El más inseguro de los países industrializados

Steve Suppan y Alexandra Spieldoch
Institute for Agriculture and Trade Policy; Center of Concern

Estados Unidos tiene el mayor grado de inseguridad humana entre los países industrializados. El concepto de seguridad humana con frecuencia queda absorbido por el de “seguridad nacional”. Por más que el gobierno hable de seguridad nacional, los ciudadanos rara vez se han sentido menos seguros.

El contexto de seguridad nacional de la seguridad humana

En Estados Unidos, el concepto de seguridad humana con frecuencia queda absorbido por el de “seguridad nacional”, con la suposición de que la protección de los “intereses nacionales” confiere seguridad humana a los habitantes de una nación. El paradigma predominante de la seguridad nacional en Estados Unidos excluye en gran medida las políticas y programas cuya puesta en práctica podría conquistar una seguridad humana sostenible en este país.

Un documento que es un parámetro para evaluar la situación de la seguridad humana en Estados Unidos es la publicación, en septiembre de 2002, de “La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”. La carta de introducción de esta Estrategia, redactada por el presidente George W. Bush, comienza así: “Las grandes luchas del siglo XX entre la libertad y el totalitarismo concluyeron con una victoria decisiva para las fuerzas de la libertad - y con un único modelo sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa.”[1] Es ésta la visión del siglo XX que la Estrategia pretende defender en el siglo XXI. Las iniciativas propuestas en la misma están guiadas por la justificación de que “los hechos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron fundamentalmente el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y otros centros principales de poder mundial y abrieron oportunidades vastas y nuevas.”[2]

En diciembre, una comisión asesora especial del gobierno de Bush advirtió que “tiene serias preocupaciones por el estado actual de los esfuerzos en materia de seguridad de la patria en el largo espectro que va desde la información hasta la recuperación”.[3] A pesar de las numerosas iniciativas gubernamentales tomadas en nombre del 9/11,[4] una encuesta realizada en septiembre de 2003 por el Program on International Policy Attittudes (PIPA - Programa sobre Actitudes de la Política Internacional) reveló que 76% de los ciudadanos estadounidenses no se siente más seguro como consecuencia de la “guerra al terrorismo”. La encuesta de PIPA señala que “una mayoría muy pronunciada cree que las reacciones a la política exterior estadounidense en el mundo islámico están creando las condiciones que facilitarán el crecimiento de los grupos terroristas.”[5]

Las encuestas de PIPA sobre la ley de prevención y procesamiento del terrorismo, conocida como la Ley Patriota de Estados Unidos, revelaron que “ocho de cada diez personas piensan que los ciudadanos estadounidenses detenidos bajo sospecha de pertenecer a un grupo terrorista deben tener el derecho de ver a un abogado, y tres de cada cuatro no saben que, con la Ley Patriota de Estados Unidos, ése no es el caso”. A pesar de las numerosas críticas contra dicha ley y de que funcionarios del Departamento de Justicia se niegan a explicar cómo se la ha utilizado, el gobierno de Bush ha propuesto una nueva ley, denominada Patriota II, para “seguir destrabando las manos de los agentes de la ley”.[6] Uno de los proyectos de ley haría “obligatorio ofrecer testimonio sin existir causa probable de haber cometido un delito, sin tener conexiones con una potencia extranjera, y sin estudio previo por parte de un juez o jurado” e impediría que la persona que recibiera una orden para atestiguar informara a persona alguna el hecho de haberla recibido.[7] Como respuesta a las críticas generalizadas contra las leyes Patriota I y II y a la negativa de Estados Unidos de brindar el debido proceso legal a los sospechosos del 9/11 detenidos en la base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba, el Secretario de Justicia, John Ashcroft, ha replicado con un sitio web (www.lifeandliberty.gov) y la realización de una gira para hablar ante auditorios favorables, previamente seleccionados.

El presupuesto de seguridad humana

Dado el énfasis que pone la Estrategia de Seguridad Nacional en la “libre empresa”, no es de sorprender que el gobierno de Bush analizara la seguridad humana y prestara servicios públicos para la seguridad humana según un modelo de “libre empresa”. En respuesta al plan del gobierno de Bush para un tercer año consecutivo de recortes impositivos en gran medida destinados a los ricos y las corporaciones privadas, ocho premios Nóbel y otros cien eminentes economistas escribieron en una carta abierta que el “propósito del plan es modificar permanentemente la estructura tributaria y no la creación de empleos y el crecimiento en el corto plazo (…) La aprobación de estos recortes impositivos agravará el panorama presupuestal a largo plazo, sumándose a los déficits crónicos del país. Este deterioro fiscal reducirá la capacidad del gobierno para financiar los beneficios de la seguridad social y Medicare (seguro médico), así como para invertir en escuelas, salud, infraestructura e investigación básica.”[8] El premio Nóbel Daniel McFadden calificó al presupuesto de Bush de “arma de destrucción masiva dirigida a los hogares de ingresos medios”.[9]

Un análisis de datos de la Oficina Presupuestal del Congreso realizado en junio de 2003 por Citizens for Tax Justice (Ciudadanos por la Justicia Tributaria) concluyó que “uno de cada tres dólares que el gobierno federal gaste este año, fuera del sistema de Seguridad Social autofinanciado, se pagará con préstamos. Ésta será la proporción más elevada de gasto financiado con déficit desde la Segunda Guerra Mundial.” (Por el contrario, el gobierno de Clinton sólo pidió prestado 6% de lo que gastó.) El gobierno de Bush y sus “conservadores” fiscales del Congreso persiguen recortes tributarios que “cargarán a nuestros hijos con USD 10 billones en deuda adicional en apenas 10 años”.[10] Esta deuda reducirá aún más la capacidad de por sí debilitada de los gobiernos estaduales y locales para prestar servicios básicos en salud, educación y seguridad pública.

Refugio para las corporaciones delincuentes

No obstante, el Congreso sigue entregando subsidios tributarios y refugios impositivos a las corporaciones, de tal manera que “este año los impuestos a las corporaciones como porcentaje de las ganancias caerán muy por debajo de 15% - probablemente sólo un tercio de la tasa corporativa reglamentaria de 35%”.[11] De hecho, incluso las corporaciones delincuentes, tales como WorldCom/MCI, siguen buscando que el Tesoro les brinde una reducción de impuestos de miles de millones de dólares.

Aunque durante el gobierno de Bush “los empleos no han descendido tanto” desde que el gobierno federal comenzó a mantener estadísticas sobre la nómina de trabajadores en 1939 (se perdieron 2,4 millones de empleos de la nómina desde marzo de 2001), el Congreso no consideró necesario extender la duración de los subsidios federales al desempleo. Muchos de los desempleados perdieron sus empleos por la “tercerización” empresarial y los desplazamientos de producción y servicios al exterior. La Oficina Presupuestal del Congreso calcula que mantener durante 10 años los recortes impositivos corporativos vigentes costará USD 2,1 billones. Por el contrario, el Congreso se negó a extender los subsidios a los desempleados, que en la actualidad pierden el subsidio luego de 26 semanas de desempleo. Esto sucede a pesar de que el fondo federal de seguro para el desempleo cuenta con USD 20.000 millones, más que suficiente para extender el subsidio al creciente número de desempleados a largo plazo.

La inseguridad humana disimulada

Crecientes indicadores de la inseguridad humana quedaron disimulados por el crecimiento del PBI que se publicita como prueba de la recuperación económica. Sin embargo, algunos de los factores que impulsan el crecimiento del PBI no son sostenibles. Por ejemplo, el gasto de los consumidores y el PBI han sido alimentados por la deuda de los consumidores y no por el incremento de los ingresos. “En el segundo trimestre de 2003, la deuda de los hogares aumentó a una tasa anual de 11,5%, el mayor incremento en 15 años, según la Reserva Federal. La deuda total de los hogares se aproxima ahora a los USD 9 billones y ha crecido más de 50% desde hace cinco años.” Como podría esperarse durante un período de desempleo de largo plazo y caída salarial, “en el año fiscal 2003 hubo 1.625.813 solicitudes de quiebra no empresariales - el mayor número de la historia registrada, con 98% de incremento desde 1994”.[12]

Otro factor que ocultó el grado de inseguridad es la política monetaria federal que mantiene bajas las tasas de interés, permitiendo a los propietarios de viviendas solicitar préstamos en base a hipotecas. Las bajas tasas de interés para las viviendas derivan de las políticas monetarias del Banco de la Reserva Federal, que durante el gobierno de Bush han reducido las tasas de interés “tanto en términos nominales como ajustados a la inflación [más] que durante lapsos comparables en los anteriores 12 períodos de gobierno de 4 años, salvo uno, desde 1953”.[13] La disponibilidad del crédito facilitado por las bajas tasas de interés para la vivienda amortiguó el impacto de la recesión para los propietarios y ayudó a alimentar el crecimiento del PBI, aun cuando la deuda de hogares se había disparado a 82,6% del PBI a junio de 2003. El mantenimiento de esta frágil arquitectura financiera depende de la continua capitalización de la economía por parte de inversores extranjeros a un ritmo de USD 2.000 millones por día. Si los inversores extranjeros deciden que existen mercados más remunerativos o seguros para sus inversiones, la arquitectura corre el riesgo de venirse abajo.

Otro factor que impulsó el crecimiento del PBI “fue un incremento de magnitud excepcional en el gasto de la defensa”.[14] No obstante, el incremento anual de 45%, el mayor desde 1945, no se destinó a una economía industrial que produjera empleos bien remunerados, como en guerras pasadas, sino a empresas como Halliburton que subcontrataron “servicios de apoyo” a las fuerzas armadas con mano de obra barata nacional y extranjera. Una profunda investigación acerca de los escándalos contables y de prestación de servicios actuales relacionados con la guerra en Iraq podría revelar cuán pocos y en qué medida se beneficiaron financieramente con la “guerra al terrorismo”.

¿Guerra a la pobreza o guerra a los pobres?

Todo análisis sobre la acción del gobierno contra la pobreza y sus consecuencias debe comenzar por reconocer que el gobierno se niega a modernizar la definición estadística de la pobreza. La fórmula actual del umbral de la pobreza permanece casi sin modificar desde su primera adopción hace 40 años. La Academia Nacional de Ciencias calculó que, de actualizarse la fórmula de la pobreza para reflejar los patrones actuales de consumo y costos, el umbral se incrementaría 45%. Un umbral más elevado significaría que el gobierno tendría que reconocer una tasa de pobreza muy superior a la oficial de 12,1%, o 34,6 millones de habitantes. Y los que ya son pobres son cada vez más pobres. Según datos del censo de septiembre de 2003, “el monto promedio por el cual los ingresos de los pobres cae por debajo de la línea de pobreza fue mayor en 2002 que en todos los años registrados, desde 1979”.[15]

Las leyes de 1996 que pusieron “fin a la seguridad social tal como se la entiende actualmente” resultaron en fuertes reducciones de todos los tipos de ayuda federal y estatal a los pobres, y especialmente a los hijos de las familias más pobres. Los hijos de familias que estaban 50% por debajo de la línea federal de pobreza (aproximadamente USD 18.000 de ingresos previos al descuento de impuestos para una familia de cuatro integrantes) que recibieron ayuda monetaria descendieron de 59% en 1996 a 31% en 2000. Se produjo un descenso similar en la proporción de hijos de familias muy pobres que recibieron ayuda alimentaria federal a través del programa de cupones de alimentación.

Impactos de género y raza de la inseguridad humana

La reducción de los fondos federales destinados a los pobres tiene consecuencias de género y raza, más aún porque las mujeres y los grupos étnicos minoritarios comprenden el mayor porcentaje de pobres en Estados Unidos. En 2002, los hogares encabezados por mujeres solteras comprendieron la mitad de los que viven en la pobreza. El Institute for Women’s Policy Research (Instituto para la Investigación de Políticas de la Mujer) destaca algunas tendencias inquietantes desde que se promulgara la ley de “seguridad social para trabajar” (welfare to work). Además del descenso en los servicios para niños, los beneficiarios adultos de la seguridad social reciben menos seguro médico que antes de la adopción de la reforma de la seguridad social. Como consecuencia de un programa ‘welfare to work’, las madres solteras trabajan más que los padres solteros pero reciben menos remuneración y deben hacer mayores esfuerzos para obtener subsidios para la educación y la atención médica. El Center on Budget and Policy Priorities (Centro sobre Presupuesto y Prioridades de las Políticas) informa que las diferencias en la cobertura médica entre distintas razas y clases son sustanciales. Casi el doble de asiáticos y afroestadounidenses que estadounidenses blancos no hispánicos carece de cobertura médica. En el caso de los latinos, la cifra se aproxima al triple. La población inmigrante es cada vez más vulnerable y casi la mitad de quienes no son ciudadanos carece de seguro médico.[16]

Conclusión

A pesar del crecimiento de los indicadores macroeconómicos, la mayoría de los indicadores económicos y sociales revelan que Estados Unidos tiene el mayor grado de inseguridad humana entre los países industrializados. Los ataques intensificados contra los programas de seguridad social contribuyeron a que 9 millones de habitantes más carezcan de forma alguna de cobertura médica - cálculos conservadores estiman la cifra total en 43 millones de personas - mientras el resto de la población soportó incrementos de dos dígitos en los costos de la atención médica en cada uno de los últimos tres años. Por más que el gobierno hable de seguridad nacional, los ciudadanos de Estados Unidos rara vez se han sentido menos seguros.

Notas:

[1] “The National Security Strategy of the United States”, septiembre de 2002, enwww.whitehouse.gov/nsc/nssall.html
[2]Ibid, Sección VIII.
[3] Citado en Robert Block, “Panel Criticize U.S. Security Efforts”, The Wall Street Journal, 16 de diciembre de 2003.
[4] Nota del editor: abreviación utilizada en Estados Unidos para denominar el 11 de septiembre de 2001, fecha de los hechos trágicos sucedidos en Nueva York y Washington, DC ese día.
[5] Program on International Policy Attitudes. “War on Terrorism Has Not Made Public Feel Safer”. 9 de septiembre de 2003, enwww.pipa.org/whatsnew/html/new_09_03.html
[6] American Civil Liberties Union. “Updating the Status of ‘Pieces of Patriot II’ Proposals”. 8 de octubre de 2003, enwww.aclu.org/news/NewsPrint.cfm?ID+14000&c+206
[7]Ibid.
[8] “Economists’ Statement Opposing the Bush Tax Cuts”, The New York Times, 1 de febrero de 2003.
[9] Citado en David Moberg, “The War at Home”, In These Times, 17 de marzo de 2003.
[10] Citizens for Tax Justice. “Bush’s $10 Trillion Borrowing Binge”. 11 de septiembre de 2003, enwww.ctj.org
[11] Robert S. McIntyre, “Testimony to the U.S. House of Representatives, Concerning ‘Waste, Fraud [and] Abuse in Federal Mandatory Programs’”, 18 de junio de 2003, en www.ctj.org/html/corp0603.htm
[12] “Economy and Jobs Watch: Consumer Debt Increases, Savings Rate Down”, The Watcher, OMB WATCH, 2 de diciembre de 2003, enwww.ombwatch.org/article/articleprint/1938/-1/198/
[13] Financial Markets Center. “The Bush Fed In Perspective”. 8 de diciembre de 2003, en www.fmcnenter.org
[14] Economic Policy Institute. “Defense spending skews economic growth estimates”.Economic Snapshots, 13 de agosto de 2003, enwww.epinet.org
[15] Center on Budget and Policy Priorities. “Poverty Increases and Median Income Declines for the Second Consecutive Year”. 29 de septiembre de 2003, enwww.centeronbudget.org
[16]Center on Budget and Policy Priorities. “Number of Americans Without Health Insurance Rose in 2002”. 8 de octubre de 2003,www.cbpp.org

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