Violaciones generalizadas

Ray Onyegu; John Onyeukwu; Mma Odi; Itolo Eze-Anaba; Gina Iberi; Cletus Onyegu
Socio-Economic Rights Initiative; Concerned Professionals of Nigeria; Rural Women Empowerment Network; Legal Defence & Assistance Project; Gender & Human Rights-Social Watch-Nigeria; South East Budget Network

Los obstáculos a la seguridad humana en Nigeria son generalizados. Los gobiernos han sido despóticos, herméticos y corruptos, sin rendirle cuentas al electorado. Abundan los casos de discriminación por razones de género, grupo étnico, tribu, color, raza, religión o creencias políticas. Son comunes las masacres y los desalojos, mientras la lucha por controlar o administrar recursos procedentes del petróleo y otros minerales provocó la pérdida de gran cantidad de vidas. Las únicas condiciones para la paz y el desarrollo son el respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley y la posibilidad de cambiar de gobierno por medios democráticos y pacíficos.

El papel del gobierno

La seguridad humana sólo se puede conquistar evitando las condiciones propicias a los conflictos o cuando éstas se combaten y los conflictos se resuelven.

Los obstáculos a la seguridad humana son generalizados en Nigeria. Los gobiernos han sido despóticos, herméticos y corruptos, sin rendirle cuentas al electorado. Existen conflictos étnicos y religiosos, y los desalojos han sido comunes, mientras la lucha por controlar o administrar recursos procedentes del petróleo, el gas y otros minerales provocó la pérdida de cientos de vidas. Los ejemplos a continuación son reveladores:

Desalojos forzosos

El gobierno tiene la obligación de proteger el derecho a la vivienda de sus ciudadanos contra su destrucción por parte de terceros, y de proporcionar vivienda a todos los que no tienen techo. Los desalojos, que constituyen una violación de diversos derechos humanos, son comunes en Nigeria. Este informe no puede citar una sola instancia en que el gobierno haya tomado medidas para respetar, proteger, realizar o cumplir con el derecho a la vivienda.

En diciembre de 2001, el gobierno del estado de Lagos decidió demoler la extendida zona tugurizada de Ajegunle, donde viven más de dos millones de personas, en su mayoría mujeres y niños. No se consultó a los habitantes ni se hicieron planes para su reubicación. Para impedir la demolición, la Shelter Rights Initiative (Iniciativa por el Derecho al Refugio, ahora llamada Socio-Economic Rights Initiative, o Iniciativa por los Derechos Socioeconómicos) movilizó a la comunidad y entabló una demanda en el Tribunal Federal Superior. Se consiguió una orden restrictiva que aplazó la demolición. Se organizaron marchas y protestas, y el gobierno se vio obligado a abandonar el proyecto. El Banco Mundial aseguró a las comunidades que no se liberarían más fondos al gobierno del estado de Lagos hasta que se resolvieran los asuntos en discordia.

Hacia fines de enero de 2001, debido a la negligencia de las autoridades militares, explotaron bombas guardadas en el Cuartel Militar de Ikeja que destruyeron viviendas en el cuartel y sus alrededores, y mataron a más de mil personas, en su mayoría mujeres y niños. A muchas de las personas que quedaron sin hogar y sin posibilidades de hallar una vivienda alternativa se les proporcionó alojamiento temporal en el Colegio Policial. Un año después, en lo que resultó ser un amargo regalo de aniversario, las víctimas fueron desalojadas, sin compensación alguna.

Hasta el 1 de julio de 2000, la comunidad de Rainbow Town, en Port Harcourt, albergaba aproximadamente a un millón de personas, en su mayoría de bajos ingresos. Con el respaldo de 1.000 policías armados, aplanadoras del gobierno del estado de Rivers demolieron la comunidad, dejando en la calle a mujeres y niños, cuyos maridos y padres estaban trabajando. Las demandas contra la medida estaban aún pendientes en los tribunales, pero el gobierno alegó que tomó la decisión con fines de renovación urbana y porque el tugurio ambientalmente degradado era un escondite para delincuentes comunes. No obstante, no tenía planes para reubicar a los habitantes. Posteriormente el área se fraccionó entre miembros adinerados de la sociedad local.

Un año antes, el Ejército mató a 2.483 personas en el pueblo de Odi, en el estado de Bayelsa, de unos 50.000 habitantes. Todas las casas del pueblo fueron demolidas e incendiadas. Los sobrevivientes huyeron y se refugiaron en pueblos vecinos. Los soldados violaron a muchas mujeres del lugar. Hasta la fecha no se pagaron indemnizaciones a las víctimas ni se reconstruyeron las casas arrasadas. El gobierno no ofreció disculpas ni brindó garantía alguna de que este tipo de hecho no se repetiría.

Un destino similar tuvieron pueblos y aldeas del estado de Benue, en octubre de 2001. Los soldados destruyeron todas las construcciones a la vista en las localidades de Pera, Kyado, Gbeji, Chome, Ifer, Joolashitile, Torja, Vaase, Zaki-Ibiam, Ise Adoor, Sunkera y Tor Donga. Emplearon artillería pesada, junto con granadas impulsadas por cohetes. Al agotar las municiones, utilizaron gasolina y metano para prender fuego a las construcciones. Zaki-Ibiam, por ejemplo, era un pueblo de 20.000 habitantes, con el mayor mercado de ñame del país.[1]

Ya es costumbre en Nigeria la demolición por parte del gobierno de mercados y tiendas que, debido a la escasez y a los altos alquileres residenciales en las principales ciudades, funcionan como hábitats comerciales y residenciales a la vez. El mercado Boundary, en Lagos, y varios más en Abuja, Territorio de la Capital Federal, fueron arrasados. Los puestos de venta y las tiendas de Lagos habían sido construidos y alquilados a las víctimas por el gobierno local de Ajeromi-Ifelodun. El gobierno del estado de Lagos posteriormente declaró ilegales a dichas construcciones. De esta manera se privó a muchas familias de sus medios de vida.

En Satellite Town, un suburbio de Lagos, 15 grandes compañías, entre ellas el Banco Central de Nigeria, encabezan una lucha para desalojar a más de 2.500 familias que adquirieron sus propiedades a través de la Política de Vivienda del Gobierno Federal de 1997. Ese plan del gobierno proporcionó tierras a las empresas con más de 500 empleados con la condición de que construyeran viviendas en ellas y las entregaran a sus trabajadores en calidad de propietarios-ocupantes. Las tierras resultaron ser pantanosas. El costo de adquirirlas y sanearlas, construir caminería, saneamiento y electricidad, correspondió al gobierno. Los costos pendientes se pagarían con los alquileres desembolsados por los usufructuarios por un lapso que concluiría con su amortización total. Hoy en día, aunque los usufructuarios ya han pagado el equivalente de más de 2.000% del costo de las viviendas, algunas empresas amenazan con desalojarlos.

En los últimos cuatro años se desataron brotes de violencia comunal, étnica, religiosa y política en distintas partes del país que provocaron pérdidas de vidas, la destrucción de viviendas y el desplazamiento de habitantes. Estas crisis, ocurridas en Jos, Kaduna, Modakeke e Idi-Araba, tuvieron consecuencias de largo alcance en la población. La violencia sigue haciendo estragos en Warri. En todas las instancias, el gobierno y las fuerzas de seguridad demostraron una grave incapacidad para cumplir con su deber de proteger la vida y la propiedad privada, especialmente dado que el origen de la mayoría de estos enfrentamientos está en sus propios actos y omisiones. El pago de indemnización a las víctimas se abandonó por completo.

A diario se derrumban viviendas en Nigeria, y muchas personas han perdido la vida atrapadas en ellas.

La escasez de agua potable, energía para cocinar, calefacción y luz eléctrica, saneamiento, instalaciones para el lavado y el desecho de desperdicios sigue siendo un problema grave que el gobierno no hace ningún esfuerzo por solucionar.

Derechos de las mujeres y la propiedad

Como resultado de la labor de las ONG y otros defensores de los derechos de género, han accedido más mujeres a la educación y se ha generado una mayor conciencia de los derechos de la mujer. Estos hechos han generado un mayor acceso a los cargos públicos y mayores oportunidades laborales para las mujeres. La capacidad de adquirir propiedades inmuebles y de alcanzar un nivel económico mayor ha aumentado. Pero el porcentaje de mujeres participantes en estos avances es mínimo.

La mayoría de las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación con respecto a la herencia de bienes inmuebles. El fallo contrario de un tribunal de apelaciones a leyes de herencia discriminatorias se ignora mayormente en la práctica. La herencia de bienes inmuebles por medio de testamentos escritos sigue siendo la forma principal de acceso de las mujeres a estos bienes en algunas partes del país. Pero dado que la escritura de testamentos no es común, sólo un pequeño porcentaje accede a la propiedad por medio de la herencia. Muchas mujeres que podrían haber heredado inmuebles y optado por venderlos para instalar una pequeña empresa no tienen esa posibilidad.

La discriminación contra las mujeres sigue imperando en el alquiler de viviendas. Los propietarios suponen que las mujeres o jóvenes solas son prostitutas o están sexualmente disponibles.

En el norte, donde se practica la purdah (una tradición religiosa islámica que obliga a las mujeres a permanecer dentro de sus casas durante el día, para salir sólo en las primeras horas del anochecer con la cabeza cubierta), se repite la historia de la pobreza enquistada. El resultado es la desnutrición, el deterioro de la salud y enfermedades varias.

Educación

El porcentaje de nigerianos con acceso a la educación básica es mínimo.[2] Las áreas rurales son las más afectadas. El problema de la educación no se puede separar de la mala fortuna económica del país, producto de la corrupción y la caída del ingreso procedente del petróleo, el pilar de la economía. La falta de educación priva a los jóvenes de la capacidad de actuar como agentes de cambio. Las escuelas en áreas rurales - cuando existen - están mal equipadas y cuentan con un número insuficiente de maestros, la mayoría de los cuales prefieren trabajar en el medio urbano. Los destinados a zonas rurales prefieren renunciar a asumir el cargo. Como si esto no bastara, en el medio rural los padres siguen dándole prioridad a la educación de sus hijos varones por la creencia de que las mujeres sólo son útiles en la cocina.

Presupuestos

Las finanzas públicas siguen operando tras un velo de clandestinidad y el secreto absoluto caracteriza a todo lo relativo a los presupuestos. La única forma de garantizar la transparencia, la responsabilidad estatal y la participación popular en el proceso del presupuesto es que el público acceda a la información relativa a los presupuestos en todos los niveles del gobierno.

Acciones y recomendaciones de la sociedad civil

El respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley y la posibilidad de cambiar el gobierno a través de medios pacíficos son algunas de las condiciones para la paz y el desarrollo auténtico. Las injusticias y la inseguridad personal son la antítesis de la vida, la paz y la libertad. La discriminación por razones de género, grupo étnico, tribu, color, raza, religión o creencia política es incompatible con la seguridad humana. El predominio de la injusticia lleva a que varias ONG pretendan actuar como agentes de cambio, abogando por las siguientes medidas:

·      La Constitución de 1999 prevé la incorporación de los tratados internacionales y establece que, luego de su ratificación, la Asamblea Nacional debe aprobar leyes que los pongan en práctica. Este informe recomienda la modificación de la Constitución para permitir que los tratados ratificados por Nigeria se incorporen automáticamente al régimen jurídico del país.

·      Ya es hora de que la Asamblea Nacional apruebe la ley de Acceso a la Información, de manera que el público pueda informarse sobre las actividades de las autoridades públicas.

·      Los funcionarios del gobierno deben ser más tolerantes y dejar de acosar a quienes discrepan con las posturas oficiales.

·      Se deben realizar esfuerzos conscientes para reducir las irregularidades electorales.

·      El gobierno debe profundizar el desarrollo del medio rural para limitar la migración hacia los centros urbanos. Las escuelas rurales deben estar equipadas como las demás escuelas, fomentando la incorporación de los docentes a las mismas.

·      La educación de las mujeres es una herramienta eficaz para combatir las prácticas culturales que las discriminan.

·      En el medio rural en especial, se deben construir más centros de capacitación vocacional y otros servicios para adultos.

·      La educación masiva debe ser instrumentada a través de los medios de comunicación, talleres y otras modalidades educativas.

·      Se debe alentar la formación de cooperativas de mujeres en barrios tugurizados y zonas rurales que les permitan acceder a fondos de instituciones públicas y a recaudar fondos para proyectos comunitarios de autoayuda.

·      El gobierno debe asegurar que los fondos para los programas de alivio de la pobreza se entreguen como facilidades crediticias a las mujeres de bajos ingresos para facilitar su empoderamiento económico y liberarlas de la pobreza. Los fondos públicos destinados a los pobres deben alcanzar a los grupos a los cuales están dirigidos.

·      La gestión de gobierno debe ser más transparente.

Notas:

[1] El ñame es un alimento básico de consumo habitual en Nigeria.
[2] El 40%, según el “Estudio sobre el derecho a la educación en Nigeria”, realizado en 1998 para Shelter Rights Initiative por el profesor Osita Eze, del Instituto Nigeriano por la Paz y la Resolución de Conflictos.

Puntos focales

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGHI
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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