suma la creciente presencia de la narcoactividad[1] que genera, entre otras cosas, estructuras paralelas que actúan dentro y a la sombra del poder del Estado.

La democracia queda reducida a sus aspectos formales, que se manifiestan en procesos electorales, cada cuatro años. Los partidos políticos, que deberían intermediar entre la sociedad y el Estado, reactivan su maquinaria para las elecciones, pero luego desaparecen de la escena nacional, o al menos así ha sucedido hasta el presente.

Estas carencias estructurales determinan que, en Guatemala, la inseguridad se haya convertido en una gran limitante para la libertad de los individuos y la convivencia social. En enero de 2004, la Gran Alianza Nacional, una coalición de partidos minoritarios de derecha, asumió el poder bajo el mando del presidente Oscar Berger Perdomo, quien en su campaña propuso un plan de seguridad ciudadana estructurado en una visión integral de corto, mediano y largo plazo. El nuevo gobierno debe enfrentar estos grandes retos para los guatemaltecos que,  como base para alcanzar seguridad humana, luchan en pos de su desarrollo.

Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre los representantes de la guerrilla y el gobierno, representan una agenda válida para lograr avances hacia el desarrollo y la democratización del país. La necesidad de su cumplimiento es un consenso nacional. Al Estado, al gobierno en coordinación con la sociedad civil, le corresponde garantizar e impulsar el cumplimiento de los contenidos de estos tratados y, al mismo tiempo, generar iniciativas y acciones para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población con el fin de avanzar realmente en la construcción de la paz nacional.

Las dimensiones de la inseguridad

La mayoría de los 11,2 millones de guatemaltecos, pertenecientes a 22 diferentes grupos indígenas, son pobres. El 54,3% es pobre y 22,8% extremadamente pobre.[2] La esperanza de vida es de unos 66 años, el gasto público asignado para la educación es de 1,7% del PBI, la tasa de alfabetización es de 60%, y han aumentado el desempleo y el subempleo.

La economía tiene sus bases en la explotación y exportación de productos agrícolas. La crisis del café de 2001 provocó la quiebra de muchas fincas cafetaleras y dejó sin empleo a miles de trabajadores agrícolas. En tanto el turismo y la industria ocupan un lugar importante pero no predominante en la economía, las remesas familiares provenientes de guatemaltecos que viven y trabajan en Estados Unidos constituyen un rubro importante.[3]

La agricultura es la mayor fuente de ocupación de la población económicamente activa (38,4%). En cuanto a la propiedad de la tierra cultivable, existe una elevada concentración en manos de un sector económicamente poderoso (62,5%) y un creciente minifundismo (18,6%). La gente se ve obligada a alquilar la tierra para su cultivo. La proporción de hogares rurales con propiedad bajó de 65% a 52% y el arrendamiento subió de 12% a 19%.[4]

El 60% de los hogares del país no tiene capacidad para adquirir la mitad de una alimentación mínima a pesar de destinar a ello la mayor cantidad de sus ingresos.[5] Es por ello que Guatemala presenta los índices más elevados de América Latina en desnutrición crónica, y uno de los mayores del mundo.[6]

Derechos humanos en jaque

El país vive hoy una situación post-conflicto armado. En 1996, después de un largo proceso de negociaciones, el gobierno del presidente Álvaro Arzú suscribió acuerdos de paz con la organización guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que pusieron fin a una cruenta guerra interna de 36 años (1960-1996). El presidente Berger se ha comprometido con organizaciones y personalidades de la sociedad civil a integrar en su equipo de trabajo a “varias de las personas que promovieron y suscribieron los acuerdos de paz de 1996”, como garantía de que los mismos serán cumplidos.

Pese a ello, hay mucho por hacer con relación al tema de los derechos humanos, cuya situación se ha deteriorado en los últimos tiempos.[7] El impulso inicial de la reforma de instituciones cruciales (la Policía, el Ministerio Público y las estructuras judiciales)[8] se ha estancado en un punto en el que aún no se han consolidado. Un obstáculo para que estos cambios institucionales se lleven realmente a cabo es su precario financiamiento.

Aunque el sistema político es competitivo, los partidos políticos y el Congreso siguen siendo débiles. La prensa independiente se ha fortalecido, peropersisten los problemas dado que periodistas han sido amenazados e intimidados a raíz de sus denuncias sobre violación de derechos humanos y corrupción en el gobierno. Incluso, se han producido muertes de comunicadores sociales que han investigado temas sensibles para los grandes intereses económicos.[9]

La muerte crece

Las amenazas a la seguridad personal dificultan la convivencia social y comprometen la libertad individual. La tasa de homicidios - indicador muy preciso de la inseguridad - ha aumentado en los últimos años llegando a 32,3 por cada 100.000 habitantes en 2002.[10] En este deterioro inciden distintas causas: la cultura autoritaria, la pobreza y la desigualdad, además del creciente poder del crimen organizado y la ineficacia del Estado para cumplir su misión de orden y justicia.

MINUGUA, la misión de la Organización de las Naciones Unidas establecida en 1994 para verificar el cumplimiento del Acuerdo Global de Derechos Humanos en Guatemala, informa sobre un total de 57 incidentes de linchamiento de 139 personas entre julio de 2001 y junio de 2002, en los cuales murieron 21. La mayoría de estos linchamientos ocurrió en las zonas del occidente del país, donde el conflicto armado interno tuvo su mayor intensidad. Estos episodios evidencian la inoperancia de la justicia y la ausencia del Estado en el ámbito local.

Contra la corrupción

Guatemala se ubica en el puesto número 100 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Durante la anterior gestión gubernamental, se dieron a conocer en los medios de comunicación social casos paradigmáticos de estafas millonarias en entidades estatales, como por ejemplo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el Ministerio de Gobernación (Interior), donde fueron robados GTQ 90 millones (USD 11 millones). Si bien la corrupción no es exclusividad de la administración Portillo Cabrera (2000-2004), adquirió una mayor extensión durante ese período, aunque también ha sido el único gobierno que ha encarcelado y procesado a altos funcionarios por ese motivo.

En enero de 2003, el gobierno creó la Comisión Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción en Guatemala, orientada a erradicar las prácticas corruptas consuetudinarias, tanto en el sector público como en el privado y social. Pero la Comisión tuvo una actuación discreta debido a la politización de la misma. Con todo, sigue existiendo en base al apoyo de la cooperación internacional.[11]

Compromisos de gobierno

El gobierno central ha identificado las principales causas que impiden el desarrollo humano, y ha implementado algunas estrategias que buscan paliar los grandes problemas en lo social, económico, político y cultural. Tal es el caso de la aprobación de las leyes de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y de la Ley General de Descentralización, así como las modificaciones al Código Municipal,[12] que impulsan la descentralización y llevan a cabo la fiscalización social de los asuntos públicos.

A la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - creada en 2001 con el objetivo de formular, evaluar y dar seguimiento a la política de desarrollo social y población - se le asignó la elaboración de una estrategia de reducción de la pobreza, así como de estrategias específicas a nivel departamental y municipal dentro del marco de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Por otra parte, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que concentra recursos orientados y canalizados hacia los departamentos y municipios más necesitados. De un total de 331 municipios, se identificaron 102 que tienen problemas de desnutrición, hambre y pobreza extrema.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores, el gobierno central implementó por tercer año consecutivo el programa de fertilizantes, que permitió a los agricultores comprar este insumo a precios inferiores que en el mercado normal.

En el área de la educación, se llevó a cabo la reforma educativa, ampliando la cobertura de la misma, así como la respectiva transformación curricular. El Programa Nacional de Alfabetización tuvo un importante apoyo por parte del gobierno central y del Ministerio de Educación. Asimismo, se creó la Comisión Nacional de Alfabetización y se obtuvo apoyo de la cooperación internacional.

En el área de la salud, se impulsó el Programa de Inmunizaciones para niños de 0-5 años. Se promovió, asimismo, el Programa de Accesibilidad de Medicamentos a través de la venta de medicamentos genéricos.

Conclusiones

Con el inicio de un nuevo gobierno en enero de 2004 renacen las esperanzas, ya que la sociedad guatemalteca demanda de sus nuevas autoridades el funcionamiento adecuado de los órganos de justicia que permitan crear un ambiente de seguridad jurídica, social, alimentaria, política y económica.

Dados los preocupantes actos de corrupción en la administración pública, la población reclama de sus autoridades una necesaria transparencia en el manejo de los recursos públicos. La rendición de cuentas, como instrumento de control ciudadano, es una demanda que está en primer plano en la agenda de la sociedad guatemalteca.

Los guatemaltecos resienten hoy en día la fragilidad del sistema democrático. Si bien cada cuatro años cambian las autoridades, si bien se han adoptado algunas medidas en pro de algunos aspectos del desarrollo humano, persisten los problemas de fondo, tales como el desempleo, la inseguridad ciudadana, la corrupción, el aumento del crimen organizado y el narcotráfico, la poca asistencia a servicios básicos como la educación y la salud. Esto es, un cúmulo de flagrantes amenazas personales, ambientales, sanitarias, alimentarias y económicas a la seguridad humana.

Notas:

[1] Se estima que la mitad de la cocaína transportada por el corredor centroamericano hacia México y Estados Unidos, unas 400 toneladas anuales, pasa por Guatemala. Por otra parte, los agentes del Departamento de Operaciones Antinarcóticos se vieron envueltos en grandes escándalos, que incluyen el robo de la droga confiscada, la tortura y el asesinato de personas, antes de que dicha unidad fuese desmantelada en octubre de 2002. El número de arrestos relacionados con el narcotráfico aumentó de 189 en 1996 a 5.917 en 2002. Departamento de Estado de Estados Unidos, “Narcotics Control Report”,www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2002/html/17941.htm
[2] Instituto Nacional de Estadística. XI Censo de Población y VI de Habitación.
[3] En 2002, la cantidad de dinero enviado alcanzaba los USD 1.319.780.000. Banco Mundial. World Development Indicators, www.wordlbank.com.
[4] Informe del Programa Mundial de Alimentos 2002.
[5] Ibid.
[6] UNICEF ha identificado 75.000 niños severamente mal nutridos y consigna, además, que el 67% de los niños indígenas padece desnutrición crónica.
[7] XIV Informe sobre Derechos Humanos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. Noviembre de 2003.
[8] Las violaciones de esos derechos por parte de la policía han aumentado y la impunidad es la norma en el sistema de justicia.
[9] Amenazas a periodistas y defensores de los derechos humanos, de parte de un misterioso grupo llamado “Guatemaltecos de Verdad” demuestran que las acciones cometidas por el ejército y los grupos paramilitares en la época de la guerra civil continúa siendo un tema más que delicado, peligroso. Lo mismo para quienes investigan casos de corrupción. Según el informe anual 2003 de Reporteros sin Fronteras, las amenazas, el acoso fiscal y judicial que recibe la prensa independiente, han llegado al secuestro y asesinato de periodistas.www.rsf.fr/article.php3?id_article=6217
[10] Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Estudio sobre la Magnitud y el Costo de la Violencia en Guatemala. Guatemala, mayo de 2002.
[11] Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional, fundamenta esta política de cooperación: “Los países ricos deben proporcionar apoyo práctico a los gobiernos de países en desarrollo que demuestren la voluntad política para luchar contra la corrupción. Aquellos países con un alto nivel de corrupción no deberían ser penalizados, puesto que necesitan urgentemente de apoyo.” Índice de Percepciones de Corrupción 2003, Londres, octubre de 2003.
[12] Entraron en vigencia en marzo, abril y julio de 2002, respectivamente.


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